Los Estados miembros de la CPI se comprometen a buscar soluciones para las amenazas contra las ONG defensoras de la CPI

Foto: International Service for Human Rights (ISHR)
Los activistas de los derechos humanos han informado de numerosos ataques sufridos contra ellos en las últimas semanas. Los 124 Estados Parte de la CPI han reconocido, de forma oficial, la necesidad de asegurar un entorno seguro para la sociedad civil que lucha y coopera con la CPI, al tiempo que se comprometen a tomar medidas conjuntas para buscar soluciones a las intimidaciones y amenazas sufridas por las ONG.

Varios miembros de la sociedad civil en favor de la Coalición han trabajado en entornos políticamente hostiles al tiempo que desempeñaban su labor para defender los derechos de las víctimas a acceder a un juicio justo y efectivo a nivel nacional o ante la Corte Penal Internacional (CPI). Creemos - y junto a nosotros también los Estados miembros de la CPI - que estos defensores de los derechos humanos merecen estar mejor protegidos, a nivel nacional e internacional, para frenar las amenazas e intimidaciones a las que tienen que hacer frente día a día en el trabajo que realizan.

 

Rechazo a los ataques contra la sociedad civil que trabaja en favor de la CPI

Como respuesta a las últimas y directas amenazas de muerte contra activistas de la sociedad civil que trabajan a favor de la labor de la CPI, en noviembre de 2016 los 124 Estados miembros de la CPI mostraron su preocupación por este tipo de incidentes en una resolución oficial.

Fueron más allá, y reconocieron asímismo que los Estados Parte de la CPI tienen la responsabilidad colectiva de defender a los defensores de los procesos ante la CPI – una responsabilidad que adquiere un mayor significado en los casos en los que las ONG no pueden confiar en la protección que les puede brindar su propio gobierno en el terreno afectado.

En la 15° sesión anual, los Estados Parte de la CPI subrayaron la importancia de asegurar que las ONG y sus trabajadores puedan cooperar de forma segura con la Corte y se comprometieron a tomar las medidas necesarias para poner fin a este tipo de amenazas e intimidaciones dirigidas directamente contra los defensores de los derechos humanos.

 

Nuevos acuerdos tras las amenazas a los defensores de los derechos humanos

Los compromisos adoptados en esta nueva resolución suponen la primera vez en que los Estados partes de la CPI adoptan un mensaje directo y oficial para reflejar su apoyo a las sociedad civil y al espacio que estos merecen en el plano internacional.

En la primera semana de 2017 Frontline Defenders publicó su Informe Anual sobre la situación de riesgo de los Defensores de los Derechos Humanos en 2016, detallando que más de 1000 defensores de los derechos humanos fueron asesinados, objeto de vejaciones, humillaciones, detenciones u otro tipo de violaciones de sus propios derechos el pasado año.

Ya en la 15° sesión anual de los Estados partes de la CPI, quedó clara  la necesidad inmediata de que los Estados se comprometieran a proteger y vigilar la situación de las ONG. Uno de los eventos - que irónicamente se centraba sobre el incremento de las amenazas a la sociedad civil en favor de la CPI - fue testigo de amenazas contra una activista en favor de los derechos humanos keniata, Gladwell Otieno, por parte de uno de los delegados con vínculos al gobierno keniata.

Este tipo de ataques no tienen cabida en las democracias actuales, y mucho menos en una institución dedicada al respeto del derecho humanitario como es la CPI.

Con una CPI cada vez más metida en casos contenciosos y operando en un entorno político cada vez más conflictivo, podemos vaticinar que este tipo de amenazas contra los defensores de los derechos humanos que trabajan en materia de justicia internacional se verán intensificados. Por ello es crucial que la comunidad internacional ponga freno a las amenazas violentas contra los defensores de la CPI – amenazas que podrían contituir crímenes de odio.

“En todo el mundo se están incrementando los ataques contra los defensores de los derechos humanos. Los que luchan para que las víctimas de genocidio, crímenes de lesa humanidad y de guerra son cruciales en la defensa de los derechos humanos. Las amenazas contra los trabajadores de la justicia internacional van no solo en contra de la CPI, sino también contra el derecho internacional y la justicia en general”, declaró William R. Pace, coordinador de la Coalición.

 

Mantener un espacio seguro para todos los defensores de la lucha por una justicia global 

La Coalición comparte la preocupación de los Estados Parte de la CPI en relación con las amenazas e intimidaciones directamente dirigidas contra la sociedad civil que coopera con la CPI, y celebra el compromiso de los Estados Parte para asegurar que la sociedad civil pueda seguir trabajando en favor de la justicia internacional, sin intimidaciones y amenazas.

La petición de los 124 Estados Parte de la CPI para asegurar que se tomarán las medidas necesarias para poner freno a las amenazas e intimidaciones contra la sociedad civil debería ser acatada por toda la comunidad internacional: principalmente por Estados a título individual, que tienen las herramientas para poner fin a las mismas, pero también a la comunidad internacional en su conjunto.

Los Estados se comprometieron a adoptar la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos, en la que se recogen normas de derecho internacional obligatorias para acentuar el papel de los Estados, sociedad civil y el público en general. En ellas se incluye el sistema de justicia internacional del Estatuto de Roma.

 

Nuevos póster celebran el aniversario de la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos #HRDs. Léelo, reenvíalo y únete al movimiento globlal de la lucha en favor de la justicia global y defensa de los #HRDs! pic.twitter.com/JGLdnD8fXL

— Michel Forst SR HRD (@ForstMichel) December 9, 2016