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Asamblea anual de la CPI: Unidos para proteger 70 años de avances en los derechos de las personas

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Coalición por la CPI
La sociedad civil global pide que se demuestre el apoyo a las víctimas de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en la Asamblea de Estados Partes de 2016

La Haya/New York—Es hora de que los gobiernos se unan para proteger más de 70 años de  avances mundiales en materia de derechos humanos ante la creciente oleada de racismo, discriminación, violencia y represión en todo el mundo, dijo la Coalición por la CPI antes de la reunión anual de la órgano rector de la Corte Penal Internacional (CPI) permanente de todo el mundo.

La 15ª sesión anual de la Asamblea de los Estados Partes (AEP) -el órgano rector de la CPI que cuenta actualmente con 124 Estados- se llevará a cabo en La Haya del 16 al 24 de noviembre. La sesión de la AEP tiene lugar al tiempo que la CPI, así como el sistema mundial de derechos humanos puesto en marcha después de la Segunda Guerra Mundial, están experimentando enormes desafíos.

La justicia por el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra ocupa ahora un lugar firme en la agenda internacional. Las demandas de justicia, tanto a través de tribunales nacionales o mediante el último recurso que representa la CPI, están aumentando día a día. La adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU por parte de la comunidad internacional en 2015 fue un reconocimiento formal de que la justicia y el Estado de derecho son elementos esenciales para alcanzar los objetivos de paz, seguridad y derechos humanos de la Carta de las Naciones Unidas para todos.

Sin embargo, las recientes notificaciones de varios Estados miembros de la CPI sobre su intención de retirarse del Estatuto de Roma de la CPI han subrayado la necesidad urgente de que los gobiernos y la AEP protejan el sistema de justicia internacional y sigan construyendo sobre décadas de esfuerzos para poner fin a la impunidad mundial.

A lo largo de la 15ª sesión de la AEP, la sociedad civil defenderá la integridad del tratado fundacional de la CPI, el Estatuto de Roma, y el acceso único a la justicia que otorga a las víctimas de crímenes atroces, recordando a los Estados que estos crímenes, dónde sea que estos ocurran, son cuestiones que preocupan a la comunidad internacional. La sociedad civil destaca que las víctimas serán los últimos perdedores en cualquier intento de comprometer los principios clave de independencia e igualdad de todos ante la ley en el sistema del Estatuto de Roma.

"La sociedad civil sabe tan bien como cualquiera que el acceso a la justicia sigue siendo desigual alrededor del mundo y que la CPI puede mejorar su búsqueda de justicia. Sin embargo, seguimos convencidos de que la solución radica en más y mejor justicia, no menos. En todo el mundo, las víctimas de atrocidades inimaginables están clamando por justicia. No podemos dejar que estas voces no sean escuchadas. La historia no olvidará ni perdonará a los gobiernos que siguen mirando hacia otro lado", dijo William R. Pace, coordinador de la Coalición por la CPI. "Nunca ha sido más claro el vínculo entre la creciente oposición política que enfrenta la CPI y las tendencias que amenazan los derechos humanos globales y a quienes la defienden. Es hora de que los gobiernos se unan y hagan que este sistema de justicia internacional funcione para todas las víctimas. Esta es la forma más eficaz de aumentar la aceptación de la CPI en todo el mundo y reforzar la eficacia del sistema del Estatuto de Roma".

"Sudáfrica y todos los gobiernos deben dar prioridad a los derechos humanos, la justicia y la rendición de cuentas por los crímenes atroces". Desafortunadamente, el fracaso de Sudáfrica en 2015 a la hora de arrestar al presidente sudanés Omar al-Bashir como lo exigía el derecho interno e internacional en ese momento y el reciente anuncio del país sobre su intención de abandonar la CPI, demuestran una preocupante propensión a colocar preocupaciones políticas erróneas por encima de las necesidades de las víctimas de aquellos crímenes que conmocionan la conciencia de la humanidad", dijo Angela Mudukuti, abogada de justicia penal internacional del Centro de Litigios de África del Sur. "También demuestra un trágico desprecio por la democracia constitucional por la que los sudafricanos han luchado tan duro. Deberíamos dejar que las acciones de los gobiernos estén guiadas por el respeto al Estado de derecho, los valores constitucionalmente consagrados y la voluntad de apoyar de manera constructiva la justicia penal internacional".

"Las decisiones recientes de tres Estados africanos de abandonar la CPI debilitan los esfuerzos mundiales para combatir la impunidad por los crímenes graves. Dejar el sistema del Estatuto de Roma no es lo que las víctimas desean, dejar la CPI sirve a los intereses personales de los políticos corruptos que temen que algún día puedan ser responsabilizados por los crímenes cometidos contra su propio pueblo", dijo Nika Jeiranashvili, Fundación Georgiana. "A veces, la CPI es la única alternativa para llevar a los autores ante la justicia, especialmente cuando los sistemas nacionales no están dispuestos o no pueden hacerlo. Miles de víctimas en la situación de Georgia dependen en gran medida de la investigación recientemente iniciada, ya que no tienen ninguna esperanza de obtener justicia por los crímenes cometidos durante el conflicto de 2008 a nivel nacional o incluso a nivel regional".

"Nos preocupan cuestiones sobre justicia institucional y el desvío cada vez mayor de la CPI de los principios de género y representación geográfica de los Estados miembros dentro del funcionamiento y el proceso de toma de decisiones de la Corte. La participación significativa en la estructura de la Corte por parte de ciudadanos competentes de cada región es una de las maneras más importantes de que Corte crezca y madure como una institución global y creíble", dijo Brigid Inder, Directora Ejecutiva de Iniciativas de Mujeres por la Justicia de Género. "También estamos muy preocupados al ver que hay menos mujeres en la toma de decisiones y en las posiciones de liderazgo de la Corte que hace solo unos pocos años. Esperamos que los Estados Partes vuelvan a brindar liderazgo en esta cuestión y aprovechen la oportunidad para elegir a varias candidatas con talento en el banquillo durante las elecciones judiciales del próximo año ".

"Los derechos fundamentales a un juicio justo y el debido proceso son las piedras angulares del sistema del Estatuto de Roma. Una CPI que lleva a cabo procedimientos justos y mantiene la igualdad de armas refuerza tanto su legitimidad como las normas de juicio justo a nivel mundial", dijo Aurélie Roche-Mair, directora del programa IBA ICC. La IBA pide a los Estados que respeten estos valores de manera muy concreta, como a través de la donación al Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas para las visitas familiares, el desarrollo y la financiación de la asistencia jurídica para los acusados ​​indigentes y la celebración de acuerdos voluntarios adicionales para apoyar las funciones esenciales de la Corte. La IBA también alienta a la AEP y a los Estados individuales a apoyar la igualdad de armas y mejorar la voz de la profesión legal en la CPI a través de un compromiso constructivo con la recientemente establecida Asociación de Abogados de la CPI ".

"La Coalición insta a los gobiernos a utilizar la sesión de la AEP para reafirmar su firme apoyo al papel crítico que la CPI y el Estatuto de Roma tienen que desempeñar en la misión de garantizar la rendición de cuentas por los crímenes más flagrantes conocidos por la humanidad". "El apoyo de los niveles más altos de gobierno no solo revitalizará el compromiso entre los demás Estados que asisten, sino que también reforzará la confianza en la capacidad de la CPI para ofrecer justicia, proporcionar reparación a las víctimas que no tienen acceso a la justicia nacional y reconstruir sociedades post-conflicto fuertes".

África y la CPI

La retirada de tres Estados africanos (Burundi, Gambia y Sudáfrica) de la CPI ha sido un hecho decepcionante para la Corte en 2016, y se espera que esta cuestión ocupe un lugar prominente durante esta sesión anual de la AEP. La cuestión de la inmunidad de los jefes de Estado está en el centro de las iniciativas de retirada. Es más importante que nunca que la sesión de la AEP se utilice para dar voz a las víctimas que buscan justicia en todo el mundo.

La sociedad civil ha estado pidiendo que las perspectivas y opiniones de las víctimas se prioricen sobre todo durante la sesión de la AEP, así como en la lucha por la justicia global en general. Un número creciente de gobiernos africanos se han pronunciado en contra de las recientes decisiones de Burundi, Gambia y Sudáfrica. La sociedad civil alienta a todos los gobiernos a reconsiderar este curso de acción y a permanecer en el sistema para lograr una justicia internacional verdaderamente global.

Se necesita un año para que la decisión de retirarse de la CPI entre en vigor, lo que significa que los tres Estados africanos que anunciaron su retirada todavía tendrán un asiento y un voto durante la sesión de la AEP. La sociedad civil alienta a todas las partes a comprometerse con la AEP en una discusión abierta y franca, sin comprometer la prohibición de la inmunidad de la CPI para los jefes de Estado y altos funcionarios del gobierno. A lo largo de la 15ª sesión de la AEP, la sociedad civil defenderá la integridad del Estatuto de Roma y el acceso único a la justicia que otorga a las víctimas de crímenes atroces, recordando a los Estados que estas serán las últimas perdedoras en cualquier retirada.

Estableciendo la verdad

La retórica anti-CPI ha cuestionado la justicia del proceso de la Corte, describiendo a la Corte como una institución políticamente selectiva. La sociedad civil ha subrayado la independencia del fiscal de la CPI, así como los límites legales sobre su capacidad de iniciar investigaciones y casos; han destacado el hecho de que la mayoría de las situaciones de la CPI en África fueron auto-referidas por los mismos Estados; la investigación de la CPI de Georgia y los numerosos exámenes preliminares que se llevan a cabo fuera de África.

Uno de los principales logros y pilares del Estatuto de Roma es la independencia del fiscal de la CPI - de los gobiernos y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Las decisiones sobre el inicio de investigaciones y casos se basan en criterios jurídicos establecidos en el Estatuto de Roma y en otros textos jurídicos y políticas que rigen el trabajo de la Fiscalía.

La justicia desigual se debe principalmente al fracaso de los Estados para aceptar la jurisdicción de la CPI, remitir situaciones a la Corte y emprender procesos nacionales sobre crímenes graves en primer lugar. La falta de cooperación estatal también dificulta muchas investigaciones y procesamientos de la CPI. La sociedad civil ha instado sistemáticamente a los Estados a cooperar con la CPI para garantizar que se aplique justicia a los actores estatales y no estatales por igual. Las restricciones presupuestarias y de recursos impuestas por los gobiernos también afectan la capacidad del fiscal de la CPI para abrir nuevas investigaciones y casos.

A lo largo de 2016, los miembros de la Coalición han destacado estos avances en áreas como la investigación y el enjuiciamiento de crímenes sexuales y de género, la responsabilidad de los comandantes rebeldes, el creciente acceso de las víctimas a los procesos de la CPI e incluso el impacto en los procesos de paz nacionales. Además, invertir en la capacidad de la CPI para llevar a cabo juicios justos y defender los derechos humanos de los acusados ​​promoverá el impacto positivo y la credibilidad de la CPI en todo el mundo.

SOBRE LA CPI

La CPI es la primera corte internacional permanente del mundo que tiene jurisdicción sobre crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. El principio de complementariedad es fundamental para el mandato de la Corte y sostiene que la CPI solo intervendrá si los sistemas jurídicos nacionales no pueden o no tienen la intención de investigar y enjuiciar a los autores de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

El innovador sistema establecido por el Estatuto de Roma, un avance histórico en la protección de los derechos humanos globales, está diseñado para penar a los perpetradores, llevar justicia a las víctimas y contribuir con sociedades estables y pacíficas. La Corte ya ha logrado avances significativos en la rendición de cuentas de los principales responsables de las atrocidades. Las víctimas ya están recibiendo ayuda para reconstruir sus vidas. Pero el acceso global a la justicia sigue siendo desigual, y muchos gobiernos continúan negando la jurisdicción de la CPI donde más se la necesita.

En la actualidad hay diez investigaciones activas ante la CPI: la República Centroafricana I y II; República Democrática del Congo; Darfur, Sudán; Kenia; Libia; Uganda; Costa de Marfil; Malí y Georgia. La CPI ha emitido públicamente 33 órdenes de arresto y nueve órdenes de comparencia. Cuatro juicios actualmente en curso. Dos condenas y una absolución. Al momento, se están llevando a cabo ocho exámenes preliminares en situaciones en Afganistán, Colombia, Guinea, Palestina, Iraq/Reino Unido, Nigeria, Ucrania y Gabón. La Fiscalía ha concluido los exámenes preliminares relativos a Honduras, Venezuela, Palestina, la República de Corea y la remisión de las Comoras, y declinó en cada caso el inicio de una investigación.

SOBRE LA COALICIÓN POR LA CPI

La Coalición por la CPI es una red de 2.500 organizaciones de la sociedad civil, pequeñas y grandes, de 150 países que lucha hace más de 20 años a favor de una justicia global para todas las víctimas de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. Hemos hecho que la justicia internacional exista; ahora queremos hacerla funcionar. Lee nuestra historia.

Más de 400 delegados de la sociedad civil participarán en la AEP bajo la representación de la Coalición por la CPI. Ponte en contacto con nosotros communications@coalitionfortheicc.org para coordinar una entrevista o recibir información de antecedentes.

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