#JusticiaGlobal Semanal - Burundi preparada para abandonar la CPI | Kenia: Poner fin a las violaciones de derechos
Las víctimas son quienes realmente pierden mientras Burundi se prepara para abandonar la CPI
El 27 de octubre de 2017, Burundi se convertirá en el primer país en retirarse del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), lo que trae varios cuestionamientos sobre el examen preliminar preexistente de la CPI sobre la situación del país desde abril de 2016.
El examen preliminar de la Fiscalía de la CPI en Burundi ha intentado establecer si es necesario abrir una investigación sobre las acusaciones por graves crímenes internacionales presuntamente cometidos en el país desde abril de 2015., que incluyen asesinatos, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y violencia sexual.
“En una semana, la decisión de retirar a Burundi del Estatuto de Roma se hará efectiva. Esto sucede en un contexto en el que la maquinaria continua matando impunemente en Burundi. Hoy, la justicia de Burundi, por llamarla así, ha perdido contacto con la vida. Se ha convertido en una mera herramienta de represión de cualquier voz que se oponga a los poderosos y al partido que está en el poder, CNDD FDD,” dijo la Coalición por la CPI de Burundi en una declaración hoy.
"Retirarse de cualquier tratado internacional es una derogación del compromiso de un país con el Estado de derecho y nos entristece que las víctimas de graves crímenes en Burundi pierdan el recurso de la justicia y el resarcimiento a través del sistema de la CPI", dijo William R. Pace, coordinador de la Coalición por la CPI. "Sin embargo, el hecho de que Sudáfrica y Gambia hayan decidido quedarse con la CPI nos da esperanza, y que muchos Estados africanos hayan rechazado los llamados a una retirada masiva en la última cumbre de la Unión Africana también".
A fines de abril de 2015, el presidente Nkurunziza anunció, con la aprobación del tribunal constitucional de Burundi, que buscaría la reelección para un tercer mandato, medida que se opone al límite de dos años para la presidencia del país acordado en los Acuerdos de Arusha. El anuncio fue recibido con protestas diarias que duraron meses, y que luego se transformaron en violentas y mortales, dado que las autoridades habrían respondido con la fuerza y represión. Según los informes, la violencia y otros graves abusos contra los derechos humanos continuaron después del resultado de las elecciones.
La ONU estima que habrá 534.000 refugiados burundeses para fines de 2017. Otras 209.202 personas fueron desplazadas internamente en Burundi desde mayo de 2017,
Durante los casi 13 años que Burundi fue un Estado parte al ER, el gobierno promulgó un ley (en 2009) que incorpora plenamente las definiciones de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio del ER en su código penal.
"El caso de Burundi podría establecer un precedente potencialmente muy peligroso para el sistema de justicia internacional del Estatuto de Roma [...]. El caso de Burundi podría sugerir a otros Estados que enfrenten (o vayan a enfrentar) una consideración preliminar que sería suficiente con retirarse inmediatamente del Estatuto de Roma para poder efectivamente evitar el inicio de una investigación. De hecho, como se indicó anteriormente, el/la Fiscal puede iniciar una investigación antes de que el retiro entre en vigor [...]. Pero el/la Fiscal no necesitará dicho permiso de la Sala de Cuestiones Preliminares si otros actores de la comunidad internacional, como otros Estados parte al Estatuto de Roma o el Consejo de Seguridad de la ONU, son responsables de la lucha contra la impunidad en países reacios ", dijo la Coalición de Burundi por la CPI.
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Kenia: Poner fin a la brutalidad policial y las violaciones a los derechos
Expertos de Naciones Unidas se unieron a la sociedad civil para instar al gobierno de Kenia a levantar una nueva prohibición de protestas y poner fin a un supuesto patrón de brutalidad policial a medida que se acercan las elecciones presidenciales el 26 de octubre. Al pedir investigaciones independientes para evitar que se repita la ola de violencia que siguió a las recordadas elecciones del 8 de agosto en Kenia, los expertos también compartieron sus preocupaciones por la reducción del espacio para que la sociedad civil cuestione legítimamente la conducta de las autoridades.
Amnistía Internacional y Human Rights Watch dijeron que hasta 67 personas en todo el país fueron asesinadas como resultado de la brutalidad policial luego de que se anunciara la reelección de Uhuru Kenyatta en agosto. El lunes, luego de la nueva prohibición de protestas, la policía de Kenia usó fuerza excesiva contra partidarios de la oposición en Nairobi que pedían una reforma electoral.
"Este uso mortal de fuerza excesiva se ha convertido en un sello distintivo de las operaciones policiales en Kenia y debe detenerse de manera decisiva antes de las próximas elecciones", dijo Michelle Kagari, directora regional adjunta para África Oriental, el Cuerno y Grandes Lagos en Amnistía Internacional.
"Las autoridades de Kenia deben reconocer públicamente las violaciones, llevar a cabo investigaciones rápidas, imparciales, exhaustivas y transparentes y dar los pasos necesarios de acuerdo con la ley para que los responsables rindan cuentas como un paso clave hacia la justicia para las víctimas", dijo Otsieno Namwaya, Investigador de África en Human Rights Watch. "La policía atacó a los partidarios de la oposición y luego trató de encubrir sus ataques. Las autoridades deben garantizar que este tipo de uso arbitrario y abusivo de la fuerza por parte de la policía no se repita en las elecciones".
Mientras tanto, al responder a la represión y denigración continua de las organizaciones de derechos humanos en Kenia, los expertos de la ONU señalaron sus preocupaciones de larga data sobre la respuesta del Estado a la sociedad civil que exige investigaciones independientes sobre supuestos actos de violencia y revisiones judiciales de procesos electorales.
"Esto es inaceptable y debe detenerse de inmediato", dijeron los expertos. "A lo largo de los años, hemos expresado reiteradamente nuestras preocupaciones al gobierno de Kenia en relación con la reducción del espacio de la sociedad civil y los ataques contra defensores individuales de los derechos humanos.
Investigaciones de la CPI
RCA: El Asesor Especial de la ONU para la Prevención del Genocidio ha condenado enérgicamente la provocación de grupos armados de odio étnico y religioso y ha expresado la necesidad de medidas urgentes, concertadas y coordinadas para poner fin a la violencia.
Libia: Las agencias de ayuda de la ONU han aumentado su trabajo en la región de Sabratha luego de la intensificación del conflicto que ya ha expulsado a más de 15.000 personas de sus hogares y ha dañado o destruido más de 500 casas. El aeropuerto de Mitiga ha sido evacuado debido a los combates y fue cerrado temporalmente.
Malí: Se espera que la Fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, se presente en Malí el martes para una visita de 48 horas. Bensouda se reunirá con autoridades políticas, militares, funcionarios judiciales y organizaciones de la sociedad civil durante su visita.
Exámenes Preliminares
Nigeria: Un tribunal ha condenado a 45 miembros de Boko Haram y puesto en libertad a 468 sospechosos. Los 45 condenados han sido sentenciados a entre tres y 31 años de prisión, aunque los grupos de derechos humanos han expresado su preocupación por los juicios justos.
Palestina: El Coordinador Especial de la ONU para el Proceso de Paz de Medio Oriente se ha reunido con el Primer Ministro palestino para discutir la implementación del acuerdo intrapalestino firmado en El Cairo. El acuerdo prevé la devolución de los cruces de Gaza a la Autoridad Palestina.
Campaña de Justicia Global
Un grupo defensor de los derechos de los refugiados en Hungría demandó al gobierno del primer ministro Viktor Orban por difamarlos por un cuestionario que acusaba al grupo de abogar por penas más leves para los inmigrantes que violan la ley que para los húngaros.
El jurado en el caso Jungle Jabbah ha comenzado las deliberaciones en el juicio federal del supuesto caudillo liberiano. Ayer, los abogados del gobierno y el equipo de defensa de Mohammed Jabbateh entregaron los argumentos finales al jurado.
Alrededor del mundo
Al menos 500 personas han sido detenidas en centros de detención superpoblados de Camerún tras una serie de arrestos masivos arbitrarios en las regiones anglófonas durante las protestas pacíficas. Amnistía Internacional ha condenado los arrestos como una violación.
Un camión bomba en Somalia explotó en un concurrido cruce en el centro de Mogadishu, flanqueado por edificios gubernamentales, restaurantes, hoteles y quioscos, y mató al menos a 230 personas e hirió a cientos más.
