La Fiscal y las víctimas apelan la decisión de la CPI sobre la investigación de Afganistán
La decisión de la CPI de no iniciar una investigación en Afganistán ha sido devastadora para las víctimas de los delitos más graves. Muchas organizaciones internacionales y nacionales se unieron para seguir presionando a la Corte con el fin de lograr que la CPI revise su decisión y pueda así llevar justicia a las víctimas.
El 7 de junio de 2019, la Fiscal de la CPI Fatou Bensouda presentó una solicitud de permiso para apelar la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares (SCP) II en la cual se rechazó la solicitud de la Fiscalía para investigar la situación en el República Islámica de Afganistán. A través de esta presentación, la Fiscalía solicitó el permiso de la SCP II para apelar la decisión ante la Cámara de Apelaciones.
La Fiscal solicitó el permiso de la SCP para apelar por tres motivos:
- La Fiscalía cuestiona si está permitido que la SCP tome una determinación positiva basándose en el hecho de que una investigación serviría al "interés de la justicia".
- El segundo motivo de apelación se centra en el poder discrecional de la SCP para determinar el "interés de la justicia" y, en particular, la Fiscalía cuestiona si en su decisión la SCP puede basarse en la cooperación estatal o en consideraciones presupuestarias.
- En el tercer motivo de la apelación, la Fiscalía sostiene que al centrarse exclusivamente en los incidentes específicos identificados por la Fiscal, más cualquier incidente "estrechamente vinculado", la SCP se ha desviado de la práctica habitual de la Corte.
A raíz de la solicitud de la Fiscalía, las organizaciones de derechos humanos de Afganistán (The Afghanistan Human Rights and Democracy Organization, Afghanistan Human Rights Organization, Afghanistan Forensic Science Organization, Feminine Solidarity for Justice Organization y Afghan Victims’ Families Association) solicitaron permiso para hacer presentaciones bajo la figura de amicus curiae respecto de la demanda de la Fiscalía.
El objetivo de las presentaciones de las organizaciones es ayudar a la SCP a determinar si otorga o no la apelación a la Fiscalía sobre la base de tres cuestiones: En primer lugar, que las víctimas de crímenes internacionales en Afganistán y en la sociedad afgana en general están de acuerdo con una apelación; en segundo lugar, que se necesita una apelación para ofrecer un trato justo a las víctimas afganas; y, finalmente, que las cuestiones certificadas para una apelación deberían permitir observaciones sobre asuntos relacionados con las víctimas afganas y la sociedad afgana.
De manera similar, la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas (OPDV) ha solicitado a la SCP que se le permita comparecer ante la misma en los tres temas identificados por la Fiscalía en su Solicitud.
La SCP II, tras considerar que las presentaciones adicionales podrían ayudar a la Cámara a evaluar la Solicitud de la Fiscal, aceptó que las organizaciones afganas y la OPDV puedan realizar sus presentaciones.
La Fiscalía presentó una solicitud ante la SCP y ante la Cámara de Apelaciones (CA) para desestimar la presentación del Representante Legal de las Víctimas (RLV), en base a los procedimientos judiciales divergentes perjudiciales. Por otro lado, las víctimas también presentaron una respuesta a la CA para solicitar la desestimación de la solicitud de la Fiscalía.
El 11 de julio, el Grupo de Coordinación de Justicia Transicional de Afganistán (GCJTA), Armanshahr/OPEN ASIA y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) presentaron conjuntamente observaciones como amicus curiae ante la Sala de Cuestiones Preliminares II en el contexto de las solicitudes de permiso para apelar de la Fiscalía.
La decisión de la CPI de no iniciar una investigación en Afganistán
La decisión de los jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) de no iniciar la investigación sobre los presuntos delitos cometidos en Afganistán ha sido identificada como un acto impulsado por consideraciones políticas, que habrían prevalecido sobre las preocupaciones de las víctimas de Afganistán.
El 12 de abril de 2019, la Sala de Cuestiones Preliminares II de la CPI rechazó una solicitud de la Fiscal Fatou Bensouda para iniciar una investigación sobre los presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en Afganistán desde el 1° de mayo de 2003, y sobre los crímenes de guerra estrechamente relacionados con la situación en Afganistán presuntamente cometidos desde el 1° de julio de 2002 en el territorio de otros Estados Partes al Estatuto de Roma. Los jueces de la CPI declararon que la investigación en Afganistán en esta etapa "no servirá a los intereses de la justicia", a pesar del hecho de que se cumplen los requisitos de jurisdicción y admisibilidad. Los jueces afirmaron, de hecho, que la situación actual en Afganistán hará que las "perspectivas de una investigación y un juicio exitosos sean extremadamente limitadas". También señalaron que como ha transcurrido un largo período desde que comenzó la investigación en 2006, la Corte debe utilizar sus recursos para priorizar las actividades que cuentan con más posibilidades de éxito.
La sentencia, que tardó 18 meses en ser dictada, ha sido descrita como un golpe para las miles de víctimas que han estado esperando justicia y el fin de la impunidad por más de 15 años.
La decisión de la CPI fue celebrada por la administración Trump. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que la decisión "fue una victoria no solo para estos patriotas, sino también para el Estado de derecho" y calificó a la CPI como una Corte "ilegítima". Luego agregó que "cualquier intento de atacar al personal estadounidense, israelí o aliado para procesarlo se encontrará con una respuesta rápida y vigorosa".
Reacciones de la sociedad civil
"Nuestros miembros del todo el mundo se mostraron sorprendidos por la decisión de la CPI de no autorizar la solicitud de la Fiscal, y han declarado que los argumentos en contra de la autorización se oponen a los principios fundadores de la Corte, expresados en el Preámbulo del Estatuto de Roma: Terminar con la impunidad y prevenir las atrocidades masivas para lograr la paz, la seguridad y el bienestar de la gente", dijo William R. Pace, Coordinador de la Coalición por la CPI. "Nuestros miembros creen que la decisión de la SCP debe ser apelada y modificada", agregó Pace.
"Estamos muy decepcionados. Los jueces de la CPI hablan de presión y desafíos, pero no se le puede decir a las víctimas de Afganistán que su búsqueda de justicia es un desafío y que la investigación solo será el comienzo", dijo Guissou Jahangiri, Director Ejecutivo de Armanshahr/OPEN ASIA, Vicepresidente de la FIDH y miembro fundador del Grupo de Coordinación de Justicia Transicional de Afganistán.
Horia Mosadiq, miembro del Grupo de Coordinación de Justicia Transicional de Afganistán expresó su sorpresa y decepción por el fallo de la CPI y declaró que "la decisión de los jueces de la CPI es simplemente un error judicial y un golpe a las demandas de justicia de millones de víctimas de la guerra en Afganistán”.
El Dr. Daoud Ali Najafi, Director de la Afghanistan Organization for Human Rights and Peace (AOHRP) opinó: "A pesar de los continuos pedidos de la sociedad civil afgana y de las organizaciones de derechos humanos, es muy lamentable que los jueces de la CPI rechacen la solicitud de la Fiscal para abrir una investigación sobre la situación en Afganistán, especialmente al considerar el creciente número de víctimas civiles y los crímenes de guerra que aún se cometen en el país. Esperamos que los jueces de la CPI reconsideren su decisión".
La decisión ha dejado a muchos preguntándose qué le depara el futuro a Afganistán. "Estamos muy preocupados de que esta decisión otorgue inmunidad a las fuerzas talibanas en Afganistán. El pueblo afgano teme aún más por su futuro dada la cercanía de la posibilidad de que el gobierno comparta el poder con un grupo militante acusado de cometer masacres y que justifica sus crímenes con una ideología radical", dijo Jalil Benish de Afghanistan Watch.
Biraj Patnaik, Director de la región del Sur de Asia en Amnistía Internacional, declaró: “Afganistán ha sido testigo de crímenes atroces que fueron cometidos con total impunidad en todo el país durante más de una década y media. La decisión de hoy de la CPI es un abandono sorprendente de las víctimas que debilitará la credibilidad ya cuestionable de la Corte".
Param-Preet Singh, Director asociado de justicia internacional de Human Rights Watch, dijo que la decisión es un golpe devastador para las víctimas que han sufrido graves delitos sin reparación. "La lógica de los jueces permite a los países miembros optar por no cooperar con la Corte y envía un peligroso mensaje a todos los gobiernos de que las tácticas obstruccionistas pueden ponerlos fuera del alcance de la Corte".
Patrick Baudouin, Presidente Honorario de la FIDH describió la decisión como un “día oscuro para la justicia”. Declaró: “Condenamos la sorprendente decisión de la CPI, que está basada en un razonamiento profundamente débil. La CPI fue creada precisamente para superar los mismos desafíos que volvían imposibles las investigaciones nacionales – es inaceptable que estos desafíos sean ahora invocados por la Corte para negarle a las víctimas el acceso a la justicia.”
Jamil Dakwar, director del Programa de Derechos Humanos de la American Civil Liberties Union, dio una declaración en la cual afirmó que “es indignante que sea mucho menos probable que las víctimas de crímenes de guerra obtengan justicia por atrocidades correctamente documentadas solo por los esfuerzos autoritarios de la administración de Trump para sabotear una investigación incluso antes de que esta comenzara. Las tácticas intimidatorias de la administración Trump pueden haber ayudado a Estados Unidos a evadir la rendición de cuentas esta vez, pero la administración está jugando un peligroso juego que inevitablemente volverá para perseguir a Estados Unidos. Cuando debilitamos y saboteamos las instituciones internacionales establecidas para luchar contra la impunidad y llevar a quienes abusan de los derechos humanos ante la justicia, no gana nadie, excepto los regimenes más brutales del mundo.”
Antecedentes: La investigación de la CPI en Afganistán
Los fiscales de la CPI abrieron un examen preliminar en 2006 por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en la República Islámica de Afganistán desde mayo de 2003. En noviembre de 2017, la Fiscal de la CPI presentó un pedido a la Sala de Cuestione Preliminares III de la CPI para autorizar el comienzo de una investigación en relación con:
1- Crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra presuntamente cometidos por los talibanes y grupos armados afiliados
2- Crímenes de guerra presuntamente cometidos por las fuerzas armadas del gobierno afgano y otros miembros
3 - Crímenes de guerra presuntamente cometidos por las fuerzas armadas y miembros de la Agencia Central de Inteligencia de EEUU en Afganistán y el territorio de otros Estados partes al Estatuto de Roma desde el 1° de julio de 2002.
El anuncio del inicio de un examen preliminar fue ampliamente celebrado por la sociedad civil y otros observadores como un intento crucial para favorecer la justicia para las víctimas.
De acuerdo con la ONU, desde 2009, la lucha en Afganistán ha matado a 24.841 civiles y ha herido a otros 5.347; el año 2016 ha sido el año más mortal para los niños. Los crímenes internacionales como el asesinato, la persecución, los crímenes de género, los ataques intencionalmente dirigidos en contra del personal humanitario y en contra de objetos protegidos, el reclutamiento de niños y la violencia sexual habrían tenido lugar en este período.
Estados Unidos no es un Estado miembro de la CPI. En el año 2000, durante la administración de Clinton, EEUU firmó el Estatuto de Roma; sin embargo, el tratado nunca fue presentado ante el congreso para su ratificación. En 2002, John Bolton “retiró la firma” del Estatuto de Roma. Sin embargo, Afganistán ha sido miembro de la CPI desde 2003. Por esto, la CPI puede ejercer su jurisdicción sobre los crímenes cometidos en el territorio de Afganistán o por sus ciudadanos desde el 1° de mayo de 2003 en adelante.
La CPI es la única corte internacional permanente con el mandato de investigar y procesar a los individuos por los crímenes internacionales de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión. Solo podrá intervenir cuando el Estado en cuestión no puede o no tiene la intención de llevar a cabo investigaciones o juicios genuinos.
Circunstancias que llevaron a la decisión de la CPI de rechazar la investigación
La decisión de la CPI sobre la investigación de Afganistán tuvo lugar una semana después de que Estados Unidos revocara la visa de ingreso al país de la Fiscal de la CPI Fatou Bensouda en respuesta a su investigación sobre presuntos crímenes de guerra por parte de las fuerzas de EEUU en Afganistán. La Fiscal declaró que continuaría trabajando para cumplir con sus tareas en la Corte, desde La Haya, “sin miedos ni favoritismos” y que seguiría viajando a EEUU. No se le ha prohibido visitar la sede de las Naciones Unidas en New York.
Luego del rechazo de la visa de la Fiscal, el Presidente de la CPI Eboe-Osuji pidió a Estados Unidos que 'se una a sus aliados y amigos más cercanos en la mesa del Estatuto de Roma' y, mientras tanto, que apoye a la Corte, 'cuyos valores y objetivos son completamente consistentes con los mejores instintos de América y sus valores'. 'Las víctimas de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra pasadas, presentes y futuras necesitan que así lo haga. Y, con todo el senido de la responsabilidad, le solicito directamente a los líderes de Estados Unidos que apoyen a la CPI', agregó el Presidente Eboe-Osuji.
Otras reacciones de las instituciones internacionales y la sociedad civil
“La política hostil del gobierno de EEUU en contra de la CPI es una amenaza seria a los esfuerzos de la humanidad para combatir a quienes cometen genocidio, crímenes de lesa humanidad (incluso tortura), crímenes de guerra y el crimen de agresión”, dijo el Dr. Tawanda Hondora, Director Ejecutivo de WFM-IGP. “Revocar la visa de Bensouda como una represalia por la investigación de su oficina sobre los presuntos crímenes serios cometidos en Afganistán es un abuso de poder aberrante y escalofriante”, agregó Hondora.
La Unión Europea declaró que "espera que EEUU pueda asegurar que cualquier medida adoptada por el país en relación con la CPI se tome en total cumplimiento de sus obligaciones internacionales, teniendo también en cuenta el Acuerdo de Relación entre la CPI-ONU." La UE también agregó: "Apoyamos completamente a la CPI y su independencia y seguimos comprometidos a cooperar con la CPI para garantizar su efectividad y eficiencia, y esperamos que los Estados presten la asistencia y el apoyo necesario."
La American Bar Association en su declaración instó al “Departamento de Estado a revertir de forma inmediata esta decisión política y a abstenerse de tomar medidas en contra de los profesionales legales solo por trabajar en representación de la CPI."
La sociedad civil global ha condenado la postura de la administración de EEUU en contra de la justicia que establece un límite en la investigación independiente en Afganistán.
Como respuesta a las palabras de Pompeo sobre la decisión de revocar las visas al personal de la CPI, el Presidente de la Asamblea de Estados Partes a la CPI, O-Gon Kwon, expresó que la Corte "permanece unida en contra de la impunidad. La Corte Penal Internacional es una institución judicial independiente e imparcial crucial para garantizar la justicia por los crímenes más serios que preocupan a toda la comunidad internacional… La Corte no es una institución política y actúa estrictamente dentro del marco legal del Estatuto de Roma, su tratado fundacional."
La Unión Europea expresó su preocupación por las medidas adoptadas por EEUU y reiteró su fuerte apoyo a la Corte Penal Internacional. La vocera de Relaciones Exteriores y Política de Seguridad de la UE, Maja Kocijančič declaró, "Junto a nuestros socios internacionales, seguiremos trabajando en pos de un orden global compartido y regulado, con el multilateralismo como un principio clave y buscando promover la universalidad y preservar la integridad del Estatuto de Roma. Estamos listos para comprometernos con los Estados Partes y con los Estados que no son parte en estas importantes cuestiones.”
La política, como lo anunció Pompeo, tiene el objetivo de disuadir nuevos esfuerzos de la CPI para ir detrás de personal aliado a EEUU, esto incluye ciudadanos israelíes. La situación de Palestina, que involucraría crímenes cometidos por las fuerzas israelíes, ha estado bajo el examen preliminar de la Fiscal de la CPI desde el 16 de enero de 2015.
“Dichas acciones no solo obstruyen la misión principal del Estatuto de Roma de poner fin a la impunidad, sino que también erosionan el orden internacional general basado en reglas", declaró S.E. Aurelia Frick, Ministra de Asuntos Exteriores del Principado de Liechtenstein. Agregó, "Como lo han demostrado recientemente las situaciones en Myanmar y Venezuela, la CPI sigue siendo la mejor esperanza para la investigación de los crímenes internacionales más serios. Nuestro apoyo a la CPI es más crítico que nunca. Liechtenstein seguirá trabajando con quienes son escépticos sobre la misión de la Corte con el fin de apoyar un orden internacional basado en normas que tiene a la Carta de las Naciones Unidas como su centro."
Reacciones de la sociedad civil
“La declaración del Secretario Pompeo es cuestionable en principio y tergiversa groseramente los hechos del Estatuto de Roma y la CPI. La CPI, como una corte de derecho, debe continuar su trabajo, decidida, de acuerdo con su mandato y el principio que rige el Estado de derecho”, declaró el Coordinador de la Coalición por la CPI, William Pace.
"El principio fundacional del Estatuto de Roma es que los Estados u otros actores no pueden cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra y demandar inmunidad", notó Kirsten Meersschaert, Directora de Programas de la Coalición por la CPI. “El papel de la CPI es asegurar justicia para las víctimas de estos crímenes, la Coalición apoya estas acciones para terminar con la impunidad por los crímenes internacionales más graves”, dijo Meersschaert.
El Sr. Daniel Balson, Director Adjunto en Amnistía Internacional EEUU, opinó sobre esta cuestión y declaró: “Aunque los derechos de las víctimas deben ser una de las principales prioridades del gobierno de Estados Unidos, poner obstáculos a la investigación de la CPI perjudica no solo a la justicia en relación con los abusos cometidos en Afganistán, sino también a las millones de víctimas y sobrevivientes de todo el mundo que han experimentado los crímenes más serios del derecho internacional", continuó Balson. “Este anuncio es el último ataque a la justicia internacional y a las instituciones internacionales por parte de una administración obsesionada con la reducción de las protecciones de los derechos humanos."
“La decisión de EEUU de prohibir los visados al personal de la CPI es un esfuerzo sin precedentes para intimidar a la Corte e impedir el control de la conducta de EEUU", dijo Richard Dicker, Director de Justicia Internacional en Human Rights Watch. “Las amenazas de la administración de Trump en contra de la CPI tapan el verdadero problema, la incapacidad de las autoridades de EEUU para tratar las torturas pasadas y tantos otros abusos de la CIA y de las fuerzas armadas de EEUU…Este es precisamente el papel de la CPI, llevar justicia a las víctimas cuando todas las otras puertas se encuentren cerradas”, agregó.
En vistas de la declaración, No Peace Without Justice declaró, "El Secretario Pompeo debe rendir cuentas por el intento descarado de hoy para pervertir el curso de la justicia al amenazar, intimidar y tomar represalias en contra de aquellos que simplemente llevan a cabo sus tareas para asegurar justicia por los crímenes cometidos en Afganistán, sin importar quienes sean los perpetradores”.
Jamil Dakwar, Director del Programa de Derechos Humanos en The American Civil Liberties Union, opinó: “Este es un intento sin precedentes para rodear a la justicia internacional por los crímenes de guerra correctamente documentados que persiguen a nuestros clientes hasta el día de hoy. Esto deja entrever las prácticas completamente totalitarias características de los peores abusadores de derechos humanos, y es un intento descarado para intimidar y tomar represalias contra jueces, fiscales y abogados que buscan justicia por las víctimas de los más serios abusos a los derechos humanos. No descansaremos hasta llegar al fondo de esto, y estamos considerando nuestras opciones en representación de aquellos potencialmente impactados por esta equivocada y peligrosa política”.
James Goldston, Director Ejecutivo de la Open Society Justice Initiative
“Las declaraciones del Secretario Pompeo reflejan la visión de esta administración que considera las cuestiones legales internacionales solo cuando están alineadas con los intereses nacionales de EEUU. Pero no es así como funciona la ley".
La ONG Coalición Americana por la Corte Penal Internacional
"El anuncio del departamento de Estado de restringir las visas al personal de la CPI es otro ataque a la Corte Penal Internacional. Sin embargo, la CPI tiene pruebas suficientes para seguir investigando a Afganistán sin el apoyo de EEUU. Los derechos de las víctimas deben ser siempre una prioridad clave en la política exterior de EEUU".
Nika Jeiranashvili, Director Ejecutivo de Justice International
"Respeto a los holandeses por ser los primeros en reaccionar a la intimidación. Siempre fui franco en relación con los errores y las fallas de la Corte Penal Internacional, pero los ataques de los súper poderes para evitar la justicia no pueden ser perdonados".
Amal Nassar, Representante de la CPI en la Federación Internacional de Derechos Humanos
"Es difícil no ver estas últimas maniobras como una admisión de culpas".
Mark Kersten, Director Adjunto de la Wayamo Foundation
"Predecible. No creo que la CPI o sus defensores deban preocuparse mucho por esto. Es patético. Algunas personas que esta vil administración no dejará entrar: refugiados, quienes buscan asilo y las personas que ayudan a la justicia internacional. Están del lado incorrecto de la historia."
Reacciones de los Estados
La Unión Europea expresó su preocupación por las medidas adoptadas por EEUU y reiteró su fuerte apoyo a la Corte Penal Internacional. "Junto a nuestros socios internacionales, seguiremos trabajando en pos de un orden global compartido y regulado, con el multilateralismo como un principio clave y buscando promover la universalidad y preservar la integridad del Estatuto de Roma. Estamos listos para comprometernos con los Estados partes y con los Estados que no son parte en estas importantes cuestiones.”
"En vistas del anuncio de EEUU, la Unión Europea expresa su seria preocupación sobre las medidas adoptadas y reitera su fuerte apoyo a la Corte Penal Internacional" — Maja Kocijančič
BÉLGICA
"Bélgica apoya incondicionalmente a la CPI y a su independencia. Ella representa los esfuerzos a favor del Estado de derecho internacional, un ideal con el que EEUU tiene un compromiso de larga data. Por esto estoy profundamente preocupado por las medidas sin precedentes en contra de los miembros de la CPI". — Didier reynders
REPÚBLICA CHECA
"La República Checa apoya a la CPI y a su independencia. Estamos preocupados por las medidas que pueden socavar el papel de la CPI en la justicia penal internacional. Creemos que EEUU continuará con su compromiso con la justicia penal internacional". Ministro de Relaciones Exteriores de la Rep. Checa
AUSTRIA
"Austria aprecia el compromiso de EEUU con el Estado de derecho internacional. Por esto, estamos particularmente preocupados por las medidas en contra del personal de la CPI. Austria apoya a la CPI y su independencia judicial a la hora de llevar justicia a las víctimas de los crímenes más serios".— Karin Kneissl
ESTONIA
"Estonia apoya totalmente a la Corte Penal Internacional y su independencia. Por esto, Estonia está profundamente preocupada por las medidas de EEUU en contra del personal de la CPI". — Ministro de Relaciones Exteriores de Estonia
FINLANDIA
"Una judicatura independiente y eficiente es un elemento clave del Estado de derecho. En una época en la que el orden internacional basado en normas enfrenta grandes presiones, Finlandia sigue respetando completamente la independencia judicial de la CPI y promoviendo su universalidad." - Finland UN
ALEMANIA
"Tenemos total confianza en el indispensable trabajo de la CPI en la lucha contra la impunidad. Estamos muy preocupados por la intención de EEUU de imponer restricciones de visa al personal de la CPI. Es vital para el trabajo de la CPI y para sus obligaciones con la ONU que su acceso a la sede de la ONU en Nueva York no se restrinjan".— Misión alemana ante la ONU
FRANCIA
“En un contexto que presenta cada vez más desafíos para el funcionamiento y el futuro de la CPI, Francia, quien apoyó a la CPI a través del Estatuto de Roma desde sus comienzos, renueva completamente su compromiso con la Corte”. - Ministro de Relaciones Exteriores de Francia
ESPAÑA
España expresó su apoyo al Estatuto de Roma y la CPI: "España apoya completamente la legitimidad, la independencia y la imparcialidad de la Corte y quiere destacar su naturaleza complementaria a las jurisdicciones penales nacionales, que cuentan con una superioridad formal sobre estos crímenes".
PAÍSES BAJOS
"Los Países Bajos lamentan profundamente la decisión de EEUU de imponer restricciones de visa al personal de la CPI. Los PB apoyan completamente a la CPI y su independencia, que es crucial en la lucha contra la impunidad y el respeto por el Estado de derecho internacional".— Ministro de Relaciones Exteriores de los Países Bajos
SUECIA
"La UE sigue siendo un fuerte defensor de la CPI." - Sweden UN
LUXEMBURGO
"Como miembros de la UE y Benelux, Luxemburgo está seriamente preocupada por las restricciones de visa de EEUU al personal de la CPI. Jean Asselborn expresó su completo apoyo a la CPI y su importante trabajo en la lucha contra la impunidad y en su tarea de llevar justicia a las víctimas de los crímenes más serios bajo el Estatuto de Roma". - Ministro de Relaciones Exteriores de Luxemburgo
ESLOVENIA
"Eslovenia apoya a la Corte Penal Internacional y su independencia judicial a la hora de llevar justicia a las víctimas de los crímenes más serios. En este sentido, lamentamos la decisión de EEUU de imponer restricciones de viaje sobre los oficiales de la CPI y reiteramos la importancia de la lucha global en contra de la impunidad.— Ministro de Relaciones Exteriores de Eslovenia
LIECHTENSTEIN
El Ministro de Relaciones Exteriores del Principado de Liechtenstein, S.E. Aurelia Frick, declaró que “dichas acciones no solo obstruyen la misión central del Estatuto de Roma de poner fin a la impunidad, sino que también erosionan el orden internacional general basado en reglas". Declaró: "Como lo han demostrado recientemente las situaciones en Myanmar y Venezuela, la CPI sigue siendo la mejor esperanza para la investigación de los crímenes internacionales más serios. Nuestro apoyo a la CPI es más crítico que nunca. Liechtenstein seguirá trabajando con quienes son escépticos sobre la misión de la Corte con el fin de apoyar un orden internacional basado en normas que tiene a la Carta de las Naciones Unidas como su centro".
SUIZA
Suiza expresó que lamenta la decisión de los Estados Unidos de América de imponer restricciones de visa a oficiales de la Corte Penal Internacional, "La Corte es independiente y está regida únicamente por la ley. No debe convertirse en el objetivo de medidas políticas. Suiza reitera su apoyo a la Corte dado que realiza una importante contribución a la prevención y el castigo de los crímenes más serios y brinda justicia a las víctimas. Por esto, desempeña un papel crucial a la hora de asegurar una paz y una estabilidad sustentable".
CANADÁ
Canadá emitió una declaración para apoyar a la CPI en su tarea de investigar y procesar los crímenes más serios de carácter internacional: "Canadá apoya firmemente el orden internacional basado en normas y las instituciones internacionales que la apuntalan". “El personal de la Corte Penal Internacional no debe ser amedrentado por el importante trabajo que realiza”.
ECUADOR
Ecuador lamenta la decisión tomada por EEUU y reitera su firme apoyo al importante trabajo que realiza este tribunal permanente con sede en La Haya. "Ecuador desea recordar que en la “Declaración de Quito sobre el Vigésimo Aniversario de la Adopción del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional” emitida el 8 de junio de 2018, varios países de América del Sur reiteramos el compromiso de la región con el Estatuto de Roma, el apoyo para lograr la universalidad del referido instrumento y mejorar el funcionamiento de la Corte."
