Boletín de #JusticiaGlobal / Seminario Regional de Alto Nivel en Quito | 121 activistas asesinados en Colombia | Aumentan las muertes en la frontera de Gaza | Impacto de la CPI en la justicia nacional

Tributo a defensores de los DDHH en Colombia - Sociedad civil condena el uso de la fuerza de la Fuerza de la Defensa Israelí - Miembros del CSNU hablan con refugiados Rohingya - Manifestantes filipinos tras el tiroteo

Seminario Regional de Alto Nivel sobre cooperación con la CPI en Sudamérica - Quito

El 7 y 8 de junio de 2018 la Coalición participó en el Seminario Regional de Alto Nivel denominado La Corte Penal Internacional y Sudamérica: Oportunidades para la cooperación y el intercambio de experiencias a 20 años del Estatuto de Roma”. El evento fue organizado por la Corte Penal Internacional y el Gobierno de Ecuador, con apoyo de la Comisión Europea, y se realizó en la Sede de la Unión de Países de América del Sur (“UNASUR”) en Quito, Ecuador, y reunió a representantes de Alto Nivel de 11 países de Sudamérica (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela), y representantes de la CPI y de ONG de la región. De parte de la Corte, estuvieron presentes el juez Chile Eboe-Osuji (Presidente de la CPI); O-Gon Kwon (Presidente de la Asamblea de Estados Parte); Peter Lewis (Secretario); Felipe Michelini (miembro del Consejo de Dirección del Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas); Renán Villacís (Director del Secretariado de la Asamblea de Estados Parte), y personal de la Presidencia, Secretariado y Fiscalía de la Corte. Los dos representantes de la sociedad civil que asistieron al evento fueron Marconi Melo (Secretario Ejecutivo de GAFILAT) y Michelle Reyes (Coordinadora Regional para las Américas de la CCPI), quien, en coordinación con Parlamentarios para la Acción Global (PGA), presentó algunos alcances sobre el trabajo de la sociedad civil en la región en relación con la implementación del Estatuto de Roma.

Durante el Seminario se abordaron aspectos específicos de la cooperación con la CPI, tales como la implementación y procesos internos de cooperación, los acuerdos (voluntarios) bilaterales de cooperación, y las investigaciones financieras y el congelamiento de propiedades y activos. Asimismo, el Seminario constituyó una oportunidad importante para que todos los participantes reflexionen sobre el 20° aniversario del Estatuto de Roma, y sobre la oportunidad que brinda esta ocasión para la adopción de medidas concretas destinadas a fortalecer el sistema del Estatuto de Roma, particularmente en el ámbito de la cooperación.

Comunicado de CPI

 

Colombia / Pedidos de investigación por el presunto asesinato de 121 activistas de derechos en 2017

Con 121 asesinatos de activistas de los derechos humanos registrados en Colombia en 2017, la sociedad civil ha pedido a la Corte Penal Internacional (CPI) que advierta al gobierno colombiano sobre la posibilidad de la apertura de una investigación completa de la CPI si no surgen juicios nacionales. 

En su presentación a la Fiscalía de la CPI, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR) y el European Center for Constitutional and Human Rights destacaron que el examen preliminar de la CPI, abierto desde 2004, ha salvado vidas y que la Fiscalía hubiera podido salvar aún más si investigaba los presuntos ataques sistemáticos contra los defensores de los derechos humanos por parte de los paramilitares y los actores estatales. Los grupos han presentado evidencia de 121 asesinatos de miembros de la sociedad civil en 2017, y afirman que los crímenes cumplen los requisitos de los crímenes de lesa humanidad. Afirman también que el gobierno colombiano aún debe investigar adecuadamente los asesinatos.

En una entrevista con The Guardian,  Luis Guillermo Pérez Casas de CCAJAR expresó que “los asesinatos de nuestros colegas deben terminar. Esperamos que la Fiscalía de la CPI advierta al gobierno de Colombia que si la impunidad persiste, se verán forzados a iniciar una investigación sobre los responsables, en el más alto nivel. Hay muchos enemigos del proceso de paz de Colombia y y hay mucho enemigos poderosos de los defensores de los derechos humanos”. 

2017 fue el 1° año del acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y el grupo rebelde FARC-EP. 609 asesinatos de defensores de DDHH habrían tenido lugar entre el 1° de noviembre de 2002 y septiembre de 2017 en el país

Human Rights Watch y Amnistía Internacional habían pedido previamente al gobierno de Colombia implementar protecciones para los activistas en riesgo e investigar adecuadamente el asesinato de los defensores de los derechos humanos.

EXAMEN PRELIMINAR DE LA CPI SOBRE COLOMBIA

 

Myanmar / La sociedad civil pide una remisión a la CPI

Cuatro grupos de derechos humanos — Amnistía Internacional, Human Rights Watch, the Global Center for the Responsibility to Protect y Fortify Rights — están solicitando al Consejo de Seguridad de la ONU que remita la situación de Myanmar a la CPI. El ejército de Myanmar ha sido acusado de cometer crímenes de lesa humanidad en contra de la minoría étnica Rohingya en Myanmar.

Physicians for Human Rights también ha pedido una remisión del Consejo de Seguridad. El director de programas de PHR, Homer Venters, dijo que "la organización ha documentado evidencia médica y científica crucial para corroborar cargos individuales por ataques. Sobre estos testimonios, y otros de testigos oculares, nuestra información apunta a atrocidades generalizadas  en contra de los Rohingya”.

En una declaración de la Presidente del Consejo de Seguridad de la ONU Joanna Wronecka luego de la visita expresó que el Consejo estaba “afectado” por la escala de la crisis humanitaria, e instó al gobierno de Myanmar a “cumplir, respetando el Estado de derecho, su compromiso con la rendición de cuentas de los responsables de violencia, incluyendo la violencia sexual y el abuso y la violencia contra los niños”.

 

Costa de Marfil / Grupos de derechos humanos piden justicia de todas las partes del conflicto

Grupos de DDHH piden más acciones para asegurar justicia para las víctimas de la violencia electoral de Costa de Marfil de 2010-11. Un carta abierta conjunta firmada por los miembros de la Coalición como la FIDH y Human Rights Watch pide al Presidente Ouattarra que asegure una justicia equilibrada para los presuntos culpables de crímenes de ambos bandos de la violencia.

La carta expresa que “a pesar de sus promesas de lograr una justicia imparcial,  parecería que la investigación y el enjuiciamiento de los crímenes atribuidos a las (...) fuerzas que pelearon de su lado durante el conflicto no habrían sido llevados a cabo con la misma urgencia que aquellos crímenes atribuidos a las fuerzas de seguridad, militares y mercenarios que pelearon por el bando de Laurent Gbagbo”. El vicepresidente de la FIDH Me Drissa Traoré, destacó que “siete años después de los serios crímenes, las víctimas aún esperan justicia". 

 

Burundi / Denuncian ataques a los medios 

Las autoridades de Burundi han comenzado un ataque a los medios y sus organizaciones, según reporta un informe de Human Rights Watch. El ataque, implementado por el regulador de medios de Burundi, el Consejo Nacional de Comunicación (CNC), ha logrado hasta el momento prohibir a la British Broadcasting Corporation (BBC) y la Voice of America (VoA) en el país, entre otros.

Se cree que este ataque está relacionado con las críticas al gobierno de Burundi previas al referéndum  constitucional, que se llevará a cabo el 17 de mayo de 2018. Si se aprueban las enmiendas propuestas, el Presidente Pierre Nkurunziza – en el poder desde 2005 – podrá extender su mandato hasta el año 2034.

Human Rights Watch, condenando esta medida, declaró que “Al comenzar las campañas alrededor del referéndum, se espera más violencia, mientras la población de Burundi queda cada vez más hundida en la oscuridad, dependiendo de rumores y trozos de información. Pero el gobierno no puede detener las redes de burundeses que envían información a los grupos de derechos humanos internacionales y de Burundi. Aunque cierren todas las estaciones de radio del país, los crímenes finalmente serán reportados y los responsables serán llevados eventualmente ante la justicia.”

 

Los senadores de Filipinas piden que se reconsidere la salida de la CPI

Un grupo de senadores del Senado de Filipinas elevaron un pedido a la Corte Suprema de Filipinas para invalidar el retiro del Estauto de Roma de la CPI al Presidente Rodrigo Duterte . El pedido está basado en el argumento de que el ejecutivo no puede tomar la desición de retirarse de cualquier tratado internacional de forma unilateral. El tema está siendo investigado pr la Corte suprema.

LAS ONG FILIPINAS PIDEN A DUTERTE PERMANECER EN LA CPI

Día de la UE contra la impunidad

La presidencia de Bulgaria del Consejo de la Unión Europea llevó a cabo una conmemoración en cooperación con la Comisión Europea y la Genocide Network, titulada ‘El Día de la UE contra la Impunidad’. El evento fue realizado en la sede de la CPI en La Haya. Las discusiones estuvieron centradas en la contribución de la UE a los 20 años de lucha contra la impunidad por los crímenes más graves a través del Estatuto de Roma y en cómo dicha contribución se seguirá llevando a cabo en el futuro.

Virginie Amato, coordinadora regional de Europa de la Coalición por la CPI, participó en el evento y reconoció ante la UE la necesidad de establecer un Representante Permanente sobre Derecho Humanitario Internacional y Justicia Internacional para fortalecer el liderazgo de la UE, tan necesitado, a la hora de promover y asegurar la justicia por los crímenes internacionales y garantizar que los derechos de las victimas estén en el centro de todos los esfuerzos.

Gambia / Ex-Presidente Jammeh relacionado con asesinatos de migrantes de Ghana y Nigeria

Una investigación conjunta de Human Rihts Watch y Trial International ha revelado que más de 50 migrantes ghaneses, nigerianos y de otros países de África occidental fueron ejecutados sumariamente tras la orden del ex presidente, Yahya Jammeh. En octubre de 2017, las organizaciones lanzaron una campaña  (#Jammeh2Justice) para llevar a Yahya Jammeh, entre otros, ante la justicia con estándares internacionales por los crímenes de su gobierno.

Las investigaciones, basadas en entrevistas con funcionarios de la jerarquía gambia, revelaron que los migrantes estaban sospechados de ser mercenarios con los planes de derrocar el régimen Jammeh.  Los informes  demostraron que las ejecusiones fueron llevadas a cabo por los ‘Junglers’; una unidad especial establecida por Jammeh que reciben órdenes directamente de él. Según el informe, los migrantes -entre ellos 44 ghanianos y varios nigerianos  – fueron arrestados en julio de 2005 en una playa donde habían arribado, luego fueron transferidos a la Sede Navales de Gambia en Banjul, la capital. Fueron detenidos en presencia de un inspector general de la policía, el director general de la Agencia Nacional de Inteligencia (NIA), el jefe del personal de defensa y el comandante de las Guardias Nacionales. Al menos dos de ellos se comunicaron telefónicamente con Jammeh durante la operación. El líder y varios miembros del grupo paramilitar Junglers también estaban allí.

El régimen de Yahya Jammeh, al poder de 1994 a 2017, estuvo marcado por numerosos casos de desapariciones forzadas, asesinatos extrajudiciales y detenciones arbitrarias. Actualmente se encuentra en un exilio auto-impuesto en Guinea Ecuatorial luego de perder la elección presidencial en diciembre de 2016 contra Adama Barrow.

 

Ucrania / La sociedad civil discute la armonización de las leyes penales con el derecho internacional

Parliamentarians for Global Action (PGA) y el Center for Civil Liberties llevaron a cabo una mesa de discusión titulada “Asegurando la armonización de las disposiciones de las leyes penales con las disposiciones del derecho internacional - un avance considerable en el camino de la protección de los derechos humanos.” Al evento concurrieron miembros del Parlamento ucraniano (Verkhovna Rada), representantes de organismos de gobierno, expertos, ONG y organizaciones internacionales.

La mesa de discusión propuso, entre otras cosas, la inclusión de la responsabilidad por crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra en la legislación penal ucraniana, las violaciones de DDHH durante la Revolución Euromaidan de 2014 y la desprotección de los derechos humanos en los territorios ocupados temporalmente de la República Autónoma de Crimea y distritos separados de las regiones de Donetsk y Luhansk durante el conflito armado con la Federación Rusa.

 

RD Congo / Fiscal de la CPI dijo que la reciente violencia puede constituir un crimen de la CPI

La Fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, emitió una declaración sobre la conclusión de su viaje a la República Democrática del Congo para tratar la violencia actual del país, las actuales investigaciones de la CPI sobre las atrocidades cometidas en la RDC, y las medidas adoptadas por las autoridades congolesas para resolver la violencia de acuerdo con el principio de complementariedad. Durante su visita, Bensouda se reunió con el Presidente Joseph Kabila, autoridades políticas y judiciales congolesas, representantes de la Conferencia Episcopal Nacional del Congo, varios partidos políticos, miembros de la sociedad civil, los medios, entre otros.

Además de expresar su preocupación por los recientes incidentes de violencia en Kinshasa, Béni, las provincias de Kasaï y otras regiones - que según sus declaraciones “podrían constituir crímenes bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI)” – Bensouda pidió a las autoridades congolesas que tomen todas las medidas necesarias para llevar a cabo investigaciones genuinas. En relación con los avances de las actuales investigaciones de las autoridades congolesas, la Fiscal de la CPI expresó su aprecio por los esfuerzos del gobierno y aseguró el continuo apoyo de su oficina en este tema.

 

Israel-Palestina / Pedidos para poner fin a las muertes en las protestas de la frontera de Gaza 

La sociedad civil y los actores internacionales están exigiendo a las Fuerzas de Seguridad Israelíes que se abstengan de hacer un uso “letal” y “excesivo” de la fuerza en contra de los manifestantes en la frontera de Gaza. Las muertes y los heridos no han mermado desde el comienzo de la Marcha del Gran Retorno el 30 de marzo de 2018. 

El grupo de derechos de Palestina Al-Haq expresó su preocupación por las alegadas prácticas de oficiales israelíes de disparar a matar contra protestantes, quienes no representan una amenaza inmediata a los soldados que se encuentran tras el vallado de Gaza. La Fiscal de la CPI señaló el mes pasado que su Oficina se encuentra monitoreando la situación.

Al-Haq ha estado documentando las muertes en las protestas, observando que un gran número de periodistas con notorias identificaciones de prensa están siendo atacados, alegando que esto demuestra que la "represión formal a la libertad de prensa en [Palestina] está dirigida a cultivar un clima de impunidad de los crímenes de guerra [cometidos por las fuerzas israelíes]".

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos  ha hecho un llamado a parar el "excesivo" uso de la fuerza por las Fuerzas de Seguridad de Israel contra los manifestantes en la frontera, y ha reiterado su preocupación sobre las aparentes prácticas de "disparar a matar". El Alto Comisionado Zeid exigió la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos, incluyendo la pérdida de vida debido a la fuerza letal excesiva:

"El fracaso de Israel para juzgar consistentemente las violaciones cometidas por los miembros de sus fuerzas de seguridad, los alienta a usar la fuerza mortífera contra los demás seres humanos desarmados, incluso cuando no representan amenaza alguna."

El Coordinador Especial de las Naciones Unidas para el Proceso de Paz en el Medio Oriente se dirigió al Consejo de Seguridad sobre la situación. Mladenov advirtió al Consejo que la situación ofrece pocas posibilidades de arribar a una solución política y corre el riesgo de que estalle una guerra si no se toman acciones pronto para prevenirlo. "Las personas no deberían estar destinados a pasar sus vidas rodeadas por fronteras que tienen prohibido cruzar, o aguas que tienen prohibido navegar " indicó, instando a incrementar los esfuerzos por encontrar una solución pacífica de dos Estados.

 

Nuevo informe / Factor de Presión: El impacto de la CPI en la justicia nacional

Factor de Presión: El impacto de la CPI en la justicia nacional, un nuevo informe de Human Rights Watch analiza la influencia de los exámenes preliminares de la Fiscalía de la CPI en el juzgamiento de crímenes a nivel nacional en Guinea, Colombia, Georgia y el Reino Unido.

Los hallazgos del informe reflejan las oportunidades del principio de complementariedad, que establece que la CPI es una corte de último recurso, para ampliar el alcance de la justicia en crímenes internacionales.

Elizabeth Everson, directora asociada de justicia internacional de Human Rights Watch, indicó que "el creciente volumen de casos a cargo de la CPI y los recursos limitados con los que cuenta ponen de manifiesto la necesidad de que existan procesos nacionales justos y eficaces. Más países miembros de la CPI deberían apoyar los esfuerzos de la Fiscalía para fomentar procesos exitosos. La Fiscal de la CPI no puede actuar por sí sola cuando se trata de impulsar iniciativas nacionales de justicia. Para dar impulso a la justicia a nivel nacional es necesario que existan relaciones eficaces entre la CPI y organizaciones de DDHH, organismos de la ONU, autoridades nacionales y gobiernos donantes."

El informe concluye en que existe un éxito variable en la promoción de juicios nacionales de presuntos delitos. El nivel más alto de influencia fue registrado en Guinea y el más bajo en el Reino Unido donde, hasta la fecha, la Fiscal no ha buscado promover procesos internos.

En Guinea, la interacción de la Fiscalía de la CPI con las autoridades impulsó el avance de una investigación estancada sobre el ataque de las fuerzas de seguridad a partidarios de la oposición en septiembre de 2009. Human Rights Watch insto a lograr iniciativas similares en otros exámenes preliminares, como en el caso de Colombia, donde la fiscal Bensouda ha identificado brechas en la información brindada por las autoridades para los juicios nacionales.

Los periodistas de Afganistán amenazados por un doble bombardeo

Un total de 14 civiles fueron asesinados y 30 resultaron heridos en un doble ataque cerca a la Dirección Nacional de Seguridad afgana. El segundo ataque fue realizado por un bombardero suicida disfrazado de periodista; se hizo estallar en medio de una multitud de equipos de respuesta enviados para contener la primera explosión.

El Observatorio de Seguridad de Periodistas Afganos solicitó a la Fiscalía de la CPI para que investigue los múltiples bombardeos suicidas que tuvieron lugar en la capital afgana de Kabul esta semana en ataques dirigidos a periodistas. El Secretario General de las Naciones Unidas expresó su indignación ante los ataques y requirió que los responsables fueran llevados ante la justicia.

El ataque ocurrió días antes al Día Mundial de la Libertad de Prensa y fue catalogado como "un ataque directo contra la libertad de expresión" por Tadamichi Yamamoto, el Representante Especial del Secretario General para Afganistán y el jefe de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA).

Human Rights Watch calificó los ataques como crímenes de guerra y resaltó el ambiente peligroso, y algunas veces letal, en el que los periodistas tienen que trabajar en Afganistán.

 

Investigaciones de la CPI

Juicio de Bemba: El 8 de junio de 2018, la Cámara de Apelaciones de la CPI dictó el veredicto de la apelación de Jean-Pierre Bemba a las 16.00 horario de La Haya que, a través de una decisión mayoritaria, resolvió absolver al Sr. Jean-Pierre Bemba Gombo de los cargos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

RDC: Trial International celebró la condena de Lieutenant-Colonel Maro Ntumwa, líder de la milicia local en Kalehe cerca de Bukavu, por organizar o autorizar crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. 

La Fiscal de la CPI llegó a Kinshasa para conversar con los funcionarios del gobierno congolés y sondear las instituciones judiciales del país tras los informes sobre nuevas instancias de crímenes de lesa humanidad en el actual conflicto en el país. Según se informa, Bensouda estaría respondiendo a los pedidos de organizaciones de DDHH, como la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), para que investigue las atrocidades cometidas en la provincia de Kasai. El jueves llevó a cabo una conferencia de prensa. Los funcionarios de la RDC expresaron que están trabajando para asegurar justicia.

RCA: Human Rights Watch exige un mayor apoyo para la Corte Penal Especial de la República Centroafricana - establecida para operar junto con las investigaciones de la CPI en el país - sobre la base de un informe publicado por la ONG titulado "Looking for Justice’: The Special Criminal Court, a New Opportunity for Victims in the Central African Republic" que destaca los obstáculos y los desafíos para la Corte Penal Especial en sus fases iniciales.

Sudán: Amnistía Internacional ha informado sobre un ataque, llevado a cabo por un grupo militar pro gobierno, las Rapid Support Forces (RSF), en un campo de desplazados interno (CDI) en Sudán. El grupo abrió fuego en un CDI lleno de víctimas de la violencia de Darfur, asesinó a una persona e hirió al menos a otras 10. Los manifestantes que exigían justicia después del ataque también fueron perseguidos por las fuerzas de seguridad, que arrestaron a 7 personas. 

Un informe experto sobre la situación de Darfur ha expresado varias cuestiones preocupantes en relación con la violencia en contra de los manifestantes y otras violaciones a los derechos humanos. El informe ha tenido reacciones mixtas de la sociedad civil en Sudán. Civil Society Initiative expresó que el informe “no agrega mucho a la lucha por la situación de los DDHH”.

Libia: La Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL) ha publicado su Informe de DDHH sobre las bajas civiles en abril de 2018. El informe documenta todas las violaciones conocidas del derecho humanitario internacional y de la ley de los DDHH internacionales. Abril contó con un total de 31 bajas civiles durante las hostilidades.

Libia/Consejo de Seguridad: La fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, presentó su reporte periódico ante el Consejo de Seguridad de la ONU sobre las investigaciones de la CPI en Libia de acuerdo con la Resolución 1970 (2011) del CSNU. Allí explicó que se habían logrado avances significativos, principalmente por la posibilidad de que el equipo de investigación visite Libia por primera vez desde 2012.

Sobre las órdenes de arresto pendientes de la CPI contra Mahmoud Mustafa Busayf Al-Werfalli, Saif Al-Islam Gaddafi y Al-Tuhamy Mohamed Khaled, la Fiscal pidió apoyo y asistencia al CSNU para llevarlos ante la CPI y aprovechó la ocasión para reiterar la intención de su oficina de emitir nuevas órdenes de arresto para la situación de Libia por las recientes atrocidades cometidas en Benghazi. En relación con los crímenes denunciados de tráfico humano y abusos contra migrantes en Libia, la Fiscal expresó su intención de trabajar con los gobiernos y con las organizaciones intergubernamentales en la región con el fin de asegurar que dichos crímenes sean investigados de manera genuina.

 

Exámenes Preliminares

Informe de Human Rights Watch: “Factor de Presión: El impacto de la CPI en la justicia nacional. Este documento analiza la influencia de los exámenes preliminares de la Fiscalía de la CPI en el juzgamiento de crímenes a nivel nacional en Guinea, Colombia, Georgia y el Reino Unido.

Venezuela: Según un informe del International Crisis Group, el actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, está listo para ganar las elecciones generales del 20 de mayo de 2018. El mandato del presidente Maduro, que heredó en 2013 luego de la muerte de Hugo Chavez, terminará en 2019. 

Colombia: El ex comandante militar de Colombia, acusado previamente de llevar a cabo los asesinatos denominados “falsos positivos” por Human Rights Watch, es uno de los nuevos embajadores designados en Corea del Sur. HRW afirma que al menos 28 civiles fueron asesinados bajo su mando entre 2006 y 2008.

Filipinas: Human Rights Watch ha criticado los ataques a la libertad de prensa en Filipinas, tras los proyectos de resoluciones emitidos por la Casa de Representantes de Filipinas que permiten al Congreso prohibir a los periodistas que “manchan” la reputación de los legisladores.

Nigeria: Se ha pedido a la CPI que incluya los presuntos crímenes cometidos por los hombre de la tribu Fulani del cinturón medio nigeriano en su actual examen preliminar sobre la situación del país. Se estima que las presuntas atrocidades de los hombres de la tribu son motivadas por consideraciones políticas, étnicas y religiosas. El gobierno de Nigeria aún no ha respondido a estas atrocidades.

Afganistán: UNAMA y Human Rights Watch han publicado dos nuevos informes sobre bajas civiles durante el conflicto afgano. Los informes tratan las instancias donde no se cumplió con la precaución de proteger a los civiles y la información sobre las víctimas y los sobrevivientes de los ataques de insurgentes durante el conflicto.  

 

Campaña por la justicia global 

Apelación de Karadzic: La semana pasada, el MICT escuchó los argumentos orales durante la apelación de Radovan Karadzic, condenado en 2016 por genocidio. Karadzic afirma que durante su juicio en el TPIY hubo numerosos errores legales y procesales.

Violencia sexual: Trial International ha pedido poner el foco en la educación y combatir las normas sociales de la violencia sexual en contra de los hombres, destacando la importancia de los veredictos en las cortes y tribunales internacionales que reconocen la violencia sexual en contra de los hombres como crímenes sexuales a la hora de luchar contra el estigma que regularmente acompaña a las víctimas.

Enmienda constitucional de Burundi: La Coalición de Burundi por la CPI ha emitido un informe sobre la revisión de la constitución como una amenaza a las minorías étnicas y políticas en Burundi. 

Guinea: La Coalición de Guinea por la CPI ha emitido una declaración para establecer un grupo directivo con el objetivo de iniciar un juicio por los eventos del 28 de septiembre de 2009. 

La Comisión Internacional de Juristas ha publicado un informe del juzgamiento de militares por graves violaciones a los derechos humanos por tribunales militares, a la luz de las normas y estándares internacionales, así como del derecho comparado.

El presidente de la CPI, el juez Chile Eboe-Osuji, concluyó su primera visita de trabajo a New York desde la elección. Durante su visita, el Presidente de la CPI y el Secretario General de la ONU hablaron sobre las continuas relaciones de cooperación entre las dos organizaciones en línea con el Acuerdo de Relación firmado en 2004 entre la Corte y la ONU.

Alrededor del mundo

Myanmar: Nuevas luchas en el norte de Myanmar han generado preocupaciones en relación con el proceso de paz dado que hay miles de civiles desplazados en la región.  

Irak: La Corte Penal Central iraquí ha sentenciado a muerte a cinco mujeres no iraquíes por unirse al ISIS. La sentencia fue aprobada en contra de dos mujeres rusas, dos mujeres de Azerbaiján y una francesa.

Rohingya: La Organización Mundial de la Salud ha advertido sobre las condiciones insalubres y el sobre poblamiento de los campos de refugiados Rohingya en Bangladesh. El Dr. Richard Brennan, Director de las Operaciones de Emergencias en WHO, dijo a los reporteros en Ginebra que “tiene temor por la temporada de monzones que trae el riesgo inherente de inundaciones, deslizamiento de tierras, así como por la temporada de ciclones”.

Bosnia-Herzegovina: Un ex miembro de la armada bosnia ha sido detenido por presuntos crímenes de guerra en contra de civiles serbios durante el conflicto de 1992-1995, lo que generó protestas en la capital bosnia de Sarajevo.