Asistencia legal en la CPI: ¿Qué camino debe tomar la CPI en el futuro?
En esta entrevista, Aurélie Roche-Mair, Directora de los Programas sobre la CPI y el DPI de la International Bar Association (IBA) en La Haya, evalúa el sistema de asistencia legal de la CPI y analiza cuáles son los cambios que deben contemplarse en el futuro. El trabajo de la IBA incluye el análisis de numerosas cuestiones capaces de afectar los derechos de los acusados, la imparcialidad de los procedimientos y el desarrollo de la justicia internacional.
La IBA ha brindado información clave a la Corte en varias etapas del desarrollo de su sistema de asistencia legal. ¿Podría contarnos un poco más sobre la importancia de la actual revisión de l sistema de asistencia legal que se está llevando a cabo?
Como lo ha enfatizado la IBA en el pasado, la asistencia legal es un componente fundamental en la administración de justicia de la CPI. Existen múltiples cuestiones que deben ser consideradas a la hora de realizar una revisión del sistema de asistencia legal.
Lo que se ha estado necesitando es un análisis general del esquema actual y de la forma de tratar los desafíos de la asistencia legal, teniendo en cuenta la estructura de sus equipos, su financiamiento y la administración de la misma. Ahora que varios de sus casos han llegado a la fase de reparaciones, la Corte cuenta con una importante cantidad de información sobre lo que ha servido y lo que no ha servido en su Sistema de Asistencia Legal (SAL). El papel de la defensa dentro del contexto único de los tribunales penales internacionales también implica entender que los análisis comparativos y las lecciones aprendidas de otros tribunales internacionales son clave para cualquier revisión de la asistencia legal de la CPI.
¿En qué sentido es necesario debatir sobre la igualdad de armas en la revisión del esquema de asistencia legal?
La función de la defensa ante los tribunales penales internacionales es fundamental, pero la experiencia ha demostrado que los derechos de la defensa en los tribunales internacionales son frágiles. La posición de la defensa siempre debe analizarse teniendo en cuenta la fortaleza institucional de la acusación, su alto grado de independencia institucional, el presupuesto relativamente sustancial con el que cuenta y el número de abogados permanentes y experimentados de los que dispone.
Está claro que la igualdad de armas no implica una absoluta igualdad de recursos para las partes; el principio de igualdad de armas está más relacionado con la igualdad procesal. Sin embargo, el logro de la igualdad procesal afecta la asignación de recursos.
Para salvaguardar los juicios justos, la igualdad de armas debe ser el centro del debate en la evaluación de cualquier reforma del SAL. En nuestros comentarios de la Nota de concepto sobre la revisión del SAL, por ejemplo, destacamos los limitados recursos asignados para las investigaciones de la defensa y el hecho que el actual SAL no cuenta con disposiciones especiales sobre expertos. Excluir el financiamiento de expertos del presupuesto principal de asistencia legal es inconsistente con las realidades de los casos penales internacionales y con los estándares utilizados actualmente por otros tribunales penales internacionales.
Por otro lado, la IBA explicó que la necesidad de contar con expertos será cada vez mayor en los casos de la CPI. La práctica judicial en la CPI está evolucionando y ha ido incorporando diferentes fuentes y tipos de evidencias, en particular las pruebas relacionadas con el mundo digital y tecnológico. La habilidad de analizar y presentar dichas pruebas depende ampliamente de los expertos, y como tales, los avances en las pruebas tienen claras implicancias en los recursos. Esto debe ser tenido en cuenta al revisar el marco de la asistencia legal, con el fin de asegurar que la defensa cuente con los medios necesarios para acceder a los expertos y a las tecnologías por lapsos de tiempo suficientes, de forma consistente con el derecho que se le garantiza al acusado en el Artículo 67(1)(b) que establece que la defensa debe contar con el tiempo y las facilidades adecuadas para preparar su caso.
La asistencia legal es regularmente percibida como un generador de costos en la Corte, así como una cuestión de presupuesto. La IBA ha llevado a cabo numerosos esfuerzos para modificar dicha percepción. ¿Puede contarnos un poco más sobre el punto de vista de la IBA en este tema?
En primer lugar, la revisión de la asistencia legal no es únicamente una cuestión presupuestaria. La asistencia legal es una cuestión técnica y operativa que requiere el equilibrio de los principios fundamentales para garantizar la equidad de los procedimientos judiciales. Por lo tanto, es crucial no reducir la asistencia legal a su aspecto presupuestario.
Más allá de esto, la forma en que se aborda la cuestión de la asistencia legal para los acusados indigentes podría tener consecuencias importantes para la credibilidad de la Corte. La reputación de la Corte como una institución justa e imparcial puede verse socavada si hay indicios de que estos acusados no cuentan con la asistencia necesaria de la Corte para montar una defensa efectiva.
La calidad de la representación legal tiene un impacto en la imparcialidad del proceso judicial. Los Estados Partes deben reconocer que los costos de la Corte en este sentido -incluyendo las percepciones sobre la imparcialidad de sus juicios- pueden ser mucho mayores que los gastos reales asociados con el funcionamiento del sistema de asistencia legal.
En esa medida, también tiene una dimensión de "complementariedad", ya que al garantizar que se respeten plenamente los derechos de la defensa en la CPI, la Corte está estableciendo normas pertinentes para todos los Estados que procesan crímenes internacionales.
Finalmente, la IBA ha puesto en relieve la cuestión de la eficiencia en la actual revisión de la asistencia legal.
De hecho, hay una serie de cuestiones de gestión y funcionamiento en relación con el actual sistema de asistencia legal en la Corte. Muchas de esas cuestiones pueden mejorarse o abordarse en el marco actual mediante la racionalización de los procesos y a través de la experiencia de otros tribunales penales internacionales para determinar las mejores prácticas en la gestión de los esquemas de asistencia legal.
En este sentido, la IBA ha identificado varios procesos que deben ser mejorados, en particular es necesario alcanzar un proceso presupuestario más detallado y transparente que describa de manera más específica las funciones y las actividades apoyadas por la asistencia legal. El presupuesto de la asistencia legal, que representa el 3,25% del presupuesto total de la CPI, podría desglosarse para proporcionar claramente información relacionada con: el número de personas empleadas y a qué nivel; el número de las actividades de investigación y el número de asesores ad hoc y de oficio asignados y la duración de las asignaciones.
Las cuestiones administrativas y operacionales dentro de la gestión de la asistencia legal tienen un impacto real en la eficiencia de la Corte y en la capacidad de los abogados para brindar una defensa efectiva. La IBA está de acuerdo con la Nota Conceptual sobre el SAL donde se afirma que "los procedimientos del SAL deben ser austeros, significativos y transparentes".
Aurélie Roche-Mair es la Directora del Programa de la CPI y DPI de la International Bar Association (IBA) con sede en el Palacio de Paz de La Haya. Este programa se inició en 2005 con el fin de monitorear temas relacionados con la justicia y la igualdad de armas en la CPI y otros tribunales de crímenes de guerra basados en La Haya, así como alentar a la comunidad legal a comprometerse con el trabajo de dichos tribunales. La labor de la IBA incluye un análisis jurídico temático de los procedimientos y evaluaciones ad hoc de cuestiones jurídicas, administrativas e institucionales que afectan los derechos de los acusados, la imparcialidad de los procedimientos y el desarrollo de la justicia internacional.
