Juicios justos
Los acusados tienen un rango de derechos fundamentales de acuerdo con el Estatuto de Roma, como la presunción de inocencia, el derecho a un abogado de la defensa y los derechos del principio de igualdad de armas. Solo sui se respetan verdaderamente estos derechos la CPI puede ser una institución modelo de la ley.
La ICC Bar Association
La International Criminal Court Bar Association (ICCBA) es la asociación de abogados y asistentes que ejercen en la Corte.Fue establecida en 2016 con el objetivo de fortalecer la calidad de la justicia. En particular, la ICCBA busca mejorar la igualdad de armas en la CPI, reforzar la independencia de los abogados y proteger los intereses profesionales del abogado.
La igualdad de armas es un principio fundamental para asegurar un juicio justo y garantizar que las condiciones permitan a la defensa contar con los mismos recursos que la fiscalía, permitiendo al abogado de la defensa ejercer una representación de calidad que cumpla con los altos estándares legales esperados en los procesos de la CPI.
Asistencia legal
La sociedad civil ha promovido que la Corte destine recursos para la preservación de los derechos a un juicio justo, como la igualdad de armas. El sistema de asistencia legal de la CPI es una de esas vías y se estableció para beneficiar tanto a los acusados como a las víctimas ante la Corte. En el contexto de la defensa, la asistencia legal de la CPI garantiza que la Corte pague la representación legal de un acusado cuando se considere que este carece de medios financieros suficientes.
Si bien es necesario una determinación definitiva de la Corte para determinar si un acusado es de hecho indigente en el momento de ordenar la asistencia legal, brindar dicha ayuda sobre la base de una determinación preliminar formal reduce el riesgo de violar el derecho del acusado indigente a procedimientos justos y rápidos.
La Oficina del Defensor Público para la Defensa
A diferencia de los equipos de la acusación, los equipos de defensa son independientes de la Corte. La Oficina del Defensor Público para la Defensa (ODPD) sirve como oficina interna en la CPI encargada de proporcionar apoyo y asistencia legal a la defensa y asegurar la representación institucional de los equipos de defensa. Entre otras actividades, la ODPD defiende los derechos de la defensa, cuenta con una lista de abogados defensores calificados de todo el mundo y familiariza a los equipos de defensa que operan dentro del sistema de la CPI.
Fondo Fiduciario para las Visitas Familiares
Dado que la CPI está basada en La Haya, los detenidos regularmente se encuentran muy alejados de sus países de origen durante los procedimientos de la CPI, lo que puede obstaculizar el acceso a los derechos de visita familiar de la defensa. Este derecho se deriva de las normas internacionales de detención, así como del derecho del detenido a tener acceso a la vida familiar. Los miembros de la sociedad civil han acogido con gran satisfacción la decisión de la Corte de 2010 de establecer un fondo voluntario -FFVF- para ayudar a hacer efectivo este derecho, particularmente en el caso de los acusados indigentes.
La ausencia de contribuciones voluntarias por parte de la mayoría de los Estados Partes ha permitido que la Corte solo haya podido mantener un nivel mínimo de financiamiento a través del FFVF. En 2016, la CPI expresó su preocupación por los niveles críticamente bajos del FFVF.
La incapacidad de la Corte para asegurar visitas familiares no solo viola los derechos del detenido, sino que también puede socavar la legitimidad de la Corte. La sociedad civil reclama contribuciones voluntarias urgentes para garantizar que la CPI pueda salvaguardar los derechos humanos de sus detenidos y satisfacer los más altos niveles posibles de administración penal.
Cooperación voluntaria
La cooperación voluntaria de los Estados es fundamental para aumentar la eficacia de la Corte. En el contexto de procedimientos justos, a veces se invita a los Estados a albergar a los detenidos donde fueron liberados o absueltos de forma temporal, y en ciertas oportunidades a hacer cumplir las sentencias. Una opción es que los Estados logren acuerdos ad hoc con la Corte cuando surgen peticiones específicas..
Los acuerdos marco voluntarios dan un paso más para lograr que los Estados, antes de cualquier solicitud específica, tengan la capacidad para recibir tipos de solicitudes, creando un conjunto de Estados en los la CPI puede confiar para cumplir con las normas internacionales de derechos humanos cuando se les solicite.
La Corte ha sido criticada por procedimientos prolongados. La fase previa al juicio de la CPI puede resultar en un largo período de detención antes de que comience el proceso, e incluso en ese caso la naturaleza compleja de los casos de crímenes internacionales puede llevar a una condena final o a la absolución en el futuro. Para evitar el tiempo de detención excesivo es particularmente importante que un acusado que no pueda regresar a su país de origen pueda ser trasladado a un Estado anfitrión cuando se haya reconocido el derecho a la libertad provisional o en caso de absolución.
El número de acuerdos voluntarios concertados con la Corte sigue siendo escandalosamente bajo. Solo un Estado, Bélgica, ha celebrado un acuerdo marco sobre liberación provisional y ningún Estado ha firmado tal acuerdo para acoger a personas absueltas.
En 2016 se celebró el primer acuerdo marco de ejecución de penas en cuatro años y dos acuerdos ad hoc por parte de la República Democrática del Congo para recibir a los condenados de la CPI transferidos, Thomas Lubanga y Germain Katanga.
La sociedad civil continúa instando a los Estados a que cumplan con las solicitudes de cooperación voluntaria y celebren acuerdos marco voluntarios con la Corte para garantizar la protección de los derechos de defensa en la CPI.
