Libia: La importancia de la disuasión y el papel de la CPI en las actuales violaciones
En 2017, la Corte Penal Internacional (CPI) publicó dos nuevas órdenes de arresto, ambas como parte de la investigación en curso de la Fiscalía sobre presuntos crímenes del Estatuto de Roma cometidos en el contexto de la situación en Libia desde el 15 de febrero de 2011. La situación en Libia, un Estado que no pertenece a la CPI, fue remitida a la CPI por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 26 de febrero de 2011.
La primera de las órdenes de arresto de la CPI, desclasificada en 2017 para crear nuevas oportunidades para su ejecución, se emitió el 18 de abril de 2013. Dicha orden acusa a Al-Tuhamy Mohamed Khaled de crímenes de lesa humanidad y de crímenes de guerra presuntamente cometidos en 2011. La segunda orden, emitida en 2017 acusa a Mustafa Busayf al-Werfalli, un comandante del Ejército Nacional de Libia, de una presunta participación directa en el asesinato como crimen de guerra en julio de 2017.
Esto se suma a dos órdenes de arresto de 2011 que surgieron de la investigación de la Fiscalía: una orden aún pendiente contra Saif al-Islam Gaddafi; y otra contra Abdullah Al-Senussi, sujeta al resultado de los procedimientos de apelación nacionales.
Mientras el Estatuto de Roma se acerca a su 20° aniversario el 17 de julio de 2018, las dos órdenes de detención de Libia desclasificadas en 2017 representan un importante avance para la historia de la justicia por crímenes internacionales y violaciones graves de los derechos humanos en el siglo XXI.
Como demuestra la organización de la sociedad civil Lawyers for Justice in Libya (LFJL) en su primer informe de monitoreo desde el lanzamiento de su Archivo de Derechos Humanos en diciembre de 2016, el conjunto de pruebas de violaciones de derechos humanos en el país sólo está creciendo. Las fortalecidas respuestas en el orden jurídico internacional siguen siendo una pieza crucial para el desarrollo de procesos de justicia transicional en situaciones de conflicto actuales.
Para la Fiscalía, esto ha significado un análisis de su mandato, a donde sea que esto conduzca, como la inclusión de nuevos tipos de violaciones graves dentro de una situación, como los presuntos crímenes contra migrantes en Libia, a pesar de la no ejecución de sus actuales órdenes de arresto, la escasez de recursos y la falta de cooperación de los Estados. Para LFJL, esto ha significado la construcción de una red de la sociedad civil comprometida con la preservación de la verdad y con el objetivo de ejercer presión donde más se necesita: en los gobiernos, como el Estado libio, y en mecanismos legales como la CPI. Por otro lado, el Consejo de Seguridad aún necesita construir una voluntad sólida para llevar a cabo un seguimiento al apoyo que se le presta a la CPI en los casos de remisiones, como el caso de Libia, donde el seguimiento y el apoyo del Consejo en el cumplimiento de las órdenes de arresto pendientes han brillado por su ausencia.
La reunión de noviembre de 2017 de la Red de Monitoreo y Archivo de Justicia, organizada por LFJL como parte de su proyecto de Archivo de Derechos Humanos, así como la sesión de diciembre de 2017 de la Asamblea de los Estados Partes (AEP), el órgano de gobierno de la CPI, son sólo algunos de los encuentros claves para garantizar que todos los actores de la justicia internacional conozcan cuál es su papel y sean consientes de que aún queda mucho trabajo por delante en el marco del vigésimo año del Estatuto de Roma.
La 16° AEP hace foco en la CPI en Libia
El miércoles 6 de diciembre de 2017, Lawyers for Justice in Libya (LFJL) y la Misión de los Países Bajos ante la ONU copatrocinaron un evento paralelo a los encuentros de la Asamblea de los Estados Partes (AEP) titulado "La importancia de la disuasión y el rol de la CPI en las violaciones actuales". El panel abordó el trabajo de la CPI sobre Libia, así como los actuales desafíos masivos de justicia que enfrenta el país. Alex Whiting, profesor de práctica de la Harvard Law School moderó el panel.
El Fiscal Adjunto de la CPI James Stewart habló sobre los desafíos de la CPI en la situación de Libia, haciendo hincapié en la falta de recursos que enfrenta la Corte. Discutió las investigaciones en curso en Libia por crímenes relacionados con el levantamiento de 2011 y explicó cómo la Fiscalía ahora investiga los "nuevos crímenes" cometidos después del levantamiento, incluidos aquellos cometidos contra los migrantes por traficantes y contrabandistas como la tortura y la explotación sexual. Stewart enfatizó que la Corte actualmente está estudiando si estos crímenes recaen dentro de la jurisdicción de la CPI. Destacó el papel crucial que pueden cumplir los Estados bajo el Objetivo estratégico 9 de la Fiscalía, que pide a la Fiscalía "desarrollar con sus socios una estrategia coordinada de investigación y enjuiciamiento para cerrar la brecha de impunidad", en particular ejecutando las órdenes de arresto.
Jennifer Trahan, Profesora Clínica Asociada en el Centro para Asuntos Globales de la Universidad de Nueva York, habló sobre el desafío que enfrenta la CPI en relación con la no ejecución de sus órdenes de arresto, y sugirió la necesidad de que el Consejo de Seguridad, la AEP y la Corte impongan costos significativos a los Estados que no prestan cooperación. Señaló también que la no ejecución de las órdenes de arresto podría socavar el impacto disuasorio de la Corte. La Profesora Trahan luego discutió sus preocupaciones con el principio de complementariedad bajo el Estatuto de Roma ilustrado por la situación de Libia. Argumentó que, como parte de la impugnación a la admisibilidad en el caso de Al-Senussi, la Cámara de Apelaciones estableció un estándar muy pobre en cuanto a la complementariedad cuando dictaminó que, para que el caso sea admisible ante la CPI, los procedimientos nacionales tendrían que "carecer por completo de imparcialidad" de forma tal que no proporcione "ninguna forma genuina de justicia". Ella concluyó que esto sienta un precedente problemático al considerar un juicio nacional profundamente defectuoso como un acto de complementariedad satisfactorio, como ha sucedido en la situación de Senussi hasta la fecha. Señaló también que el Estatuto de Roma, al abarcar sólo a aquellos Estados que "no tienen la voluntad" o son "incapaces", no presta suficiente atención a una situación igualmente problemática: cuando "todos están demasiado dispuestos", es decir, el deseo de enjuiciar excesivamente a los miembros del ex régimen sin asegurar suficientes garantías para lograr un juicio justo.
Fleur Ravensbergen, Directora Adjunta del Grupo Asesor de Diálogo, aportó un punto de vista único al panel al hablar de su trabajo en la interacción directa con líderes de grupos armados con el objetivo de facilitar el diálogo político para reducir la violencia en situaciones de conflicto. Explicó que, aunque reconoce que sus acciones son inaceptables, el objetivo es adoptar un enfoque más positivo al aceptar que estos grupos armados pueden cambiar su comportamiento. En este contexto, destacó que los grupos armados reconocen la existencia de la CPI y le prestan atención a su trabajo. La Sra. Ravensbergen señaló que, como resultado, los grupos armados a veces adaptan su comportamiento en conflicto para evitar una investigación de la CPI. Ella concluyó que, hasta cierto punto, la CPI juega un papel disuasorio en los grupos armados.
Finalmente, Elham Saudi, Director de Lawyers for Justice in Libya, reflexionó sobre las investigaciones llevadas a cabo por la CPI en Libia. Pidió, entre otras cosas, al Fiscal Adjunto de la CPI hacer más en la situación en Libia e insistió en que la Corte debería recuperar su relación con la gente que trabaja sobre el terreno en Libia, incluida la sociedad civil, ya que la imagen de la Corte ha decaído entre el público libio. La Sra. Saudi habló de los informes más recientes sobre el comercio de esclavos en Libia y pidió a la CPI que investigue los presuntos delitos de trata y esclavitud. También pidió al Consejo de Seguridad de la ONU que adopte sanciones contra los perpetradores.
