Tras la escalada de amenazas e intimidaciones contra defensores de derechos humanos que trabajan con la CPI en La Haya, la Coalición ha pedido a los Países Bajos tomar nuevas medidas en su calidad de Estado anfitrión para proteger a los defensores de la justicia internacional..
En 2016, la aparición de estas amenazas, por primera vez en territorio holandés, ha impulsado un análisis detallado del "Acuerdo de Sede entre la Corte Penal Internacional y el Estado anfitrión", que obliga a los Países Bajos a facilitar el funcionamiento correcto y eficaz de la Corte.
En concreto, el Acuerdo incluye una cláusula sobre la obligación del Estado anfitrión para facilitar la entrada, la estancia y el empleo de los representantes de ONG y sus familias en los Países Bajos. Permitir a los empleados del sector de la justicia llevar a cabo el mandato de su trabajo libres de intimidación y amenaza es crucial para el funcionamiento de la Corte.
Los miembros de la sociedad civil y dela Coalición específicamente, continúan abogando para que los Estados anfitriones tomen más medidas con el fin de garantizar la seguridad y la protección de todos los empleados del sector de la justicia internacional. Es de vital importancia que las autoridades holandesas hagan todo lo posible para garantizar esta protección.
