Afganistán

Afganistán adhirió al Estatuto de Roma en febrero de 2003. En 2007, la CPI anunció un examen preliminar para evaluar si los actos de las fuerzas extranjeras, anti-gobierno y del gobierno afgano, post 1° de mayo de 2003, deben considerarse crímenes del ER
Regions: 
Asia-Pacific
Afganistán adhirió al Estatuto de Roma en febrero de 2003 pero aún no ha ratificado el Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la CPI ni las Enmiendas de Kampala. El actual código penal afgano no contempla los crímenes internacionales o la cooperación con la CPI.

Afganistán, que ha enfrentado varios períodos de guerras civiles desde 1970, ha vuelto a eperimentar una década de conflictos luego de le invasión del país llevada a cabo por Estados Unidos luego de los ataques el 11 de septiembre de 2001. En 2007, el fiscal de la CPI anunció la apertura de un examen preliminar para determinar si los actos de las fuerzas del gobierno afgano, las fuerzas extranjeras y las fuerzas anti-gobierno como los Talibanes, posteriores al 1 de mayo de 2003, debían considerarse crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

Background
Después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 por miembros talibanes en los Estados Unidos, la invasión de Afganistán liderada por Estados Unidos llevó a más de diez años de guerra en el país. La coalición de aliados liderada por Estados Unidos, unida por la Organización del Tratado del Atlántico Norte en 2003, lanzó ataques aéreos y operaciones terrestres en Afganistán para expulsar a los talibanes del poder y desmantelar al grupo terrorista al-Qaeda responsable de los ataques al World Trade Center en Nueva York. En 2002, se instaló un gobierno afgano de transición y posteriormente el Consejo de Seguridad de la ONU estableció la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (ISAF, por sus siglas en inglés) mediante la Resolución 1386. Con el fin de ayudar al gobierno afgano a combatir a los Talibanes y a otros grupos armados, la ISAF luego pasó al mando de la OTAN. Las fuerzas internacionales retiraron importantes misiones de combate de Afganistán en diciembre de 2014, aunque un nuevo grupo más pequeño de fuerzas sigue presente y ofrece capacitación y asistencia a las fuerzas de seguridad afganas. Desde el comienzo de la guerra hasta la retirada de las fuerzas internacionales, 26.000 personas han muerto y más de 29.900 civiles han resultado heridos.
ICC situation

La Fiscalía de la CPI hizo público el examen preliminar de la situación en Afganistán en 2007. En uno de los exámenes preliminares más largos de la Fiscalía, el fiscal examinó los supuestos crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra cometidos en territorio afgano después de 1 mayo de 2003.

La Fiscalía ha encontrado argumentos razonables para creer que los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad fueron y continúan siendo cometidos por miembros de fuerzas gubernamentales afganas, por las fuerzas extranjeras y por las fuerzas anti-gubernamentales como los talibanes. El fiscal de la CPI está evaluando si existe un verdadero proceso penal nacional para tratar estos crímenes antes de desarrollar un caso para presentar ante la CPI.

La evaluación de la admisibilidad de la CPI no sólo se centra en los procedimientos penales de Afganistán, sino también de Estados Unidos y otros Estados de la OTAN capaces de sancionar la conducta ilícita tal como se establece en el Estatuto de Roma. De acuerdo con la sociedad civil no se ha encontrado mucha evidencia de juicios nacionales significativos.

Mientras tanto, la Fiscalía continúa examinando nuevos posibles delitos del Estatuto de Roma en Afganistán.

Cooperation

Afganistán se adhirió al Estatuto de Roma en 2003 y ha cooperado ampliamente con el examen preliminar de la Fiscalía en su territorio. Sin embargo, la sociedad civil sigue preocupada por el posible papel de Estados Unidos y otras fuerzas de ocupación en el alcance de la cooperación de Afganistán con la CPI.

La obligación de cooperar de Afganistán como Estado miembro a la CPI incluye la cooperación con el examen de conducta de la Fiscalía -incluyendo los presuntos abusos a detenidos- por parte de los socios internacionales de Afganistán en la invasión y ocupación delpaís liderada por Estados Unidos después del 1° de mayo de 2003.

En una reciente muestra positiva de cooperación, el segundo vicepresidente de Afganistán hizo una declaración en 2016 dando la bienvenida a una visita de la CPI a Afganistán. El gobierno también anunció la creación de un comité técnico de funcionarios gubernamentales y de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán (AIHRC, por sus siglas en inglés) para coordinar la cooperación con la CPI.

National prosecutions

Despite its obligations as an ICC member state, Afghanistan has not updated its 1976 Criminal Code to cover international crimes, which has frustrated domestic efforts to deliver justice to victims of gross human rights violations.

At the request of the Afghan government, AIHRC charted an “Action Plan for Peace, Reconciliation and Justice in Afghanistan”, launched by President Hamid Karzai in 2006, to instruct that the commission of war crimes, crimes against humanity, or obvious human rights violations “does not fall into the scope of amnesty on the basis of the principles of the sacred religion of Islam and internationally accepted standards.”

Contrary to the Action Plan, the 2007 “Law on Public Amnesty and National Stability” granted legal immunity to “all political parties and belligerent groups who fought each other during the past two and a half decades”, without any temporal limit to the law’s application or any exception in the case of international crimes.

The move, viewed as a violation of the fundamental right to redress for victims of gross human rights violations, spurred a vehement reaction from national and international NGOs, including concerns about Afghanistan’s willingness and the ability of the Afghan legal order to put an end to impunity.

Only one high-ranking member of an armed group has been put on trial in Afghanistan, for crimes committed in 1992-93 – prior to the passing of the amnesty law, but also prior to ICC jurisdiction. The government has launched only a limited number of proceedings against its own alleged perpetrators, such as two officials from the National Directorate of Security.

Allegations of detainee abuse by US forces have resulted in one conviction – of a former Central Intelligence Agency independent contractor – and the court-martialing of a few dozen members of the military. Considering that these individuals were deemed responsible for isolated incidences of cruelty towards Afghan prisoners, civil society has alleged that the United States has not genuinely carried out an investigation.

Regarding the October 2015 aerial bombardment of a Médecins Sans Frontières hospital in Kunduz by US armed forces, a NATO investigation concluded that the bombardment resulted from human error. The only outcome was the suspension of the individuals most closely associated with the incident.

Civil society advocacy

Local civil society groups in Afghanistan have played a pivotal role in advocating for victims’ concerns and issues of justice and accountability to be included in Afghanistan’s transitional justice process.

In March 2005, the Afghan government appointed an inter-ministerial Commission with senior representatives from the ministries of foreign affairs, justice, and the interior; from the Supreme Court; from the University of Kabul; and from the civil society organization Afghan Professional Alliance for Minority Rights. The goal of the Commission was to evaluate and determine steps toward implementation of the Rome Statute into national laws.

During a March 2006 roundtable, the Commission expanded its membership to other actors, including civil society organizations. The Afghanistan Independent Human Rights Commission prepared a preliminary draft on ICC implementing legislation, which received feedback from various actors and was then presented to the Ministry of Justice, where it has remained since 2007.

According to local Coalition members, there have been no implementation developments since 2007.

Civil society in Afghanistan and the Middle East have worked with the Coalition for the ICC in translating key documents, facilitating discussions with the government, and raising awareness of the significance of ICC activities in the country. These efforts have been key in laying the groundwork for Afghan leaders and the general public to engage in serious debates on the role of justice and the importance of an inclusive peace process.
 

Campaign for global justice

Neither signed nor ratified/acceded
Neither signed nor ratified/acceded
Crime of agression
Not ratified
10 February 2003
10 November 2016
10 November 2016
Article 8
Not ratified
10 November 2016
Cooperation: 
In progress, but stalled
Complementarity (national prosecutions): 
In progress, but stalled