Frente a las amenazas, los Estados deben defender la independencia de la CPI y proteger el acceso de las víctimas a la justicia
31 de mayo de 2024
En las últimas semanas, se han formulado una serie de amenazas preocupantes contra la Corte y sus responsables, con el objetivo de socavar la independencia y el trabajo de la Corte. Entre estas amenazas se incluyen los llamados a sanciones contra los funcionarios de la Corte realizados por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y algunos legisladores de los Estados Unidos de América (EE. UU.). Las últimas amenazas se hicieron después de que el Fiscal de la CPI, Karim Khan, anunciara que su Oficina había solicitado a la Sala de Cuestiones Preliminares I de la CPI la emisión de cinco órdenes de arresto en el marco de la situación en Palestina.
Aunque los intentos de descarrillar la búsqueda de la responsabilidad penal por los crímenes internacionales no son nuevos, la protección de la CPI es particularmente importante hoy en día ante la creciente hostilidad hacia la Corte y la fuerte demanda de justicia en el mundo. Como corte de última instancia que complementa a los tribunales nacionales, la CPI desempeña un papel crucial para brindar justicia a las víctimas cuando los Estados no están dispuestos o no son capaces de investigar y enjuiciar genuinamente los crímenes del Estatuto de Roma, sin importar dónde se cometan y por quién.
La Coalición acoge con satisfacción la reafirmación por parte de la presidencia de la Asamblea de los Estados Partes (AEP), el órgano de supervisión y legislativo de la CPI, de su "firme compromiso de respaldar y defender los principios y valores consagrados en el Estatuto de Roma y de preservar su integridad sin dejarnos amilanar por las amenazas o medidas contra la Corte, sus funcionarios y quienes colaboran con ella”. La Coalición también aplaude la condena de estas amenazas por parte de varios Estados Partes, así como por parte de la Unión Europea (UE), y su reiteración de que cumplirán con sus obligaciones de cooperar con la Corte para que pueda cumplir con su mandato.
A medida que la Corte ha ampliado su trabajo a más situaciones y regiones en los últimos años, ha atraído una mayor oposición politizada y reacciones hostiles destinadas a frustrar sus esfuerzos para brindar justicia. Esto ha incluido sanciones económicas y restricciones de viaje para el personal de la CPI, medidas contra los funcionarios electos de la CPI y los defensores de los derechos humanos, reacciones negativas en los medios de comunicación, así como ciberataques. Hasta la fecha, los Estados Partes han desempeñado un papel crucial en la defensa de la Corte ante la interferencia indebida con su independencia, permitiéndole continuar cumpliendo su mandato global de manera independiente.
Mientras las actividades de la Corte vuelven a estar amenazadas, los 124 Estados Partes del Estatuto de Roma de la CPI tienen la responsabilidad de dar un paso adelante y defender la Corte expresando un apoyo fuerte y concreto, condenando y oponiéndose inequívocamente a las amenazas y a cualquier sanción contra la Corte, su personal y aquellos que cooperen con ella. Esto se puede hacer de forma individual y conjunta. Además, los Estados deberían considerar otras medidas relevantes para preservar la integridad, eficacia o imparcialidad de la institución, sus responsables y aquellos que cooperen con ella.
Paralelamente, el apoyo político y diplomático debe ir acompañado de acciones concretas para garantizar que la Corte disponga del espacio y la capacidad necesarios para brindar justicia de manera independiente a las víctimas. Los Estados Partes de la CPI tienen obligaciones legales en virtud del Estatuto de Roma de cooperar plenamente con la Corte en su investigación y enjuiciamiento de los crímenes dentro de su jurisdicción, incluida la ejecución de órdenes de arresto. Para que la Corte pueda impartir justicia de manera independiente e imparcial en todas las situaciones que tiene ante ella, los Estados Partes de la CPI también tienen la responsabilidad de proporcionar recursos financieros sostenibles a largo plazo.
La Coalición también reitera su profunda preocupación ante las amenazas y medidas represivas contra los defensores de los derechos humanos y la sociedad civil que están a la vanguardia de la lucha contra la impunidad. En todo el mundo, los defensores de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil enfrentan amenazas y represalias por su trabajo para avanzar en la justicia para las víctimas y por su cooperación con la CPI. Los Estados Partes de la CPI, la Corte, así como las organizaciones internacionales y regionales, deben proteger y defender a los defensores de los derechos humanos y la sociedad civil y condenar las amenazas contra ellos, de manera resuelta y constante.
Hoy más que nunca, las voces fuertes y unidas de los Estados Partes son necesarias para defender la capacidad de la Corte de brindar justicia a las víctimas de los crímenes más graves en el marco de su mandato global.
Créditos de la imagen: ©ICC-CPI
