La Coalición por la CPI reúne a los Estados y a la sociedad civil global en la 18° sesión de la Asamblea de los Estados Partes
Del 2 al 6 de diciembre de 2019, Estados partes al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), oficiales de la Corte, representantes de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos y otros actores clave se reunieron en La Haya para celebrar la 18° sesión anual de la Asamblea de los Estados Partes (AEP).
En los márgenes de las sesiones plenarias formales de la 18° AEP, donde los Estados discuten cuestiones centrales y toman importantes decisiones sobre el funcionamiento de la CPI -como su presupuesto para 2020, posibles enmiendas al Estatuto de Roma y la elección de oficiales- se llevaron a cabo más de 50 eventos paralelos, principalmente organizados por las organizaciones de la sociedad civil en cooperación con los gobiernos. Estos eventos cubrieron una interminable lista de temas: Situaciones específicas de algunos países, las relaciones con otros mecanismos de justicia internacionales y regionales, el principio de complementariedad, los derechos de las víctimas y de la defensa, entre muchos otros.
La Coalición por la CPI organizó cuatro eventos paralelos enfocados regionalmente con el fin de mejorar el diálogo entre los Estados y la sociedad civil de África, Asia-Pacífico, Europa y Latinoamérica-Caribe. Los eventos tuvieron por fin debatir los actuales desafíos que enfrentan la CPI y el sistema del Estatuto de Roma, y discutir las diferentes formas de fortalecer la efectividad y la independencia de la Corte y la integridad de su Estatuto fundacional en las regiones antes mencionadas y en todo el mundo. Los representantes de la sociedad civil utilizaron estos encuentros para compartir sus puntos de vista y sus recomendaciones con los Estados, la Corte, las organizaciones internacionales y regionales, entre otros.
Sierra Leona y la African Network for International Court of Justice y la Coalición organizaron el evento: “El futuro de la justicia penal internacional y África: Fortalecer el papel de la CPI en la región africana”.
El Embajador de Sierra Leona ante la ONU en New York, Michael Kanu, aprovechó la oportunidad para hacer un repaso general sobre la relación de los Estados africanos con la CPI, destacó que el grupo africano es el más grande de los grupos regionales de Estados partes a la CPI y reconoció que la Corte y los Estados africanos pueden y deben hacer mucho más para promover la universalidad del Estatuto.
Varios miembros de la Coalición, como Fanta Doumbia de la Coalición Nacional por la CPI de Costa de Marfil y Pricilla Aling de Victims’ Support Initiative, destacaron la necesidad de generar mejores estrategias de difusión para las víctimas y las comunidades afectadas en países con situaciones ante la CPI, notaron también que las víctimas deben permanecer en el centro del trabajo de la Corte. Por otro lado, Enas Aribi de Lawyers for Justice in Libya expresó sus serias sudas sobre la posibilidad de lograr una estrategia factible y sostenible para la CPI en relación con la protección de víctimas e intermediarios, particularmente en el contexto la de prolongada investigación en Libia.
En representación de la African Network on International Criminal Justice, Chino Obiagwu compartió información sobre la reciente conferencia de la Red en Addis Abeba sobre el futuro de la justicia penal internacional en África, allí los representantes de los Estados y la sociedad civil acordaron que la cooperación entre Estados, contar con jurisdicciones nacionales más fuertes y organizaciones de la sociedad civil de base empoderadas son elementos claves a la hora de asegurar la justicia en el continente africano.
Allan Ngari del Institute for Security Studies hizo un resumen sobre las recientes amenazas efectuada por el gobierno de Sudáfrica para abandonar el Estatuto de Roma, y expresó sus preocupaciones sobre el avance de dicho proyecto, actualmente bajo discusión en el Parlamento.
En línea con estos temas, Lambert Nigarura de la Coalición Nacional por la CPI de Burundi compartió algunas novedades sobre la situación de Burundi, destacó la posibilidad de una escalada de violencia en las próximas elecciones 2020 y habló de la importante necesidad de que los Estados partes y la comunidad internacional en general no le diera la espalda a Burundi.
Finlandia, que cuenta con la Presidencia del Consejo de la Unión Europea, se unió a la Coalición para la organización del evento “Los Estados europeos y la sociedad civil: Fortalecer la CPI y el sistema del Estatuto de Roma”, que contó con la participación del Representante Especial de la UE por los Derechos Humanos, el Sr. Eamon Gilmore.
La Coordinadora Regional para Europa de la Coalición, Virginie Amato, destacó el papel que ocupa la Coalición y la sociedad civil en el sistema del Estatuto de Roma y pidió a los Estados que apoyen a la sociedad civil y a los defensores de los derechos humanos en la lucha por la justicia y la defensa del Estatuto de Roma y la CPI que trabajan en un espacio cada vez menor y un ambiente cada vez más hostil.
El Representante Especial de la UE (REUE) por los Derechos Humanos, Eamon Gilmore, cuyo mandato destaca de forma explícita el papel de su oficina en el proceso de implementación de la política de la UE en derecho penal internacional y la CPI, reconoció el papel de la sociedad civil y reafirmó el fuerte apoyo de la UE a la Corte y a la justicia internacional, en particular el apoyo político para alentar a los Estados que aún no son parte al Estatuto de Roma, pero también para afrontar las críticas y los ataques a la CPI. Los defensores de los derechos humanos de toda la región europea hablaron de los desafíos que enfrentan al realizar su trabajo y realizaron recomendaciones específicas a los Estados y a la Corte.
Nadia Volkova, del Ukrainian Legal Advisory Group destacó la posibilidad de aprovechar la breve oportunidad que se presenta para que Ucrania ratifique e implemente el Estatuto de Roma de la CPI, y compartió las últimas novedades de las iniciativas nacionales a favor de la justicia.
Nino Jomaridze de la Georgian Young Lawyers Association (GYLA) y líder de la Coalición Nacional por la CPI de Georgia (CCPIG) habló sobre los desafíos que se presentan en Georgia para la investigación de la CPI y la falta de avances en la misma, pero también habló sobre las expectativas actuales y las necesidades de las víctimas y las comunidades afectadas que han esperado que se haga justicia por más de 10 años.
Andreas Schüller, del European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) pidió a los Estados europeos que defiendan el orden global y protejan las instituciones internacionales y el derecho internacional, e instó a los Estados a contribuir con el presupuesto para las investigaciones para permitir que la Corte cumpla con su trabajo, para el que fue creado.
Durante la discusión, representantes del Ministerio de Justicia de Georgia, otros miembros europeos de la Coalición, representantes estatales, la Secretaría de la CPI y el Jefe de la Secretaría de la European Network for investigation and prosecution of genocide, crimes against humanity and war crimes (la ‘Genocide Network’) presentaron ciertas cuestiones vinculadas con la necesidad de apoyar los esfuerzos de complementariedad a nivel nacional - y pusieron especial atención en la Caja de herramientas para la complementariedad de la UE (“Documento de trabajo conjunto para el personal sobre la promoción del principio de complementariedad - Caja de herramientas para cerrar la brecha entre la justicia internacional y la nacional”), los desafíos nacionales en la lucha contra la impunidad y en los esfuerzos para asegurar la cooperación con la Corte entre los Estados, como la iniciativa de Asistencia Legal Mutua (MLA, por sus siglas en inglés).
Uruguay y la Coalición organizaron un evento paralelo titulado “Fortalecer la CPI y el sistema del Estatuto de Roma: Perspectivas de Latinoamérica y el Caribe”.
En sus palabras de apertura, la Embajadora de Uruguay Laura Dupuy Lasserre destacó el importante apoyo de la región a la CPI y habló sobre el gran interés de los Estados americanos de participar en un proceso de revisión capaz de fortalecer efectivamente el funcionamiento de la Corte.
La Fellow para las Américas de la Coalición, Carmela García, destacó el vital compromiso de la sociedad civil de la región, incluso de aquellos países con Exámenes Preliminares en curso.
Mariana Pena, de la Open Society Justice Initiative (OSJI), habló sobre las importantes elecciones que se llevarán a cabo en 2020, donde se elegirán seis nuevos jueces y un nuevo Fiscal, y enfatizó la necesidad de asegurar la transparencia, el carácter abierto y la independencia del proceso electoral, las cualidades éticas de los candidatos, tal y como lo expresó el informe de la OSJI sobre el estado de los procedimientos y mecanismos de nominación nacionales.
Maria Elena Vignoli, del programa de Justicia Internacional de Human Rights Watch, hablo sobre el proceso de “Revisión de la CPI” de la agenda de la AEP y remarcó que debe ser inclusivo y transparente. Destacó particularmente el papel del Grupo de Expertos Independientes y sugirió que sus recomendaciones no deben ser obligatorias pero deben brindar una guía sobre qué áreas mejorar, tanto para los Estados partes como para la Corte.
Jimena Reyes, de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) habló sobre los Exámenes Preliminares de la región y particularmente sobre la remisión de la situación en Venezuela por parte de varios países de la región, y les solicitó que acompañen dicha acción con un mayor apoyo financiero para el trabajo de la CPI.
Antonia Pereira de Souza, de la Secretaría de la CPI, habló sobre la importancia de una mayor cooperación por parte de los Estados y pidió a los Estados en la región que consideren firmar Acuerdos de Cooperación Voluntarios, y destacó la necesidad de seguir trabajando en pos de la universalidad del Estatuto de Roma en la región, en particular en el Caribe.
Felipe Michelini, Jefe del Consejo de Dirección del Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas (FFBV), destacó la importancia de fortalecer a la Corte a través de la participación de las víctimas en los procedimientos, y remarcó la necesidad de un mayor apoyo al FFBV entre los Estados partes y pidió a los Estados de la región que aumentaran su apoyo al Fondo.
Luego de las presentaciones de los panelistas, los representantes de los Estados, los oficiales de la CPI y los defensores de los derechos humanos de toda la región mantuvieron un intercambio sobre las contribuciones y las principales preocupaciones que afectan a la región, en particular, las importantes contribuciones de la región a la hora de asegurar los derechos y la participación de las víctimas en el sistema del Estatuto de Roma. En contraste, los participantes trataron algunos de los aspectos a mejorar entre los Estados de la región, esto incluye una mejor coordinación entro los Estados del GRULAC y tratar la barrera del lenguaje en la CPI, tanto en relación con el acceso a la información que genera la Corte, como la representación de los oficiales y expertos de Latinoamérica dentro de la Corte. También, los representantes de la sociedad civil expresaron sus preocupaciones sobre cómo hacer que la Corte se vuelva más accesible para las víctimas, y cómo asegurar una correcta participación de las víctimas y las organizaciones locales en el proceso de "revisión de la CPI”.
Por último, la Coalición también organizó una discusión para la sociedad civil, los Estados y la CPI titulada “Fortalecer el papel de la CPI en la región de Asia-Pacífico”.
El Asociado de Programas de la Coalición, Matteo Tonella, presentó las Recomendaciones del Encuentro Estratégico Regional de Asia-Pacífico de la CCPI de 2019 -organizado en Kuala Lumpur, Malasia, en abril de 2019 - que brindó una oportunidad única para discutir las bases de la cooperación entre las organizaciones de la sociedad civil en pos de la eliminación de la impunidad en la región, enfocarse en el fortalecimiento de la CPI y el sistema Estatuto de Roma y en cuestiones de justicia específica de ciertos países de la región.
Representantes de la sociedad civil de Afganistán, Bangladesh, Filipinas y Malasia compartieron puntos de vista sobre los desafíos que enfrentan en su lucha diaria contra la impunidad en la región, en particular la disminución del espacio para los defensores de los derechos humanos que trabajan con las víctimas. También compartieron sus expectativas en relación con la CPI y el sistema del Estatuto de Roma y sus recomendaciones para asegurar que las víctimas de la región puedan acceder a los mecanismos judiciales como la CPI. Se hizo particular énfasis en la necesidad de movilizar y mejorar el apoyo político a la Corte en toda la región y en los urgentes esfuerzos para seguir informando y hacer frente a la información malintencionada sobre la CPI.
Dado que la región de Asia-Pacífico cuenta con 18 Estados partes al Estatuto de Roma de la CPI, el encuentro representó una oportunidad para evaluar el estados de la ratificación y la implementación del Estatuto en la región, y celebró la reciente adhesión de Kiribati. A pesar de que Malasia anunció su adhesión al Estatuto de Roma que luego fue dada de baja, los miembros de la Coalición Nacional por la CPI de Malasia hablaron sobre su decisión y sus planes para impulsar los esfuerzos en el país para desmitificar el Estatuto de Roma y asegurar que Malasia se una a los 122 Estados miembros a la CPI en un futuro cercano.
El Presidente de la AEP de la CPI, el juez O-Gon Kwon, ofreció unas palabras para recordar la importancia de la región de Asia-Pacífico para el futuro de la Corte y destacó el papel de la sociedad civil como uno de los "principales pilares de la CPI”.
En la discusión, los representantes de la Secretaría de la CPI, Christian Mahr, y de la Presidencia de la CPI, Matias Hellman, hablaron sobre la necesidad de aumentar las actividades de difusión de la CPI en Asia, sobre la importancia de la cooperación con la sociedad civil y los esfuerzos de la Corte para promover la universalidad del Estatuto de Roma.
El evento también ofreció una oportunidad para discutir otras cuestiones de importancia para la región de Asia-Pacífico, como los riesgos para el medio ambiente y la necesidad de contar con organismos regionales, como la ASEAN, con políticas y acciones dedicadas a la justicia internacional y la CPI.
