La responsabilidad del derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la ONU

En este artículo, Angela Patnode de la Coalición Internacional por la Responsabilidad de Proteger, escribe sobre cómo las dos nuevas iniciativas presentadas en la ONU la semana pasada pueden incrementar el coste político y el aislamiento de los Estados permanentes del Consejo de Seguridad si hacen uso  de su derecho de veto cuando se aborden situaciones de genocidio, crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad.

El veto a la situación de Siria acentúa la necesidad de una reforma del Consejo de Seguridad de la ONU

A pesar de que el término “veto” no se contempla en la Carta de las Naciones Unidas, su ejercicio por parte de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU—especialmente en situaciones de atrocidades masivas—posee un efecto devastador en la legitimidad de la ONU y afecta su objetivo principal: procurar justicia para las víctimas de este tipo de crímenes.

Muchos autores han criticado la estructura y los métodos de trabajo de la ONU, creada luego de la Segunda Guerra Mundial, por quedar desfasada, no ser representativa o poco coherente con los sistemas internacionales modernos. Pero no ha existido un proceso que haya dañado más la credibilidad de la ONU—en crisis como la de Siria, Palestina y Myanmar—como el uso del veto por parte de China, Francia, Rusia, Reino Unido o Estados Unidos.

La crisis en Siria, que ha causado hasta la fecha 3,8 millones de refugiados, 7,6 millones de desplazados internos y cerca de 200.000 muertos, es un crudo testimonio del daño real que el veto puede generar en la población.

Por supuesto, no se puede culpar de forma directa a los vetos del Consejo de Seguridad por estos crímenes que, según palabras del propio Secretario General Ban Ki-moon, deberían “despertar la conciencia global”.  Pero no es descabellado afirmar que estaríamos más cerca de una solución política si Rusia y China no hubiesen ejercido su derecho de veto en cuatro ocasiones en el caso Siria, en proyectos que contemplaban desde la condena de las violaciones de derechos allí cometidas, hasta la imposición de sanciones económicas para renovar el despliegue de observadores para supervisar el alto el fuego.

El uso del veto también paraliza los esfuerzos orientados a llevar ante la justicia a los autores de los delitos de genocidio, crímenes de guerra o de lesa humanidad. Por ejemplo, una de las resoluciones vetadas podría haber puesto fin a la impunidad (de personas de ambos lados del conflicto por crímenes de guerra y lesa humanidad) al permitir que la situación se remita a la Corte Penal Internacional (CPI). La semana pasada, por primera vez, el Secretario General pidió directamente a los gobiernos que remitiesen la situación de Siria a la CPI.

Recientemente, en julio de 2015, Rusia vetó una resolución que hubiera reconocido la masacre de 1995 en Srebrenica como genocidio. Como señaló el coordinador de la Coalición por la CPI William Pace, “al vetar esta resolución, Rusia ha puesto una nueva barrera para la reconciliación y el recuerdo. Conocer lo que pasó—y  cómo dejamos que eso pasara—es la única manera de honrar a las víctimas, mantener nuestra responsabilidad de proteger y prevenir genocidios futuros.”

Entonces, ¿qué se puede hacer? Los cuatro vetos en la situación de Siria nos han dado la oportunidad perfecta para replantear el uso del veto en el futuro cuando se trate de situaciones de genocidio, crímenes de guerra o de lesa humanidad.

El Código de Conducta y la declaración política conjunta de Francia y México  sobre el derecho de veto

Ambos documentos, el Códigos de Conducta y la declaración política de Francia y México sobre el derecho de veto se presentaron formalmente en la sede central de la ONU en Nueva York durante la apertura anual de la Asamblea General la semana pasada. El 30 de septiembre, Francia y México celebraron una reunión para crear conciencia entre los gobiernos, la sociedad civil y los medios de comunicación sobre esta declaración política. El 1 de octubre, el grupo ACT presentó y debatió sobre el Código de Conducta, a lo que le seguirá el “lanzamiento” formal del Código el día 23 de octubre, con ocasión del 70° aniversario de las Naciones Unidas.

Varios gobiernos han respaldado ya estos esfuerzos—en el reciente diálogo de la Asamblea General del 8 de septiembre sobre la Responsabilidad de Proteger, treinta y cuatrogobiernos expresaron su malestar y frustración con los miembros permanentes por el uso del veto y anunciaron su apoyo a la restricción del uso del mismo. En otras reuniones de la ONU, un total de sesenta y siete gobiernos se pronunciaron sobre la necesidad de limitar el veto en situaciones de atrocidades masivas.

Poner la justicia por encima de las políticas internacionales

¿Estas iniciativas harán imposible el uso del veto para los miembros permanentes? No. Incluso en el caso de que los miembros permanentes secunden la iniciativa de Francia y México o el Código de Conducta, ninguna de ellas es de obligado cumplimiento.

Sin embargo, con la suficiente presión, ambas iniciativas pueden incrementar el coste político de usar el veto e intensificar el aislamiento internacional de los Estados que hagan uso del mismo de una forma irresponsable. Por eso debemos pedir a nuestros gobiernos que respalden estas medidas.

Como ya se afirmó en una carta firmada por 34 organizaciones civiles que dan su apoyo a estas iniciativas, “los Estados pueden ayudar a que la política no se entrometa cuando se trate de la protección de ciudadanos en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU.”

Angela Patnode es responsable de Comunicaciones y Sensibilización en la Coalición Internacional por la Responsabilidad de Proteger

Más información: El veto contra la justicia en Siria acentúa la necesidad de reforma en el Consejo de Seguridad (enlace en inglés)

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