#NGOVoices en la 21ª sesión de la Asamblea de los Estados Parte de la CPI

La Coalición por la CPI participará en la 21ª sesión de la Asamblea de los Estados Parte (AEP) #ASP21, que se llevará a cabo en La Haya, Países Bajos, del 5 al 11 de diciembre de 2022. En cada sesión anual, los Estados Parte del Estatuto de Roma de la CPI (que estableció la Corte Penal Internacional) discuten temas cruciales para la gobernanza de la Corte y toman decisiones que tienen un impacto directo en su trabajo y las víctimas y comunidades a las que busca servir, y este año no es la excepción.

En 2022, con motivo del vigésimo aniversario de la entrada en vigor del Estatuto de Roma, el papel de la CPI en la lucha contra la impunidad de los crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión del Estatuto de Roma fue central en el debate internacional. Este año en particular, para sostener el papel global de la CPI en asegurar el derecho a la justicia de las víctimas donde los estados no pueden o no quieren, el apoyo a la CPI debe ir de la mano con la provisión de recursos suficientes y sostenibles en su presupuesto regular para hacer frente a su creciente carga de trabajo y garantizar los derechos de las víctimas a la información, la participación y la reparación; con el alcance a las víctimas y comunidades afectadas; con una continua cooperación efectiva con sus investigaciones; y con firme apoyo político, en particular frente a amenazas o ataques contra ella o contra quienes cooperan con ella.

Asegurar que la Corte cuente con los recursos adecuados es esencial para que ejerza su mandato de manera efectiva y cumpla con las expectativas puestas en ella no solo por los Estados Parte que la financian, sino también por las víctimas y las comunidades afectadas a las que busca servir en todas las situaciones que se le presenten. Desde hace muchos años, las negociaciones del presupuesto de la CPI se han llevado a cabo en un contexto en el que la Corte no tiene el espacio para solicitar los recursos que necesita, particularmente porque algunos Estados Parte buscan imponer límites financieros arbitrarios que tienen efectos negativos duraderos. En última instancia, la Corte se ha visto obligada, año tras año, a hacer más y más con menos y menos. La adopción de un presupuesto que es claramente inconsistente con la carga de trabajo de la Corte da como resultado un daño al acceso de las víctimas a la justicia y plantea desafíos injustificables para la impartición de justicia justa y accesible por parte de la Corte.

La Coalición por la CPI pide un cambio fundamental en el enfoque de los recursos que necesita la Corte en su presupuesto anual regular para cumplir con las altas expectativas puestas en ella de manera sostenible, sin limitaciones arbitrarias que puedan tener un efecto político o dañar la percepción de la legitimidad e independencia de la Corte.

Este año, luego del llamado excepcional de la Oficina del Fiscal (OTP) de la CPI y la provisión de recursos financieros y personales voluntarios por parte de los Estados Parte, la Coalición por la CPI hace un llamado a la AEP para garantizar que se proporcionen recursos financieros adecuados y sostenibles a través de la presupuesto regular de la Corte, sin limitaciones arbitrarias que puedan afectar la percepción de la legitimidad e independencia de la Corte.

A menudo, las discusiones sobre el presupuesto de la Corte se alejan de la realidad en las situaciones en las que opera la Corte. Lo que puede ser una línea presupuestaria en una página para un representante estatal en La Haya o Nueva York podría ser una oficina de campo con personal inadecuado que resulte en actividades de divulgación limitadas para las comunidades afectadas en un país en situación; un recorte de un pequeño porcentaje puede tener un impacto significativo en el acceso a documentos en ciertos idiomas, la participación significativa de las víctimas en los procedimientos o el personal y la capacidad suficientes que obligan a todos los órganos a priorizar ciertas actividades sobre otras, a pesar de las crecientes brechas y expectativas de impunidad.

Antes de la 21.ª sesión de la AEP, los miembros de la Coalición de todo el mundo comparten sus puntos de vista y recomendaciones sobre lo que los Estados y la Corte pueden hacer, por ejemplo, durante las negociaciones sobre el presupuesto de la CPI, así como de cara a 2023. Vea lo que la sociedad civil y las personas defensoras de derechos humanos de en todo el mundo tienen que decir:

Asia Justice and Rights (AJAR) sobre la situación en Myanmar y Filipinas

“La CPI debe priorizar la investigación en curso en Bangladesh/Myanmar y mostrar un apoyo continuo a la búsqueda de justicia para todas las personas de Myanmar como una señal para los perpetradores de que serán responsables de los crímenes cometidos”. AJAR también compartió la siguiente cita de Nur, una víctima rohingya: “Es crucial que la CPI escuche las voces de las víctimas, aquellas que fueron torturadas, violadas y quemadas por el ejército de Myanmar. Esperamos que la CPI haga más para escuchar a las víctimas rohingya, arrojando luz sobre nuestra terrible situación”.

“La CPI debe reanudar su investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad durante la operación antidrogas en Filipinas. Junto con la investigación en curso de la CPI, el gobierno de Filipinas también debe fortalecer su cooperación con los mecanismos internacionales de derechos humanos. La solicitud de aplazamiento presentada por Filipinas solo está paralizando la demostración fallida de los procedimientos internos, donde no se han realizado investigaciones rápidas y efectivas para todas las denuncias. La CPI no debe dejarse influir por las afirmaciones del gobierno y debe continuar con el proceso de rendición de cuentas de la Corte”.