Llamamiento urgente a la acción: los Estados deben actuar ahora para proteger a la Corte Penal Internacional de los ataques ilegales de los Estados Unidos

La CPI ha demostrado una resiliencia extraordinaria al cumplir su mandato con firmeza frente a ataques cada vez más intensos. Los Estados Partes en el Estatuto de Roma deben ahora estar a la altura de este compromiso y defender la Corte que ellos mismos establecieron y protegiendo a quienes cooperan con ella. Las condenas, por sí solas, no son suficientes; urge adoptar medidas coordinadas para salvaguardar la capacidad de funcionamiento de la Corte.

El 9 de octubre de 2026, los Estados Unidos anunciaron la imposición de sanciones contra la CPI como institución, en virtud de la Orden Ejecutiva 14203. Estas sanciones representan la escalada más grave hasta la fecha en la campaña sostenida de los Estados Unidos, cuyo objetivo declarado es desmantelar la CPI “ladrillo a ladrillo” por haber investigado crímenes presuntamente cometidos en el territorio de un Estado Parte por nacionales estadounidenses o sus aliados en particular por nacionales israelíes. En virtud del Estatuto de Roma, la Corte puede ejercer su jurisdicción sobre crímenes cometidos en el territorio de un Estado Parte, incluso cuando la persona presuntamente responsable sea nacional de un Estado que no se haya adherido a la Corte. 

Desde febrero de 2025, la Administración bajo el Presidente Trump ha impuesto sanciones al exfiscal de la CPI, Karim Khan; a ambos fiscales adjuntos; a la presidente de la CPI y a otros ocho jueces; a un miembro del personal y candidato a juez; a una relatora especial de las Naciones Unidas; y a tres organizaciones palestinas de derechos humanos. 

Estas medidas tienen por objeto socavar el sistema del Estatuto de Roma en su conjunto e impedir la investigación y enjuiciamiento de crímenes internacionales. 

La Orden Ejecutiva 14203 prohíbe a las personas estadounidenses prestar apoyo material o servicios a las personas y entidades designadas, incluidos servicios financieros, y expone a las personas no estadounidenses al riesgo de sanciones secundarias por realizar actividades prohibidas por dicha orden. Las personas estadounidenses que la infrinjan pueden enfrentarse a sanciones penales de hasta 20 años de prisión y multas de hasta un millón de dólares, además de sanciones civiles. 

Aunque la Orden Ejecutiva contempla un período transitorio de seis meses para el cese de determinadas actividades y excepciones para ciertos servicios, persisten riesgos significativos. Dada la dependencia mundial de los sistemas financieros y de tecnologías de la información estadounidenses, incluso los proveedores de servicios no estadounidenses, incluidos los bancos, podrían dejar de prestar servicios a la CPI por temor a sanciones o represalias del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Esto podría afectar a la capacidad de la Corte para mantener una cuenta bancaria, recibir contribuciones financieras de los Estados Partes, efectuar pagos, remunerar a su personal y mantener sus operaciones esenciales.

Los Países Bajos, en su condición de Estado anfitrión, y todos los Estados Partes tienen la responsabilidad de garantizar que la CPI pueda seguir accediendo a los servicios esenciales para su funcionamiento. La Corte debe poder continuar desempeñando sus funciones fundamentales, entre ellas, investigar presuntos crímenes, celebrar audiencias, proteger a las víctimas y los testigos y prestar servicios de asistencia letrada.

Para las víctimas, los supervivientes y los testigos de más de una docena de países cuyas situaciones están siendo investigadas por la Corte en todo el mundo, las consecuencias podrían ser profundas. Muchos han esperado años para obtener justicia, han relatado experiencias traumáticas y han depositado su confianza en la CPI como último recurso para obtener justicia. Cualquier interrupción del mandato y las operaciones de la CPI podría obstaculizar su derecho a la justicia. Asimismo, amenaza décadas de avances en los esfuerzos por garantizar la rendición de cuentas y la justicia, dejando a las víctimas de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio sin perspectivas reales de obtener rendición de cuentas, verdad y reparación.

Las sanciones ya están socavando los esfuerzos por hacer justicia. Las tres organizaciones no gubernamentales palestinas sancionadas por cooperar con la Corte perdieron inmediatamente el acceso a sus cuentas bancarias, fondos, servicios informáticos y socios, lo que obstaculiza su labor. Sin embargo, los daños no se limitan a quienes son objeto directo de las sanciones; estas han generado un efecto disuasorio y han afectado a la libertad de expresión y de asociación en todo el mundo. Las sanciones contra la Corte como institución podrían agravar ese efecto. En última instancia, las víctimas, sus familiares y los supervivientes serán quienes paguen el precio más alto.

Los Estados Unidos,que no es Estado Parte, está atacando abiertamente al único tribunal penal internacional permanente del mundo mediante medidas que aprovechan su posición dentro del sistema financiero mundial. Si los 125 Estados Partes en el Estatuto de Roma permiten que estos ataques socaven la capacidad de funcionamiento de la Corte, las consecuencias irían mucho más allá de la CPI y amenazarían al Estado de derecho en sentido amplio, la soberanía de los Estados y los sistemas de justicia a escala nacional, regional e internacional.

Las declaraciones de preocupación y condena ya no constituyen una respuesta suficiente ante este ataque. No se puede seguir retrasando una respuesta coordinada. Hace tres décadas, los Estados asumieron el compromiso de que nadie, por poderoso que fuera, quedaría exento de rendir cuentas por crímenes internacionales. Las víctimas y los supervivientes han esperado durante décadas una Corte capaz de impartir justicia con independencia del poder o la nacionalidad y, hoy, la CPI se enfrenta a una presión sin precedentes precisamente porque trata de aplicar la ley por igual. Los Estados Partes establecieron la Corte y se encuentran en una posición privilegiada para salvaguardar su independencia y eficacia. La falta de una respuesta decidida podría debilitar el sistema de justicia internacional que se comprometieron a defender.

La Coalición insta a todos los Estados Partes, individual y colectivamente, a: 

• Denunciar públicamente, de manera inequívoca, en los términos más  enérgicos posibles y al más alto nivel político, las sanciones institucionales contra la CPI y contra quienes cooperan con ella, calificándolas de ataque ilícito contra la independencia judicial, el Estado de derecho y las víctimas. 

• Adoptar o activar inmediatamente medidas de bloqueo a nivel nacional y regional, incluida la aplicación inmediata del Reglamento de Bloqueo de la Unión Europea (Reglamento (CE) n.º 2271/96 del Consejo) y de legislación nacional equivalente en otros países, con el fin de proteger a las personas y entidades designadas, entre ellas la Corte y sus funcionarios, la Relatora Especial de las Naciones Unidas y las organizaciones de la sociedad civil, frente al alcance extraterritorial de estas sanciones.

• Garantizar que la Corte y quienes cooperan con ella puedan acceder a los servicios bancarios y otros servicios esenciales, mediante las siguientes medidas: 

1. Proporcionar seguridad jurídica a los proveedores de servicios adoptando una posición jurídica clara sobre la inaplicabilidad extraterritorial de las sanciones y haciendo pública dicha posición mediante cartas o declaraciones escritas.
2. Interactuar de manera proactiva y periódica con bancos, instituciones financieras, empresas tecnológicas y otros actores para reafirmar la ilegalidad de las sanciones, aclarar que no deben aplicarse extraterritorialmente, rechazar el cumplimiento excesivo o las estrategias de reducción de riesgos (de-risking), y poner fin a la aplicación automática de medidas de cumplimiento automático o externalizado.

• Asegurar que todos los ministerios pertinentes, incluidos los de Asuntos Exteriores, Justicia, Finanzas, Tesoro y Asuntos Digitales, se coordinen, incluso a nivel regional, para desarrollar soluciones que involucren a todo el gobierno.

• Aplicar medidas de protección y soluciones por igual a la sociedad civil, a los defensores de los derechos humanos y a los supervivientes que sean objeto de sanciones o corran peligro debido a su cooperación con la Corte, haciendo extensiva cualquier declaración, solución, gestión diplomática o medida de financiación a las organizaciones de la sociedad civil designadas y a aquellas en situación de riesgo, sin distinción alguna.

• Identificar medidas concretas para mitigar el impacto de las sanciones en el espacio cívico, la libertad de expresión y la libertad de asociación.

• Construir e invertir en soberanía y resiliencia económica, financiera y tecnológica para reducir la dependencia estructural de los proveedores de servicios estadounidenses.

• Explorar todas las vías diplomáticas y jurídicas posibles para impugnar las sanciones y su legalidad conforme al derecho internacional, incluso apoyando cualquier recurso legal presentado por las personas sancionadas en los Estados Unidos y mediante la remisión del asunto a la Corte Internacional de Justicia.

• Reafirmar pública y firmemente su compromiso con el Estatuto de Roma y seguir cumpliendo plenamente con las obligaciones derivadas del mismo – incluidas la financiación, la cooperación y la detención y entrega de todas las personas objeto de órdenes de arresto de la CPI – sin excepciones, demoras ni criterios selectivos.

• Oponerse pública y claramente a cualquier iniciativa destinada a debilitar a la Corte, incluidos los intentos de modificar el Estatuto de Roma para limitar su jurisdicción o independencia y los intentos de influir en las prioridades de la Fiscalía, tales como los esfuerzos por dejar de lado situaciones específicas, como las de Afganistán o Palestina.

• Rechazar, sin excepciones, cualquier coacción por parte de un Estado no parte destinada a influir en las votaciones, posturas o actuaciones dentro de la Asamblea de los Estados Partes (AEP) o en cualquier otro órgano del sistema del Estatuto de Roma.

• Garantizar que toda reunión relacionada con la CPI se celebre en un país al que los funcionarios y el personal de la Corte, así como las organizaciones de la sociedad civil, incluidas aquellas personas sancionadas, puedan acceder de manera segura y sin amenazas.

Firmantes

1. Organizaciones de la sociedad civil:

• 11.11.11
• A World Without Chemical and Biological Weapons (WWW)
• Action pour la Justice et Promotion des Droits de l’Homme (ARJPDH)
• Action pour le Développement Intégral de l’Homme et de Tout l’Homme au Modèle de Kizito-Anuarite
• Adalah – The Legal Center for Arab Minority Rights in Israel
• Afghanistan Organization for Development of Human Right (AODHR)
• African Development and Peace Initiative (ADPI)
• African Initiatives for a Democratic World Order 
• Al Haq
• Al Mezan Center for Human Rights
• Al-Jazeera Observatory for Human Rights
• ALTSEAN-Burma
• Amman Center for Human Rights Studies (ACHRS)
• Amnesty International
• Asia Justice Coalition
• Asociación Americana de Juristas/American Association of Jurists
• Asociación Pro Derechos Humanos
• Asociación Pro Derechos Humanos España
• Association Cultures du Monde
• Association Marocaine des Droits Humains (AMDH)
• Atrocities Watch Africa
• Australian Centre for International Justice
• Avocats Sans Frontières 
• Bahrain Human Rights Society (BHRS)
• Bajito Under Africa
• Bangladesh Integrated Social Advancement Programme
• Barreau de Namur-Dinant
• Bureau d’études et de recherches pour le bien être des communautés (BERCO)
• Cairo Institute for Human Rights Studies
• Center for Civil Liberties
• Center for Constitutional Rights
• Center for Justice and Accountability
• Center for Prisoners’ Rights
• Centre marocain pour la loi et la paix
• Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
• Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH)
• Chinese Initiative on International Law 
• Club des amis du droit du Congo (CAD)
• Citizens' Assembly (Yurttaşlık Derneği) 
• Citizens for Global Solutions
• Civic Committee for Human Rights (CCHR)
• Civil Society Institute – Armenia
• Civitas Maxima
• Clinique de droit international pénal et humanitaire (Université Laval, Quebec, Canada)
• Coalition Guinéenne pour la Cour Pénale Internationale (CGCPI)
• Coalition tunisienne pour la Cour pénale internationale
• Collectif de Sauvegarde de la LADDH Algérie
• Colombes de la Nature
• Comisión de Derechos Humanos de El Salvador
• Comisión Ecuménica de Derechos Humanos
• Committee on the Administration of Justice (CAJ, Northern Ireland) 
• COMPPART Foundation for Justice and Peacebuilding
• Corporación Humanas, Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género
• DAWN
• Defence of Human Rights and Public Services Trust
• Documenta – Center for Dealing with the Past
• Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR)
• Ethiopian Human Rights Council (EHRCO)
• EuroMed Rights
• European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR)
• Exodus Charity Organization
• FIBGAR – Baltasar Garzon International Foundation
• Finnish League for Human Rights
• Fondation congolaise pour la promotion de droits humains et la paix
• Fondation René Cassin - Institut internationale des droits de l'homme
• Foundation Sunflowers
• Global Justice Center
• Groupe LOTUS
• Hellenic League for Human Rights
• Help Not Handcuffs, Inc.
• Helsinki Citizens’ Assembly Vanadzor
• Holistic Empowerment for Development
• Housing and Land Rights Network - Habitat International Coalition
• Human Rights Agenda Association (IHGD)
• Human Rights and Humanitarian Development Initiatives 
• Human Rights Centre ZMINA
• Human Rights Commission of Pakistan
• Human Rights League (LDH, Belgium)
• Human Rights Now
• Humanitarian Law Center
• HuMENA for Human Rights and Civic Engagement
• Impact: Center against Human Trafficking and Sexual Violence in Conflict
• IMPARSIAL – The Indonesian Human Rights Monitor
• Indonesian Legal Aid Association for Justice 
• İnsan Hakları Derneği/Human Rights Association (İHD)
• Institute for Environmental Security
• Institute for the Rule of Law of the Union Internationale des Avocats (UIA-IROL)
• Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA)
• International Association of Democratic Lawyers (IADL)
• International Commission of Jurists
• International Commission of Jurists, Norwegian Section (ICJ Norway)
• International Community Care e.V.
• International Network of Civil Liberties Organizations
• International Platform of Jurists for East Timor
• International Service for Human Rights
• Iranian Center for International Criminal Law
• Irish Council for Civil Liberties
• JURDI - Juristes pour le respect du droit international
• Just Access e.V.w
• Kazakhstan International Bureau for Human Rights and Rule of Law
• Kenya Human Rights Commission 
• Kenyan Section of the International Commission of Jurists (ICJ Kenya)
• Kharkiv Human Rights Protection Group
• Kids for Kids
• Kimbé Rèd FWI
• Kurdish Organizations Network Coalition for the International Criminal Court (KONCICC)
• Kurdistan Organizations Network to Abolish Nuclear and Mass Destruction Weapons (KONW)
• Kurdistan Without Genocide
• Lawyers’ Rights Watch Canada
• LDH (Ligue des droits de l'Homme/droits humains)
• League for the Defence of Human Rights in Iran (LDDHI)
• Lebanese Center for Human Rights (CLDH)
• Legal Action Worldwide (LAW)
• Libya Crimes Watch (LCW)
• Life campaign to abolish the death sentence in Kurdistan Network
• Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos
• Liga voor de Rechten van de Mens
• Liga voor Mensenrechten
• Ligue Burundaise des droits de l'homme Iteka
• Ligue Pour La Paix, Les Droits De L'homme Et La Justice (LIPADHOJ)
• Ligue Sénégalaise des Droits Humains
• Ligue tunisienne des droits de l'homme
• LingvaLexa
• Maldivian Democracy Network (MDN)
• MARUAH (Working Group for ASEAN Human Rights Mechanisms, Singapore)
• Mnemonic
• Netherlands Helsinki Committee 
• Nobel Women’s Initiative
• No Peace Without Justice (NPWJ)
• Norwegian Council for Tolerance & Peace (NCTP)
• Norwegian Helsinki Committee
• Observatoire des droits de l'homme au Rwanda- ODHR
• Observatorio Ciudadano
• OPORA in Poland Foundation
• Orde van Vlaamse Balies
• Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles
• Organisatión Nationale des Droits de l’Homme du Senegal (ONDH)
• Organization Against Weapons of Mass Destruction in Kurdistan
• Organization of the Justice Campaign (OJC)
• Palestinian Association for Human Rights (Witness)
• Palestinian Centre for Human Rights (PCHR)
• PAX
• Philippine Alliance of Human Rights Advocates (PAHRA)
• Philippine Coalition for the International Criminal Court (PCICC)
• Philippine Human Rights Information Center (PhilRights)
• Physicians for Human Rights
• Platform for Peace and Humanity
• Protection of Rights Without Borders
• Quê Me: Vietnam Committee on Human Rights (VCHR)
• REDRESS
• Refugees in Libya – APS
• The Reckoning Project
• Reporters Without Borders (RSF)
• Rights for Peace
• Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center
• Rohingya Maìyafuìnor Collaborative Network
• Route Justice
• Southern Africa Litigation Centre (SALC)
• Stop Ecocide Foundation
• StoptheDrugWar.org
• Students for Global Democracy Uganda
• Sudan Social Development Organization SUDO
• Swedish Peace and Arbitration Society (SPAS)
• Synergy for Justice
• Syrian Center for Media and Freedom of Expression (SCM)
• Tegaru Initiatives for Peace and Rehabilitation 
• The Arab Coalition for the International Criminal Court (ACICC)
• The International Federation for Human Rights (FIDH)
• The Legal Agenda
• The Legal Resources Centre
• The Palestinian Human Rights Organization (PHRO)
• The Public Committee Against Torture in Israel
• The Rights Forum
• TRIAL International
• Turkish Coalition for the ICC
• Union for Civil Liberty (UCL)
• United Nations Association Sweden
• UpRights
• Vision GRAM-International
• Vous et Vos Droits
• Women's Initiatives for Gender Justice (WIGJ)
• World Organisation Against Torture (OMCT) 
• World Without Genocide
• Young World Federalists
• Youth Compassion for Humanity Uganda
• Youth for Peace and Dialogue between Cultures
• Zarga Organization for Rural Development
• Zimbabwe Human Rights Association

2. Particulares

• Ahmed Aloui, Association tunisienne de défense des libertés individuelles
• Alessandra Moretti, diputada al Parlamento Europeo
• Alirio Uribe Muñoz, defensor de los derechos humanos
• Andrés Mauricio Balcázar Suárez, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
• Aodhán Ó Ríordáin, diputado al Parlamento Europeo
• Benjamin Fiorini, Université Paris 8
• Catarina Vieira, diputada al Parlamento Europeo
• Cecilia Strada, diputada al Parlamento Europeo
• César Luena, diputado al Parlamento Europeo
• Chloé Ridel, diputada al Parlamento Europeo
• Christophe Clergeau, diputado al Parlamento Europeo
• Claire Fita, diputada al Parlamento Europeo
• Consuelo Morales, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C.
• Dra. Parisa Zangeneh, independiente
• Dr. Gunal Kursun, Insan Hakları Gundemi Dernegi
• Edgar Boydens, antiguo decano del Colegio de Abogados de Bruselas
• Eric Sargiacomo, diputado al Parlamento Europeo
• Estelle Ceulemans, diputada al Parlamento Europeo
• Eva Sanjuan Guerrero, asistente parlamentaria en el Parlamento Europeo
• Evin Incir, diputada al Parlamento Europeo
• Dra. Fannie Lafontaine, abogada y profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Laval
• Dra. Farah Safi, profesora de Derecho
• Farhatullah Babar, Célula de Derechos Humanos, Pakistan Peoples Party
• Dra. Florence Bellivier, profesora de Derecho y Ciencias Penales, Universidad Paris I Panthéon-Sorbonne
• Dr. François Dubuisson, profesor de Derecho Internacional, Université libre de Bruxelles
• Dr. Gunal Kursun, abogado y activista de derechos humanos
• Hana Jalloul Muro, diputada al Parlamento Europeo
• Indira Rosenthal, independiente
• Insaf Rezagui-Sbeih, Université Paris Cité; JURDI
• Isabelle Fouchard, CNRS/Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
• Jean-Marc Germain, diputado al Parlamento Europeo
• Joanna Scheuring-Wielgus, diputada al Parlamento Europeo
• Kaari Mattila, académica
• Krzysztof Smiszek, diputado al Parlamento Europeo
• Lara Wolters, diputada al Parlamento Europeo
• Laura Ballarín Cereza, diputada al Parlamento Europeo
• Luc Walleyn, abogado
• Marcel Bakanga Awachango, coordinador para Europa, Coalition Nationale (CPI RDC)
• Marco Tarquinio, diputado al Parlamento Europeo
• Marta Temido, diputada al Parlamento Europeo
• Mathilde Lutak, jurista especializada en Derecho Internacional
• Matjaz Nemec, diputado al Parlamento Europeo
• Mounir Satouri, diputado al Parlamento Europeo
• Mounir Satouri, diputado al Parlamento Europeo
• Murielle Laurent, diputada al Parlamento Europeo
• Nadia Attaire, jurista especializada en Derecho Internacional
• Nora Mebarek, diputada al Parlamento Europeo
• Patrick Baudouin, abogado y presidente honorario de la Ligue des Droits de l’Homme y de la FIDH
• Penelope Faulkner, Quê Me: Vietnam Committee on Human Rights (VCHR)
• Pierre Jouvet, diputado al Parlamento Europeo
• Rafendi Djamin, Human Rights Working Group (HRWG), coalición de ONG de Indonesia para la defensa internacional de los derechos humanos
• Raphaël Glucksmann, diputado al Parlamento Europeo
• René Repasi, diputado al Parlamento Europeo
• Rima Hassan, diputada al Parlamento Europeo
• Sandra Gómez López, diputada al Parlamento Europeo
• Sandro Ruotolo, diputado al Parlamento Europeo
• Sarah Kasande, abogada especializada en derechos humanos internacionales
• Sarah Sameur, abogada del Colegio de Abogados de París
• Dr. Sébastien Touzé, profesor de Derecho Internacional y director de la Fondation René Cassin - Institut international des droits de l'homme
• Terje Einarsen, Universidad de Bergen
• Thomas Verfuss, Journalists For Justice
• Tiemo Wölken, diputado al Parlamento Europeo
• Tineke Strik, diputada al Parlamento Europeo
• Valérie Malabat, profesora
• Vesna Teršelič, Antifascist League
• Zoran Pusić, Civic Committee for Human Rights (CCHR)

*Lista actualizada por última vez el viernes 16 de octubre de 2026 a las 01:10 CEST.