Costa de Marfil pone a la Corte Penal Internacional entre las cuerdas

Durante dos décadas, Costa de Marfil estuvo asolada por un ciclo sin precedentes de violencia que culminó en una rebelión armada el 19 de septiembre de 2002 y una crisis post-electoral, que duró desde noviembre de 2010 hasta mayo de 2011.

Al encontrarse con números escalofriantes, al menos 3.000 personas muertas en los enfrentamientos, miles de heridos, desapariciones y violaciones, la CPI abrió una investigación en 2011. Cuatro años después, las opiniones sobre las diversas acciones tomadas por la CPI siguen tan divididas como dividida sigue la sociedad. De hecho, en Costa de Marfil, que adhirió el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional el 15 de febrero de 2013, sigue estando muy presente en el día a día la violencia, los problemas electorales y la mala administración de justicia.

Muchas de las expectativas judiciales no se han cumplido allí donde la justicia era imperativa. En ocasiones, la imagen de la CPI es la de un tribunal que promueve la justicia de los vencedores y que no es cercana a la población que se supone tiene que proteger. Al mismo tiempo, la Unión Africana no mantiene buenas relaciones con la Corte. Pero en Costa de Marfil, por primera vez en la historia de la Corte, un antiguo Presidente está siendo procesado tras haber terminado su mandato.

La necesidad de tomar medidas en el caso de Costa de Marfil era evidente tras la sucesión de varios episodios violentos. Así, se han implementado algunas medidas de justicia transicional para poder esclarecer la verdad de los hechos y determinar la responsabilidad a nivel local. Entre ellas, se incluyen la Comisión para el Diálogo, la Verdad y la Reconciliación y la Comisión Nacional de Investigación. Los tribunales marfileños han desempeñado también un papel crucial a la hora de investigar ciertas situaciones relacionadas con la violencia post-electoral. Pero la sospecha y desconfianza general entre los habitantes de Costa de Marfil, así como la falta de credibilidad en las instituciones de la República han provocado resultados diversos por parte de todos estos órganos, y logran que la CPI luzca como una panacea capaz de esclarecer la verdad sobre lo ocurrido y llevar a los mayores responsables ante la justicia.

En el caso de Costa de Marfil, de hecho, se sabe que ambas partes del conflicto han cometido crímenes bajo la jurisdicción de la Corte durante las diferentes fases del proceso y pueden encontrarse culpables en ambos lados del conflicto. Sin embargo, la realidad actual muestra una imagen muy diferente. A día de hoy, solo tres personas están siendo perseguidas por la Corte: el antiguo Presidente Laurent Gbagbo, su mujer Simone Gbagbo y el joven líder de su partido político, Charles Ble Goude.

Hasta la fecha, ninguna persona del otro bando ha sido acusada o enjuiciada, ni se espera que esto ocurra. La situación es todavía más grave desde el punto de vista judicial nacional, ya que no se ha abierto ningún proceso contra nadie perteneciente al otro bando, que actualmente son quienes ostentan el poder. La Fiscal de la CPI anunció que abriría nuevas investigaciones para conocer qué ocurrió en el otro bando del conflicto, pero nada ha pasado, dejando la sensación de una justicia en favor de los vencedores.

Por ejemplo, la Sala de Cuestiones Preliminares III autorizó la investigación sobre la situación de Costa de Marfil el 3 octubre de 2011 y la Fiscal de la CPI emitió una orden de arresto contra el ex Presidente Laurent Gbagbo el 25 de octubre de 2011; tres semanas después. Fue transferido a La Haya el 30 de noviembre de 2011 gracias a una orden de la Sala de Cuestiones Preliminares III del 23 de noviembre de 2011. En este caso, tres semanas fueron suficientes para recopilar todas las pruebas y convencer a la Sala de Cuetsiones Preliminares de emitir una orden de arresto contra el Sr. Gbagbo, lo que nos permite plantearnos dudas sobre el retraso en la investigación sobre el otro bando del conflicto.

Cuando la justicia se presta sin retrasos y de forma apropiada, se manda el mensaje de que la lucha contra la impunidad es importante, reafirma las posiciones de las partes y restablece la credibilidad y legitimidad de la justicia.

Mientras la política penal de la CPI no tenga esto en consideración, la justicia con un enfoque secuencial, como ha ocurrido en la situación de Costa de Marfil, solo mostrará una verdad parcial sin dejar ver el otro lado del conflicto y siendo por tanto unidireccional. Esto puede provocar resentimientos y un sentimiento generalizado de insatisfacción, lo que a su vez puede generar nuevos deseos de venganza.

Por ejemplo, esto podría requerir que la Fiscalía de la CPI tome en cuenta la gravedad de los crímenes y la influencia de los posibles actores bajo investigación en la cadena política vigente. Esto mandaría una señal clara de que no importa la condición o rango que se ocupe, nadie puede quedar impune por la comisión de este tipo de crímenes.

Por supuesto, la CPI es la única jurisdicción que reconoce que las víctimas poseen un estatus legal. De hecho, el artículo 85 de las Reglas de Procedimiento y Prueba define el concepto de víctima de acuerdo con el derecho internacional. Además, es la única jurisdicción que involucra a las víctimas en el proceso, a través de la sección referente a la participación de las víctimas y su reparación en la Secretaría de la Corte.

A pesar de todo, lo más difícil para la Corte es que su posición se escuche y se entienda entre las comunidades afectadas.

En Costa de Marfil se han hecho muchos progresos desde 2012, en especial en lo que se refiere al apoyo a la participación y reparación de las víctimas y la Unidad de Información y Sensibilización. Pero su impacto no es todavía el esperado.

Todavía existen otras preocupaciones. La mayor parte de los cargos de los que Gbagbo ha sido acusado tuvieron lugar en la capital Abidjan, sin tener en consideración otras regiones del país. Una de las consecuencias directas de este hecho es que miles de víctimas en otras regiones del país (donde también tuvieron lugar asesinatos masivos, violaciones, crímenes de guerra, reclutamiento de niños soldados, y quizás incluso genocidio) no han sido incluidos en las investigaciones de la Corte.

No deberíamos pasar por alto que los procesos ante la CPI son complejos, lentos y con un lenguaje técnico que hace difícil su comprensión, y que en ocasiones requiere de una mínima formación para entenderlo.

Para concluir, la CPI, como un importante bastión para la justicia y la reconciliación, podría beneficiarse de una revisión de su política en Costa de Marfil teniendo más en cuenta el balance de las acusaciones, lo que le otorgaría mayor impacto a sus decisiones.

Este artículo se publicó por primera vez en el openDemocracy.

Suscríbete para recibir nuestras actualizaciones semananles y conocer las últimas novedades de la #JusticiaGlobal.