En el Tribunal: Procedimientos y testigos puestos a prueba en los tres juicios de la CPI

Ntaganda: El caso de la Defensa continua entre la preocupación de los testigos

El testimonio de Bosco Ntaganda en su propia defensa se reanudó el 29 de agosto de 2017 después del receso de verano de la Corte. Ntaganda está acusado de cinco cargos de crímenes de lesa humanidad y trece de crímenes de guerra presuntamente cometidos en la región de Ituri al este de la República Democrática del Congo (RDC) mientras era jefe militar adjunto del grupo rebelde Fuerzas Patrióticas para la Liberación del Congo (FPLC).

Cuando la Fiscalía lo interrogó por su conocimiento sobre la reclusión de menores de la milicia congoleña implicada en ejercicios de entrenamiento ugandeses en 2000, Ntaganda declaró que él y otros miembros superiores fueron entrenados en ese momento en Jinja, a kilómetros de distancia de la capacitación de reclutas en Kyankwanzi. Ntaganda también testificó que no estaba al tanto de los esfuerzos internacionales para desmovilizar a los combatientes menores de edad en Kyankwanzi, donde la Fiscalía argumentó que 200 a 300 de los 700 reclutas provenían de la Fuerza Móvil Chui de Ntaganda.

En relación con la responsabilidad del mando, Ntaganda testificó en septiembre sobre sus esfuerzos en la FPLC como "pacificador y disciplinario", y negó haber tenido conocimiento sobre los ataques, motivados étnicamente o no, de sus fuerzas en contra de la población civil, y sostuvo que actuó de manera decisiva a la hora de castigar las violaciones "del extraño caso aislado". Según Ntaganda, estas violaciones incluyeron saqueos, que de acuerdo con la fiscalía funcionaron como los salarios de los combatientes. El ex comandante adjunto de la FPLC también negó haber asesinado a un sacerdote y haber ordenado a las tropas que violaran a tres monjas por sospecha de colaboración con combatientes lendu rivales.

La última fase del testimonio de Ntaganda se centró en la supuesta interferencia con los testigos. En el corazón del problema hay una decisión de junio de 2015 de los jueces que permite a la Fiscalía acceder a conversaciones no privilegiadas entre los detenidos Ntaganda y Thomas Lubanga desde marzo de 2013, que la Fiscalía reveló en noviembre de 2016 junto con denuncias de que tanto Ntaganda como Lubanga intentaron interferir y entrenar a posibles testigos de la defensa. Ntaganda argumentó que todas esas conversaciones eran para la preparación legítima de su defensa.

Tras decidir en abril que sería posible llevar a cabo un juicio justo a pesar de los reclamos de la defensa que afirmaban que la Fiscalía había obtenido una ventaja indebida, los jueces suspendieron el interrogatorio judicial sobre la cuestión cuando este parecía estar entrando en el dominio de una investigación por manipulación de testigos (artículo 70 del Estatuto de Roma). Los jueces también eliminaron las restricciones existentes relacionadas con las comunicaciones de Lubanga, aplicadas en la RDC después de su transferencia allí en diciembre de 2015 para completar su sentencia de la CPI.

El 5 de septiembre, la Cámara de Apelaciones (CA) de la CPI rechazó la apelación de Ntaganda sobre una decisión anterior de la Sala de Primera Instancia (SPI) en la cual los jueces negaron una solicitud de la defensa para presentar una moción de 'sobreseimiento'. La defensa argumentó que la SCP violó el derecho de Ntaganda contra la autoincriminación y, por lo tanto, su derecho a un juicio justo, pero la CA encontró que la SPI usó su discreción de manera justa y razonable, y que el procedimiento de "sobreseimiento" no es la única garantía de un juicio justo.

Tras el testimonio de Ntaganda, la defensa acortó su lista de testigos iniciales de más de 100 a 40. La medida obedeció a las preocupaciones de la defensa sobre su problema para que los testigos comparecieran.

Ongwen: La Fiscalía presenta el caso para definir la responsabilidad

El juicio de Dominic Ongwen de la CPI, ex comandante de la Brigada de Sinia del Ejército de Resistencia del Señor (ERS), comenzó en La Haya en diciembre de 2016, con los testigos de la Fiscalía dominando los procedimientos durante 2017. Ongwen está acusada de 70 cargos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en el norte de Uganda, y en gran medida contra los campamentos de desplazados internos (CDI).

El juicio se reanudó después del receso de verano. La Fiscalía trató de determinar el papel de Ongwen en el ERS y el grado y disposición de su mando sobre las fuerzas de su ERS. Los testimonios sugirieron que durante las conversaciones para el cese del fuego entre las autoridades ugandesas y el ERS en 2006, se alentó a Ongwen, en más de una ocasión, a abandonar el grupo armado rebelde y liberar a los combatientes menores de edad. Un coronel del ejército ugandés testificó que nadie, incluido él mismo, podría convencer a Ongwen para aceptar este trato.

Varios testigos se centraron específicamente en el supuesto papel de Ongwen en el ataque contra el CDI de Pajule. Un ex combatiente del ERS testificó acerca de su secuestro por parte del ERS y sobre cómo se convirtió en miembro del batallón supuestamente comandado por Ongwen en el ataque Pajule. Otra ex combatiente testificó que los comandantes del ERS con más antigüedad que Ongwen fueron responsables de planear el ataque Pajule. Ella también afirmó que Ongwen estaba bajo arresto por el ERS en el momento de la decisión. Otro testigo que afirmó haber sido secuestrado durante el ataque de Pajule expresó que no había visto ni oído hablar de Ongwen en relación con su participación en el ataque.

Mientras tanto, un ex combatiente del LRA contó sus experiencias luego de un presunto secuestro de un batallón de la Brigada Sinia de Ongwen, que incluía disparar un arma por primera vez durante el ataque a Odek en 2003 y saquear alimentos de Abok.

Los testimonios de los testigos también abordaron las interacciones tempranas entre las autoridades ugandesas y la CPI. Un funcionario de inteligencia ugandesa responsable de mantener relaciones con la Fiscalía de la CPI declaró que el gobierno proporcionó pruebas sobre 15 comandantes del ERS, incluido Ongwen. En el interrogatorio, la defensa cuestionó cómo el testigo habría sabido qué evidencia compartir con la Fiscalía en 2004, antes de que se emitieran las órdenes de arresto, y examinó su conocimiento y mandato sobre supuestas atrocidades cometidas por las autoridades ugandesas en ese momento.

Otros testigos de la Fiscalía se centraron en las prácticas del ERS relacionadas con presuntos delitos sexuales y de género en el caso, como el matrimonio forzado; supuestas prácticas de iniciación para los secuestrados del ERS; y la preparación de comunicaciones de radio del ERS interceptadas por el gobierno para su presentación ante el Tribunal.

Gbagbo y Blé Goudé: Aclarando los procedimientos para las apelaciones y la participación de las víctimas

Según el caso de la Fiscal de la CPI, Laurent Gbagbo, ex presidente de Costa de Marfil, y miembros de su círculo íntimo, incluido el co-acusado Charles Blé Goudé, crearon y ejecutaron un plan común para consolidar el poder después de perder las elecciones presidenciales de 2010 en el país. Ambos están acusados ​​de cuatro cargos de crímenes de lesa humanidad en el juicio que se inició en enero de 2016.

A fines de septiembre, los jueces  de la Sala de Primera Instancia (SPI) finalmente tomaron una decisión sobre una problemática constante en el caso, la detención de Gbagbo, se expresaron en contra de su liberación interina dado que concluyeron que las circunstancias materiales no reducirían los riesgos asociados con la liberación solicitada por Gbagbo. La decisión se tomó después de que la Cámara de Apelaciones (CA) revirtiera la 11° decisión del SPI y le ordenara reevaluar los riesgos de fuga o de obstrucción de los procedimientos contra consideraciones como la salud, la edad y la duración de la detención de Gbagbo.

Gbagbo apeló la última decisión del SPI el 5 de octubre, pero la CA desestimó el recurso, señalando que la defensa no había cumplido con las modificaciones de las normas del Tribunal sobre lo que debería aparecer en los avisos de apelación que no requieren autorización previa de los jueces.

Con respecto a los procedimientos para las víctimas participantes, en octubre, la SPI falló a favor de una solicitud del Representante Legal de Víctimas para que los miembros de la familia continúen las acciones legales en nombre de seis víctimas fallecidas. La defensa ha solicitado permiso para apelar la decisión.

En su decisión, los jueces discreparon con la defensa de Gbagbo que argumentó que esto equivaldría a una transferencia indebida del "derecho" a expresar opiniones y preocupaciones, y se refirieron a las prácticas establecidas de la Corte al rechazar la sugerencia de que tales asuntos debían ser regidos por el derecho civil de Costa de Marfil. Al aclarar un procedimiento para futuras solicitudes de "reanudación de la acción" similares, los jueces estuvieron de acuerdo con la defensa en que dicho procedimiento debería mantener el derecho a formular objeciones.
 

Desde órdenes de arresto hasta reparaciones por destrucción cultural: ¿Qué más está pasando?

Los continuos esfuerzos de la Fiscalía para investigar los presuntos crímenes del Estatuto de Roma cometidos en Libia desde 2011 dieron lugar a una nueva orden de detención de la CPI en agosto de 2017. Al emitir una orden contra Mahmoud Mustafa Busayf al-Werfalli por su participación directa en siete rondas de ejecuciones que llevaron a la muerte de 33 personas entre junio de 2016 y julio de 2017 en Benghazi o las áreas circundantes, la Fiscal de la CPI admitió que el arresto y la entrega de al-Werfalli seguirán siendo un desafío.

Según la orden de detención de la CPI, al-Werfalli se unió a la Brigada Al-Saiqa después de que la ex unidad de fuerzas estatales se convirtiera en parte de la "Operación Dignidad" del Ejército Nacional Libio (ENL) posterior a Gaddafi en Benghazi. La orden declara que desde 2015 al-Werfalli ha tenido un rol de mando en Al-Saiqa. En esta capacidad es que se lo considera sospechoso de asesinato como crimen de guerra, con supuestas pruebas de audio y video que brindan a los jueces de instrucción una razón razonable para la emisión de la orden de arresto.

A comienzos de septiembre de 2017, la Fiscal reiteró el pedido para la entrega de al-Werfalli a la Corte. La Fiscal subrayó la continua obligación de Libia de cooperar con el arresto y la entrega del sospechoso en ausencia de un recurso de admisibilidad por parte de las autoridades libias competentes y una decisión de los jueces de la CPI suspendiendo dicha obligación.

La Fiscal tomó nota de la declaración oficial del ENL que afirmaba que al-Werfalli había sido arrestado y estaba siendo investigado por un fiscal militar, pero expresó su preocupación por los informes contradictorios sobre su paradero, incluidos algunos que alegaban que al-Werfalli había participado en asesinatos adicionales desde la emisión de la orden de arresto.

Mientras tanto, la Corte continuó abordando los desafíos en el arresto del sospechoso de la CPI y del presidente sudanés Omar al-Bashir, buscado por presuntos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio en Darfur. Luego de un fallo de la CPI de julio por incumplimiento del gobierno de Sudáfrica, el gobierno de Jordania tuvo que explicar su propio incumplimiento de los pedidos de arresto de al-Bashir al visitar el Estado miembro de la CPI en el mes de marzo. El proceso continuó en octubre cuando el gobierno citó fuentes de derecho para defender la no detención.

En el otro lado del proceso de justicia internacional, en la situación de la CPI en Malí, los jueces de la Sala de Primera Instancia emitieron una orden de reparación en agosto tras la declaración de culpabilidad de Ahmad al-Faqi al-Mahdi en 2016 por el crimen de guerra de dirigir intencionalmente ataques contra edificios religiosos e históricos en Tombuctú

Al Mahdi fue declarado responsable de €2,7 millones en daños. En su decisión, los jueces de la CPI destacaron que la destrucción del patrimonio cultural "lleva un mensaje de terror e impotencia; destruye parte de la memoria compartida y la conciencia colectiva de la humanidad, y hace que la humanidad no pueda transmitir sus valores y conocimientos a las generaciones futuras".

Al considerar indigente a al-Mahdi, los jueces instruyeron al Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas a ayudar a financiar las reparaciones colectivas e individuales en el proyecto del plan esperado para febrero de 2018. Las reparaciones individuales están destinadas a beneficiar a aquellos que dependen económicamente de los edificios atacados y aquellos con daños en sitios de entierro ancestrales.