Américas

Liderando con el ejemplo

Al haber sufrido el martirio de regímenes represivos y el impacto de numerosas guerras civiles, los Estados y la sociedad civil de latinoamérica han sido algunos de los principales defensores y promotores de la idea de una Corte Penal Internacional (CPI) permanente y la adopción de su tratado fundacional, el Estatuto de Roma.

En América del Norte, los grupos de derechos también han sido algunos de los defensores más firmes del establecimiento de la CPI. El gobierno de los Estados Unidos ha tenido una relación accidentada con la Corte, pero ha aumentado su cooperación bajo la administración de Obama. Por otro lado, Canadá ha comenzado a reasumir su papel como un importante defensor de la justicia internacional.

Dado que muchos países de la región están enfrentando la violencia crónica de la transición, que a menudo traspasa las fronteras, el apoyo de los Estados en las Américas es crucial en la lucha mundial contra la impunidad.

Desde 1999, la región ha demostrado su apoyo a la CPI mediante la adopción de resoluciones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA). El apoyo de los Estados de la OEA es hoy más indispensable que nunca para visibilizar la importancia del compromiso continuo y la cooperación entre la OEA y la CPI, y preservar el mensaje de unidad en una región que históricamente ha impulsado no sólo a la CPI como institución, sino también los principios que la rigen.

El continente americano también ha aumentado su apoyo a los esfuerzos de la lucha contra la impunidad dentro del sistema del Estatuto de Roma, incluso entre sus Estados no miembros.

Después de una intensa campaña contra la CPI durante el gobierno de George W. Bush, las relaciones entre Estados Unidos y la CPI comenzaron a mejorar en 2009 con la administración de Barack Obama, en los casos en que esto respondía a intereses nacionales estadounidenses.

Históricamente, ha existido una alta participación y un gran compromiso con la CPI de parte de numerosos funcionarios de la región de las Américas. Entre ellos, el ex Fiscal de la CPI Luis Moreno Ocampo de Argentina y numerosos jueces de la CPI de países como Brasil, Costa Rica y Bolivia.

En cooperación con organizaciones clave de la sociedad civil, la Coalición por la CPI monitorea estrechamente los principios del sistema del Estatuto de Roma en la región; trabaja para lograr la ratificación universal; brinda información actualizada sobre los acontecimientos de la CPI; colabora con organizaciones regionales como la OEA para ampliar el conocimiento de la Corte y su mandato; y supervisa la implementación de las definiciones de los crímenes y las disposiciones del Estatuto de Roma para cooperar con la CPI en las leyes nacionales.