Dominic Ongwen

Un desafío para el sistema de asistencia legal
Sin dejar de cumplir con la elección de algunas víctimas de contar con dos representantes legales externos, la Sala de Cuestiones Preliminares II decidió en noviembre de 2015 designar a la Oficina del Defensor Público para las Víctimas (ODPV) como el “representante legal común” para aquellos que no habían elegido a estos dos abogados. La Sala luego agregó que los abogados externos no habían calificado para recibir la asistencia financiera de la CPI como “abogados elegidos por las víctimas” sino como "representantes legales comunes" designados por la Corte. Dado que más de 1.400 de las 2.026 víctimas que participan en el caso son representadas por representantes externos, la decisión generó algunas preguntas y preocupaciones entre las comunidades de las víctimas, los abogados de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil. En particular, algunos cuestionaron el impacto de la decisión en los futuros procedimientos y plantearon el posible riesgo de que las víctimas no puedan elegir efectivamente a su propio representante sin ser privados de toda asistencia legal por parte de la Corte.  

Cooperación: Uganda acepta, la CPI reemplaza a un tribunal nacional
De acuerdo con el principio de complementariedad, la CPI no puede juzgar casos si las cortes nacionales son competentes y tienen la intención de hacerlo. Uganda, luego del establecimiento de su División de Crímenes Internacionales (DCI) en 2008, indicó que Ongwen iba a ser juzgado de manera nacional a través de la DCI. Sin embargo, debido a la falta de recursos y a ciertas preguntas en torno a la jurisdicción de la DCI sobre los crímenes contemplados en  los cargos de la CPI, Uganda no siguió adelante con la cuestión.