Libia: Los juicios al régimen de Gaddafi no son suficientes, la CPI debería actuar sobre los abusos generalizados

Funcionarios del antiguo régimen de Gaddafi tras los barrotes en el juicio en Tripoli, Libia y el 8 de julio de 2015.el tribunal condenó al hijo de Muammar Gaddafi, Saif al-Islam, y a otros ocho acusados a muerte. ISMAIL ZITOUNY/REUTERS
Lawyers for Justice in Libya
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Tras la condena de la ONU por la parcialidad de los juicios contra los ex miembros del régimen de Muammar Gaddafi, incluyendo a su hijo Saif al Islam, Lawyers for Justice in Libya escribe que es hora de que la CPI actúe para cumplir con su promesa de impulsar las investigaciones en el país acosado por los abusos generalizados de derechos humanos y la impunidad.

El juicio libio fracasa en su intento de proteger los estándares para un juicio justo

El 21 de febrero de 2017, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (UNHCR, por sus siglas en inglés) y la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL, por sus siglas en inglés) publicaron el Informe sobre el juicio contra 37 antiguos miembros del Régimen de Gaddafi (Caso 630/2012) (el Informe). 

El Informe evalúa si el juicio contra los antiguos miembros del régimen de Gaddafi, incluyendo al hijo de Muammar Gaddafi, Saif al-Islam Gaddafi, y el antiguo jefe de inteligencia, Abdullah al-Senussi, cumple las obligaciones de Libia según el derecho humanitario internacional y la legislación libia. 

Los estándares internacionales se recogen en varias convenciones, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos,  la Carta Árabe de Derechos Humanos y las Convenciones de Ginebra de 1949 y Protocolos adicionales. 

El Informe concluye que los procesos judiciales no consiguieron proteger muchos derechos fundamentales de los acusados ni el derecho a la verdad de la población libia. 

Los resultados del Informe se refieren a las siguientes áreas:

Violaciones de los derechos prejudiciales de los acusados 

El Informe halló que la mayor parte de los acusados no fueron informados sobre los cargos en su contra y fueron detenidos por largos períodos de tiempo, en algunos casos hasta dos años, antes de ser presentados ante el fiscal. Muchos no tuvieron contacto alguno o muy poco contacto con el exterior y solo se reunieron con sus abogados por primera vez en las audiencias iniciales de acusación en septiembre y octubre de 2013, o incluso en algunos casos después. En consecuencia, no se les otorgó a los acusados la oportunidad de cuestionar la legalidad de su detención o preparar su defensa antes de la audiencia. Saif al Islam Gaddafi, que no compareció a los juicios personalmente, ha sido mantenido en aislamiento en Zintan desde su arresto en noviembre de 2011. Solo se le permitieron algunas consultas con partes externas, siempre en presencia de las autoridades o bajo vigilancia.

Tortura

Algunos de los acusados presentaron denuncias de tortura, así como amenazas y extorsiones durante su detención. Sin embargo, el Informe subrayó que el Fiscal del juicio ignoró las denuncias y garantizó que su equipo había llevado a cabo las interrogaciones sin ningún tipo de coacción y no se basó en ningún registro de interrogatorio inicial de los grupos armados.  El tribunal no solo no investigó ni enjuició las presuntas torturas, si no que desestimó las acusaciones de tortura por falta de pruebas.

Transparencia y derecho a la verdad

El Informe señala cuestiones relativas a la transparencia. La audiencia se llevó a cabo en 25 sesiones judiciales durante más de 16 meses, cada sesión duró aproximadamente medio día. Durante ese tiempo, la fiscalía presentó su caso en un discurso que duró sólo 45 minutos. Esto provocó que el caso de la acusación siga siendo en gran parte desconocido por el público. No se puso a disposición del público un registro judicial completo del juicio, a pesar de que esto habría ayudado a ampliar la comprensión del público de la rebelión de 2011.

Igualdad de armas

El Informe concluyó que no se les dio a los abogados defensores el tiempo razonable para preparar sus casos, esto incluye las consultas privadas con sus clientes, y tampoco tuvieron acceso a las pruebas. Algunos acusados ​​tuvieron dificultades para contratar y retener abogados, lo cual, según el Informe, fue quizás resultado de amenazas e intimidaciones. Los abogados de la defensa no estaban en igualdad de condiciones con los de la fiscalía: ninguno de los testigos de la acusación fue llamado para ser examinado y el tribunal impuso una restricción de dos testigos de la defensa por acusado.

Apelaciones

Por último, el Tribunal de Casación está examinando actualmente si el Tribunal Penal de Tripoli siguió el procedimiento y aplicó correctamente la ley en su sentencia. La apelación no cumple con las normas internacionales en la medida en que la apelación está limitada a revisar las cuestiones de derecho.

Motivos suficientes para la intervención de la CPI

En junio de 2011, la CPI emitió órdenes de arresto contra dos de los acusados ​​en los procedimientos libios, Saif al-Islam Gaddafi y Abdullah al-Senussi. Posteriormente, las autoridades libias pidieron a la CPI que no persiguiera a esas personas alegando que Libia tenía la intención de enjuiciarlas ante los tribunales nacionales. La CPI se negó a abandonar el caso contra Saif Gaddafi. Por el contrario, el 24 de julio de 2014, la Cámara de Apelaciones aplazó el enjuiciamiento de al-Senussi ante las autoridades libias. La CPI advirtió que "ahora el desafío es que Libia demuestre al mundo que Al-Senussi recibirá un juicio genuino, imparcial y rápido que respete todos sus derechos y garantías fundamentales, incluyendo el derecho a un abogado de su elección." El informe pone en duda la capacidad de las autoridades libias para garantizar un juicio justo a los acusados. Estas preocupaciones dejan en claro que la CPI debe continuar su caso contra Saif Gaddafi.

Cuando se estableció la CPI, esta se planteó como un tribunal de último recurso. En primer lugar, los juicios de los criminales internacionales deben ser llevados ante los tribunales nacionales. Sin embargo, la situación en Libia, como lo demuestra el procedimiento nacional, deja claro que Libia no puede llevar a cabo juicios de manera justa. La CPI cuenta con garantías para proteger el derecho a un juicio justo, incluyendo el derecho efectivo a representación legal y apoyo financiero para los costos legales si es necesario. Hasta que estos derechos puedan ser garantizados en Libia, la CPI no debe aplazar las acciones judiciales contra las autoridades libias. La CPI debe ser proactiva a la hora de investigar la situación en Libia y poner fin a la impunidad.

En su duodécimo informe sobre Libia, publicado el 9 de noviembre de 2016, la Fiscalía de la CPI hizo hincapié en su compromiso de ampliar sus investigaciones y dar prioridad a la situación en Libia para 2017. La CPI ha tenido dificultades para procesar a individuos de Libia, esto incluye el acceso al país por razones de inseguridad y limitaciones financieras. Esto ha impedido que la CPI lleve a cabo actividades de investigación sobre el terreno. Debería aprovecharse la oportunidad para superar estos obstáculos, como alentar a las víctimas y los testigos a acercarse a la CPI con información.

Un aspecto importante del derecho a un juicio imparcial es el derecho a la verdad, no sólo para las partes en el procedimiento, sino también para el público libio. El proceso de investigación sobre los hechos, la participación de víctimas y testigos y la publicación de transcripciones judiciales ayuda al público libio a entender su historia y puede constituir la base para las reparaciones, así como prevenir las negaciones. A través de la Sección de Participación de Víctimas y Reparaciones de la Secretaría, las víctimas tienen la oportunidad de presentar quejas sobre los acusados ​​ante la CPI. Las víctimas y los testigos deben ser apoyados por la comunidad internacional para que puedan comprometerse con la CPI.

El Director de Lawyers for Justice in Libya (LFJL), Elham Saudi, señaló que "el derecho a un juicio justo es fundamental, sin importar la gravedad de los crímenes presuntamente cometidos por el acusado. Toda persona tiene derecho a que su culpabilidad o inocencia sea decidida por un tribunal; no se debe suponer por las circunstancias. Entre otras cosas, un juicio justo requiere una audiencia pública dentro de un plazo razonable y el acceso a la representación legal desde el momento en que el acusado es detenido por primera vez hasta la conclusión del juicio. Estos derechos han sido socavados en el procesamiento de los ex miembros del régimen de Gaddafi en Libia". Ella agregó, "LFJL acoge con satisfacción el compromiso de la fiscal de la CPI de dar prioridad a la situación en Libia. El foco ahora debe estar en comunicar los progresos de la CPI al público libio y la sociedad civil y colaborar con ellos para investigar a los perpetradores de atrocidades pasadas y en curso".

Es hora de que la CPI actúe

En tiempos de conflicto armado y de fragmentación política, la CPI puede desempeñar un papel importante a la hora de llevar ante la justicia a los principales autores de graves faltas a los derechos humanos. La CPI ha manifestado recientemente su compromiso de dar prioridad a la situación en Libia para el año 2017. Debe cumplir con las expectativas mediante el enjuiciamiento de los que poseen las mayores responsabilidades en los ataques contra civiles durante y desde la rebelión de 2011.