Ambos bandos son acusados de cometer crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Los casos que se han abierto hasta ahora son solo contra miembros del ERS. Uganda ha implementado el Estatuto de Roma en su legislación nacional, lo que ha facilitado la cooperación con la CPI, y ha establecido una División de Crímenes Internacionales (DCI) para permitir procesos judiciales nacionales sobre crímenes graves. El trabajo de la DCI ha sido obstaculizado por distintas razones, entre ellas, una ley de amnistía pre-existente que se aplicó a miembros del ERS. En los últimos, el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, ha adoptado una retórica anti CPI. La sociedad civil de Uganda tiene una fuerte red que promueve la rendición de cuentas por crimenes graves a nivel nacional e internacional.
Primera auto-remisión y las órdenes de arresto de la CPI
Uganda se convirtió en el primer Estado en remitir un caso en su propio territorio a la CPI el 16 de diciembre de 2003. Después de un breve examen preliminar, en julio de 2004 la Fiscalía de la CPI abrió una amplia investigación penal sobre la situación en el norte de Uganda.
Los jueces de la CPI encontraron una base razonable para creer que el ERS estableció un patrón para brutalizar poblaciones civiles, incluído el campo de desplazados internos (CDI) de Pajule en 2003 y los CDI de Odek, Lukodi y Abok en 2004, durante la insurgencia en contra del gobierno de Uganda.
En el 2005, la Sala de Cuestiones Preliminares II emitió una orden de arresto contra cinco miembros seniors del ERS, entre ellos, Joseph Kony y el comandante Dominic Ongwen. Los casos en contra de Raska Lukwiya y Okot Odhiambo concluyeron en 2007 y 2015 respectivamente, después que la evidencia forense confirmara la muerte de Kukwiya en 2006 y la muerte de Odhiambo en 2013. Se cree que el vicecomandante Vincent Otti ha fallecido pero su orden de arresto aún sigue pendiente.
La investigación de la CPI no ha presentado cargos en contra de funcionarios de gobierno y fuerzas armadas. De acuerdo a algunos grupos de la sociedad civil, la ausencia de dichos casos – o una explicación clara y pública de porqué no están siendo investigados– ha dejado demasiadas víctimas sin justicia y ha dañado la percepción sobre la independencia y la imparcialidad de la Corte.
Se implementa el Estatuto de Roma como ley nacional
La Ley de la Corte Penal Internacional de 2010 le permite a Uganda cooperar con la CPI, esto incluye investigar y procesar individuos acusados de los crímenes del Estatuto de Roma. La ley también permite el arresto y la entrega de sospechosos de la CPI.
Las fallas en el arresto de sospechosos del ERS
Por una década, los gobiernos regionales y las fuerzas militares de Estados Unidos no han logrado arrestar a los líderes del ERS, quienes lograron evadir su captura operando en las regiones fronterizas ubicadas entre Uganda, la RCA, Sudán y la RDC. Uno de los sospechosos se entregó, se cree que otros tres han fallecido; el líder del ERS Joseph Kony sigue en libertad.
La Coalición insta a la comunidad internacional a cooperar con la CPI y a coordinar esfuerzos para localizar, aislar y arrestar a los comandantes del ERS que continúan negándoles la justicia a las víctimas de la CPI.
La Ley de Amnistía en conflicto con el trabajo de la División de Crímenes Internacionales
En 2008, se estableció la División de Crímenes Internacionales (DCI) bajo la Corte Suprema de Uganda para juzgar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio, terrorismo, tráfico de personas, piratería y otros crímenes internacionales. Uganda explicó a la CPI que aquellos que contaran con órdenes de la CPI en su contra serian sujetos a la jurisdicción de la DCI. La división especial, sin embargo, se ha encontrado con varios desafíos a la hora de procesar oficiales de alto rango del ERS debido a las leyes de amnistía y
preocupa que los procesos de justicia tradicionales de la DCI coercionen la reconciliación entre las víctimas y lo acusados. La Corte Constitucional de Uganda reglamentó en 2011 que el comandante del ERS, Thomas Kwoyelo, en juicio ante la DCI, tenía derecho a amnistía. El juicio Kwoyelo se reanudó en el 2016, después de que la Corte Suprema revocara la decisión.
Uganda fue la primera situación abierta por la CPI, pero la falta de arrestos ha generado grandes frustraciones entre las víctimas. Sin embargo, los esfuerzos de la sociedad civil y los de los defensores de la justicia internacional de Uganda, combinados con la entrega y la
transferencia de Dominic Ongwen a la CPI en enero de 2015, han ayudado a revitalizar la esperanza entre las víctimas del ERS y han generado una nueva oportunidad para hacer justicia en la CPI.
La sociedad civil continúa reclamando el procesamiento nacional e internacional de los funcionarios de gobierno y de las fuerzas armadas acusadas de cometer crímenes graves durante el conflicto.
Crear conciencia a nivel global
El rol de la sociedad civil ha evolucionado en Uganda. Las ONG ha jugado un papel cada vez más activo en la promoción de la justicia internacional. La sociedad civil fue particularmente importante en la investigación y en la documentación de crímenes internacionales serios, en el reclamo para que los responsables de las violaciones de derechos humanos sean llevados ante la justicia y a la hora de crear conciencia por los crímenes cometido por el ERS y su líder, Joseph Kony. Más de treinta activistas de la sociedad civil, líderes religiosos y defensores de los derechos humanos de la región afectada por el ERS, han ayudado a crear conciencia entre los líderes regionales de la necesidad crucial de reconocer el peligro del ERS y la necesidad de comprometerse genuinamete con una cooperación activa y significativa para proteger a los civiles.
La Conferencia de Revisión de Kampala de 2010: La sociedad civil reúne a las partes involucradas
Como parte de los preparativos para la Conferencia de Revisión de Kampala de 2010, Human Rights Network Uganda (HURINET-U), No Peace Without Justice y la Coalición de Uganda por la CPI invitaron delegaciones de los Estados partes a ir a Uganda a conocer a la
mayor cantidad de interlocutores posibles involucrados en los esfuerzos a favor de la justicia y la rendición de cuentas, la construcción de paz y la lucha en contra de la impunidad en el país. Los encuentros tenían por objeto mejorar la evaluación de la Conferencia de Revisión sobre el impacto del sistema del Estatuto de Roma en la complementariedad, la cooperación, las comunidades afectadas, la paz y la justicia, llevar a la CPI más cerca de las personas afectadas por su trabajo y crear espacios para la interacción directa entre los Estados miembros de la CPI, las comunidades afectadas y otros actores.