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Diez formas para que los Estados apoyen la CPI

 

La CPI depende de los Estados para implementar sus decisiones, arrestar fugitivos, proteger víctimas y testigos y ubicar personas absueltas. La justicia internacional simplemente no puede funcionar sin esta cooperación. A continuación, encontrarán
diez formas en las que los Estados pueden apoyar el sistema de la CPI.

1. Arrestar fugitivos de la CPI

 

Como la CPI no cuenta con fuerza policial, los gobiernos deben asegurar que cualquier persona buscada por la CPI sea detenida y trasladada a La Haya, sin importar su rango o su puesto. El tratado fundamental de la CPI, el Estatuto de Roma (ER), obliga a todos los Estados miembros a ejecutar órdenes de arresto. Al no cumplirlo, empeoran la situación de las víctimas y ponen en riesgo el sistema de justicia internacional. La falta de cooperación estatal limita la efectividad de la Corte, como se vio en junio de 2015 cuando Sudáfrica fracasó en el arresto del fugitivo de la CPI Omar al-Bashir cuando asistía a una cumbre de la Unión Africana (UA). Los Estados no miembros a la CPI, especialmente aquellos que son parte del Consejo de Seguridad de la ONU, también podrían hacer más por arrestar sospechosos.

2. Evitar a los fugitivos de la CPI

 

No se puede tratar a los fugitivos de la CPI como si nada sucediera. Los representantes estatales deben evitar el contacto no esencial con las personas buscadas, para poder aislarlos y fortalecer la autoridad de la Corte. Afortunadamente, la ONU, la Unión Europea y algunos Estados individuales tienen políticas que evitan el contacto no esencial con los fugitivos de la CPI. Sin embargo, en 2015 hubo varios representantes de Estados miembros de la CPI que tuvieron un contacto no esencial con al-Bashir, inclusive en China y Egipto. Claramente, queda mucho trabajo por delante.

3. Enjuiciar nacionalmente

 

La CPI ayuda a la comunidad internacional a acortar la brecha de impunidad por los crímenes internacionales más atroces, pero sigue siendo una Corte de último recurso. Los sistemas legales nacionales tienen la responsabilidad primaria de enjuiciar a los autores de las atrocidades. Al incorporar los crímenes de la CPI a sus legislaciones, los Estados pueden emprender juicios nacionales efectivos. Implementar el Estatuto de Roma brinda
también la oportunidad de reformar los sistemas penales nacionales y así reforzar el Estado de derecho, la paz y la seguridad.

4. Facilitar la cooperación

 

La cooperación con la CPI se suele reducir a términos simples: o los Estados tienen la voluntad política o no. Aunque esto es cierto para los casos de alto nivel, la falta de cooperación puede surgir de gobiernos con pocos recursos o experiencia. Ciertas
mejoras, como la designación de puntos focales dentro de las agencias y departamentos estatales, pueden contribuir en gran medida a asegurar la cooperación. Entrenar policías, fuerzas militares, abogados, jueces y fiscales también ayuda a incorporar el sistema de la CPI en todos los ámbitos del gobierno. Mientras tanto, al ratificar el Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades de la Corte, los Estados permiten que las investigaciones de la CPI sean rápidas e independientes, mientras aseguran los derechos de la defensa. De manera similar, al alinear la legislación nacional con el ER se facilita la cooperación.

5. Promover la justicia

 

Los gobiernos deben usar su influencia política y diplomática para promover el apoyo a la rendición de cuentas, tanto a nivel público como privado. Ellos pueden guiar a los Estados que no son parte al ER en su ratificación/adhesión y su adopción a nivel nacional para garantizar los beneficios que representa pertenecer a la CPI: un avance del Estado de derecho, desarrollo y buen gobierno. Las mayores potencias fuera del sistema de la CPI —incluyendo China, Rusia y Estados Unidos— también deben ser conscientes de cómo facilitar la cooperación con la CPI.

6. Firma voluntaria de acuerdos

 

La cooperación estatal incluye la firma de acuerdos voluntarios para la reubicación de testigos, libertad provisional y absolución de los sospechosos. Estos acuerdos son esenciales pero escasos. Solo Bélgica aceptó tener sospechosos en libertad provisional.
A medida en que se incrementa el trabajo de la Corte, las consecuencias de la falta de acuerdos se vuelven evidentes. Sin acuerdos sobre la absolución de sospechosos, el líder de
la milicia congolesa Mathieu Ngudjolo Chui estuvo tres años “detenido” en los Países Bajos tras ser liberado de la Corte esperando por su pedido de asilo. Los Estados miembros de la
CPI deben tener una mirada más amplia de sus responsabilidades, preguntarse qué pueden hacer para darle efecto al ER y lograr una mayor confianza de los ciudadanos en la capacidad de la Corte para hacer justicia.

7. Proteger a más testigos

 

Al igual que en los sistemas judiciales nacionales, en la CPI los testigos son indispensables en la búsqueda de la verdad. Por ello, son propensos a la intimidación y al soborno y
pueden haber sufrido traumas. Los acuerdos de reubicación, aunque sean de último recurso, son clave para el programa de protección de la CPI. En los últimos años, la protección de los testigos se ha vuelto un tema crítico en la Corte. Es crucial que más Estados tengan la opción de reubicar a los testigos, ya que la vida de personas y la integridad de los procedimientos de la CPI están en juego.

8. Rendición de cuentas general

 

Se necesita un mejor dominio de la justicia internacional, en todo nivel del sistema global. Los gobiernos pueden presionar en pos de la rendición de cuentas a través de su membresía en organizaciones internacionales y regionales para promover políticas y actividades que generan cooperación. Además, los Estados pueden incorporar la misión de la CPI al trabajo de varios órganos y oficinas de la ONU.

9. Presionar al Cosnejo de Seguridad de la ONU

 

Los gobiernos deben presionar al Consejo de Seguridad de la ONU, que actúa en nombre de todos los miembros de la ONU, para que asegure la cooperación con la CPI. Entre otras acciones concretas, podría: respaldar las remisiones de la CPI arrestando a los sospechosos, asegurar que las remisiones tengan el financiamiento adecuado, terminar con la exclusión de los ciudadanos de Estados no miembros a la CPI de la jurisdicción
de la Corte en las remisiones; hacer un seguimiento de los fallos de no cooperación remitidos por la Corte y entablar un diálogo constructivo con la CPI. Además, los Estados deberían fomentar iniciativas para impedir el uso del veto por los miembros permanentes
del Consejo en el tratamiento de crímenes atroces.

10. Apoyar la a lsociedad civil

 

En países como Kenia, la República Democrática del Congo, Nigeria y Sudáfrica, las demandas de la sociedad civil para que se ejecuten las órdenes de arresto de la CPI contra al-Bashir prueban que las leyes y las cortes nacionales siguen siendo los cimientos del sistema de justicia del ER. Con tantos países alrededor del mundo que adoptan leyes draconianas y limitan a la sociedad civil, los gobiernos deben hacer más para apoyar los
esfuerzos a favor de la rendición de cuentas.

Este artículo fue publicado como parte del Monitor de Justicia Global de este año.

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