Juicios imparciales de la CPI
 

A pesar de que la Coalición no asume ninguna postura sobre las situaciones y los casos de la Corte Penal Internacional (CPI), la sociedad civil solicita a la CPI juzgar imparcialmente a todos los responsables de los crímenes más graves, de todas las partes del conflicto, en todo el mundo.

La CPI es regularmente acusada injustamente de ser política o geográficamente parcial en la selección de situaciones para investigar y casos para juzgar.

No hay dudas de que la justicia internacional es aplicada de forma desigual en todo el mundo. Pero el desequilibrio en la justicia es de hecho generado por la negativa de los Estados para aceptar la jurisdicción de la CPI, remitir situaciones a la Corte y llevar a cabo enjuiciamientos a nivel nacional de los crímenes más graves.

La falta de cooperación estatal también dificulta muchas investigaciones y juicios de la CPI. La sociedad civil ha pedido a los Estados cooperar con la CPI para asegurar que la justicia sea aplicada a actores estatales y no estatales por igual.

Las limitaciones presupuestarias y de recursos que imponen los gobiernos también afectan la capacidad del Fiscal para iniciar nuevas investigaciones y casos.

El Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la Corte, cuenta con criterios y garantías claras para asegurar que el fiscal independiente de la CPI lleva a cabo una justicia imparcial

La Fiscalía debe aplicar siempre los mismos criterios legales a la hora de iniciar una investigación o caso, más allá de los Estados, las partes, las personar o los grupos involucrados. Los cargos oficiales no implican ningún tipo de inmunidad.

De acuerdo con el principio de complementariedad, los Estados miembros de la CPI tienen la responsabilidad primaria de juzgar a nivel nacional no solo a los mayores responsables, cuando sea posible, sino a los responsables de menor nivel.

La política de la Fiscalía ha buscado cubrir la brecha de impunidad al enfocar las investigaciones y los juicios en los principales responsables de los crímenes dentro de la jurisdicción de la CPI – que normalmente lograr evadir los juicios nacionales.

El Estatuto de Roma otorga al Consejo de Seguridad de la ONU el poder para remitir situaciones a que representen una amenaza a la paz y la seguridad internacional al fiscal de la CPI para su investigación y posible enjuiciamiento, sin importar si el Estado es parte al Estatuto de Roma. Sin embargo, la selectividad política en la selección de remisiones a la CPI por parte de los miembros del Consejo de Seguridad aumenta aún más la aplicación desigual de la justicia internacional.

Esta es una cuestión cada vez más apremiante dada la cantidad de informes sobre violaciones masivas a los derechos humanos en numerosos lugares del mundo donde la CPI no tiene competencia automática.

El Consejo de Seguridad tampoco a contribuido con el fortalecimiento de la cooperación, como el arresto de fugitivos de la CPI, necesario para lograr que las remisiones a la CPI funcionen efectivamente.

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