Zambia: El 90% de la población respalda a la CPI | ¿Ha cometido Chiquita crímenes de lesa humanidad?

Un diario de Zambia © SACCORD
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Zambia: 90% de apoyo a la CPI

Cerca del 90% de los ciudadanos de Zambian han votado para que el país no se retire de la Corte Penal Internacional (CPI) en una votación organizada por el Ministerio de Justicia de Zambia.

En marzo y abril, el Frente Patriótico (FP), partido político en el poder, celebró una consulta pública sobre las ventajas de abandonar la CPI. Se organizaron debates públicos en 30 distritos de 10 provincias del Estado del sur de África. El gobierno pretende presentar sus conclusiones en la Cumbre de la Unión Africana de junio.

Cerca del 90% de los ciudadanos de Zambian han votado para permanecer en la Corte Penal Internacional (CPI) en una votación organizada por el Ministerio de Justicia de Zambia.

Esta semana, el Ministerio de Justicia informó que el 91,43% de los participantes de la votación votaron para que Zambia permanezca siendo un Estado Parte de la CPI.

"Los resultados muestran que cerca del 90% de los zambianos optaron por permanecer en la CPI lo que demuestra que la población prefiere permanecer en el lado correcto de la comunidad internacional y de la historia", dijo Boniface Cheembe, director ejecutivo del Southern African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (SACCORD) de Zambia. "En segundo lugar, los resultados muestran claramente que los zambianos quieren que su país y su gobierno sigan cumpliendo los más altos estándares de derechos humanos, lo que es importante para el país cuando se trata de dar el ejemplo a otros." 

 "Los resultados son claros y esperamos que el gobierno respete la voluntad de la población. Se espera que el informe se presente ante el Consejo de Ministros y el Parlamento. Los resultados también dan al gobierno el mandato de ayudar a otros países africanos que puedan tener problemas con la CPI a reformar lo que sea necesario dentro del sistema de la CPI, pero sin abandonar la Corte."

SACCORD, una organización miembro de la Coalición, ha estado al frente de la Campaña a favor de la permanencia, organizando jornadas para crear conciencia sobre los beneficios de ser miembro de la CPI. 

Cuando se anunció la consulta en marzo, diecisiete organizaciones nacionales e internacionales comenzaron una campaña para pedir que Zambia siguiera siendo un Estado Parte de la CPI.

El proceso de audiencia pública abrió el debate en Zambia, algunos argumentaron que la votación era necesaria, mientras otros afirmaron que los recursos podrían ser utilizados de otra manera. 

El líder de la oposición Hakainde Hichilema, que fue crucial en la protesta por la retirada de Zambia de la CPI, fue arrestado por traición a principios de abril, acusado de intentar derrocar el gobierno del Presidente de Zambia Edgar Lungu. Se espera que esta semana se tome una decisión sobre la remisión de este asunto al Tribunal Supremo.

Zambia firmó el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, el 17 de julio de 1998 y lo ratificó el 13 de noviembre de 2002, y desde esa fecha ha sido un miembro activo.

 

¿Cómo apoyó la población civil de Zambia la opción de permanecer en la CPI?

 

¿Chiquita es cómplice en crímenes de lesa humanidad?

¿Podría la CPI perseguir y enjuiciar a los trabajadores de una multinacional por crímenes de lesa humanidad?

La pregunta ha sido objeto de análisis por parte de una coalición de organizaciones defensoras de los derechos humanos, entre las cuales se encuentran la International Human Rights Clinic de la Harvard Law School, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), que pidieron a la Fiscalía de la CPI investigar la posible relación entre los ejecutivos de la distribuidora internacional de plátanos Chiquita Internacional y el grupo paramilitar de Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

El AUC sería responsable de cerca de 3.700 asesinatos y 6.000 desplazamientos forzosos entre 2002 y 2004, así como de otros crímenes de lesa humanidad entre los que se incluyen la violación y las desapariciones forzosas. Existen varios documentos internos de Chiquita de este período y de los siete años anteriores con pruebas de varios pagos que exceden 1,7 millones de dólares que habrían sido realizados por la compañía al AUC, motivo que llevó a la corporación a declararse culpable ante una tribunal federal de EE.UU en 2007.

Sin embargo, la coalición de organizaciones no cree que se haya hecho justicia y por eso ahora intenta dirigir el proceso contra los ejecutivos de la compañía que presuntamente autorizaron los pagos.

“Los ejecutivos que aceptaron y autorizaron los pagos a los paramilitares no deberían seguir sentados en sus casas de Estados Unidos como si no hubiesen hecho nada,” declaró un miembro de Peace Community de San José de Apartado, que presentó una carta a la Corte detallando el impacto personal de los militares sobre las víctimas. “Las familias en Colombia llevan esperando a que se haga justicia mucho tiempo.”

La CPI tiene un examen preliminar en Colombia abierto en 2004 para evaluar si es necesario iniciar una investigación formal sobre los supuestos crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos tanto por el gobierno como por los paramilitares y las fuerzas rebeldes. 

Lea más sobre el examen preliminar de la CPI en Colombia.

 

Investigaciones de la CPI

RDC: Un fiscal militar congolés ha anunciado que dos hombres deberán enfrentar un juicio en breve, ambos acusados del asesinato de dos expertos de las Naciones Unidas (ONU) en marzo de 2017 — descartando así las acusaciones de los grupos de derechos humanos de que las fuerzas congolesas estuvieron implicados en los asesinatos.

Libia: Al menos 141 personas fueron asesinadas en una base aérea del sur de Libia en un ataque presuntamente cometido por el Gobierno de Acuerdo Nacional respaldado por la ONU, mientras el enviado de la ONU en el país condenó el presunto ataque militar dado que potencialmente podía constituir un crimen de guerra, lo que significa que podría se juzgado ante la CPI si se demuestra que los informes son ciertos.

Mali: Las operaciones militares por sí mismas no serán suficientes para vencer la amenaza jihadista del país, advirtió Human Rights Watch, a la vez que los grupos islamistas presentan cada vez más una alternativa atractiva a la agresión armada y el gobierno corrupto. 

Uganda: La Unión Africana ha pedido apoyo militar internacional para los soldados de la República Centroafricana que luchan contra el sospechoso de la CPI y líder del Ejército de Resistencia del Señor (ERS) Joseph Kony luego de que Estados Unidos y Uganda anunciaron sus planes para retirar las tropas de la búsqueda de insurgentes. Las víctimas del ERS han hablado sobre la seguridad que el caso de la CPI contra el ex líder rebelde Dominic Ongwen les ha  llevado, pero expresaron sus preocupaciones por la lentitud de sus procedimientos.

 

Exámenes preliminares de la CPI

Nigeria: Muchas de la estudiantes liberadas por Boko Haram continuan en estado de custodia estatal luego de más de dos semanas de haber sido rescatadas, lo que impulsó las especulaciones de que los oficiales sosechan que las jóvenes desarrollaron simpatía por sus captores.

Ucrania: En una recapitulación de la historia soviética del país, la oficina del Fiscal General de Ucrania ha anunciado una investigación penal sobre el dictador soviético Josef Stalin y su jefe de policía secreta, Lavrenty Beria, por la deportación masiva de musulmanes tártaros de la Península de Crimea durante la Segunda Guerra Mundial que resultó en decenas de miles de muertes.

 

Campaña por la Justicia Global

El Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas ha decidido lanzar un nuevo programa de asistencia en Costa de Marfil para sobrevivientes de crímenes bajo la jurisdicción de la CPI.

Se lanzó un nuevo programa en el Institute for Global Justice de La Haya con el objetivo de brindar una educación superior y oportunidades de empleo para miles de refugiados libios.

El CIVICUS Monitor, miembro de la Coalición, ha lanzado el primer dataset global sobre el espacio cívico para identificar las regiones donde los derechos para protestar, organizar y expresarse son respetadas o ignoradas. Los países con situaciones ante la CPI, como la RDC, Sudán y Libia, así como los ex países de la Unión Soviética, fueron identificados como los menos libres.

Alemania ha estado bajo presión internacional para que brinde reparaciones y devuelva las tierras a las víctimas de la masacre de Namibia, una ex colonia alemana.

 

Alrededor del mundo

UNICEF ha reportado que el número de niños refugiados que viajan solos, regularmente en condiciones peligrosas, ha alcanzado un alto record, con un aumento de cinco veces desde 2010.

Los estudiantes que representan a la Kazan Federal University (Rusia) ganaron la ronda final de la ICC Moot Court Competition realizada en la CPI en La Haya.  

Los líderes de la oposición en Colombia planean llevar al Presidente de Venezuela Nicolás Maduro a la CPI por las acusaciones de desplazamientos forzados, tortura, asesinato y otros crímenes que recaen bajo la jurisdicción de la Corte.

Dado el flujo de de luchadores extrangeros que presuntamente cometen crímenes de guerras durante el actual conflicto en Yemen, los expertos han discutido la extensión de una posible jurisdicción de la CPI en la situación.

Grupos de derechos humanos y activistas por los derechos de los gays presentaron una comunicación a la CPI sobre los asesinatos generalizados y sistemáticos, arrestos arbitrarios, tortura y persecución que habrían sufrido los hombres gay en la región rusa de Chechenia.  

 

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