¿Promesas de justicia para Sri Lanka?
Cinco años después del fin de la guerra civil de Sri Lanka, ¿se hará justicia con las víctimas? El nuevo gobierno del país está adoptando medidas en esa dirección comprometiéndose a abrir una investigación nacional en el plazo de un mes.
Durante una visita oficial al Reino Unido hace dos semanas, el nuevo presidente electo de Sri Lanka Maithripala Sirisena anunció su plan de abrir una comisión especial de investigación, a nivel nacional, en el plazo de un mes para que investigue las presuntas atrocidades cometidas durante la larga guerra civil, que se prolongó durante las últimas décadas, y que finalizó en 2009.
Sirisena derrotó al entonces presidente Mahinda Rajapaksa en la octavas elecciones presidenciales de Sri Lanka, tras una sorprendente victoria a comienzos de año. El antiguo ministro de sanidad construyó su campaña presidencial sobre promesas de reformar las estructuras del poder y establecer “comisiones independientes para asegurar la imparcialidad de las instituciones judiciales, policiales, el sistema electoral y fiscal y la oficina del fiscal general.”
Su victoria reabrió las esperanzas de poner fin a la cultura de la impunidad existente en el país durante décadas.
En febrero, más de 60 grupos de sociedad civil de 17 países distintos de Asia instaron al gobierno de Sri Lanka a fortalecer la verdad, la justicia y la rendición de cuentas creando comisiones fiables para investigar las presuntas violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario (enlace en inglés).
La declaración conjunta instaba también al gobierno a que se comprometiese a participar activamente con la investigación de la ONU sobre la guerra civil del país, incorporando sus hallazgos y recomendaciones a los esfuerzos nacionales en marcha. Los grupos solicitaron al gobierno que buscase la ayuda y soporte tanto de la ONU, como de otros órganos internacionales así como de otros expertos para asegurar que la iniciativa nacional de búsqueda efectiva de rendición de cuentas, justicia y reconciliación se ajusta a los estándares internacionales de buenas prácticas.
Sirisena comentó que la participación de la futura comisión de investigación nacional con los investigadores de la ONU no era necesaria, pero que tendrá en consideración el consejo de estos grupos de sociedad civil.
El fracaso del anterior gobierno a la hora de proporcionar justicia y rendición de cuentas tras su victoria ante los Tigres de Liberación de Eelam Tamil (LTTE, por sus siglas en inglés) en 2009 provocó la apertura por parte del Consejo de derechos humanos de la ONU de la investigación ACNUDH sobre Sri Lanka (OISL)—una investigación internacional sobre los presuntos crímenes de guerra cometidos tanto por el gobierno de Sri Lanka como por los LTTE. A pesar de esto, el gobierno de Rajapaksa rehusó cooperar con la investigación.
A mediados de febrero, tras haberlo solicitado el gobierno de Sri Lanka, el alto comisionado para los derechos humanos de la ONU recomendó el aplazamiento de la publicación del informe OISL hasta de septiembre, reconociendo el contexto político cambiante en Sri Lanka y las señales de una mayor cooperación.
Durante la sesión del Consejo de derechos humanos de la ONU a principios de mes, FORUM-ASIA declaró que:
“La simple transición política no es garantía de cumplimiento de los derechos humanos… Esperamos que el informe de OISL haya considerado el contexto ayude a establecer de manera significativa por un lado la rendición de cuentas por las graves violaciones de derechos humanos y por otro lado abogue de manera rigurosa por un riguroso escrutinio internacional hasta que los resultados esperados se alcancen, sobre el terreno.”
La sociedad civil supervisará la creación de la comisión nacional y alentará al gobierno de Sri Lanka a comprometerse de una forma constructiva con la ONU para asegurar que se haga justicia.
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