La membresía de Filipinas en la CPI llega a su fin
A partir del 17 de marzo, la República de Filipinas deja de ser miembro de la Corte Penal Internacional (CPI) – la única institución permanente del mundo capaz de investigar y procesar el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión. Filipinas es el segundo país que se retira de la CPI después de la salida de Burundi en 2017.
El Presidente Rodrigo Roa Duterte había anunciado esta denuncia un mes después de que la Fiscal de la CPI, la Sra. Fatou Bensouda, anunciara el inicio de una Examen Preliminar en Filipinas, para investigar, entre otras cosas, los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país, incluida la posible responsabilidad penal del mismo Duterte. Los Exámenes Preliminares tienen el objetivo de determinar si es preciso iniciar una investigación completa de la CPI y analizar si la Corte tendría jurisdicción sobre los presuntos crímenes o si se están llevando a cabo juicios nacionales, y si el inicio de una investigación responde al interés de la justicia. En la situación de Filipinas, la Fiscal de la CPI ha estado examinando presuntos crímenes en forma de asesinatos extrajudiciales en el contexto de la 'la guerra contra las drogas' del Presidente Rodrigo Duterte desde al menos julio de 2016. De acuerdo con Human Rights Watch en su Informe Mundial 2018 , “'la guerra contra las drogas de la administración Duterte ha resultado en la muerte de miles de Filipinos pobres. La información de la Agencia Antidrogas de Filipinas (PDEA, por sus siglas en inglés) indica que las operaciones de la policía dejaron como consecuencia 3.906 presuntos usuarios y traficantes de drogas muertos del 1° de julio de 2016 al 26 septiembre de 2017. Pero personas armadas no identificadas han asesinado a miles más, elevando el número total de muertes a 12.000, de acuerdo con informes de medios creíbles”.
La sociedad civil reacciona
Tras el anuncio de Duterte en marzo de 2018, varias organizaciones locales e internacionales, incluida la Coalición por la CPI, condenaron la decisión. El abogado Ray Paolo J. Santiago, Director de la Coalición Nacional Filipina por la CPI (PCICC) notó que esta decisión va “en contra de las aspiraciones de justicia y rendición de cuentas del pueblo filipino. Se opone a la lucha contra la impunidad por los crímenes más atroces. La esperanza y los sueños del pueblo filipino de llevar ante la justicia a quienes violan los derechos humanos no deben ser extinguidos por el temor de un simple hombre a enfrentar a la justicia.”
En respuesta al anuncio de 2018, Etta Rosales, ex Directora de la Comisión de Derechos Humanos y ex Directora de la CFCPI, expresó que “cuando los líderes despóticos y autoritarios intentan defenderse a sí mismos en contra de los principios del Estatuto de Roma y otros instrumentos, siempre debemos recordar que estos instrumentos fueron creados para la protección del pueblo en contra de este tipo de crímenes de lesa humanidad.”
La CFCPI también presentó una petición ante la Corte Suprema con el fin de apelar la decisión sobre la denuncia. Los senadores de la oposición presentaron otra petición ante el Parlamento que presentaba argumentos contra la decisión unilateral del Presidente de presentar una denuncia a un tratado internacional, y declaró que es "equivalente a revocar una ley", lo que requiere la aprobación del Parlamento. Ambas peticiones aún siguen bajo la consideración de la Corte Suprema. Esta estrategia de apelar una denuncia replica la estrategia utilizada por la sociedad civil de Sudáfrica en una decisión similar de 2016. En aquel entonces, los miembros de la Coalición en Sudáfrica presionaron para que la Corte Suprema falle en contra de la decisión unilateral del entonces Presidente Jacob Zuma de abandonar el Estatuto de Roma de la CPI. Luego de una intensa campaña en Sudáfrica y el exterior, en 2017, la Corte Suprema de Sudáfrica declaró la denuncia contra la CPI como "inconstitucional," y revirtió así la decisión del Presidente.
Qué significa la denuncia para el examen
La denuncia del Estatuto de Roma surtirá efecto un año después de la fecha en la que el Secretario General de las Naciones Unidas haya recibido la notificación. De acuerdo con el tratado de la CPI, la denuncia no afectará ninguna consideración vigente de presuntos crímenes que se haya iniciado antes de que la denuncia surta efecto. Sin embargo, si se comete algún crimen del Estatuto de Roma después del 17 de marzo de 2019 – cuando la denuncia haya surtido efecto– la Corte no tendrá jurisdicción. A pesar de ser ciudadano de Filipinas, el magistrado de la CPI Dr. Raúl Cano Pangalangan tampoco se verá afectado por la denuncia, y seguirá desempeñando sus funciones hasta el final de su periodo en 2021.
Un largo camino hacia la ratificación
En el año 2000, el entonces Presidente Joseph Estrada firmó el Estatuto de Roma pero el proceso de ratificación llevó muchos años. En 2005, bajo la presidencia de Macapagal Arroyo, los defensores de los derechos humanos solicitaron a la Corte Suprema avanzar con la ratificación del tratado. Luego de un proceso de 11 años que atravesó tres administraciones diferentes, Filipinas ratificó el Estatuto de Roma en 2011, convirtiéndose así en el 117° miembro de la CPI. La sociedad civil y varios actores gubernamentales fueron instrumentales en el proceso de ratificación, dado que promovieron arduamente la ratificación durante una década y desempeñaron un papel clave a la hora de lograr la atención pública y mantener a la CPI en la agenda política.
De hecho, "la denuncia de Filipinas del Estatuto de Roma es una retirada de la afirmación del Estado de derecho y la justicia en los asuntos internacionales", dijo el Coordinador de la Coalición por la CPI, William Pace. Sin embargo, dado que esto sucede inmediatamente después de la adhesión de Malasia al Estatuto de Roma a principios de este mes, el apoyo y el compromiso mundial de numerosos actores relevantes en la lucha contra la impunidad por los crímenes internacionales como parte de la búsqueda de la paz y la seguridad global siguen siendo fuertes.
El Presidente de la Asamblea de los Estados Partes, el Sr. O-Gon Kwon (Republic of Korea), ha reiterado que lamenta el retiro de Filipinas. “Yo sinceramente espero que la partida de Filipinas del Estatuto de Roma sea solo temporaria y que vuelva a unirse a la familia del Estatuto en el futuro. La promoción de la adhesión universal al Estatuto de Roma es clave para el fortalecimiento de nuestros esfuerzos colectivos para promover la rendición de cuentas por los crímenes atroces y el Estado de derecho", afirmó el Presidente Kwon.
