Kenia: Asegurar un proceso electoral pacífico y libertad para la sociedad civil

Conferencia de prensa de la sociedad civil de Kenia luego de los intentos para inhabilitar a la Kenya Human Rights Commission y AfriCOG, 15 de agosto de 2017. © Mentalacrobatics
Con los resultados de las elecciones presidenciales, Kenia debe asegurar un proceso electoral pacífico que permita a la sociedad civil trabajar sin restricciones.

La Coalición por la Corte Penal Internacional dijo hoy que las interferencias con las organizaciones de la sociedad civil y los activistas después de las elecciones presidenciales de Kenia en 2017 deben terminar de inmediato.

El 16 de agosto, surgieron informes que afirman que la Autoridad de Rentas de Kenia (KRA), el organismo nacional regulador de ONG, distribuyó una carta en las redes sociales para anular la inscripción de las organizaciones de la sociedad civil Kenya National Human Rights Commission (KHRC) y el African Centre for Open Governance (AfriCOG). Ambos grupos insisten en que cumplen plenamente con todas las leyes y reglamentos pertinentes. El Secretario del Gabinete para el Interior ha revocado desde entonces la orden de prohibición de la KHRC e instituyó un proceso destinado a lograr una solución amistosa con las autoridades reguladoras.

"Las intimidaciones a la sociedad civil en Kenia deben detenerse inmediatamente", dijo Jelena Pia-Comella, directora ejecutiva adjunta de la Coalición por la Corte Penal Internacional. "El gobierno de Kenia es responsable de la seguridad de todos sus ciudadanos, particularmente en este tiempo de volatilidad post-electoral. Garantizar la no violencia y un entorno que permita a la sociedad civil ejercer la libertad de expresión, asociación y reunión es vital".

El candidato de la oposición, Raila Odinga, se ha negado a aceptar el resultado de la elección y ha anunciado que lanzará un recurso judicial contra el resultado. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, la Alta Representante de la UE, Federica Mogherini, y el ex Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, insistieron en que el reclamo contra el resultado debe hacerse por medios constitucionales y legales.

Desde la elección del 8 de agosto, hubo al menos 17 muertos y 177 heridos en enfrentamientos. También han existido informes de brutalidad policial después de las elecciones, con municiones reales utilizadas contra los manifestantes. Las tensiones en Kenia han ido aumentando en los meses previos a las elecciones, existieron numerosas denuncias de persecución de defensores de los derechos humanos, defensores de la justicia, periodistas y blogueros. El funcionario electoral, Chris Msando, fue encontrado muerto con signos de tortura antes de las elecciones.

Tras la violencia generalizada a raíz de las elecciones disputadas en 2007, se pidió al Fiscal de la Corte Penal Internacional iniciar una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad. Todos los casos fueron finalmente cerrados en medio de reclamos por interferencias con testigos. La violencia relacionada con esta última elección no recae dentro del alcance de la actual investigación de la CPI.

La Coalición sigue destacando la necesidad de una auténtica rendición de cuentas interna por las muertes y la violencia relacionadas con las elecciones de 2007, así como una mayor protección para los defensores de los derechos humanos.

La injerencia de los gobiernos en el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo aquellas que trabajan a favor de la rendición de cuentas por graves abusos a los derechos humanos a través del sistema de la CPI, está aumentando en todo el mundo. A principios de este año, intervenciones ante la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos en nombre de los defensores de los derechos humanos en África denunciaron, entre otras violaciones, la inhabilitación de los representantes de la Coalición por la CPI de Burundi luego de hablar de su Estado ante el Comité contra la Tortura de la ONU. Las ONG en Turquía también han sido recientemente objeto de detenciones arbitrarias y acoso judicial.

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