Por qué la justicia internacional sigue encontrando obstáculos

La posibilidad de hacer justicia en los casos de crímenes de lesa humanidad y  crímenes de guerra es hoy más desalentadora que en cualquier momento de las últimas dos décadas. El panorama político subyacente es menos favorable para la rendición de cuentas en comparación con los años noventa, cuando se establecieron los primeros tribunales internacionales tras el fin de la Guerra Fría y se completó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), piedra angular del sistema de justicia internacional, en 1998. Al mismo tiempo, existen nuevas e importantes oportunidades para buscar justicia a través de esfuerzos nacionales e internacionales.

Una característica de este cambio negativo es que la división entre los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es cada vez es más clara. El bloqueo tiene un impacto particular en la rendición de cuentas porque el Consejo puede pedir a la CPI que investigue a través de una "remisión", una herramienta especialmente poderosa para los países donde la CPI carece de autoridad dado que estos países no se han unido a la Corte.

El Consejo remitió la situación de Darfur (2005) y Libia (2011) al tribunal. Debido a la falta de apoyo internacional para los arrestos, estas dos remisiones han perturbado a la Corte y han representado muy poco para las víctimas.

La autoridad otorgada a la CPI en 1998, un hito en el compromiso de la comunidad internacional con la rendición de cuentas, se basó en un tratado internacional basado en el consentimiento negociado por los Estados. Sus disposiciones de arresto y cooperación pueden ser difíciles de implementar incluso entre aquellos que nominalmente aceptan ser obligados por la CPI.

Las remisiones del Consejo son una de las dos excepciones al régimen de consentimiento, pero incluso esta decisión puede ser bloqueada por un veto de cualquiera de los cinco miembros permanentes. La realidad es que los países que no aceptan el tratado quedan fuera y permanecen inmunes al alcance de la Corte.

No es de extrañar que los Estados más poderosos - Estados Unidos, China y Rusia - no hayan optado y no permitan que sus aliados más cercanos sean objeto de una remisión del Consejo de Seguridad. Es sorprendente que los conflictos armados marcados por crímenes graves proliferen en países que no son miembros de la CPI. A medida que se sacrifican civiles sin acceso a la reparación, las limitaciones inherentes a la estructura de la Corte quedan a la vista, y la corte, equivocadamente, recibe la culpa.

Si bien hay una mayor necesidad de justicia, también hay menos voluntad financiera para sostenerla. Varios de los mayores contribuyentes gubernamentales al presupuesto de la CPI insisten en que la CPI debe mantener los costos con un "crecimiento nominal cero". Ante la creciente demanda de la Corte, algunos de estos grandes Estados contribuyentes están llevando a la corte a un estándar que infringe la capacidad del fiscal de abrir nuevas investigaciones o de ocuparse adecuadamente de las existentes.

Frente a estos desafíos, no obstante, se han producido varios acontecimientos notables.

Los líderes de la CPI están tratando de aprender de los errores anteriores, hacer cambios y guiar a la institución en la dirección que necesita. Esto es claro en algunas áreas clave:

• En la Fiscalía, sus equipos están tratando de crear casos "listos para el juicio" en una instancia mucho más temprana, en vez de correr el riesgo de no contar con las pruebas suficientes cuando las investigaciones se vuelven más difíciles. Los fiscales también están confiando más en la evidencia forense.
• Los jueces han identificado un conjunto de las mejores prácticas para fomentar una gestión más eficiente y eficaz de los procedimientos.
• El Secretario, en medio de la controversia, ha completado una reorganización interna, reforzando la presencia de la corte en países donde realiza investigaciones. Esto es crítico para que el proceso tenga sentido en las comunidades más afectadas por los crímenes.
   

Todas las investigaciones de la CPI menos una han sido en África. Esto generó una fuerte reacción en contra la corte por parte de un pequeño número de líderes africanos que temían que la autoridad de la CPI llegara a ellos. También se convirtió en una fuente de críticas entre algunos que apoyaban la justicia, pero creían que el tribunal necesitaba ampliar su trabajo a otras regiones. Sin embargo, muchas organizaciones de la sociedad civil africana y varios gobiernos del continente han defendido a la CPI y pueden haber estancado esta corriente.

Sin embargo, la peor oposición a la Corte podría venir desde Rusia y Estados Unidos. En las Naciones Unidas, Rusia ha rechazado vengativamente a la CPI en respuesta a la decisión de la fiscal Fatou Bensouda de investigar los crímenes derivados del conflicto de agosto de 2008 entre Georgia y la región separatista de Osetia del Sur, un protectorado ruso, así como el examen en curso de su oficina sobre la situación en Ucrania.

Mientras tanto, la Fiscal está considerando abrir una investigación en Afganistán que podría considerar, entre otros delitos, crímenes que habrían sido cometidos por las fuerzas armadas de los Estados Unidos y el personal de la CIA. Los presuntos delitos cometidos en el territorio de un Estado miembro de la CPI (Afganistán) constituyen la segunda vía para los ciudadanos de los Estados que no se han unido a la CPI.

A pesar de que cualquier intento de abrir una investigación en Afganistán deberá ser aprobado por un panel de jueces antes de que la Fiscal pueda proceder, la reacción negativa de Washington probablemente será severa. Históricamente, Estados Unidos ha apoyado, de forma selectiva y de manera desigual, a la CPI, pero someter a los ciudadanos de los Estados Unidos a los tribunales internacionales ha sido un límite claro. Una investigación en Afganistán que incluya un examen sobre los abusos estadounidenses podría ser un cambio en juego de la justicia, extendiendo el alcance de la justicia a los Estados Unidos, que ha sido una "zona libre de rendición de cuentas" para los crímenes más graves cometidos por sus fuerzas.

Indudablemente, una investigación en Afganistán también podría conducir a un período mucho más tempestuoso y contencioso para la Corte. Si esto ocurre, es probable que el papel de los 124 Estados miembros de la Corte sea crítico. Si se acelera y se deja claro que la CPI es su tribunal y se le debe permitir llevar a cabo su importante trabajo libre de interferencias políticas externas, se podría inclinar la balanza.

El próximo 20° aniversario del Estatuto de Roma - 17 de julio de 2018 - puede ofrecer este punto de reunión. El documento fundacional de la CPI, aunque imperfecto, representa un importante logro histórico cuando la impunidad, y no la justicia, ha sido por mucho tiempo la norma.
 

Acerca de Human Rights Watch

Human Rights Watch es una organización no gubernamental de derechos humanos, sin fines de lucro, compuesta por aproximadamente 400 personas de todo el mundo. Su personal está formado por profesionales de los derechos humanos, incluidos expertos de los países, abogados, periodistas y académicos de diversos orígenes y nacionalidades.

Establecida en 1978, Human Rights Watch es conocida por su información exacta, información imparcial, uso efectivo de los medios de comunicación y promoción sobre temas específicos, a menudo en asociación con grupos locales de derechos humanos.

Cada año, Human Rights Watch publica más de 100 informes y resúmenes sobre las condiciones de derechos humanos en unos 90 países, generando una amplia cobertura en medios locales e internacionales. Human Rights Watch se reúne con los gobiernos, las Naciones Unidas, los grupos regionales como la Unión Africana y la Unión Europea, instituciones financieras y corporaciones para presionar por cambios en las políticas y prácticas que promueven los derechos humanos y la justicia en todo el mundo.

Sobre el autor

Richard Dicker, director del programa de justicia internacional de Human Rights Watch desde su fundación en 2001, ha trabajado en Human Rights Watch desde 1991.

Comenzó a trabajar en temas de justicia internacional en 1994 cuando Human Rights Watch intentó llevar un caso ante la Corte Internacional de Justicia acusando al gobierno de Irak de genocidio contra los kurdos. Posteriormente Dicker dirigió la campaña plurianual de Human Rights Watch para establecer la Corte Penal Internacional (CPI). Sigue participando estrechamente en asuntos que son importantes en la CPI.

También ha pasado los últimos años dirigiendo esfuerzos de promoción que instan a la creación de mecanismos eficaces de rendición de cuentas. Vigiló el juicio de Slobodan Milosevic en La Haya e hizo muchos viajes a Irak antes y al comienzo del juicio de Saddam Hussein. Ex abogado de derechos civiles en Nueva York, Dicker se graduó de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York y recibió su LLM de la Universidad de Columbia.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés en el The Washington Post. Esta es una traducción informal de la Coalición por la Corte Penal Internacional.