Enfrentando la agenda anti-CPI en África
En este artículo de Humanity United, Sulemana Braimah, directora ejecutiva de la Media Foundation for West Africa, comenta la difícil pero necesaria relación de la CPI con los Estados africanos, y ofrece una serie de consejos para continuar mejorándola.
Durante los dos últimos años ha habido numerosos intentos por parte de varios gobiernos africanos de usar la Unión Africana (UA) como plataforma para deteriorar las relaciones entre la Corte Penal Internacional (CPI) y los Estados africanos que se habían adherido a la Corte. Entre estos esfuerzos en contra de la CPI, cabe incluir varios intentos de aprobar una resolución de la UA denunciando el Estatuto de la CPI adoptado por los Estados Partes.
El principal argumento para la campaña anti-CPI, encabezada entre otros por los gobiernos de Kenia, Sudán, Etiopía, Uganda, Ruanda y Zimbawe, es que la Corte es una institución neo-colonialista, creada para presionar e influenciar a los gobiernos del continente, señalando de forma selectiva a algunos líderes africanos para ser enjuiciados. El argumento se basa en la aseveración de que, hasta la fecha, las únicas personas enjuiciadas y las únicas situaciones investigadas por la CPI, son todas de África, hecho que hace surgir la cuestión de: si la Corte, tiene realmente el objetivo de proporcionar una justicia global, ¿por qué sólo están siendo investigados o enjuiciados los africanos? Es que ¿sólo los africanos cometen el tipo de crímenes objeto de jurisdicción de la Corte – genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad?
En diciembre de 2014, por ejemplo, el presidente de Uganda Yoweri Museveni anunció su intención de movilizar a los líderes africanos para que abandonasen la Corte Penal Internacional, acusando a la Corte de herramienta para señalar y acusar a un continente. “Presentaré una moción en la próxima reunión de la Unión Africana para que todos los Estados africanos se retiren de la Corte, y entonces podrán quedarse con la Corte para ellos solos”, cita Museveni en un discurso con ocasión del décimo aniversario de la independencia de Kenia en Nairobi. El presidente Robert Mugabe de Zimbawe, quien asumió la Presidencia de la UA para 2015, anunció de forma reiterada durante la Cumbre de la UA de enero de 2015, su intención de presionar a los Estados africanos miembros de la Corte para que se retirasen de la misma.
Incluso tras los esfuerzos renovados de los últimos años para impedir las actuaciones de la Corte en África, se emitió una orden de arresto en 2009 por una de las Salas de Cuestiones Preliminares de la Corte contra el Presidente sudanés, Omar Al Bashir, que acabó por congelar las relaciones entre la CPI y la UA. No satisfecha con la acusación del Presidente Bashir, la UA tomó la decisión en julio de 2009 de instruir a los Estados africanos parte a la CPI a no cooperar con la Corte con respecto a la orden de detención y entrega del Presidente sudanés. Desde esta decisión de la UA, el Presidente Bashir ha visitado varios Estados africanos sin ser arrestado, Estados que han firmado el Estatuto de Roma y demostraron así su conformidad con la decisión de la UA.
En julio de 2014, se produjo otro acontecimiento que obstaculizó las actividades de la CPI en África. Los Estados Partes de la UA adoptaron un protocolo enmendado para expandir la jurisdicción de la Corte Africana de Justicia y Derechos Humanos para incluir crímenes graves, entre ellos, los crímenes de la CPI. De forma ordinaria, el protocolo enmendado sería un avance a favor del principio de complementariedad, sin embargo, contempla la inmunidad de Jefes de Estado y de altos funcionarios ante la Corte Africana. Esto significa que aunque este protocolo empodera a la Corte Africana ampliando su jurisdicción para enjuiciar el genocidio, crímenes de lesa humanidad y de guerra, los Jefes de Estado y funcionarios de alto nivel serán inmunes ante su acción más allá de que sean o no culpables. Esto demuestra también la determinación de los líderes africanos para protegerse a sí mismos del propio sistema de justicia. Muchos se preguntan ¿por qué se pretende la inmunidad con respecto a crímenes que no se van a cometer ni aprobar?
La reciente huida del Presidente Bashir de Sudáfrica, en contra de la orden de un tribunal sudafricano que no le permitía abandonar el país, es el más reciente testimonio del fuerte compromiso de algunos Estados africanos con la posición de la UA. Tras la huida de Bashir en junio, desafiando la orden del tribunal nacional, los primeros comentarios de los funcionarios sudafricanos sugerían que ellos no sabían cómo el fugitivo había abandonado el país.
Sin embargo, los comentarios y argumentos posteriores, archivados en la apelación del gobierno sudafricano, iban dirigidos a a tergiversar la decisión original del tribunal de la detención de Bashir, poniendo de manifiesto la complicidad del gobierno en el no cumplimiento de la orden de detención de la Corte. Las actuaciones del gobierno de Sudáfrica también ponen de manifiesto su falta de compromiso e indiferencia con la promoción de la justicia a través de la CPI.
La decisión previa de los Jefes de Estado de la UA de no cooperar con la orden de arresto de la CPI contra el Presidente Bashir, y la conformidad de la decisión de la AU entre los Estados Partes, debería aclarar cualquier duda sobre cómo el sistema de la UA puede efectivamente ser explotado para proteger a los líderes que han presuntamente cometido crímenes graves de ser investigados o enjuiciados. Así que aunque la campaña de los gobiernos anti-CPI todavía no ha conseguido el apoyo mayoritario de los Estados Partes a la CPI presentes en la UA, existen claras amenazas a la efectividad de la CPI en África con posibles consecuencias directas para la justicia del continente.
Para las víctimas, lo esencial es que se haga justicia, independientemente de dónde venga
Si bien es cierto que la mayor parte de las investigaciones y enjuiciamientos de la CPI se han centrado en el continente africano, debe quedar en claro que la mayoría de los casos y situaciones africanas ante la Corte, han sido consecuencia de pedidos explícitos de los propios países africanos implicados. Además, hay muchas otras consideraciones que deben tenerse en cuenta y que legitiman la acción de la CPI en África en pos de la justicia incluso a pesar del desequilibrio geográfico en la lista de casos de la Corte.
En primer lugar, es cierto que desde la creación de la Corte (e incluso antes de su creación), África ha sido el epicentro de los crímenes internacionales, principalmente como resultado de los conflictos post-coloniales en el continente. También es cierto que durante años se han cometido en África serios crímenes internacionales con niveles de impunidad inimaginables. Es igualmente cierto que en África, las víctimas de crímenes graves entre los que se incluyen el genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad, han soportado estos niveles de injusticia durante demasiado tiempo.
Además, es un hecho que en muchos de los países africanos, especialmente aquellos que están sufriendo o han sufrido durante décadas conflictos internos, los sistemas judiciales nacionales siguen siendo deficientes. Los mecanismos judiciales existentes en la mayoría de los países africanos son incapaces de dispensar una justicia fiable, especialmente cuando los responsables de estos presuntos crímenes son gente poderosa y líderes de comunidades.
Además, la falta de legislación en la mayoría de los ordenamientos jurídicos nacionales de los países africanos capaz de regular de forma plena los delitos de genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad, hacen que los mecanismos de Justicia Internacional como la CPI, sean los mecanismos más fiables para intentar proporcionar justicia a las víctimas y castigar a los autores de los mismos.
Los desafíos a los que se enfrentan los sistemas de justicia nacionales en África y las importantes consecuencias del trabajo de la CPI en África para llevar justicia a las víctimas fueron subrayadas por el antiguo Secretario General de la ONU Kofi Annan cuando comentó: “Los africanos quieren justicia, preferiblemente por parte de sus gobiernos si bes que éstos puedan ofrecérsela, en el caso de que no puedan, por parte de la Corte Penal Internacional. El día que los tribunales africanos sean independientes, fuertes y puedan gestionar estos casos, creo que la CPI tendrá una presencia mucho menor”.
Si alguien todavía duda de la deficiente situación de los sistemas legales nacionales en África y consecuentemente del papel crucial de la CPI a la hora de llevar justicia a las víctimas de crímenes internacionales, la reciente huida de Bashir de Sudáfrica es otra evidencia de lo que afirmo. La huida de Bashir fue un gran golpe a la justicia internacional de uno de los países africanos más avanzados del continente. Puso de relieve la indiferencia de los gobiernos africanos con la vida y los derechos de miles de víctimas de crímenes de guerra y genocidio abusando de los sistemas de justicia locales en apoyo de los poderosos que cometen este tipo de barbaries.
Es preciso señalar que, teniendo en cuenta la historia de guerra, de crímenes graves, de impunidad e injusticia que han vivido las víctimas de África, debería considerarse una suerte y no una desgracia que África haya sido la máxima beneficiada por la acción de un mecanismo de justicia legítimo como la CPI. Un exceso en este sentido sólo puede tener resultados positivos: una mayor reparación de las víctimas, menor impunidad y sociedades más pacíficas. Suena hipócrita oír a los líderes africanos quejarse en la UA por la cantidad de conflictos de la región y buscar más ayuda en pos de la paz y al mismo tiempo, pretender escapar de la justicia por la comisión de estos crímenes. No puede haber paz sin justicia.
Para las víctimas, lo esencial es que se haga justicia, independientemente de dónde venga. Expresándolo de una manera más clara y restándole importancia al argumento de que la CPI señala única y exclusivamente a África, el experto en derecho internacional Steven Powels afirmó:
“Para las víctimas africanas, la justicia, incluso aunque sea selectiva, será siempre bienvenida. ¿Se ha señalado a los autores africanos más que a otros? Quizás. Pero trata de decírselo a sus víctimas. Para un hombre que se vió obligado a elegir qué mano sana prefería que le amputasen, una mujer violada por 20 hombres, o el niño obligado a asesinar a sus padres y unirse a los rebeldes, la justicia, incluso aunque sea selectiva, será siempre bienvenida. Son las víctimas de estos crímenes las que tienen derecho a quejarse, no los acusados.”
El camino a seguir
Ha habido un gran apoyo a la CPI por parte de la sociedad civil en África. Las diferentes campañas han contrarrestado la agenda y propaganda anti-CPI así como los intentos por parte de algunos gobiernos africanos de usar el marco de la UA para conseguir que los Estados africanos partes al Estatuto de Roma lo abandonasen. El reciente incidente con Bashir en Sudáfrica fue, por ejemplo, iniciado por una denuncia presentada por la propia sociedad civil a un tribunal sudafricano. El resultado de la denuncia – la huida del fugitivo Presidente sudanés y la condena global al gobierno sudafricano por no haber ejecutado una orden de un tribunal nacional – es uno de los mayores logros de la sociedad civil en este aspecto. También es un indicador de lo poderosas que pueden llegar a ser las acciones sobre el terreno de la sociedad civil en la persecución de crímenes internacionales.
Pero a pesar del éxito de algunas campañas realizadas por la sociedad civil hasta la fecha, aún queda mucho por hacer. Por ahora, las campañas pro-CPI de la sociedad civil han tenido como objetivo la Comisión de la UA, los Jefes de Estado, ministros de justicia y diplomáticos.
Desafortunadamente, casi no ha habido campañas dirigidas a la ciudadanía para crear conciencia y dar a conocer la labor de la CPI o para empoderar a las comunidades locales en su esfuerzo por defender la labor de la CPI en África. Es importante comprometer directamente a los gobiernos en cuestiones relativas a la CPI, pero normalmente son los propios africanos los que son víctimas de los crímenes graves cometidos por los más poderosos, entre los que se incluyen a funcionarios de gobierno. De hecho, los principales beneficiarios de la promoción de la justicia por parte de la CPI en África son los propios africanos. Los ciudadanos africanos pueden, por tanto, llegar a ser los más fieles defensores de la CPI en el continente. Pero la sociedad civil sólo puede ser efectiva en esta labor si han sido empoderados y formados con información fidedigna de la Corte y sus funciones.
Así que si queremos progresar en el empoderamiento de la CPI en África, los participantes y defensores de estas campañas deben centrarse en brindar información de forma general y pública sobre la CPI, su papel, sus funciones y su papel fundamental en la defensa del derecho a vivir de forma pacífica entre los africanos. Los medios de comunicación en África deberían también ser tenidos en cuenta dada su capacidad de cobertura de los crímenes internacionales y de la actuación de la CPI. Debería ponerse más empeño en conseguir que la población civil esté informada sobre las decisiones y diferentes posiciones de sus gobierno en relación con la CPI en las reuniones nacionales e internacionales, como la Asamblea de los Estados Partes (AEP) a la CPI y la UA.
No se puede hacer muchos progresos si se deja al margen a los ciudadanos africanos, los verdaderos interesados y potenciales víctimas de los crímenes de la CPI, de las campañas para fortalecer y hacer más efectiva a la CPI en África. Es el momento de empoderar a la ciudadanía para que actúe en defensa de su derecho a la justicia a través de una CPI más fuerte.
Escrito por Sulemana Braimah, directora ejecutiva de la Media Foundation for West Africa.
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