El 24 de marzo de 2017, la Sala de Primera Instancia II emitió una orden para proceder a las reparaciones individuales y colectivas por los crímenes cometidos por Germain Katanga. © ICC
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Ntaganda: El caso de la Fiscalía y las opiniones de las víctimas. La defensa pretende un sobreseimiento

En febrero, se presentó el último testigo de la Fiscalía en el juicio de la CPI por crímenes de guerra y de lesa humanidad contra el líder de las Fuerzas Patrióticas para la Liberación del Congo (FPLC), Bosco Ntaganda. El testigo de la Fiscalía relató por videoconferencia sobre registros académicos de algunos de los presuntos niños soldados que previamente habían testificado durante el juicio. La Defensa de Ntaganda se opuso al testimonio, con el que se pretendía aclarar la edad en el momento en el que habrían sido forzados a abandonar la escuela y unirse a las PFLC, argumentando que se trataba de una presentación tardía de pruebas que no permitía un contrainterrogatorio de los anteriores testigos.

A principios de marzo, cinco víctimas de crímenes presuntamente perpetrados por las FPLC en la República Democrática del Congo (RDC) presentaron sus opiniones respecto a sus expectativas de reparación en el supuesto de una sentencia de condena. En abril, tres víctimas testificaron de forma adicional sobre sus propias experiencias y las de sus familias, incluyendo relatos de torturas, violaciones y asesinatos.

En febrero, una petición de la Defensa por la que se requería que los Magistrados de la CPI visitaran algunos lugares claves en la RDC para otener un mayor conocimiento de ciertos aspectos logísticos y geográficos relatados por varios testigos en sus declaraciones fue rechazada por los magistrados, quienes pusieron de manifiesto que no se había aclarado el valor añadido de esta visita. Se pretendía que la visita precediera al inicio de la presentación del caso por parte de la Defensa en mayo.

En abril, la Defensa dejó claro que tenía la intención de pedir un sobreseimiento del caso que, en caso de afirmarse, podría poner fin al caso sin que la Defensa presente sus pruebas.

 

Ongwen: Apto para juicio, los acusados enfrentan los testigos de la Fiscalía; la Corte visita Uganda

En relación a una cuestión pendiente desde 2016, los Magistrados del juicio en el caso contra Dominic Ongwen decidieron que tras las pruebas presentadas por los psiquiatras expertos aportadas por la Defensa, el antiguo comandante en jefe del Ejército de Resistencia del Señor (ERS) está capacitado mentalmente para enfrentar un juicio. La Defensa había sugerido que intentaría probar que el acusado no podía ser considerado responsable penal de sus actos. El debate general que se dio luego de esta primera fase, incluso entre la sociedad civil, giró en torno a los diversos argumentos sobre si un niño soldado abducido por el ERS como Ongwen podría ser considerado responsable de los crímenes cometidos como adulto.

Mientras tanto, el caso de la Fiscalía continuó. Según uno de los antiguos combatientes de las fuerzas armadas de Uganda, los militanres empezaron a interceptar las comunicaciones del ERS tras oír sobre una investigación anticipada de la CPI. En esas grabaciones, el testigo en un momento dado identifcó a Ongwen diciendo al líder del ERS, Joseph Kony, detalles del ataque a un campo en Odek para desplazados internos. Un polémico contrainterrogatorio hizo que el magistrado Presidente de la Sala tuvisese que intervenir en numerosas ocasiones. Más tarde, el testigo atribuyó su conducta al temor a ser arrrestado a su vuelta, mientras la Fiscalía le aseguraba su inmunidad bajo el amparo del derecho internacional.

Los dos siguientes testigos, pertenecientes al ERS, compartieron detalles sobre los ataques presuntamente ordenados por Ongwen en los campos de desplazados internos de Odek y Lukodi, así como los planes para atacar el campo de Pajule. Uno de ellos declaró sobre el presunto asesinato de otro de los sospechosos de la CPI, el co-líder del ERS Vincent Otti, por uno de sus propios compañeros por su presunta intención de desertar.

Algunos de los testigos de la Fiscalía proporcionaron fotos de la vida en el ERS. La Defensa puso en duda el testimonio de uno de los testigos reclamando que solía ser uno de los guardaespaldas de Ongwen, al tiempo que el otro testigo habló sobre las prácticas de iniciación dentro del ERS tras el secuestro.

 

Gbagbo y Blé Goudé: Debates y "testigos claves" en la presentación del caso  de la Fiscalía

El juicio contra el ex Presidente de Costa de Marfil Laurent Gbagbo y el joven líder Charles Blé Goudé continuó. Uno de los testigos de la Fiscalía no pudo testificar al tiempo que los magistrados empezaban a considerar una serie de debates entre las partes en materia de medidas de protección y el derecho a no declarar contra uno mismo. Mientras, un contrainterrogatorio prolongado tuvo lugar entre la Defensa y un oficial de policía de alto rango de Costa de Marfil que declaró sobre las comunicaciones por radio y la estructura de mando. La Fiscalía también un presentó un vídeo en el que se veía a Gbagbo dando un discurso beligerante ante sus partidarios y tropas.

Tras un breve receso para tratar con un potencial conflicto de intereses entre un testigo y su previo asesor legal, que previamente había formado parte del equipo de la Fiscalía, el juicio se reanudó con el testimonio de un líder de las fuerzas policiales de Costa de Marfil – y miembro del círculo de confianza de Gbagbo. Tras reponder con evasivas en el interrogatorio, el Magistrado Presidente solicitó al testigo no faltar a la verdad, eventualmente dio información sobre las fricciones en la estructura de mando de Gbagbo. La Defensa utilizó menos tiempo del esperado para el contra interrogatorio de los testigos.

El siguiente testigo de la Fiscalía fue el ex jefe de Operaciones de Seguridad del Centro de Operaciones del país (CECOS, por sus siglas en inglés) – descrito como “testigo central” porque fue el único oficial encargado del CECOS entre 2005 a 2011. El antiguo jefe de CECOS testifcó sobre el asunto, y enfrentó un contrainterrogatorio sobre el asunto y sobre numerosas cuestiones: su enjuiciamiento por parte del régimen que remplazó al de Gbagbo; la estructura del CEOCS; reuniones entre Gbagbo y altos cargos; y la marcha del 16 de diciembre de 2010 que dió lugar a numerosas agresiones sobre la población civil.

Tras su testimonio , el juicio fue aplazado hasta el 24 de abril.

 

¿Qué más está pasando en el sistema del Estatuto de Roma?

El 22 de marzo de 2017, Jean-Pierre Bemba Gombo y cuatro de sus socios fueron condenados de forma colectiva a cerca de siete años de prisión por crímenes contra la administración de la justicia según el Artículo 70 del Estatuto de Roma. Tras la primera condena y sentencia de la Corte se produjeron una serie de avances en materia de manipulación de testigos en el juicio contra Bosco Ntaganda; la Fiscalía y la Defensa se enfrentaron sobre la investigación de las denuncias sobre el Artículo 70 en el juicio contra Ntaganda por crímenes de guerra y de lesa humanidad. La Defensa pidió la suspensión de los procedimientos, pero los Magistrados rechazaron la propuesta, al tiempo que prohibieron a la Fiscalía, excepto que fuesen específicamente autorizados por los Magistrados, contar con cualquier tipo de material obtenido mientras la investigación sobre el Artículo 70 continúase siendo el núcleo central del juicio.

El principal caso contra Bemba, en el cual surgieron las denuncias por manipulación de testigos, entró en la fase de reparaciones, aunque la orden para beneficiar a las vícitimas depende de una posible apelación de la sentencia o el juicio. En el caso contra Ahmad al-Faqi al-Mahdi presentado en la situación de Malí por parte de la Fiscalía, la Corte continúa recibiendo propuestas e informes, incluso por parte de la sociedad civil, sobre cómo implementar las reparaciones relacionadas con la primera condena de la Corte por destrucción de bienes culturales.

Mientras, en la fase de implementación de las reparaciones, después de que el Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas (FFBV) presentase información a los Magistrados detallando cómo pretenden implementar el proceso de reparaciones colectivas aprobado en el caso de Lubanga luego de la condena por crímenes de guerra de 2012, los Magistrados ordenaron en abril al FFBV continuar identificando a las víctimas que podrían beneficiarse y también a socios locales que pudiesen ayudar con los programas de reparación.

El mes pasado, la Corte emitió su segunda orden de reparaciones, en esta ocasión para 297 víctimas del condenado ex líder rebelde congoleño Germain Katanga. Cada una de ellas recibirá U$D250 como compensación simbólica además de beneficiarse de programas colectivos de reparación. El propio Katanga será responsable de la entrega de 1 millón de dólares americanos de un total de U$D3,75 millones. La Defensa informó que apelaría la sentencia en abril.

A finales de febrero/comienzos de marzo, la Presidente de la CPI visitó varios proyetos generales de asistencia en curso en favor de las comunidades afectadas en el norte de Uganda, implementados por el FFBV y varios socios locales. El FFBV, que es el encargado de implementar las órdenes de reparación de las víctimas impuestas por la Corte, así cómo de proporcionar asistencia general a la comunidades afectadas antes de la condena, publicó su folleto informativo periódico al principios de mayo para informar de sus avances en ambos casos.

Al tiempo que otros procedimientos judiciales se siguen desarrollando en la Corte, la atención recayó sobre varios de los sospechosos que siguen en libertad. En el caso del sospechoso más reconocido y buscado por la Corte, el Presidente sudanés Omar al-Bashir, la CPI emitió un informe oficial en abril  sobre los viajes de al-Bashir a países parte y no parte de la CPI desde octubre de 2016, así como la reacción de la Corte. Recientemente, a finales de marzo, al-Bashir había visitado el Estado Parte de Jordania para la Cumbre de la Liga Árabe.

Mientras, un tribunal nacional de Costa de Marfil absolvió a la sospechosa de la CPI y ex primera dama Simone Gbagbo de crímenes de lesa humanidad por su presunto papel en la violencia post-electoral de 2010-11, haciendo hincapié en los errores de público conocimiento de los procedimientos nacionales y en la orden de arresto aún pendiente de la CPI contra Gbagbo. Siguiendo las indicaciones de que la Fiscalía priorizará la investigación de Libia en 2017, la Corte hizo pública una órden de arresto de 2013 contra un alto cargo de las fuerzas de seguridad en el régimen de Muammar Gaddafi – Al-Tuhamy Mohamed Khaled – con la esperanza de mobilizar la cooperación en torno a su arresto.

Profundizando en materia de no cooperación, el 7 de abril los Magistrados escucharon las explicaciones de Sudáfrica por no haber procedido al arresto de al-Bashir durante su visita al país para la Cumbre de la Unión Africana en junio 2015. La decisión de los Magistrados se referirá a si las preocupaciones de Sudáfrica fueron escuchadas de forma adecuada por la Corte antes del incidente y, a su vez,  si las acciones de Sudáfrica pueden ser consideradas violaciones del derecho internacional que deban ser consideradas por el órgano de gobierno de la Corte o el Consejo de Seguridad de la ONU.