Estados: Únanse al tratado de cooperación con la CPI (APIC)

El Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional (APIC), un tratado internacional creado para facilitar el trabajo de la CPI y de los miembros de su personal, es una parte esencial del marco legal necesario para garantizar la coopeeración estatal que la Corte necesita para operar como una institución judicial completamente independiente y efectiva.

Por 15 años, la CPI ha funcionado como la base de un sistema de justicia global diseñado para asegurar que el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad no queden impunes. El Estatuto de Roma y la Corte permanente que este constituye para complementar los esfuerzos estatales en la erradicación de la impunidad son hitos incuestionables de la justicia internacional de las últimas dos décadas.

Pero la Corte sólo puede llevar esto a cabo si cuenta con la cooperación total y efectiva de los Estados, esto implica la ratificación y la implementación universal del APIC.

Necesidades de ratificación

La ratificación y la implementación universal del APIC son claves para el funcionamiento efectivo de la Corte y del sistema de justicia internacional global dado que aseguran a la CPI el acceso y la cooperación que necesita para llevar justicia a las víctimas de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

El APIC, que desarrolla las disposiciones de cooperación del Artículo 48 del Estatuto de Roma, deja poco espacio para la duda. El tratado cubre no sólo los privilegios e inmunidades que los Estados deben extender a los funcionarios, materiales, transacciones y comunicaciones de la Corte dentro del ámbito del trabajo oficial de la CPI, sino también los privilegios e inmunidades con los que deben contar los equipos de la defensa, los testigos, las víctimas, los expertos y varios otros participantes de los procedimientos de la CPI. Esto incluye a los representantes estatales.

Hasta la fecha, sólo 77 Estados son parte de este instrumento, un número algo menor a los 193 Estados miembros de la ONU, e incluso menor que los 124 Estados Partes al Estatuto de Roma. Dado que el APIC puede ser ratificado incluso por Estados que no sean miembros a la CPI, todos los Estados tienen la oportunidad de apoyar a la justicia internacional aún antes de ratificar el tratado de la CPI, como lo demostró Ucrania en 2007.

En una carta enviada en julio, la Coalición instó a los líderes estatales a ratificar o adherir a este importante y esencial tratado.

En la iniciativa organizada por el gobierno belga, los Estados organizaron una ceremonia de compromiso para la ratificación del APIC en la sesión de noviembre de 2016 de la Asamblea de los Estados Partes (AEP).  Este evento buscó que los Estados asumieran compromisos oficiales para la ratificación del APIC en el 20° aniversario  del Estatuto de Roma en 2018. Durante la ceremonia, Australia, El Salvador y Perú realizaron compromisos oficiales para ratificar el APIC antes del 20° aniversario de la CPI. Como parte de esta campaña, la Coalición solicitó a los gobiernos que siguieran el ejemplo de Perú, que se convirtió en el 76°  Estado en unirse al tratado en enero de 2017, y la República de Moldavia, que lo siguió como el Estado número 77 en mayo de ese mismo año. Australia y El Salvador también están en la lista para cumplir con los compromisos que asumieron en la sesión de 2016.

Inmunidades y privilegios transgredidos: El ejemplo de Libia

En 2012, miembros de la defensa que viajaron para reunirse con el sospechoso de la CPI, Saif-al-Islam Gaddafi, fueron detenidos por una milicia rebelde en Zintán, Libia, quienes alegaron que la abogada de Gaddafi había intentado darle documentos al acusado que, de acuerdo con los miembros de la milicia, conformaban una amenaza directa a la seguridad del Estado. Sin embargo, de acuerdo con el Estatuto de Roma, así como existe un privilegio entre abogado y cliente a nivel nacional, también existe una protección para las comunicaciones entre los sospechosos de la CPI y sus abogados.

Libia no es parte del Estatuto de Roma ni del APIC, pero la remisión de la situación en su territorio a la CPI obliga a las autoridades libias, así como a todos los Estados y organizaciones regionales y otras organizaciones internacionales interesadas, a cooperar plenamente con el mandato de la CPI. Esto implica asegurar la capacidad de un sospechoso de gozar de los derechos internacionales a un juicio justo. Para estar plenamente preparados para ayudar a la CPI a defender estos derechos, todos los Estados - miembros de la CPI o no - deben ratificar el APIC.
 

20 años ¿Por qué ahora más que nunca?

La ratificación del APIC sigue siendo una importante prioridad en el fortalecimiento de la CPI, pero tal vez hoy es más necesaria que nunca dado que este mismo año la Corte se encuentra a cargo de tres procedimientos judiciales y de reparaciones en curso en relación con tres países con situaciones, además de 10 investigaciones y 10 exámenes preliminares en la Fiscalía de la CPI.

La Corte ha subrayado repetidamente el valor de visitar los países con situaciones. Es decir, esto es central a la hora de decidir si un caso debe ser presentado ante la Corte, o para reunirse con las víctimas y las comunidades afectadas. Las experiencias de los equipos de la defensa de la CPI han demostrado que las normas consagradas en el APIC pueden ayudar a mantener las normas internacionales para llevar a cabo los juicios justos. Teniendo en cuenta el aumento en el número de casos que presentan amenazas a la integridad de los testigos, asegurar ciertos privilegios e inmunidades para los testigos puede ayudar a reducir su susceptibilidad a una influencia inadecuada.

Sin embargo, la CPI sólo puede aprovechar esta oportunidad para ofrecer una justicia imparcial a las víctimas si goza de la plena cooperación de los 193 Estados comprometidos con la paz y la seguridad del mundo.

Únase a nosotros este año y ayúdenos a pedir a su gobierno que cumpla con el compromiso asumido y se sume a los 77 Estados que ya son parte del APIC, su gobierno puede ayudar a lograr la central tarea de hacer que la justicia internacional sea un objetivo posible.

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