La oleada de retiradas y la nueva campaña de los EE. UU. amenazan el acceso de las víctimas a la justicia: la Corte Penal Internacional necesita que sus Estados Partes actúen de inmediato

En septiembre de 2025, Malí, Níger y Burkina Faso anunciaron su intención de retirarse de la CPI. Los tres países, miembros de la Alianza de Estados del Sahel (AES), notificaron formalmente al secretario general de la ONU, António Guterres, su retirada del Estatuto de Roma en junio de 2026. Han acusado a la CPI, entre otras cosas, de aplicar una política de enjuiciamiento selectiva contra el Sur Global. El viernes 24 de julio de 2026, Venezuela también anunció que había notificado al secretario general su retirada del Estatuto de Roma. El lunes 27 de julio, le siguió Chad, cuya decisión, según se informa, está relacionada con una solicitud de los Estados Unidos para que se revisara su pertenencia a la Corte.

Las retiradas de Venezuela y Chad se producen en medio de una renovada campaña de EE. UU. para "desmantelar la CPI ladrillo a ladrillo" con el fin de impedir cualquier investigación o enjuiciamiento de ciudadanos estadounidenses y sus aliados, incluido Israel. Esta campaña incluye presiones diplomáticas para instar a los Estados a retirarse del Estatuto de Roma y amenazas de reducir o retirar la ayuda exterior y en materia de seguridad a los países que sigan apoyando a la Corte. El objetivo de esta campaña es claro: garantizar la impunidad de los crímenes internacionales cometidos por Estados Unidos y sus aliados.

Nos encontramos en un momento crítico: las víctimas de los delitos más graves necesitan más que nunca un acceso efectivo a la justicia; sin embargo, la CPI, sus jueces y las organizaciones que cooperan con ella están siendo objeto de un constante ataque sin precedentes. En este contexto, cualquier distanciamiento de la CPI debilita la lucha contra la impunidad, socava la prevención de los delitos más graves y erosiona los derechos de las víctimas a la justicia, la verdad y las reparaciones.

Las retiradas no solo crean refugios seguros para los fugitivos de la CPI, sino que también aumentan el riesgo de que se cometan con impunidad crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio en el territorio de los Estados que se retiran o por parte de sus nacionales, lo que limita gravemente la posibilidad de que se haga justicia a las víctimas. Además, socavan la cooperación con la Corte, incluido el acceso a las víctimas y los testigos, así como la detención y entrega de los presuntos autores.

La CCPI y las organizaciones firmantes reconocen la necesidad de garantizar la equidad en el sistema de justicia penal internacional, salvaguardar la independencia judicial y abordar con sinceridad las preocupaciones sobre la selectividad en la administración de justicia. Es igualmente importante garantizar que los presuntos responsables de crímenes internacionales rindan cuentas, independientemente de su nacionalidad. Sin embargo, estas retiradas se producen en un momento en que la Fiscalía ha ampliado significativamente el alcance geográfico de sus investigaciones más allá de África, incluidas Palestina, Filipinas, Ucrania, Myanmar/Bangladesh, Afganistán, Venezuela y otros lugares. Además, ha solicitado órdenes de detención contra líderes de Estados poderosos y sus aliados, en particular los jefes de Estado de Rusia e Israel, y recientemente se han confirmado los cargos contra el exjefe de Estado filipino. Las preocupaciones relativas a la selectividad deberían abordarse mediante un diálogo constructivo en el seno de la Asamblea de los Estados Partes y, teniendo en cuenta su mandato plenamente independiente, ante la Corte, en lugar de mediante retiradas unilaterales.

La CCPI y las organizaciones firmantes instan a Malí, Burkina Faso, Níger, Venezuela y Chad a que reviertan sus decisiones y retiren inmediatamente sus notificaciones, siguiendo el ejemplo de Hungría a principios de este año. También instan a Estados Unidos a que ponga fin a su campaña, revoque las sanciones y cese sus ataques contra la independencia de la justicia.

Las víctimas y los supervivientes merecen avances concretos hacia la rendición de cuentas, la verdad y las reparaciones, y deben recibir apoyo en su búsqueda de justicia. La promesa hecha a las víctimas hace casi 30 años en Roma de que la impunidad ya no sería la norma no puede ser frustrada por un solo Estado, por muy poderoso que sea. La comunidad internacional debe cumplir con su deber de salvaguardar esa promesa, en beneficio de las víctimas, los supervivientes y la humanidad.

Con este fin, los firmantes instan a:

A Malí, Burkina Faso, Níger, Venezuela y Chad a que: 

• Revoquen sus notificaciones de retirada antes de que expire el plazo de un año previsto en el artículo 127 del Estatuto de Roma.

• Mantengan su compromiso y sigan colaborando plenamente con la CPI, lo que incluye garantizar el acceso a las víctimas y los testigos en su territorio, así como la detención y entrega de los sospechosos.

A los Estados Unidos:

• Que pongan fin de inmediato a su campaña contra la CPI, revoquen todas las sanciones relacionadas con la CPI y cesen sus ataques contra la independencia de la justicia.

A los Estados Partes y a las organizaciones regionales que: 

• Intensifiquen los esfuerzos diplomáticos, tanto a título individual como a través de organizaciones y agrupaciones regionales, para lograr la retirada de las notificaciones actuales; eviten nuevas retiradas; reafirmen que las preocupaciones sobre la política procesal de la CPI deben abordarse mediante el diálogo y la cooperación; y apoyen a los Estados más vulnerables a la campaña de Estados Unidos.

• Denuncien pública y firmemente las sanciones ilegales de los EE. UU. y su campaña contra la CPI y quienes cooperan con ella, y reafirmen su apoyo al sistema del Estatuto de Roma, tanto a título individual como colectivamente, a través de la Asamblea de los Estados Partes (AEP), las organizaciones regionales y la Asamblea General de las Naciones Unidas.

• Mantengan un diálogo bilateral con la Administración de los EE. UU. para exigir el fin de la campaña, la revocación de las sanciones existentes y que no se produzcan nuevas designaciones.

• Apoyar y proteger a las coaliciones nacionales, las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos que trabajan para promover la justicia internacional, en particular en Malí, Níger, Burkina Faso, Venezuela y Chad, así como a quienes son objeto de sanciones ilegales. 

• Oponerse pública y claramente a cualquier iniciativa destinada a debilitar a la Corte, incluidos los intentos de modificar el Estatuto de Roma para limitar su jurisdicción o independencia y los intentos de influir en las prioridades de la Fiscalía, como los esfuerzos por marginar investigaciones específicas, tales como las de Venezuela, Afganistán o Palestina.

• No ceder a las presiones políticas ni a las campañas destinadas a socavar la independencia de la Corte a la hora de ejercer su derecho de voto en la Asamblea de los Estados Partes (AEP).

• Seguir prestando pleno apoyo a la CPI y cumplir con sus obligaciones internacionales, entre otras cosas, deteniendo y entregando a la Corte a cualquier persona objeto de una orden de detención de la CPI, sin discriminación alguna.

A la Corte Penal Internacional que: 

• Siga reafirmando, a través de la Fiscalía, que su política procesal se rige por los principios de independencia, imparcialidad y no selectividad; que continúe investigando y enjuiciando a los principales responsables de delitos internacionales, independientemente de su nacionalidad; y que comunique, cuando proceda, los avances de su labor en las investigaciones en curso para reforzar el efecto disuasorio y mantener la confianza de las víctimas en la justicia internacional.

• Reafirme que las retiradas no afectan a la competencia de la Corte sobre los delitos presuntamente cometidos antes de la fecha de entrada en vigor de la retirada.

• Intensifique sus esfuerzos de divulgación, incluso en las situaciones objeto de examen preliminar, para contrarrestar la desinformación, prevenir nuevas violaciones, disuadir de la comisión de nuevos crímenes y continuar su colaboración con las víctimas y las comunidades afectadas para mantener su confianza en la justicia internacional.

Firmantes

Organizaciones de la sociedad civil:

• A World Without Chemical and Biological Weapons (WWW) 
• Action des Chrétiens Activistes des Droits de l'Homme à Shabunda (ACADHOSHA) 
• Afghanistan Organisation for Development of Human Rights 
• African Centre for Justice and Peace Studies 
• African Initiatives for a Democratic World Order 
• Al-Haq 
• Al Mezan Center for Human Rights
• Association Nationale de l'Alphabetisation et la Formation de Adultes (ANAFA)
• Amnesty International
• Anfal Stories Organization 
• APDHE, Asociación Pro Derechos Humanos de España 
• The Arab Center for the Independence of the Judiciary and Legal Profession (ACIJLP) and the Arab Coalition for the International Criminal Court (ACICC) 
• Arab Organization for Human Rights (AOHR) 
• L’Action pour la Réforme de la Justice et la Promotion des Droits de l’Homme (ARJPDH) 
• Association Cultures du Monde 
• Association démocratique des femmes du Maroc 
• Association for Urban Safety and Mediation (ASUM) 
• Association Marocaine des Droits Humains (AMDH) 
• Australian Centre for International Justice 
• Avocats Sans Frontières 
• Bahrain Human Rights Society (BHRS) 
• Banglar Manabadhikar Suraksha Mancha (MASUM) 
• Center for Civil Liberties 
• Center for Clean and Green Governance (CCGG) 
• Center for Truth and Justice 
• Centre Libanais des droits humains - CLDH 
• Children Education Society (CHESO), Dar es Salaam, Tanzania 
• Children's Legal Rights and Development Center (CLRDC) 
• Citizens' Assembly (Yurttaşlık Derneği) 
• Citizens for Global Solutions 
• Club des Amis du Droit du Congo (CAD) 
• Coalition Burundaise pour la Cour Pénale Internationale 
• Coalition de l'Afrique Francophone pour la CPI 
• Coalition for the Prevention of Hazara Genocide (CPHG) 
• Coalition Guinéenne pour la Cour Pénale Internationale (CGCPI) 
• Collectif des Avocats pour la défense des Victimes de crimes de droit International commis au Burundi (CAVIB) 
• Colombes de la Nature / CDN 
• Colombian Commission of Jurists 
• Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES) 
• Committee on the Administration of Justice (CAJ) 
• COMPPART Foundation for Justice and Peacebuilding 
• Corporación Sisma Mujer 
• Darfur Call 
• Darfur Women Action Group 
• Democracy for the Arab World Now (DAWN) 
• Documenta - Center for Dealing with the Past 
• Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR) 
• Ethiopian Human Rights Council (EHRCO) 
• EuroMed Rights 
• European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) 
• Exodus Charity Organization 
• Federación de asociaciones de defensa y promoción de derechos humanos 
• International Federation for Human Rights (FIDH) 
• Baltasar Garzon International Foundation (FIBGAR) 
• Finnish League for Human Rights 
• Fondation Congolaise pour la promotion des droits humains et la Paix (FOCDP) 
• Forum tunisien pour les droits economiques et sociaux 
• Foundation Sunflowers 
• Global Initiative Against Impunity (GIAI) 
• Global Justice Center 
• Helsinki Citizens' Assembly Vanadzor 
• Helsinki Committee for Human Rights / Serbia 
• Holistic Empowerment for Development 
• Human Rights and Humanitarian Development Initiatives (HRHDI) 
• Human Rights Association (İnsan Hakları Derneği - İHD) 
• Human Rights Center (ZMINA) 
• Human rights movement Bir Duino-Kyrgyzstan 
• Human Rights Now 
• Human Rights Online Philippines (HRonlinePH) 
• Human Rights Watch 
• Humanitarian Law Center 
• Hūmānus 
• Ican Kurdistan Network (IKN) 
• ImPact Coalition on Strengthening International Judicial Institutions 
• Imparsial, the Indonesian Human Rights Monitor 
• Initiatives pour la paix et les droits humains 
• Institute for Environmental Security 
• International Commission of Jurists, Kenyan Section (ICJ Kenya) 
• International Community Care e. V 
• International Legal Initiative (ILI) 
• International Service for Human Rights (ISHR) 
• Iranian Center for International Criminal Law (ICICL) 
• Just Access e.V. 
• Justice Call 
• Kenya Human Rights Commission 
• Kharkiv Human Rights Protection Group 
• Kurdish organizations Network coalition for the International Criminal court (KONCICC) 
• Kurdistan organizations Network to Abolish Nuclear and Mass Destruction Weapons - KONW 
• Kurdistan without Genocide 
• Kurdocide watch - Chak Kurdistan 
• Lawyers' Rights Watch Canada 
• League for the Defence of Human Rights in Iran (LDDHI) 
• Life campaign to abolish the death sentence in Kurdistan Network 
• Liga voor de Rechten van de Mens 
• Ligue Burundaise des droits de l'homme Iteka 
• Ligue pour la paix, les droits de l’Homme et la Justice (LIPADHOJ) 
• Manawa Organization For Martyrs & Anfal's Inquiry 
• MARUAH (Working Group for ASEAN Human Rights Mechanisms, Singapore) 
• Network of Families of the Disappeared, Nepal 
• No Peace Without Justice (NPWJ) 
• Norwegian Council for Tolerance & Peace  
• Norwegian Helsinki Committee
• Nürnberger Menschenrechtszentrum 
• Organisation marocaine des droits humains 
• Organization Against Weapons of Mass Destruction in Kurdistan 
• Organization of the Justice Campaign (OJC) 
• Palestinian Center for Human Rights (PCHR) 
• Palestinian Human Rights Organization (PHRO) 
• Philippine Coalition for the International Criminal Court (PCICC) 
• Platform for Peace and Humanity 
• Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA) 
• Programme Against Custodial Torture & Impunity (PACTI) 
• Public Association "Dignity" 
• African Assembly for the Defense of Human Rights (RADDHO) 
• REDRESS 
• Refugees in Libya - APS 
• Reporters Without Borders (RSF) / Reporters Sans Frontières (RSF) / Reporteros Sin Fronteras (RSF) 
• Réseau Equitas Côte d'Ivoire 
• Stand up for Africa 
• Students for Global Democracy Uganda 
• Sudan Social Development Organization (SUDO) 
• Swedish Peace and Arbitration Society (SPAS) 
• Synergy for Justice 
• Syrian Center for Media and Freedom of Expression (SCM) 
• TRIAL International 
• Ukrainian Helsinki Human Rights Union 
• Ukrainian Legal Advisory Group (ULAG) 
• United Nations Association of Sweden 
• Viasna, Human Rights Center 
• Vision GRAM-International 
• Women's Initiatives for Gender Justice (WIGJ) 
• World Without Genocide 
• Youth Compassion for Humanity Uganda 
• Youth For Peace And Dialogue between cultures 
• Youth Initiative for Human Rights 
• Zarga organization for rural development

Particulares:

• Abdul Nabi Alekry, Advisor, Bahrain Human Rights Organization 
• Andreas Bummel, Executive Director, Democracy Without Borders 
• Alaa Shalaby, Arab Organization for Human Rights (AOHR)
• Asiya Arif, Executive Director, Society for the Protection of the Rights of the Child (SPARC) 
• Enid H. Adler, Attorney-at-Law, Sole Practitioner 
• Gunal Kursun, Spokesperson of the Turkish Coalition for the ICC 
• Hernando Valencia-Villa, Independent Jurist 
• Inès N'GOPOT, Member of the Association des Journalistes pour la Cour Pénale Internationale 
• Kaja Kowalczewska, Actions Marie Skłodowska-Curie, Postdoctoral Researcher 
• Kelly Matheson, U.S. Attorney Specialized in international human rights
• Maria Appelblom, Former Chief of UN Standing Police Capacity 
• Maysa Ayoub, Assistant Professor  
• Mazen Darwish, Lawyer and General Director of the Syrian Center for Media and Freedom of Expression (SCM)
• Mody Watt, Secretary General, l'Organisation Nationale des Droits de l'Homme (ONDH), Sénégal 
• Rebecca Shoot, Co-Convener, Washington Working Group for the ICC 
• Terje Einarsen, Professor of International Law, Chairperson ICJ Norway 
• Thomas Verfuss, Founding president of the Association of Journalists at the ICC (AJICC-AJCPI)