El pedido Rohingya en la CPI – Atravesar los desafíos actuales para lograr una Corte más fuerte
EL 6 de septiembre de 2019, la Sala de Cuestiones Preliminares (SCP) I de la Corte Penal Internacional (CPI) decidió por mayoría un fallo que permite que la CPI ejercite su jurisdicción sobre la presunta deportación de los Rohingya de Myanmar a Bangladesh.
Esta revolucionaria decisión estableció que si un elemento de un crimen del Estatuto de Roma ocurre en el territorio de un Estado Partes al Estatuto, la CPI podrá ejercer su jurisdicción sobre dichos crímenes, sin importar si otros elementos ocurrieron en el territorio de un Estado no-parte.
Miembros de la Coalición por la Corte Penal Internacional (CCPI) realizaron comentarios sobre la decisión y destacaron cómo, desde una perspectiva más amplia, esta decisión podría aumentar las vías posibles para procesar y llevar ante la justicia a los responsables de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio.
El Director del Sur de Asia de Amnistía Internacional, el Sr. Biraj Patnaik, declaró que “esta decisión es un importante paso en la dirección correcta, dado que abre nuevas vías para la búsqueda de justicia del Rohingya, quienes fueron expulsados de sus hogares por soldados que les disparaban o prendían fuego sus villas”.
Luego de la decisión, la Fiscal de la CPI presentó una solicitud de autorización ante la SCP III de la CPI para iniciar una investigación formal sobre los presuntos crímenes cometidos en contra de los Rohingya de Myanmar.
La decisión de la SCP III aún está pendiente. Una decisión a favor del pedido de la Fiscal no solo podría ser un hito para la Corte, sino que también servirá como un recordatorio de los importantes desafíos que enfrenta actualmente la CPI.
La escalada del anti-multilateralismo, una carga de trabajo cada vez mayor con limitaciones presupuestarias importantes y los continuos ataques a su independencia e integridad son algunos de los desafíos que actualmente enfrenta la CPI.
Al depender ampliamente de la cooperación de los Estados, estos desafíos podrían obstruir efectivamente cualquier investigación de la Fiscalía, especialmente cuando el Estado donde se cometieron los presuntos crímenes no es un Estado parte al Estatuto de Roma.
De hecho, como Estado no parte, Myanmar probablemente no coopere con la Corte en el caso de que se autorice una investigación formal. Esto dificultará el éxito de la CPI a la hora de juzgar a los presuntos perpetradores, dado que no podrá confiar en la asistencia del Estado Rakhine en cuestiones como la reunión de evidencia, la protección de víctimas y testigos o la ejecución de las órdenes de arresto.
Por otro lado, dada la situación actual, cualquier esfuerzo de la CPI para llevar justicia a las víctimas de Myanmar no incluirá todos los presuntos crímenes cometidos en contra de los Rohingya, sino solo aquellos crímenes presuntamente cometidos del otro lado de la frontera, al menos parcialmente, en Bangladesh.
Este y otros desafíos impactarán en el trabajo de la actual Fiscal y serán un recordatorio de su mandato y el del/la próximo/a Fiscal de la CPI que será elegido/a en el año 2020. Por esto, el/la próximo/a Fiscal de la CPI jugará un papel crítico a la hora de perseguir a los presuntos criminales internacionales y de influir en el futuro de la CPI en la situación de Bangladesh/Myanmar.
En vistas de estos desafíos, es esencial que las organizaciones de la sociedad civil sigan apoyando a la CPI para que sea capaz de cumplir con su mandato y de llevar justicia a las víctimas de los crímenes más terribles, como lo ha hecho en el pasado.
Miembros de la Coalición como Women’s Initiative for Gender Justice (WIGJ), the European Centre for Constitutional and Human Rights (ECCHR), el Canadian Partnership for International Justice (CPIJ) y el International Commission of Jurists (ICJ), así como otras organizaciones de la sociedad civil, presentaron varios amici curiae para contribuir con la Corte en la tarea de considerar si la CPI puede ejercer su jurisdicción sobre los crímenes cometidos en contra de los Rohingya.
Estas presentaciones fueron citadas por la SCP en repetidas oportunidades durante toda la argumentación de su decisión sobre la jurisdicción e incluso se sugirió que la perspectiva de la sociedad civil había ayudado a la Sala en la toma de decisiones informadas.
Estas intervenciones evidencian el impacto que puede tener un litigio estratégico a la hora de influir en la interpretación progresiva de las disposiciones más centrales del Estatuto de Roma.
Del mismo modo, se ha argumentado que los desarrollos de la CPI en relación con la crisis Rohingya sirven de base para iniciar investigaciones en otras situaciones como, por ejemplo, la crisis de los refugiados sirios.
El Guernica Group Centre for International Justice, que representa a algunos refugiados sirios, cree que existe una base en la CPI para ejercer jurisdicción sobre la situación de Siria y que finalmente podría existir un camino hacia la rendición de cuentas dadas las similitudes existentes con la situación Rohingya.
En este contexto, las organizaciones de la sociedad civil necesitan seguir desempeñando su importante papel en la tarea de asegurar que los responsables de los crímenes más graves sean llevados ante la justicia, incluso a través de investigaciones y publicaciones, el apoyo a las víctimas y los esfuerzos para fortalecer los sistemas nacionales de justicia penal, así como la CPI.
Por otro lado, es importante que las organizaciones de la sociedad civil sigan promoviendo la justicia para las víctimas de otros países y regiones del mundo. Las situaciones de Siria y Myanmar son desgarradoras y la justicia para las víctimas seguirá siendo muy difícil de alcanzar mientras los Miembros Permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sigan peleando y evadiendo su obligación de respetar la Carta de las Naciones Unidas, de prevenir y de reparar a las víctimas por estas atrocidades.
Para finalizar, la decisión de la SCP I es un importante paso en el proceso de ampliar la jurisdicción de la CPI. En este sentido, la decisión es revolucionaria y crea una nueva e importante jurisprudencia.
Sin embargo, teniendo en cuenta la política de la administración de EEUU en relación con la CPI y el surgimiento de políticas de extrema derecha nacionalistas, es probable que la expansión de las bases sobre las que la CPI ejerce su jurisdicción encuentre oposición.
En vista de esto, el caso de Myanmar/Bangladesh representa tanto una oportunidad como un desafío para el sistema del Estatuto de Roma. La posibilidad de que el caso resulte en una condena contra los responsables del asesinato y la expulsión forzada de los Rohingya de Myanmar dependerá de numerosos factores, entre ellos, que se otorgue el permiso a la Fiscalía para llevar a cabo una investigación, la calidad de la evidencia reunida y el procesamiento de los acusados.
