#JusticiaGlobal Semanal: Los fantasmas de los activistas en riesgo de las elecciones pasadas atormentan a Kenia

Un vendedor de diarios en Nairobi anuncia que los cuatro kenianos enfrentan cargos por crímenes de lesa humanidad ante la CPI en enero de 2012
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Los fantasmas de los activistas en riesgo de las elecciones pasadas atormentan a Kenia

Los activistas por los derechos humanos enfrentan cada vez más amenazas al tiempo que la violencia y las tensiones aumentan antes de las elecciones presidenciales previstas para agosto de este año. Existe el temor de que la historia se vuelva a repetir, diez años después de la violencia post-electoral que asoló al país y que dió lugar a la apertura de una investigación ante la Corte Penal Internacional (CPI).

A pesar de que los juicios ante la CPI contra los líderes políticos keniatas Uhuru KenyattaWilliam Ruto y el locutor de radio Joshua Sang fueron desestimados por falta de pruebas, fueron reconocidos como elementos claves a la hora de prevenir crímenes motivados políticamente en las semanas posteriores a las elecciones keniatas de 2013.

Ahora, Kenyatta se presenta para un segundo mandato y el Vicepresidente ha atacado a la CPI durante sus discursos de campaña.

Se ha informado que se está formando a 180.000 oficiales de policía para "garantizar la seguridad y credibilidad de las elecciones." Pero, Human Rights Watch (HRW) ha reclamado que los derechos básicos de libertad de asociación y de expresión continúan siendo atacados por las autoridades keniatas.

Estas amenazas también se pusieron de manifiesto en un informe reciente de la Organización Mundial Contra la Tortura, en el que se declaraba que las campañas llevadas a cabo por funcionarios oficiales contra las ONG y activistas en favor de los derechos humanos que trabajan en el país han "afectado en especial a los defensores de los derechos humanos y a la sociedad civil que realiza campañas de información y educación electoral antes de las elecciones generales previstas para agosto de 2017". El informe pide que se ponga fin a estas amenazas y que se lleve este acoso de los defensores de los derechos humanos ante los tribunales al tiempo que reclama que se reconozca la importante labor que estos activistas realizan.

En una resolución oficial en noviembre de 2016 ante el órgano de gobierno de la CPI, los Estados Partes a la CPI expresaron su incipiente preocupación sobre las amenazas recibidas por el activista de la CPI en Kenia, Gladwell Otieno, por parte de un delegado relacionado con el gobierno keniata, y señaló la importancia de asegurar que las ONG puedan cooperar de forma segura con la Corte y que era necesario tomar todas las medidas posibles para poner fin a estas amenazas e intimidaciones dirigidas a los activistas pro derechos humanos.

Esta resolución se caracterizó por ser la primera en la que los Estados partes adoptaron, de forma contundente, un lenguaje claro y solemne que reflejaba el respeto a un espacio abierto para el diálogo y acción de la sociedad civil y la defensa del espacio de libertad ante una tendencia alarmante en todo el mundo. En ella se reconoce que los Estados partes tienen la obligación colectiva de defender a la sociedad civil que coopera y apoya los procesos judiciales ante la CPI – una responsabilidad que se convierte en necesidad cuando muchas ONG no pueden confiar en la protección a sus trabajadores o voluntarios por parte de los gobiernos nacionales correspondientes.

Un informe de Frontline Defenders detalla el asesinato, coacción, detención o amenazas de más de 1000 activistas en favor de los derechos humanos en el pasado año.

 

82 de las niñas secuestradas en Nigeria son liberadas

82 niñas del grupo de 276 capturadas por el grupo terrorista Boko Haram en abril de 2014 en la región de Nigeria de Chibok, situación actualmente bajo examen preliminar de la CPI, fueron liberadas el domingo pasado a cambio de la entrega de cinco líderes del grupo terrorista. La liberación se produce tras meses de negociaciones entre las partes, entre las que se incluyen al Departamento de Estado de Seguridad de Nigeria, el gobierno suizo y el Comité internacional de la Cruz Roja (CIRC).

Mientras algunas de las familias nigerianas estaban eufóricas por tener sus hijas de vuelta, otras sufren con las nuevas noticias dado que más de 100 niñas siguen todavía secuestradas por Boko Haram, tres años después de su secuestro. Se cree que algunas de estas niñas secuestradas se han casado, en contra de su voluntad y han sido obligadas a tener hijos con algunos de los combatientes terroristas.

"Las autoridades nigerianas deben asegurar ya el regreso a salvo de los miles de niños, niñas y mujeres secuestradas por Boko Haram," repitió el director de Amnistía Internacional en Nigeria, Osai Ojigho, que ha pedido respeto para las niñas y sus familiares en estos primeros días tras el reencuentro.

 

La cooperación estatal es esencial en Libia

En un discurso ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU) a principios del mes de mayo de 2017, la Fiscal de la CPI Fatou Bensouda reclamó la cooperación de los Estados con la Corte para asegurar justicia para las víctimas de los atroces crímenes cometidos en Libia.

Bensouda declaró que se han realizado avances en la investigación de la Fiscalía de la CPI  sobre la situación a pesar de los múltiples obstáculos para la seguridad existentes sobre el terreno, destacó también la publicación de una orden de arresto contra un antiguo jefe de seguridad de Al-Tuhamy Mohamed Khaled al que se le acusa de crímenes de guerra y lesa humanidad.

"El pueblo libio ha aguantado mucho y ha sufrido por demasiado tiempo. Ellos merecen ese profundo sentimiento de seguridad que la sociedad proporciona cuando se acoge de forma plena el Estado de derecho en su más amplio sentido," continuó Bensouda, reafirmando a las víctimas: "Las estoy escuchando".

 

Investigaciones de la CPI

Darfur, Sudán: HRW ha cuestionado la decisión de EE.UU de suspender las sanciones económicas impuestas contra Sudán tras las atrocidades cometidas en Darfur, reclamando que la situación de derechos humanos en el país continúa sin cambiar y se denuncian ataques a civiles, detenciones arbitrarias y torturas de forma frecuente.

RDC: El grupo congoleño de derechos humanos APRODEC ha pedido a la CPI que abra una investigación oficial por una serie de crímenes presuntamente cometidos en la región cental del país de Kasaï, tras el hallazgo de 40 fosas comunes y el asesinato de dos expertos de la ONU en marzo de 2017.

Georgia: La ICRC ha iniciado la segunda fase de excavaciones de tumbas en tres localizaciones en el este de Georgia, con la que se pretende identificar restos humanos de cientos de personas desaparecidas, muchas de ellas víctimas del conflicto de agosto de 2008.

Uganda: Ante los intentos fallidos por encontrar a Kony, Invisible Children - un grupo defensor de los derechos humanos firmemente comprometido contra el Ejército de Resistencia del Señor (LRA) - ha pedido la intervención de EE.UU para debilitar al grupo rebelde ante muestras de preocupación por la ausencia de tropas americanas y ugandesas que frenaban que el ERS interfiriese en la vida de la población.

 

Exámenes Preliminares de la CPI

Afganistán: Tras la petición de activistas afganos a la CPI para acelerar las pruebas en Afganistán, el Fiscal adjunto de la Corte, James Stewart, ha declarado que los retrasos para adoptar una decisión final están relacionados con la falta de complementariedad y de información por parte de las autoridades afganas y de otras naciones.

Ucrania: Recientes investigaciones sobre la situación de los civiles en Crimea ha determinado que Rusia está "violando sus obligaciones y ocupando el poder", aislando a la península anexionada de cualquier tipo de escrutinio y control internacional sobre la libertad de expresión, el acceso a la sanidad, la educación y el empleo de la población de Crimea. Mientras, el antiguo Presidente de Ucrania, Viktor Yanukovych, está siendo juzgado in absentia en Kiev acusado de alta traición por haber sido un presunto cómplice de Rusia en la anexión de Crimea.

 

Campaña por la Justicia Global

La condena adoptada por las Salas Extraordinarias Africanas contra el antiguo Presidente del Chad Hissène Habré por crímenes de lesa humanidad, de guerra y torturas ha revitalizado a las víctimas de abusos de crímenes cometidos por el antiguo líder de Gambia Yahya Jammeh, muchos de los cuales se reunieron con las víctimas de Habré en un intento de obtener su propia justicia y forzar un juicio contra Jammeh.

En una carta abierta para las autoridades de Croacia, un antiguo casco azul de la ONU ha pedido que las autoridades nacionales sospechosas de haber cometido crímenes de guerra durante la Guerra de Bosnia sean extraditadas a Bosnia y Herzegovina para ser llevados a juicio.

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE) celebró una conferencia sobre los posibles crímenes de genocidio cometidos por el llamado Estado Islámico (IS o ISIS), y después de escuchar los testimonios de supervientes de crímenes atroces el moderador del evento, Pieter Omtzigt, declaró que "la justicia no debería descansar hasta que los criminales del Daesh sean llevados ante ellla y paguen por sus crímenes."

En las dos próximas semanas, un grupo de trabajo de la ONU se reunirá en Ginebra para revisar más de 600 casos de desaparciones forzosas o involuntarias de 29 países, así como para debatir sobre los obstáculos que puede enfrentar la implementación de la Declaración de la ONU sobre la Protección de Personas de desapariciones forzosas.

 

¿Qué más está pasando?

La liberación del antiguo soldado británico Alexander Blackman - tras cumplir tres años y medio de una condena de diez años por haber herido y asesinado a un insurgente talibán, violando las Convenciones de Ginebra - ha planteado dudas sobre si las futuras intervenciones militares de RU puedan llegar a ser impunes.

En Yemen, Amnistía Internacional ha instruído a los rebeldes Houthi para poner fin a sus "patrones de persecución" contra la minoría Baha'i, al tiempo que HRW ha advertido que EE.UU corre el riesgo de ser considerado cómplice por la violación de las leyes de guerra si continúa vendiendo armas a la campaña militar de Arabia Saudita, país en el que se considera que más de 4.773 civiles han sido asesinados y muchos más sufren hambrunas.

Los últimos datos de la ONU muestran que los niños son los más perjudicados en el incremento de la violencia en Sudán del Sur, dado que conforman el 62% de los más de 1,8 millones de refugiados se han visto golpeados por la crisis. 

Una relatora especial de la ONU sobre asesinatos extrajudiciales, Agnès S. Callamard, ha denunciado el enfoque de "guerra a las drogas" adoptado por el Presidente de Filipinas Rodrigo Duterte en una visita reciente al país. Su visita, de la que presuntamente el gobierno oficial no había sido informado, fue criticada por el embajador del país en la ONU, Teodoro Locsin Jr., quién consideró que Callamard "abusó de su posición en la ONU y esto la descalifica para tener un papel en la investigación de la ONU” sobre la guerra a las drogas.

 

Conoce la actualidad de las investigaciones y exámenes preliminares de la CPI.

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