BOLETÍN DE #JUSTICIAGLOBAL 

Justicia por Siria luego del ataque químico

La sociedad civil a condenado de forma generalizada el presunto ataque con armas químicas contra civiles en Douma, Siria. Según la información recolectada, el ataque habría asesinado al menos a 60 personas y herido a otras 1000.

Kenneth Roth de Human Rights Watch (HRW) ha descripto el ataque como un crimen de guerra atribuido al gobierno sirio. El Accountability, Coherence and Transparency Group (ACT) también emitió una declaración para pedir al Consejo de Seguridad de la ONU (CSNU) que tome medidas sobre la violencia y el uso de armas químicas en Douma. El CSNU expresó su preocupación por la escalada de violencia.

En una reunión de emergencia sobre el tema realizada esta semana, Staffan de Mistura, el Enviado Especial para Siria de la ONU, dijo que es prioridad asegurar la protección de civiles en las áreas de conflicto. Francia, destacó que toda la evidencia señala que el régimen de Assad utilizó armas con cloro en contra de civiles, describió las acciones como “terrorismo de Estado que constituyen crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad”. Los representantes de Siria rechazaron estas acusaciones. El Secretario General de la ONU emitió una declaración la última semana para pedir a todas las partes que respeten la Resolución del CS 2401 y exijan un cese del fuego en el Estado.

Un grupo de 15 ONG, entre ellas los miembros de la Coalición REDRESS, No Peace Without Justice, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), TRIAL International, Open Society Justice Initiative y la organización hermana de la Coalición el World Federalist Movement publicaron una carta abierta para pedir a la UE y la ONU que aseguren la rendición de cuentas por los crímenes cometidos durante el conflicto en la “2° Conferencia de Bruselas” el 24 de abril , y prioricen las necesidades humanitarias. HRW también pidió al The Friends of Syria Group que tratarán los crímenes de guerra y la impunidad en el conflicto en la próxima “2° Conferencia de Bruselas’. 

El miércoles, Amnistía Internacional (AI) anunció que había recolectado y entregado 115.000 firmas a través de un petitorio para pedir justicia para Siria al "International, Impartial and Independent Mechanism" (IIIM), organismo creado en 2016 para recolectar expedientes judiciales que pueden ser utilizados por cualquier jurisdicción capaz de actuar en contra de los responsables de los principales crímenes de Siria. La FIDH y el Centro Sirio de Medios de Comunicación y Libertad de Expresión (CSM) lanzaron la página web, Siria, en busca de justicia, para conmemorar el 7° aniversario de la devastadora guerra en Siria. La FIDH y el CSM, en solidaridad con las víctimas sirias, apuntan a sacar a la luz las atrocidades cometidas por todas las partes en el conflicto, ambos organismos están actualmente involucrados en 4 casos en curso en Francia contra individuos presuntamente responsables de atrocidades en Siria: el caso Dabbagh, la investigación Ceasar, el caso Baba Amr y el caso Qosmos.

Mientras tanto, la Comisión de Investigación de la ONU sobre Siria ha informado sobre crímenes sexuales y de género generalizados en todas las partes del conflicto. El informe encontró que las violaciones y la violencia sexual fueron cometidas principalmente por el gobierno y las milicias progubernamentales, como crímenes de lesa humanidad. Las atrocidades cometidas por el Estado Islámico en el Iraq y el Levante, que incluyen lapidación de mujeres, ejecución de minorías sexuales y matrimonios forzados, también fueron denunciadas y catalogadas como crímenes de guerra.

El tribunal de justicia de Colombia comienza a trabajar

El Tribunal de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia comenzará la recopilación de pruebas y la preparación de las primeras audiencias relacionadas con la guerra de cinco décadas en Colombia. El tribunal se estableció en virtud de un acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno colombiano y los rebeldes de las FARC para juzgar los casos "más representativos de la violencia de la guerra". Los líderes de las FARC deberán presentar pruebas de su participación en asesinatos, violencia sexual, secuestros, atentados con bombas y otros delitos. Si se los encuentra culpables, serán condenados a un máximo de cinco a ocho años de trabajos de restauración. Hasta el momento, casi 4600 combatientes de las FARC y 1800 miembros de las fuerzas armadas de Colombia han presentado testimonios a la JEP.

A pesar del inicio de la JEP, el gobierno colombiano ha sido criticado por no implementar el plan de paz ni procesar a los generales de las fuerzas armadas acusados de matar civiles bajo el pretexto de combatir a la guerrilla (falsos positivos). A la vez, un informe de la ACNUDH acusó a los militares de participar en el tráfico de drogas y la minería ilegal. También señaló con preocupación el asesinato de defensores de los DDHH y trabajadores sociales. La ACNUDH registró el asesinato de 84 defensores de DDHH y 23 miembros de de organizaciones sociales.

Muere el genocida guatemalteco Rios Montt

Efraín Ríos Montt, ha muerto de un ataque al corazón a la edad de 91 años. El ex Dictador de Guatemala fue condenado en 2013 de genocidio por intentar exterminar al grupo étnico Ixil, una comunidad Maya, que fueron víctimas de masacres, violaciones y torturas bajo su política “tierra arrasada” durante sus 17 meses de gobierno entre 1982 y 1983.

AI reconoció su condena como un "hito para la justicia". HRW definió el resultado como un "paso sin precedentes hacia el establecimiento de la justicia y la rendición de cuentas" para las víctimas de la guerra civil de Guatemala. Él fue sentenciado a 80 años de prisión, pero después de su condena fue anulada por irregularidades en el juicio. Estaba siendo juzgado por segunda vez en ausencia al momento de su muerte.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU dijo que su muerte destaca la urgencia de asegurar justicia para las víctimas de graves violaciones a los DDHH.

La Fiscal de la CPI busca jurisdicción para las deportaciones Rohingya  

La Fiscal de la CPI presentó un pedido a los jueces de la Corte para determinar si existe jurisdicción para juzgar los desplazamientos forzados de los Rohingyas de Myanmar a Bangladesh. Myanmar no es un Estados miembros a la CPI, sin embargo Bangladesh sí. Esta decisión ha sido bien recibida por la sociedad civil, Param-Preet Singh de Human Rights Watch afirmó que el pedido “sin precedentes” de Bensouda demuestra la gravedad de la situación de Myanmar. Singh también destacó que aún se pide una remisión del Consejo de Seguridad para asegurar una completa jurisdicción sobre los crímenes presuntamente cometidos en contra de los Rohingyas en Myanmar. 

AI también celebró la decisión y afirmó que esto enviaba "un mensaje claro al ejército de Myanmar de que la comunidad internacional está explorando todas los caminos para asegurar justicia por todos los terribles crímenes que han sido cometidos".

Esto significa que es probable que el único crimen que la corte puede procesar sea la deportación como crimen de lesa humanidad, dado que ocurrió de manera parcial en el territorio de Bangladesh. Todos los otros crímenes presuntamente cometidos por las fuerzas armadas de Myanmar en contra de la población Rohingya, como los crímenes sexuales, la persecución y el asesinato, quedarán fuera del alcance de la jurisdicción de la CPI a pesar de que los jueces decidan a favor del pedido de la Fiscal.

El 11 de abril, el Juez Antoine Kesia‐Mbe Mindua de la CPI, Presidente de la División de Cuestiones Preliminares, aceptó el pedido de un fallo y lo asignó a la Sala de Cuestiones Preliminares 1.

La audiencia de confirmación de cargos de Al Hassan será el 24 de septiembre de 2018

Las autoridades de Malí entregaron a Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud (Al Hassan) a la CPI el 31 de marzo de 2018 luego de la emisión de la orden de arresto en su nombre el 27 de marzo de 2018. Al Hassan realizó su primera comparencia ante la Sala de Cuestiones Preliminares I el 4 de abril de 2018. El juez Marc Perrin de Brichambaut, estableció la fecha provisoria para la confirmación de cargos el 24 de septiembre de 2018.

La Coalición de Malí por la Corte Penal Internacional (CPI) celebró la entrega de Al Hassan a la CPI e instó al gobierno de Malí a continuar con su lucha contra la impunidad y pidió a la sociedad civil a movilizarse en un esfuerzo conjunto en pos de lucha contra la impunidad. 

La Fiscal de la CPI Fatou Bensouda emitió una declaración sobre el arresto y la transferencia de Al Hassan, donde expresó que esto envía un fuerte mensaje a todos aquellos que cometen crímenes que afectan la conciencia de la humanidad. También expresó su aprecio por la cooperación del gobierno de Malí.

Women’s Initiatives for Gender Justice celebró el foco del caso sobre los crímenes sexuales y de género presuntamente cometidos por Al Hassan, como la esclavitud sexual y otros actos inhumanos.

Filipinas presenta su notificación para retirarse de la CPI ante la ONU

La oficina de tratados de la ONU ha confirmado la recepción de la notificación formal de Filipinas para retirarse del Estatuto de Roma (ER). El retiro se hará efectivo 1 año después de la notificación. Por lo que su retiro tendrá poco efecto en los procedimientos actuales hasta la fecha en que el retiro se vuelva efectivo. Como en el caso de Burundi, la Corte retiene su jurisdicción sobre los crímenes cometidos en el tiempo que el Estado era parte al ER, incluso después de que se haga efectivo el retiro.

La CPI expresó su preocupación por esta decisión y alentó a Filipinas a permanecer en la familia de la CPI. "La Corte desea reafirmar que las participación de los Estados en el ER y su continuo apoyo al cumplimiento de su mandato independiente e imparcial es esencial para los esfuerzos globales para asegurar la rendición de cuentas y fortalecer el Estado de derecho." También destacó que la situación de Filipinas es un examen preliminar, no una investigación y que en todo caso la responsabilidad primaria de investigar le corresponde a Filipinas. AI también emitió un comunicado.

Palestinos asesinados durante las protestas de Gaza 

La Fiscal de la CPI ha emitido una declaración luego de que se confirmara la muerte de 15 personas, y que otras 1000 fueron heridas tras el uso de municiones vivas por parte de la Fuerza de Defensa Israelí (FDI) durante las protestas en Gaza el 30 de abril de 2018. Bensouda emitió una declaración donde afirmó que su oficina "continuará vigilando de cerca la situación y registrará cualquier instancia donde se incite o se recurra a la fuerza ilegal. Insto a todos los interesados ​​a abstenerse de promover esta trágica situación".

Informes de HRW y AI, basados en los registros de imágenes del incidente, declararon que los manifestantes fueron disparados mientras caminaban lentamente hacia la frontera desarmados, mientras se retiraban, y algunos fueron disparados mientras tiraban piedras y molotovs a las FDI. 

HRW también declaró que los incidentes destacan la importancia del inicio de las investigaciones formales por parte de la CPI sobre los presuntos crímenes cometidos en Palestina. El jefe de la Liga Árabe, Ahmed Aboul-Gheit, expresó su apoyo al pedido de Guterres para iniciar una investigación. También dijo que la Liga Árabe quiere que el incidente sea investigado por la CPI. 

Las protestas fueron parte de una conmemoración anual de los palestinos contra la apropiación de sus tierras en 1976: día de la tierra. Alrededor de 30.000 personas participaron en la marcha en varios lugares de Gaza, principalmente en la frontera de Israel y Gaza. Se esperan protestas similares en todos los territorios palestinos en el periodo previo al 15 de mayo; el día conocido por los palestinos como al-Nakba, cuando aproximadamente 800.000 palestinos fueron forzosamente desplazados de sus tierras durante la guerra de 1948.

El ministro de Defensa israelí, Avigdor Liberman, dijo después del incidente que las FDI continuarán disparando contra los habitantes de Gaza que se acerquen a la cerca fronteriza: "cualquiera que se acerque a la valla pondrá en peligro sus vidas".

Peter Lewis fue elegido como el nuevo Secretario de la CPI

El 28 de marzo de 2018, los magistrados de la CPI eligieron a Peter Lewis del RU como el nuevo Secretario de la CPI que reemplazará a Herman von Hebel una vez que finalice su período el 16 de abril de 2018. Lewis tiene 10 años de experiencia como Director Ejecutivo de Crown Prosecution Service en Inglaterra y Gales, y se desempeñó como Presidente de la Criminal Justice Efficiency Board.

Mientras hacía campaña para el puesto de Secretario de la CPI, Lewis completó un cuestionario de la Coalición, en el que opinó que el principal desafío para la CPI en los últimos años ha sido la eficiencia y organización dentro de la Corte y la Secretaría, y una mejor planificación y transparencia en relación con las finanzas de la Corte. 

El Secretario de la CPI se define en el artículo 43 (2) como el principal funcionario administrativo de la Corte, y se encuentra bajo la autoridad del/de la presidente de la CPI. Será responsable del funcionamiento no judicial del tribunal, independientemente del/de la Fiscal de la CPI (Artículo 42(1) y 43(1)).

Informe conjunto para tercer EPU de México 2018: Crímenes de lesa humanidad en el marco de la lucha contra las drogas

México ha acumulado cifras alarmantes de asesinatos, actos de tortura y desaparición forzada desde que el 11 de diciembre de 2006, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa puso en marcha una estrategia de guerra contra las drogas que ha sido continuada por el Presidente Enrique Peña Nieto. Ello ha provocado una escalada de violencia en el país sin precedentes que ha producido un número indeterminado de víctimas directas e indirectas. Además, cientos de miles de personas se han visto forzadas a huir de sus hogares como resultado de la violencia generalizada, los enfrentamientos armados y por las violaciones a los DDHH. Estos crímenes, constituyen crímenes de lesa humanidad ya que en algunas regiones del país hay elementos suficientes para afirmar que se cometen de manera generalizada y en ocasiones sistemática en contra de la población civil. Ver el informe completo

Investigaciones de la CPI

República Centroafricana: El Centro Internacional para la Justicia Transnacional ha publicado un informe sobre la no repatriación voluntaria de los refugiados musulmanes y Peuhl de la RCA de Camerún y Chad. El informe muestra que la discriminación racial, étnica y religiosa generalizada son una causa importante de inestabilidad en el país.

Burundi: El Presidente de Burundi Pierre Nkurunziza ha establecido que el 17 de mayo de 2018 es la fecha del referendum para extender el mandato presidencial de cinco a siete años. El mandato actual de Nkurunziza – su tercero en funciones – expira en 2020. La Comisión de Investigación sobre Burundi ha acusado a los funcionarios por acosar y amenazar a los que se oponen a las enmiendas constitucionales.

Georgia: Los residentes de Abkhazia y Osetia del Sur con ciudadanía rusa votaron esta semana en las elecciones presidenciales rusas. Los líderes respaldados por Moscú en la región habían hecho campaña por la re-elección del Presidente Putin. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Georgia condenó las votaciones presidenciales y las etiquetó como “una clara demonstración de la actual ocupación”.

Sudán: El presidente al-Bashir ha anunciado la liberación de aproximadamente 60 prisioneros políticos en vistas de una visita del Experto Independiente del Consejo de DDHH de la ONU a Sudán. HRW ha cuestionado los motivos de al-Bashir, y recomendó más reformas al organismo de seguridad nacional del Estado que cuenta con acusaciones por tortura.

Libia: Un informe de la ONU emitido el martes sobre la detención de miles de personas en Libia ha denunciado que están siendo torturadas y sometidas a otras violaciones a los DDHH. Los autores del informe han pedido que las autoridades Libias condenen las violaciones de los detenidos y garanticen la rendición de cuentas.

Malí: HRW ha pedido al gobierno de Malí que lleve a cabo de modo urgente investigaciones sobre los abusos contra sospechosos detenidos por su ejército durante una operación militar contra los grupos islamistas. Las investigaciones han revelado instancias de desapariciones forzadas, tortura y en dos casos, tumbas masivas de hombres presuntamente ejecutados días después de haber sido llevados por los soldados.

Exámenes preliminares de la CPI

Venezuela: HRW condenó la persecución y la censura a los periodistas en Venezuela. Para ampliar la creciente regulación de los medios, una nueva ley aprobó penas de prisión de hasta 20 años para promover e incitar el "odio". Según los informes, se censurarán las noticias y los medios que proporcionen una narración opuesta al gobierno.

Según un informe del International Crisis Group cientos de miles de venezolanos están escapando de la pobreza hacia los países vecinos.

La Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de la ONU ha anunciado un aumento de su asistencia al creciente número de refugiados venezolanos que llegan a Brasil. Más de 52.000 venezolanos han llegado a Brasil desde el principio de 2017.

Colombia:  Un informe de DDHH de 24 organizaciones, con el aporte de 500 grupos colombianos de DDHH, ha denunciado la falta de esfuerzos del gobierno para abordar las violaciones masivas de los DDHH. El informe señala que "a pesar de esfuerzos importantes como firmar el acuerdo de paz con las FARC y el diálogo con el ELN, en Colombia se siguen perpetrando y permanecen en la impunidad graves y sistemáticas violaciones de DDHH e infracciones contra el Derecho Internacional Humanitario (DIH)". El informe destaca la falta de responsabilidad del personal militar, políticos y quienes financian a los paramilitares que han sido acusados de homicidios desde la firma del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y los rebeldes de las FARC.

El Secretario de Hacienda del tribunal de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha renunciado entre acusaciones de corrupción. Los medios locales en Colombia revelaron que había alquilado vehículos para los jueces por su valor de compra.

Palestina: El Relator Especial de la situación de los DDHH en el Territorio Ocupado por Palestina ha criticado a Israel por violar sus obligaciones en virtud del derecho internacional para garantizar la salud y el bienestar de la población palestina. El Relator llamó la atención sobre la confiscación de tierras privadas y públicas, el saqueo y la denegación de permisos de salida a quienes necesitan atención médica, y señaló que estas medidas han tenido un efecto nocivo en la salud física y mental de los palestinos.

La sociedad civil sigue condenando el uso “excesivo” de la fuerza en contra de los manifestantes palestinos desde el 30 de marzo. Al-Haq ha descrito los ataques como una clara violación a los Principios Básicos de la ONU sobre el Uso de la Fuerza y Armas de Fuego por los Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Ucrania: Los trabajadores de una planta de filtración de agua en Donetsk han recibido disparos en cuatro ocasiones distintas en la última semana. El Coordinador Residente y Coordinador Humanitario de la ONU en Ucrania expresó su preocupación por los incidentes e instó a las partes del conflicto a evitar violar el DIH apuntando a civiles y a la infraestructura civil.

Filipinas: La Corte Suprema de Filipinas ha ordenado la publicación de los registros policiales sobre los numerosos enfrentamientos mortales de la guerra contra las drogas del país. 

Campaña por la justicia global / 20° aniversario del Estatuto de Roma

Américas: La Coordinadora Regional para las Américas de la Coalición Michelle Reyes Milk se dirigió a la OEA para hablar sobre el fortalecimiento de la cooperación con la CPI, donde México y Ecuador anunciaron iniciativas especiales planificadas para el 20° aniversario del ER. Presentación de M. R. Milk

Indonesia: Un miembro de la Coalición de la Sociedad Civil de Indonesia por la CPI, Agantaranansa Juanda, expresó sus puntos de vista sobre la necesidad de que Indonesia adhiera al ER de la CPI para asegurara justicia para las víctimas de atrocidades en el país y lamentó la falta de progreso del gobierno de Indonesia en el enjuiciamiento de las graves violaciones pasadas de DDHH y la necesidad de reformar la Corte de DDHH de Indonesia. 

La delegación de ECOWAS visita la CPI: Una delegación de ECOWAS visitó la CPI durante la visita a La Haya. La delegación participó de una misión de estudio para comprender mejor la capacitación regional a través de la negociación y la mediación como instrumentos para la resolución de conflictos.

Los refugiados Rohingya en Bangladesh: El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones han lanzado un pedido de casi mil millones de dólares para satisfacer las necesidades urgentes de los refugiados rohingya y sus comunidades de acogida en Bangladesh. Las ganancias de la apelación, que es parte de un Plan de Respuesta Conjunta, cubrirán las necesidades de casi 900.000 rohingyas y 330.000 bangladesíes vulnerables, proporcionándoles comida, agua y saneamiento, refugio y otra ayuda básica.

Alrededor del mundo

Turquía/Siria/Irak: El presidente turco, Tayyab Erdogan, dijo  que las fuerzas turcas extenderán su campaña contra las fuerzas kurdas YPG a lo largo de la frontera entre Turquía y Siria, y posiblemente hacia Irak. Erdogan se refirió a un tramo de ciudades controladas por los kurdos en el norte de Siria como un "corredor de terror", y dijo: "... continuaremos ahora hacia Manbij, Ayn al-Arab, Tel Abyad, Ras al-Ain y Qamishli hasta que este corredor sea completamente removido."

Sudán del Sur: El CSNU has renovado the mandate of UN peacekeeping mission in South Sudan by a unanimous vote. It decided to maintain the troop-levels for UNMISS at 17.000 troops. The resolution also demanded that parties to the conflict abide by the ceasefire agreements of 11 July 2016 and 22 May 2017.

RU: Cinco presuntos “cerebros” del genocidio de Ruanda que viven en el RU podrían enfrentar juicio, luego de que la unidad de crímenes de guerra de Scotland Yard confirmó que estaba llevando a cabo una investigación sobre los sospechosos luego de un pedido del gobierno de Ruanda.

Salisbury/RU: La Organización por la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ) anunció que publicará los resultados de pruebas recolectadas de individuos expuestos a un agente neurotóxico en Salisbury, Reino Unido.