Información básica sobre la CPI
La Corte del “Nunca más”
La Corte Penal Internacional (CPI), basada en La Haya, juzga individuos por genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Al ser la única corte penal internacional permanente del mundo, la CPI es la concreción de un momento histórico para los esfuerzos e iniciativas de toda la humanidad a favor de la prevención de la comisión de atrocidades, como aquellas que asolaron al mundo durante el siglo 20. Al juzgar de manera justa e imparcial los crímenes internacionales más serios y llevar justicia a las víctimas, la CPI contribuye con la promoción del Estado de derecho y la búsqueda de sociedades estables y pacíficas.
El Estatuto de Roma - el tratado fundacional
En 1998, la Corte fue establecida a través de un tratado internacional, el Estatuto de Roma, que fue firmado por una abrumadora mayoría de 139 Estados. En 2002, luego de que 60 Estados ratificaran el Estatuto de Roma, la Corte finalmente logró salir a la luz.
La necesidad de la universalidad
Más de 120 Estados ya son parte del Estatuto de Roma y aceptaron completamente la jurisdicción de la CPI. Aún quedan muchos Estados fuera del sistema que cuentan con un restringido acceso a la justicia por los crímenes más graves. Asia, Medio Oriente y África del Norte cuentan particularmente con una baja representación ante la Corte. Los Estado con grandes poblaciones como China, India, Indonesia, Rusia y Estados Unidos también siguen fuera del sistema.
Jurisdicción sobre genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra
La CPI cuenta con una jurisdicción automática sobre el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra cometidos (I) en el territorio de un Estado parte al Estatuto de Roma; o (II) por un ciudadano de un Estado parte al Estatuto de Roma, sin importar su locación.
Una Corte de último recurso
De acuerdo con el principio de complementariedad descrito en el Estatuto de Roma, la CPI solo puede actuar cuando las cortes nacionales no son capaces o no tienen la voluntad de cumplir con su responsabilidad de procesar atrocidades en sus propios tribunales. Los Estados miembros de la CPI pueden cuestionar la ‘admisibilidad’ de los casos ante la CPI si consideran que son capaces de procesarlo a nivel nacional.
El apoyo y la cooperación estatal
El Estatuto de Roma es un tratado voluntario. Esto significa que los Estados deben elegir si desean aceptar su jurisdicción y estar de acuerdo con la ejecución de sus leyes, cooperar con sus decisiones y brindarle el apoyo político necesario para su efectivo funcionamiento.
Sin fuerza policial
La Corte no cuenta con una fuerza independiente capaz de ejecutar sus arrestos, es por esto que depende de la voluntad de los Estados a la hora de arrestar y transferir a las personas buscadas.
La Asamblea de los Estados Partes
La Asamblea de los Estados Partes, el órgano administrativo de la Corte, supervisa la administración de la Corte, la asiste a nivel estratégico, elige funcionarios, decide su presupuesto, considera cuestiones de no-cooperación y puede realizar enmiendas al Estatuto de Roma y otras reglas. La sociedad civil desempeña un papel vital en el trabajo de la Asamblea.
Víctimas
Las víctimas de los crímenes graves pueden formar parte de los procedimientos y recibir reparaciones por los daños sufridos – un aspecto único de este sistema que precisa de toda la ayuda posible para poder llevar a cabo su promesa de una justicia universal. El mandato del Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas está establecido en el Estatuto de Roma y tiene como fin apoyar e implementar programas capaces de lidiar con los daños resultantes de los crímenes de la CPI.
Sin inmunidad
La inmunidad no tiene lugar en el Estatuto de Roma de la CPI. De hecho, remueve de forma expresa las inmunidades de los funcionarios estatales e incluye a los jefes de Estado o de gobierno. La responsabilidad penal se aplica a todas las personas por igual, sin distinciones.
El papel del Consejo de Seguridad de la ONU
El Consejo de Seguridad de la ONU puede remitir al fiscal de la CPI situaciones que representen una amenaza a la paz y la seguridad para su investigación y posible enjuiciamiento. Sin embargo, la CPI no puede investigar cuando el Consejo de Seguridad de la ONU no remita situaciones con presuntos crímenes de atrocidades al fiscal de la CPI para su investigación. El Consejo de Seguridad también tiene el poder de aplazar investigaciones de la CPI por un período renovable de un año si considera que esto forma parte de su tarea de defender los intereses de la paz y la seguridad internacional.
Una Corte independiente
A pesar de que la CPI fue establecida por los Estados, esta opera de manera independiente en relación con los gobiernos y otras organizaciones internacionales.
Los magistrados
Los magistrados de la CPI deben contar con experiencia y competencia sólida en derecho penal e internacional, esto incluye al derecho humanitario y los derechos humanos. Deben ser personas de alta autoridad moral, imparciales e íntegras. El Artículo 40 del Estatuto de Roma establece que los magistrados no deben estar involucrados en ninguna actividad u ocupación que pueda interferir con sus funciones judiciales. Un magistrado puede quedar descalificado o ser removido de cualquier caso donde su imparcialidad se vea comprometida.
El fiscal
La Fiscalía de la CPI tiene la responsabilidad de llevar a cabo investigaciones y enjuiciamientos ante la Corte. La Fiscalía actúa de forma independiente, como un órgano separado de la Corte. Ningún otra entidad u órgano directivo posee autoridad por sobre la Fiscalía y sus exámenes. El Fiscal es quien decide si es necesario iniciar un examen preliminar o una investigación oficial sobre cualquier crimen cometido dentro de la jurisdicción de la Corte.
Independencia de las Naciones Unidas
La CPI no es parte la ONU. La ONU desempeñó un papel fundamental en el establecimiento de la CPI y se relaciona con la Corte a través del intercambio de información relevante y del apoyo logístico a la CPI, de acuerdo con el Acuerdo de Relación de 2004. El Consejo de Seguridad de la ONU tiene cierto poder de acuerdo con el Estatuto de Roma – ver arriba.
