La sociedad civil y el proceso de paz y justicia en Colombia

El acuerdo alcanzado la semana pasada entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ha dado lugar a gran variedad de reacciones por parte de la sociedad civil. ¿Qué está pasando?

El acuerdo de la Habana prevé una jurisdicción especial para enjuiciar a los responsables, de ambos lados del conflicto, de los graves crímenes cometidos durante el mismo, excluyendo de forma explícita las amnistías por los crímenes de guerra y lesa humanidad presuntamente cometidos. Prevé, sin embargo, penas alternativas o reducidas para las personas que confiesen haber participado en los mismos y contribuyan a esclarecer la verdad de lo que allí ocurrió.

Mientras algunas de las disposiciones del acuerdo han sido bien recibidas por gran parte de la sociedad, como parte de la lucha contra la impunidad, otras se consideran insuficientes para rendir cuentas por los graves crímenes que han tenido lugar.

La Comisión Colombiana de Juristas expresó su conformidad con el acuerdo:

“El acuerdo sobre Jurisdicción Especial para la Paz es un instrumento ponderado para acabar con la impunidad y transitar hacia el fin del conflicto. El anuncio [hecho público el 23 de septiembre] demuestra la efectiva voluntad de paz del Gobierno colombiano y las Farc. […] Es positivo que el acuerdo alcanzado se haya construido con base en el criterio central de garantizar los derechos de las víctimas y, en consecuencia, tenga el propósito de acabar con el ciclo de impunidad en el que se encuentran sumidas las violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario acontecidas durante el conflicto armado, bien porque no cuentan con investigaciones genuinas y exhaustivas o bien porque las sentencias no han sido ejecutadas, para lo cual hay un compromiso para no beneficiarlas de amnistía o indulto y procesarlas a través de las Salas de Justicia y un Tribunal para la Paz. (dentro del marco de la Jurisdicción Especial para la Paz).”

Parlamentarios para la Acción Global celebró la adopción del acuerdo describiéndolo como

“Este primordial avance contribuirá a hacer efectivos los derechos de las víctimas a la justicia y la reparación, así como a garantizar la no repetición de los crímenes cometidos,  la vital reconciliación, así como una paz estable y duradera.”

Human Rights Watch expresó su apoyo a los esfuerzos de Colombia para alcanzar un acuerdo de paz y poner fin a años de sangre, pero al mismo tiempo que señaló que el acuerdo:

“…negaría la posibilidad de justicia a miles de víctimas de graves violaciones de derechos humanos y de derecho internacional humanitario, al permitir que los responsables no reciban un castigo genuino. Si bien la “Jurisdicción Especial para la Paz” ofrecería incentivos importantes para que los criminales confiesen sus delitos, esta también posibilitaría que los responsables de atrocidades masivas queden exentos de cumplir penas de prisión”

Corporación Humanas, Red Nacional de Mujeres, Sisma Mujer y la campaña “No es Hora de Callar”, una coalición de ONG colombianas que trabaja sobre la justicia y el género, celebraron el acuerdo al que llamaron “acto histórico” y reafirmaron su compromiso con el proceso de paz. Por otro lado, celebraron que ambas partes reconocieron en la negociación que la violencia sexual es uno de los más graves delitos cometidos con ocasión del conflicto armado. Al celebrar el establecimiento de la jurisdicción especial para la paz , las organizaciones pidieron al gobierno reconocer el tratamiento diferencial de la violencia sexual y reiteraron que los obstáculos que históricamente ha tenido el juzgamiento de la violencia sexual y las dificultades que enfrentan las mujeres para denunciar este tipo de hechos deben ser superados para que las víctimas puedan obtener reparación. Además, las organizaciones expresaron la necesidad de que dentro del procedimiento de justicia se incluyan a todos los responsables por acción, omisión, aquiescencia, tolerancia y facilitación. Por último, las organizaciones pidieron a las autoridades asegurar que durante la aplicación de las sanciones y penas, se tomen medidas para lidiar con las verdaderas causas que permitieron la comisión de este tipo de crímenes.

Amnistía Internacional mientras tanto declaró que el acuerdo alcanzado lleva un rayo de esperanza a los millones de víctimas de los abusos y violaciones de derechos humanos cometidos durante los largos 50 años de conflicto armado de Colombia, sin embargo:

“las imprecisas definiciones y las posibles amnistías hacen temer que no todos los responsables de abusos contra los derechos humanos se enfrenten a la justicia. La única manera de que Colombia deje atrás su turbulenta historia es garantizar que todos los responsables de la tortura, homicidios, desapariciones forzadas, delitos de violencia sexual o desplazamiento forzado de millones de personas que se han cometido por todo el país rinden finalmente cuentas de sus delitos […] El hecho de centrarse en quienes sean considerados los “máximos responsables” podría dar lugar a que muchos autores de abusos contra los derechos humanos eludan la justicia, pues el concepto no está definido con claridad. Se teme también que resulte difícil conseguir que se dicten sentencias condenatorias en el caso de determinados delitos, como las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual.”

International Crisis Group declaró que algunas cuestiones aún están pendientes, pero creen que el acuerdo es:

“un planteamiento equilibrado e inteligente para enfrentar el difícil dilema que plantea un conflicto que ha dejado más de seis millones de víctimas […] Este acuerdo sobre justicia transicional  es un avance eficiente, correcto e inteligente. Si se implementa de forma correcta, puede servir de ejemplo para la resolución de otros conflictos en el mundo. Son buenas noticias para Colombia y su región.”

La coordinadora de la Coalición por la CPI para las Américas Michelle Reyes-Milkcomentó que el acuerdo nos permite ser cautelosamente optimistas.

Colombia ha estado bajo examen preliminar de la CPI desde 2004. La Fiscalía continúa examinando si existen investigaciones y procesamientos genuinos a nivel nacional por los graves crímenes cometidos en el país desde 2002.

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