Thomas Lubanga Dyilo

El transcurso del juicio, surgieron algunos problemas, algunos fueron atribuidos a la juventud de la CPI, otros se consideraron evitables. Para evitar la recurrencia de esos problemas, la sociedad civil ha estado trabajando con la CPI para traducir estos aprendizajes en un nuevo estándar de prácticas y estrategias.

Los jueces critican el uso que hace la fiscalía de los ‘intermediarios’

En su sentencia, la Cámara también estableció que la Fiscalía no debería haber delegado sus responsabilidades investigativas en intermediarios –gente que facilita contactos o vínculos entre la Ficalía y los testigos del caso – una circunstancia que llevó  que algunas pruebas fueran poco confiables. Los problemas legales relacionados con esto contribuyeron al atraso en los procedimientos.

Extensión de los procedimientos y derechos de los acusados

La extensión de los procedimientos de la CPI ha sido criticada debido a su impacto en los derechos de los acusados y los costos que trae aparejado. El caso Lubanga se extendió por seis años entre el arresto y la sentencia debido fundamentalmente a dos suspensiones sucesivas de los procedimientos, en la primera instancia (julio de 2008) la Fiscalía no había facilitado las pruebas potencialmente exculpatorias a la defensa. En la segunda instancia (julio de 2010) los jueces mencionaron la imposibilidad de un juicio justo dado que la Fiscalía había fallado en revelar a la defensa la identidad de un intermediario como se le había ordenado. La Cámara de Apelaciones revirtió ambas suspensiones en octubre de 2010, y argumentó que se deberían haber tomado medidas menos drásticas, como sanciones.

Los cargos reducidos levantan críticas; se omite la violencia sexual 

El reducido alcancede los cargos presentados en contra de Lubanga también fue controversial, y muchos observadores dijeron que no representaban la naturaleza completa de los crímenes presuntamente cometidos por Lubanga y sus tropas. Muchos cuestionaron la omisión de los cargos relacionados con crímenes sexuales y de género. Los jueces rechazaron un intento de Women’s Initiatives for Gender Justice– miembro del Comité Ejecutivo de la Coalición – para modificar los cargos para que incluyan estos crímenes. La Cámara de Apelaciones también revirtió la decisión de la Sala de Primera Instancia de modificar la caracterización legal de los hechos para incluir tratamiento inhumano y la esclavitud sexual.