Reacciones / la CPI investiga la violencia en Filipinas y Venezuela

Miles de manifestantes piden por el fin de la violencia en Venezuela y Filipinas. © Reuters
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La Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Fatou Bensouda anunció la apertura de dos exámenes preliminares sobre los presuntos crímenes de la 'guerra contra las drogas' en Filipinas y las represiones a manifestantes en Venezuela. ¿Cuáles son las reacciones?

El anuncio de la CPI ha sido celebrado por la sociedad civil por ser un "claro signo de que la CPI se está reafirmando como una corte mundial", dijo Amal Nasser, representante permanente para la CPI de la Federación Internacional de Derechos Humanos. "También es importante que la CPI se mueva más allá de las zonas de guerra donde no hay conflictos armados con el fin de perseguir las tácticas criminales de las autoridades en contra de las bandas y las drogas o en contra de manifestantes."

 

¿Un examen preliminar?

Los exámenes preliminares tienen por objeto determinar si existen fundamentos razonables para proceder a una investigación completa de la CPI, para esto considera si la Corte posee jurisdicción sobre los presuntos crímenes, si se están llevando a cabo enjuiciamientos nacionales y si la apertura de una investigación sería en interés de la justicia.

Bensouda destacó que las jurisdicciones nacionales de Filipinas y Venezuela tienen las jurisdicción primaria para investigar y enjuiciar estos presuntos crímenes internacionales y reiteró que un "examen preliminar no es una investigación".

exámenes preliminares de la cpi

 

La guerra de Filipinas contra las drogas

En relación con la situación de Filipinas, la fiscal de la CPI examinará los presuntos crímenes relacionados con asesinatos extrajudiciales cometidos en el contexto de la "guerra contra las drogas" del presidente Rodrigo Duterte desde julio de 2016. Filipinas es un Estado Parte al Estatuto de Roma desde el 1° de noviembre de 2011.

“Específicamente, se ha alegado que desde el 1o de julio de 2016, se han asesinado a miles de personas por razones relacionadas con su presunto involucramiento en el uso o tráfico ilegal de drogas. Aunque algunos de estos asesinatos según los informes han ocurrido en el marco de conflictos entre pandillas o en el seno de esos mismos grupos, se alega que muchos de los incidentes reportados involucraron ejecuciones extrajudiciales cometidas en el curso de operaciones policiales antidrogas”, dijo la Fiscal Bensouda en una declaración.

"El anuncio de hoy marca un momento crucial para la justicia y la rendición de cuentas en Filipinas, y brinda un atisbo de esperanza a las víctimas de las terribles atrocidades cometidas en la denominada 'guerra contra las drogas’ emprendida por el gobierno'", dijo James Gomez, Director del Sudeste Asiático y el Pacífico de Amnistía Internacional y señaló la falta de acción de las autoridades filipinas y afirmó que no han mostrado voluntad ni son capaces de llevar a los perpetradores ante la justicia.

En su Informe Mundial 2018, Human Rights Watch establece que “la 'guerra contra las drogas' de la administración de Duterte ha resultado principalmente en la muerte de miles de filipinos pobres. La información de la Agencia de Ejecución de Drogas de Filipinas indicó que las operaciones policiales resultaron en la muerte de 3.906 presuntos usuarios de drogas y traficantes del 1° de julio de 2016 al 26 de septiembre de 2017. Pero numerosas personas armadas no identificadas han matado a miles más, elevando la tasa de muertes a más de 12.000, de acuerdo a informes mediáticos creíbles.”

“Las políticas de la llamada 'guerra contra las drogas' no justifican los homicidios extrajudiciales, las desapariciones forzadas y la tortura que ya se cobraron la vida de más de 12.000 personas, incluyendo niños, en menos de dos años. La impunidad en la comisión de estos crímenes debe terminar ya mismo a través de la investigación y el enjuiciamiento de los perpetradores”, expresó el presidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) Dimitris Christopoulos.

 

Venezuela y su represión a las protestas

El examen preliminar en Venezuela se centrará en los delitos presuntamente cometidos en el contexto de manifestaciones e inestabilidad política desde abril de 2017. 

Según la declaración de la Fiscal, "se ha alegado que fuerzas de seguridad del Estado con frecuencia utilizaron fuerza excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones, y que han detenido y encarcelado a miles de miembros de la oposición, reales o aparentes, algunos de los cuales habrían sido presuntamente sometidos a graves abusos y maltrato durante su detención".

"La apertura por parte de la Corte Penal Internacional (CPI) de un Examen Preliminar en torno a la situación en Venezuela es un signo claro de que la CPI se está utilizando como el mecanismo jurídico que es en la lucha contra la impunidad", expresó Michelle Reyes, Coordinadora Regional para las Américas de la Coalición por la Corte Penal Internacional. "Si bien no se está, en esta fase previa, ante una investigación formal, este paso constituye un mensaje importante para las autoridades venezolanas al enfatizar que Venezuela, como Estado Parte al Estatuto de Roma, tiene una obligación de prevenir, investigar y sancionar todo crimen que pueda caer bajo la competencia de la Corte, y que la Corte está mirando muy atentamente las medidas nacionales que se tomen al respecto".

El reciente movimiento de protesta anti-gobierno ha tenido que enfrentarse a una violenta represión por parte del gobierno venezolano y las fuerzas de seguridad que responden al actual presidente Nicolás Maduro. 

Según Human Rights Watch, en 2017, las fuerzas de seguridad “detuvieron a más de 5.400 personas entre abril y julio. Miembros de diferentes fuerzas de seguridad golpearon violentamente y torturaron a detenidos con descargas eléctricas, asfixia, agresiones sexuales y otras técnicas crueles. Las autoridades también han procesado arbitrariamente a más de 750 civiles en la justicia militar.”

En agosto de 2017, los medios informaron sobre la decisión del Congreso de Perú de enviar una ‘comunicación’ oficial sobre los presuntos crímenes del gobierno de Maduro a la Fiscal de la CPI. Una comunicación es un mecanismo a través del cual individuos, grupos, Estados, organizaciones intergubernamentales o ONG pueden transmitir información de interés a la Fiscal de la CPI bajo el Artículo 15 del Estatuto de Roma. La Fiscal de la CPI puede utilizar esta información en cualquier decisión para abrir un examen preliminar o investigación.

Nota: El examen preliminar de la CPI sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno venezolano y las fuerzas asociadas en el contexto de un fallido golpe de Estado en el año 2002 contra el entonces presidente Hugo Chávez no condujo a una investigación completa.

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