A pesar de no contar con la ratificación, la firma del Estatuto de Roma crea la obligación de buena fé de abstenerse de cometer actos que atenten contra el objeto y el propósito del Estatuto. Mientras que los juristas internacionales no están seguros sobre la legalidad de la "anulación" de una firma, muchos han acogido con beneplácito las renovadas relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y la CPI como un posible signo de la voluntad del país de reabrir las conversaciones sobre ratificación o adhesión.
Estados Unidos ha adoptado una política que favorece el apoyo a la Corte en los casos que promuevan los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos. La Coalición de ONG Americanas por la CPI (AMICC, por sus siglas en inglés) resaltó en 2016 que Estados Unidos había considerado todos los casos de la CPI hasta ese momento para promover dichos intereses y que la ley de EE.UU., de hecho, permite un apoyo similar limitado en función de cada caso.
Como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos tiene la responsabilidad particular de salvaguardar la paz y la seguridad globales, lo que incluye referir situaciones evaluadas de atrocidades a la CPI en ausencia de caminos alternativos para la justicia. A pesar de que Estados Unidos se abstuvo en la votación por la resolución de 2005 del Consejo que buscaba remitir la situación en Darfur a la CPI, sí participó de la votación para referir la situación de Libia en 2011.
Hasta que Estados Unidos se convierta en miembro de la CPI o ponga en línea sus leyes con las del Estatuto de Roma, puede demostrar su renovado compromiso ejerciendo su influencia en el Consejo para frenar las prácticas abusivas del veto y asegurar que los intereses políticos no bloqueen misión de la Corte de mejorar la paz y la seguridad mundiales a través de la justicia y la rendición de cuentas.
Actividades de la sociedad civil
Hay un movimiento de la sociedad civil muy activo en Estados Unidos que promueve una relación duradera y productiva con la Corte. Muchos de estos actores de la sociedad civil forman la Coalición de ONG Americanas por la CPI (AMICC). El trabajo de estas ONG e individuos particulares va desde proveer asistencia legal práctica a la CPI, hasta hacer campaña y educar al público general, a los profesionales legales y a los responsables de la formulación de políticas nacionales.
La Coalición por la CPI ha apoyado durante mucho tiempo la participación de sus miembros de Estados Unidos en la Asamblea anual de los Estados Partes al Estatuto de Roma de la CPI. Durante la sesión anual en sí, la Coalición ha ayudado a través de la organización de sesiones estratégicas y eventos paralelos para mejorar las relaciones entre la CPI y EEUU o elevar la importancia de la justicia internacional en la agenda de asuntos exteriores del país.
