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4° Reunión Estratégica Regional para las Américas: La sociedad civil latinoamericana pide más presencia de la CPI en la región

Segundo día de la 4° Reunión Estratégica Regional para las Américas en Lima, Perú. Foto: CCPI
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CCPI
En el marco del 20° aniversario del Estatuto de Roma, representantes de la sociedad civil se reunieron en Lima, Perú, para analizar el estado actual de la justicia internacional y su impacto en la región americana

Lima/Perú – Tras la celebración de la 4° Reunión Estratégica Regional para las Américas de la Coalición por la Corte Penal Internacional (CCPI) que se llevó a cabo el mes pasado en Lima, Perú, los miembros americanos de la Coalición solicitan a la CPI una mayor presencia en la región

Del 30 de septiembre al 1° de octubre de 2018, 25 organizaciones y expertos de la sociedad civil provenientes de 14 países de la región americana se reunieron para discutir estrategias y compartir experiencias con el fin de crear una hoja de ruta para la justicia internacional en una región que fue instrumental en el establecimiento de la Corte y el Estatuto de Roma (ER) hace 20 años, y que hoy requiere más que nunca la presencia y las herramientas de la CPI.

“Es incalculable el valor que tienen las reuniones de organizaciones de la sociedad civil para discutir sobre los avances y desafíos del funcionamiento de la CPI en América Latina. En varios países como México, Venezuela y Colombia se han cometido o se están cometiendo crímenes de competencia de la CPI que no están siendo investigados, ni procesados, ni mucho menos castigados por falta de voluntad o capacidad, lo que abona a la repetición de los crímenes. Es urgente que ese tribunal internacional tenga mayor presencia en la región, no solo para que se conozca su existencia y funcionamiento, sino para que sea un verdadero disuasivo para los más altos funcionarios de los gobiernos y grupos armados”, aseveró José Guevara, Director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) en el primer día del encuentro. 

Con un examen preliminar (EP) abierto en Colombia desde 2004 y un complejo proceso de paz aún en marcha; múltiples comunicaciones presentadas ante la CPI y un pedido generalizado para abrir de modo urgente un EP en México; con una reciente remisión presentada a la CPI por más de 6 Estados para que el EP de Venezuela se convierta en investigación, tras la apertura del EP en febrero de 2018 por la Fiscalía de la CPI, luego de los numerosos asesinatos indiscriminados en Nicaragua; y el debilitamiento en la protección de los derechos humanos en varios países del continente, la situación actual de la región americana en relación con la justicia y el Estado de derecho es frágil y alarmante.

Como en todos los encuentros regionales, los representantes de la sociedad civil también debatieron sobre el estado de sus acciones e incidencia a nivel nacional y regional para la implementación del Estatuto de Roma y el fortalecimiento del sistema instaurado por dicho tratado a nivel nacional. También se volvió a reconocer la necesidad de que la región reafirme su compromiso con las disposiciones del Estatuto de Roma, el Estado de derecho y la cooperación con la Corte Penal Internacional.

Los representantes de la sociedad civil reconocieron a la vez la necesidad de difundir y dar a conocer las disposiciones del Estatuto de Roma y la CPI en la región, muchas veces alejada de las  víctimas y las comunidades afectadas, como herramientas fundamentales y disponibles de último recurso para enfrentar las más graves violaciones a los derechos humanos.

“Nosotros creemos que el empoderamiento de los diferentes sectores sociales es vital en nuestros países. La ciudadanía se tiene que empoderar para exigir sus derechos y utilizar las herramientas adecuadas”, afirmó Miguel Montenegro, de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES). 

Uno de los resultados de este encuentro es una serie de recomendaciones finales dirigidas a los gobiernos de la región, la CPI, la Organización de los Estados Americanos (OEA), la CPI, y la sociedad civil en general. 

“El intercambio a lo largo de esta jornada y las recomendaciones adoptadas por las distintas organizaciones presentes nos demuestran que el compromiso de la sociedad civil con el sistema instaurado por el Estatuto de Roma sigue más firme que nunca”, señaló Michelle Reyes Milk, Coordinadora Regional para las Américas de la Coalición por la Corte Penal Internacional. “No obstante, las jornadas también pusieron en evidencia el llamado a que la CPI y los diversos actores involucrados con la justicia por crímenes internacionales presten una atención firme a la región latinoamericana, y, sobre todo, respondan a las necesidades que siguen siendo latente en el continente en el marco de la lucha contra la impunidad”, subrayó Reyes Milk

Conozca las recomendaciones de los miembros de la Coalición de la región.

 

ANTECEDENTES

Hasta la fecha, 29 de los 35 países del continente americano se han convertido en Estados miembros de la CPI: 12 en el Caribe (Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Dominica, República Dominicana, Granada, Guyana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucia, San Vicente y las Granadinas, Surinám, y Trinidad y Tobago); 15 en Latinoamérica (Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Costa Rica, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú, Paraguay, Uruguay y Venezuela). En América del Norte, Canadá y México se han unido a la CPI.

Lea el comunicado de prensa de la 4° Reunión Estratégica Regional para las Américas