Histórica activación de la jurisdicción del crimen de agresión en la Corte Penal Internacional
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New York—La histórica decisión consensuada de activar la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre el crimen de agresión en la 16ª Asamblea de los Estados Partes (AEP) del Estatuto de Roma lleva la justicia un poco más cerca de las víctimas de las guerras de agresión, dijo hoy la Coalición por la CPI en el cierre de la Asamblea.
"Tras esta histórica activación, por primera vez desde los juicios posteriores a la 2° Guerra Mundial en Nuremberg y Tokio, una corte internacional es capaz de responsabilizar penalmente a los líderes por el crimen de agresión", dijo William R. Pace, coordinador de la Coalición para la CPI. "La Coalición felicita a todos aquellos que se han esforzado para lograr la activación de este cuarto crimen de la CPI, y fortalecer el sistema del Estatuto de Roma y un orden global basado en el Estado de derecho".
"La activación de la jurisdicción de la CPI sobre el crimen de agresión fue un regalo para toda la humanidad. La Corte representa la conciencia y la compasión, y se opone al odio y a la violencia", dijo Jutta F. Bertram-Nothnagel, representante permanente ante la ONU y la CPI-AEP de la Union Internationale des Avocats. "Nuestra esperanza de paz en la tierra y buena voluntad para todos ha recibido un nuevo y significativo impulso".
Durante la Asamblea también se llevó a cabo la elección de seis nuevos jueces de la CPI, un nuevo presidente y dos vicepresidentes de la AEP, la aprobación del presupuesto de la CPI para 2017, y una serie de resoluciones relacionadas con la asistencia legal, las víctimas, la cooperación y el próximo 20° aniversario del Estatuto de Roma.
"Dado que cinco de los seis jueces salientes de la CPI son mujeres, la Coalición hizo una campaña para garantizar que los Estados nominaran candidatas para asegurar una representación equitativa de género en el tribunal de la CPI", expresó Kirsten Meersschaert, directora de programas de la Coalición por la CPI. "Tener una representación de género equilibrada en el tribunal de la CPI no sólo es positivo, sino que es esencial para garantizar una justicia más representativa".
La cuestión de la cooperación y la falta de cooperación con la Corte también fueron temas principales de debate que tuvieron lugar tanto en las sesiones plenarias como en los eventos paralelos.
"La Coalición Nigeriana por la CPI elogió la sesión de la AEP sobre cooperación y la resolución que pidió a los Estados que aumenten su cooperación con la CPI", dijo Chino Obiagwu, presidente de la Coalición nacional nigeriana por la CPI. "Sin embargo, subrayamos que la AEP debe tomar más medidas contra los Estados que no cooperaron, esto incluye, cuando sea necesario, la imposición de sanciones para permitir que la Corte funcione de manera efectiva. Sin cooperación, la CPI es ineficaz, y su independencia se ve socavada".
"Llamamos a los Estados a reforzar la cooperación con la CPI, reforzar sus sistemas judiciales para responder mejor a la complementariedad, tomar medidas apropiadas para reforzar la protección y
el acceso de los actores de la sociedad civil que trabajan para promover la justicia de la CPI", dijo André Kito, presidente de la coalición nacional de la RDC por la CPI. "Es muy alentador constatar aquellos Estados partes africanos que han decidido permanecer con la CPI, quienes son conscientes del impacto de reforzar la cooperación con el sistema del Estatuto de Roma para permitir el disfrute de los derechos fundamentales de las víctimas y las comunidades afectadas".
La Asamblea también adoptó otra serie de enmiendas al Estatuto de Roma presentadas por Bélgica,
y agregó varias armas a la lista de crímenes de guerra. Sin embargo, los Estados no incluyeron las minas terrestres en la lista de armas prohibidas por el artículo 8 del Estatuto de Roma.
"Los Estados partes perdieron la oportunidad de criminalizar las minas terrestres antipersonales en esta Asamblea", dijo Matthew Cannock, jefe de la oficina del Centro Internacional de Justicia de Amnistía Internacional en La Haya. "Muchos de los Estados que no aceptaron la criminalización de las minas terrestres han ratificado la Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersonales, y deberían haber defendido la enmienda en lugar de bloquearla. No obstante, seguiremos presionando a los Estados partes para que agreguen la disposición sobre minas antipersonales al Estatuto de Roma".
Los Estados adoptaron un presupuesto para la CPI para el año 2018 de €147.431,5 millones, lo que representa un aumento de sólo 1,47% con respecto a 2017.
"A pesar de una o incluso dos nuevas investigaciones para el próximo año, los miembros de la CPI tan sólo pudieron acordar un aumento mínimo absoluto en el presupuesto de la Corte. La implacable presión de algunos Estados para mantener bajo control el presupuesto de la CPI plantea serias dudas sobre cómo esperan que ésta haga su trabajo", dijo Elizabeth Evenson, directora asociada de justicia internacional de Human Rights Watch. "Desafortunadamente, el trabajo de la CPI es ahora más importante que nunca debido a las crisis de derechos humanos en todo el mundo.
Mientras los Estados se preparan para celebrar el vigésimo aniversario en 2018 del tratado
constitutivo de la CPI, el Estatuto de Roma, los instamos a que brinden al tribunal el apoyo práctico y
político que necesita para hacer justicia en estos tiempos difíciles".
"La justicia internacional debe ayudar a los países que salen de una crisis a luchar contra la impunidad; para evitar acusaciones de parcialidad en las investigaciones, la CPI debe tener en cuenta todos los crímenes graves cometidos por las diversas partes en conflicto", dijo Ali Ouattara, presidente de la Coalición de Costa de Marfil por la CPI. "Tanto en África como en otros continentes. Finalmente, la CPI también debe ser un instrumento de reconciliación a través de una justicia justa e imparcial".
"Si los Estados no le proporcionan a la CPI los recursos necesarios, se crean brechas e ineficiencias, ya que la CPI termina valiéndose de promesas vacías. La reubicación de la oficina de campo de la CPI en Uganda -un país con conflicto violento continuo y un juicio en curso contra el comandante del ERS Dominic Ongwen- impacta directamente a Kenia, ya que reduce las oportunidades para interactuar directamente con el personal de la CPI", dijo Juliette Nakyanzi, CEO, Plataforma para la Justicia Social Uganda. "Esto reduce el impacto de la CPI en Uganda y, en consecuencia, el de la Coalición Nacional de Uganda por la CPI para reforzar el apoyo a la justicia internacional".
Por otro lado, al aprobar la resolución 'Ómnibus', un documento creado para fortalecer a la Corte y la AEP, los 123 Estados miembros de la CPI resolvieron actuar sobre una serie de cuestiones importantes que enfrenta el sistema del Estatuto de Roma, incluida la universalidad, la cooperación, la secretaría de la AEP, la asistencia judicial, las víctimas, los métodos de trabajo de la AEP, y la participación en la AEP, entre otras.
"Celebramos el anunciado proceso de consulta para la revisión de la política de asistencia legal en 2018, que incluye a los profesionales y a los representantes de la sociedad civil", dijo Karine Bonneau, directora de la oficina internacional de justicia de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH). "El Secretario de la CPI debe garantizar que esta revisión del régimen de asistencia legal, incluso para las víctimas, esté diseñada de acuerdo con las necesidades reales y no esté basada en los recursos".
"En varios eventos paralelos, la sociedad civil pidió mayores acciones de los Estados miembros de la CPI, incluido el fortalecimiento del enfoque orientado a las víctimas a través de oficinas locales de la CPI en países donde hay investigaciones abiertas por esta Corte", dijo Nino Tsagareishvili, codirector del Human Rights Center, presidente de la Coalición Nacional Georgiana por la CPI. "También hacemos un llamado a los Estados para que aumenten las contribuciones al Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas, con el fin de que éste pueda aplicar el mandato de asistencia que se necesita urgentemente en Georgia y otros lugares".
La Asamblea también sostuvo una sesión plenaria especial dedicada al vigésimo aniversario de la aprobación del Estatuto de Roma, a celebrarse en 2018.
"Con el Objetivo 16 de Desarrollo Sostenible, la comunidad internacional ha señalado que garantizar el acceso a la justicia para todos a través de instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles, es esencial para la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible", dijo Jelena Pia Comella, directora ejecutiva adjunta de la Coalición por la CPI. "En su vigésimo aniversario, los Estados deberían expresar su apoyo político de alto nivel a la CPI como una institución líder en los esfuerzos por reducir todas las formas de violencia, promover el Estado de Derecho, y poner fin al abuso y la explotación de niños y mujeres".
"El año 2018 marcará el vigésimo aniversario del Estatuto de Roma. Los Estados partes y todas las demás partes interesadas deben maximizar el potencial de todos los eventos que se organizarán en 2018 con el fin de identificar las lagunas y desafíos en el sistema del Estatuto de Roma y tomar medidas para lograr un sistema más eficiente y efectivo", dijo el Dr. David Donat Cattin, secretario general de Parlamentarios para la Acción Global. "Los parlamentarios tienen un papel clave que desempeñar en la creación de voluntad política y oportunidades para las ratificaciones y nuevas leyes para implementar el Estatuto y empoderar las agencias de aplicación de la ley".
Continúa el crimen de agresión
La aprobación de la resolución sobre el crimen de agresión se produjo después de 10 días de intensas negociaciones diplomáticas que se extendieron hasta la madrugada del 15 de diciembre de 2017. Si bien los Estados miembros de la CPI ya habían acordado la definición del crimen en la Conferencia de Revisión al Estatuto de Roma celebrada en Kampala en el año 2010, la 16° AEP recibió la tarea de activar la competencia de la Corte sobre dicho crimen. Sin embargo, surgió una división entre los Estados sobre si la jurisdicción aplicaría a todos los Estados miembros de la CPI una vez que se hubiera cumplido el umbral de las 30 ratificaciones, o sólo a aquellos que hubieran aceptado la jurisdicción de la Corte sobre el crimen.
La resolución finalmente adoptada entrará en vigor el 17 de julio de 2018, fecha del vigésimo aniversario del tratado constitutivo de la CPI, exclusivamente para los Estados miembros de la CPI que hayan ratificado o aceptado la enmienda al Estatuto de Roma. También estipula que la CPI no tendrá jurisdicción sobre los Estados miembros de la CPI, o sus nacionales, que no hayan ratificado o aceptado estas enmiendas en el caso de una investigación de remisión estatal o por motu proprio (iniciada por el/la fiscal de la CPI). Sin embargo, los jueces de la CPI mantienen su independencia al decidir sobre cuestiones jurisdiccionales, y las remisiones del Consejo de Seguridad de la ONU no tienen limitaciones jurisdiccionales.
"Las atrocidades masivas incluyen guerras de agresión que han caracterizado algunos de los eventos más trágicos en la historia reciente, y que a menudo llevaron a la perpetración de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad e incluso genocidios", dijo la recién elegida presidente de PGA, Sra. Margareta Cederfelt, MP (Suecia). "La decisión de hoy de la Asamblea de Estados Partes de la CPI de activar la jurisdicción de la Corte sobre el crimen de agresión refuerza el compromiso de la Comunidad Internacional de poner fin a la impunidad por los crímenes más graves en virtud del derecho internacional".
Elecciones para puestos claves de la CPI y la AEP
Los Estados eligieron a seis nuevos jueces para el tribunal de la CPI. La Sra. Tomoko Akane (Japón), la Sra. Luz del Carmen Ibánez Carranza (Perú), la Sra. Reine Alapini-Gansou (Benín), la Sra. Solomy Balungi Bossa (Uganda), la Sra. Kimberly Prost (Canadá), y el Sr. Rosario Salvatore Aitala (Italia) ocuparán el cargo por un período de nueve años, que se espera que comience en marzo de 2018.
En otras elecciones de la AEP, el juez O-Gon Kwon (República de Corea) fue elegido como el próximo presidente de la AEP, mientras que el Sr. Momar Diop, embajador de Senegal a los Países Bajos, se desempeñará como vicepresidente que liderará el Grupo de Trabajo de La Haya de la Mesa de la AEP, y el Sr. Michal Mlynár, embajador de Eslovaquia ante las Naciones Unidas, liderará el Grupo de Trabajo de Nueva York. También se designaron seis nuevos miembros del Comité de Presupuesto y Finanzas durante el primer día de la AEP.
Para obtener más información
Visite nuestra página Web sobre la Asamblea de los Estados Partes 2017 para conocer nuestros resúmenes diarios, antecedentes, recomendaciones claves de la sociedad civil y otra documentación:
http://www.coalitionfortheicc.org/explore/assembly-states-parties/assembly-states-parties-2017
Visite nuestra página Web sobre el Crimen de Agresión para obtener más información sobre las definiciones y la aplicación de la jurisdicción del cuarto crimen de la CPI:
http://www.coalitionfortheicc.org/explore/icc-crimes/crime-aggression
Visite nuestra página Web para saber más sobre la calificaciones y la visión de la justicia internacional de los seis nuevos jueces de la CPI:
http://www.coalitionfortheicc.org/icc-judicial-elections
Sobre la Coalición por la CPI
La Coalición por la CPI es una red de 2.500 organizaciones de la sociedad civil, pequeñas y grandes, en 150 países que luchan por la justicia global por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio hace más de 20 años. Hicimos que la justicia internacional suceda, ahora estamos haciéndola funcionar.
http://www.coalitionfortheicc.org/
Hay numerosos expertos de organizaciones de derechos humanos miembros de la Coalición que están disponibles para brindar información de antecedentes y comentarios. Contáctese:
communications@coalitionfortheicc.org.
Acerca de la CPI
La CPI es la primera corte internacional permanente del mundo que tiene jurisdicción sobre crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. Un elemento central del mandato de la Corte es el principio de complementariedad, que establece que la Corte solo intervendrá si los sistemas jurídicos nacionales no pueden o no quieren investigar y enjuiciar a los autores de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Como uno de los avances más relevantes de la historia en la protección de los derechos humanos a nivel global, este sistema innovador establecido por el Estatuto de Roma está diseñado para condenar a los perpetradores, llevar justicia a las víctimas y contribuir a sociedades estables y pacíficas. La Corte ya ha logrado un progreso significativo a la hora de llevar ante la justicia a los mayores responsables de estas atrocidades. Las víctimas ya están recibiendo ayuda para reconstruir sus vidas. Pero el acceso global a la justicia sigue siendo desigual, y muchos gobiernos continúan negando la jurisdicción de la CPI donde más se necesita.