El 27 de octubre de 2017, Burundi se convirtió en el primer Estado en abandonar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI). La sociedad civil y otros actores involucrados condenaron la decisión.
“Mientras la máquina sigue asesinando con impunidad en Burundi, Burundi decide abandonar el Estatuto de Roma”, expresó Lambert Nigarura, presidente de la Coalición de Burundi por la CPI. “Hoy, la justicia de Burundi, por llamarla de algún modo, ha perdido contacto con la vida. Se ha convertido en una mera herramienta de represión de cualquier voz disidente."
“Retirarse de un tratado internacional es una derogación del compromiso de un país con el Estado de derecho. Lamentamos que las víctimas de los crímenes más graves de Burundi pierdan el acceso a la justicia y la reparación a través del sistema de la CPI”, dijo William R. Pace, Coordinador de la Coalición por la CPI.“Sin embargo, el hecho de que Sudáfrica y Gambia hayan decidido quedarse en la CPI y que muchos Estados africanos hayan rechazado los pedidos para retirarse masivamente en la última cumbre de la Unión Africana nos da esperanza”.
“Abandonar el Estatuto de Roma no absuelve de ninguna manera a Burundi de sus obligaciones para terminar on las violaciones generalizadas de derechos humanos, o de resolver su incapacidad de llevar justicia a las víctimas a nivel nacional", dijo Matt Cannock, líder del Centro de Justicia Internacional de Amnistía Internacional. “La CPI puede continuar con sus exámenes preliminares a pesar de los esfuerzos de Burundi para detener su trabajo al retirarse de la Corte. Incluso si el gobierno del Presidente Pierre Nkurunziza no quiere cooperar con la Corte, la CPI cuenta con medios para investigar y procesar los crímenes cometidos."
“Burundi no ha sido capaz de llevar ante la justicia a los responsables de los crímenes más brutales y ha llevado las cosas al más bajo nivel al negar a las víctimas la posibilidad de buscar justicia a través de la CPI”, expresó Daniel Bekele, Director de África en Human Rights Watch. “Esta decisión solo confirma el desprecio de Burundi por los derechos humanos y el Estado de derecho.”
En una declaración, el Servicio Europeo de Acción Exterior afirmó: "Esto representa un serio paso atrás que puede aislar aún más al país de la comunidad internacional. Esta decisión priva a las víctimas de crímenes y violaciones de derechos humanos de la posibilidad de obtener reparación y debilita a la sociedad civil. El reciente informe de la Comisión de Investigación independiente de la ONU sobre Burundi expresa claramente la magnitud y la gravedad de las presuntas violaciones de derechos humanos que se cometen en el contexto de la crisis actual. Abandonar el Estatuto de Roma no favorece la resolución pacífica de la crisis y perjudica la lucha contra la impunidad. Cualquier solución a la crisis actual deberá basarse en el restablecimiento del Estado de derecho, debe abordar y procesar eficazmente todas las violaciones de derechos humanos, asegurando la rendición de cuentas de los responsables. La Unión Europea espera que Burundi, como un antiguo miembro del Estatuto de Roma, continúe cooperando con la Corte. La Unión Europea sigue siendo una firme partidaria de la CPI. Cuando surgen inquietudes en el marco del Estatuto de Roma, permanecemos abiertos a una discusión constructiva".
Cómo impacta el examen preliminar de la CPI
Esta es la primera vez que un Estado miembro de la CPI se retira del Estatuto de Roma. Existen diferentes opiniones sobre el impacto de esta decisión en el examen preliminar de la CPI. La situación en Burundi se estaba examinando de manera preliminar, no era una investigación formal de la CPI cuando la denuncia entró en vigor el 27 de octubre, esto significa que la Fiscal no había solicitado ni recibido la autorización de los jueces para llevar las situaciones a juicio ante la Corte.
El examen preliminar de la Fiscalía de la CPI en Burundi, que se encontraba en la fase de determinación de la competencia material (Fase 2) al momento del último informe de la Fiscalía (14 de noviembre de 2016), ha investigado los presuntos crímenes del Estatuto de Roma (asesinatos, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y violencia sexual) cometidos en el país desde abril de 2015.
Hubo cierta incertidumbre sobre la capacidad de la Corte para que el examen preliminar se convierta en una investigación completa y en posibles juicios debido a la falta de precedentes sobre la denuncia.
Cuando la denuncia entró en vigor, el vocero de la CPI Fadi El-Abdallah dijo: “El Artículo 127 establece que la denuncia no afecta la jurisdicción de la CPI sobre los crímenes que fueron cometidos cuando el Estado era un Estado parte.”
Amnistía Internacional declaró que la Fiscal conservaría los motivos para el inicio de una investigación formal. Human Rights Watch pidió a la Corte que aplique un enfoque progresivo en la interpretación de la jurisdicción.
"El caso de Burundi puede sentar un precedente potencialmente peligroso para el sistema de justicia internacional del Estatuto de Roma", dijo la Coalición de Burundi por la CPI. "El caso de Burundi puede sugerir a otros Estados que enfrentan (o que enfrentarán) una consideración preliminar que abandonar la CPI de manera inmediata es una opción válida para evitar efectivamente el inicio de una investigación."
“La CPI sigue siendo el único camino hacia la justicia para las numerosas víctimas de los crímenes más graves cuando las cortes nacionales no son capaces o no tienen la intención de juzgar los casos”, expresó Bekele. “Los países africanos deben distanciarse de la denuncia a la CPI, y reafirmar su compromiso con la justicia por las atrocidades de África.”
