Title: 

Respuestas a 5 "datos alternativos" sobre la CPI

Author: 
Coalición Americana por la CPI
Confrontada por un aumento de "datos alternativos" de conocimiento público, la Coalición de ONG Americanas por la Corte Penal Internacional (AMICC, por sus siglas en inglés) nos ayuda a distinguir hechos de falsedades sobre la Corte Penal Internacional.

Hay hechos y hay falsedades. Sin embargo, el nuevo eufemismo “datos alternativos” pretende confundir ambos. Pocas instituciones se ven tan desafiadas por los mitos y falsedades como la Corte Penal Internacional (CPI), así que para ayudar a distinguir los hechos de los mitos, nos gustaría aclarar cinco de estos hechos alternativos que se han dicho sobre la CPI con datos reales.

 

“Dato alternativo”: Los americanos no quieren colaborar con la Corte.

Hecho: La mayoría de los americanos son partidarios de la Corte. Según la encuesta de 2016 del Consejo de Chicago sobre Cuestiones Globales, el 72% de los americanos creen que EE.UU debería colaborar con el “acuerdo de la Corte Penal Internacional que permite juzgar a sospechosos de crímenes de guerra, lesa humanidad o genocidio si su país no lo hace.” Además, la Corte recibe el apoyo público de los dos partidos políticos más influyentes del país—el 79% de los demócratas y el 67% de los republicanos. El  65% de los partidarios de Trump coinciden en que EE.UU debería participar en el sistema del Estatuto de Roma. En varias ocasiones, los americanos han manifestado su apoyo a la Corte y este apoyo es una tendencia en alza.

 

“Dato alternativo”: La Corte es un órgano no profesional formado por individuos no cualificados.

Hecho: El Estatuto de Roma exige criterios específicos para los Magistrados que conforman la Corte Penal Internacional. No hay ningún ejemplo reciente de comportamiento no profesional por parte de su personal y todos los Magistrados actuales están altamente cualificados. La única excepción fue la Magistrada Fumiko Saiga, que no era abogada de oficio y tenía un conocimiento limitado del derecho penal internacional, pero la Magistrada Saiga ya no forma parte de la Corte ya que murió poco después de su nombramiento. La comunidad internacional aprendió la lección derivada de su nombramiento y modificó el proceso de nominación. Ahora, una Comisión independiente de expertos revisa todas las nominaciones. Como resultado, los países nominados presentan sólo candidatos que el jurado pueda considerar cualificados. Con el procedimiento actual, es muy poco probable que los Estados presenten candidatos sin las calificaciones necesarias.

 

“Dato alternativo”: La CPI solo debe juzgar las atrocidades más violentas. La condena y el juicio contra Ahmad Al Faqi Al Mahdi por la destrucción de templos religiosos y edificios históricos de forma intencionada perjudica a la Corte.

Hecho: La CPI no condenó a Al Mahdi por un crimen de sangre, sino por el crimen de guerra de destrucción de lugares reconocidos y protegidos por la comunidad internacional por su valor histórico y religioso en Tombuctú. Estos lugares formaban parte del Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO.  La condena se consideró apropiada ya que no todos los crímenes de guerra suponen ataques físicos a seres humanos. El Estatuto de Roma considera que la destrucción de forma intencional de edificios históricos y religiosos, sin valor militar estratégico, es un crimen de guerra bajo la jurisdicción de la CPI. Por lo tanto, investigar y enjuiciar a Al Mahdi recae bajo la jurisdicción de la Fiscalía de la CPI, en especial porque las pruebas de la Fiscalía de la CPI eran tan claras que el propio Al Mahdi se declaró culpable. Si la Corte hubiese ignorado el claro caso de Tombuctú, hubiese violado sus propias obligaciones y actuado en contra de su propia legitimidad y credibilidad. Es más, este caso no ha menoscabado el apoyo a la CPI. Hubo un apoyo internacional y general a este caso y a la forma en que la CPI lo manejó. Muchos defensores del patrimonio cultural aplaudieron la decisión de la Corte. Por último, la decisión de la Fiscalía de procesar el caso no descarta la posibilidad que puedan surgir nuevas órdenes de arresto  de la investigación de Malí.

 

“Dato alternativo”: La Corte se mantiene a duras penas con poco apoyo y se prevee una inminente salida de los países africanos de la CPI.

Hecho: La CP goza del apoyo generalizado de la comunidad internacional, en concreto, 120 Estados son Parte del Estatuto de Roma, y la amenaza de retirada en masa de la CPI no es tan real como se dice. La mayoría de los Estados africanos, así como otros Estados Partes, alzaron su voz para mostrar su apoyo a la Corte en la última sesión de la AEP. Además, mientras los anuncios de retirada de Gambia, Sudáfrica y Burundi creaban una consternación general, Gambia retiró ya su intención de abandonar la CPI y el Tribunal Supremo de Sudáfrica dictaminó que el anuncio del gobierno es “inconstitucional”. En respuesta a las quejas recibidas por parte de los Estados africanos a la Corte, la AEP ha considerado sus peticiones y ha propuesto un lugar de encuentro para debatir estos problemas. Al mismo tiempo, la AEP insistió en mantener el compromiso con la lucha contra la impunidad.

 

“Dato alternativo”: La incapacidad de la Corte para capturar sospechosos con órdenes de arresto, como Omar al Bashir, el actual Presidente de Sudán, son un ejemplo del fracaso de la Corte.

Hecho: Al ser una organización internacional, la Corte no puede ejecutar sus órdenes de arresto por ella misma. Para ello, cuenta con la colaboración de los Estados Partes que tiene la obligación de arrestar a los sospechosos y transferirlos a La Haya. Por ello, los Estados que se niegan a arrestar a aquellos sobre los que pesa una orden de arresto de la CPI, son los responsables del fracaso y no la propia Corte. Sin embargo, la condena internacional y la opinión pública junto con el imperio de la ley pueden provocar que los Estados que no cumplan con sus obligaciones con la Corte sean considerados responsables de incumplimiento de las obligaciones emanadas del Estatuto de Roma. Un ejemplo de esto que explicamos es el caso de los cargos por los que recientemente la Alianza Democrática de Sudáfrica acusó a los funcionarios sudafricanos responsables del arresto fallido de Bashir cuando estuvo en Sudáfrica, tras críticas nacionales e internacionales. La Corte ha mostrado en numerosas ocasiones que es capaz de obtener la custodia de muchas personas sobre las que ha emitido órdenes de búsqueda y captura

Este reportaje ha sido redactado por el blog de AMICC por el voluntario profesional asociado Taylor Ackerman. AMICC fue fundada en 2001 por John L. Washburn, un antiguo diplomático de EE.UU, con una larga y extensa trayectoria en cuestiones de política internacional. AMICC cree firmemente en el poder de la Corte Penal Internacional (CPI) para promover los derechos humanos y los principios fundadores de América, la libertad y la justicia para la humanidad. AMICC opera como un socio clave para la Coalición como una organización no gubernamental y sin ánimo de lucro que  promueve la colaboración americana con la CPI. Conoce más sobre AMICC