Una Corte que nace de los crímenes de lesa humanidad nazis
Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, los Aliados juzgaron a los líderes del nazismo por los atroces crímenes cometidos. Nunca antes se había llevado ante la justicia a altos funcionarios de gobierno y oficiales militares. Este fue el comienzo del movimiento de la justicia internacional como lo conocemos hoy.
Tras el comienzo de la guerra fría y por más de 50 años la justicia internacional logró muy pocos avances.
Pero durante dicho período, se lograron ciertos progresos a nivel nacional. Latinoamérica - Argentina, Brasil y Chile en particular - llevaron a cabo numerosos juicios a líderes gubernamentales por crímenes masivos contra oponentes políticos.
En 1989, la caída del muro de Berlín y la consecuente apertura del sistema internacional permitió a las Naciones Unidas establecer tribunales temporarios separados con el fin de juzgar a los mayores responsables de graves violaciones a los derechos humanos cometidos en conflictos marcados por la impunidad en Yugoslavia, Ruanda, Sierra Leona y Timor Leste.
Junto a un grupo de Estados progresistas de todo el mundo con ideas afines – principalmente poderes pequeños y medianos - un grupo de organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo - la Coalición por la Corte Penal Internacional – comenzó una campaña para la creación de una corte penal internacional permanente, con el poder de juzgar a cualquier individuo, en cualquier lugar del mundo, por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio.
Y funcionó.
La Corte que nadie esperaba
A pesar de todos los obstáculos y de la oposición de los principales poderes del mundo, el Estatuto de Roma fue adoptado en 1998 por una amplia mayoría de los países del mundo. Exactamente 139 países. La Corte Penal Internacional se hizo realidad en La Haya cuatro años después.
Independiente a la ONU y a su Consejo de Seguridad, con un fiscal independiente y magistrados independientes, sin contemplar inmunidades para los jefes de Estado o altos funcionarios, esta es una Corte que nadie creía posible.
Un trabajo en marcha
Más de 120 países ya son parte del sistema de justicia internacional del Estatuto de Roma. El paso de la idea a la realidad ha sido notable. Pero la historia no termina aquí. Los asesinatos masivos y los crímenes de guerra siguen llevándose a cabo en todo el mundo.
El alcance y el impacto de la CPI y de la justicia internacional está principalmente limitado a los países que han elegido formar parte del sistema del Estatuto de Roma. La mayor parte de Europa, Latinoamérica y África se ha unido a la CPI. Sin embargo, aún hay grandes ausencias en Medio Oriente, África del Norte y Asia en particular y hasta la fecha, algunos de los grandes poderes del mundo, como China, India y Estados Unidos, todavía están fuera del sistema.
Aún queda mucho por hacer. En todo el mundo, todavía se cometen asesinatos masivos y crímenes de guerra. La justicia es desigual. Los ataques políticos aumentan a medida que la Corte se vuelve más efectiva. La CPI no es perfecta. La Corte necesita mejorar para llevar justicia a las víctimas, acelerar los juicios, ser más transparente en su proceso de toma de decisiones y comunicarse con el mundo de una manera más efectiva.
La justicia efectiva es una responsabilidad compartida
Al no contar con su propia fuerza policial, la CPI depende del apoyo y de la cooperación de los Estados a la hora de asegurar que sus decisiones sean puestas en práctica, que los sospechosos sean arrestados, las víctimas y los testigos protegidos y que se cumplan los acuerdos voluntarios.
Todos los Estados deben unirse a la CPI, juzgar un mayor número de criminales por sus propios medios, cooperar con la Corte, arrestar fugitivos, proteger a los testigos, asegurar que cuente con un presupuesto suficiente para llevar justicia cuando y donde sea necesario, designar a los oficiales mejor calificados y ayudar a las víctimas a vivir con dignidad y esperanza.
La cuestión más urgente que enfrenta el órgano administrativo de la Corte, la Asamblea de los Estados Partes, es la necesidad de implementar mecanismos más fuertes para lidiar con los Estados que no cumplen con su obligación de cooperar con la CPI.
Las organizaciones internacionales y regionales deben hacer mucho más para ayudar a la Corte y a la Asamblea de los Estados Partes.
El Consejo de Seguridad de la ONU tiene el poder de remitir Estados que no son parte al Estatuto de Roma a la CPI para su investigación, pero falla constantemente en esta tarea, incluso ante evidencias claras de crímenes graves, como en el trágico caso de Siria.
El camino a recorrer
Dado que el mundo padece constantementes ataques de violencia masiva e impunidad generalizada, el éxito de la CPI y del sistema de justicia internacional del Estatuto de Roma es más importante que nunca.
Para las víctimas y las comunidades cuyas vidas fueron destruidas por crímenes verdaderamente horrendos, cumplir con la promesa del “nunca más” revisando el pasado es vital a la hora de asegurar un futuro más pacífico.
Juntos, podemos romper el ciclo de estos terribles crímenes y llevar justicia a las víctimas de todo el mundo.
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