Es el momento es ahora. La Coalición para la CPI insta a los Estados Parte de la CPI a defender la independencia de la Corte frente a amenazas y sanciones

Las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos están en primera línea de los esfuerzos que se llevan a cabo para garantizar que las víctimas de graves crímenes internacionales obtengan justicia. Una parte fundamental de ese trabajo ha sido siempre insistir en la cooperación de los Estados con la Corte y defender a la Corte y al sistema del Estatuto de Roma de los intentos de socavarlos, a menudo, con un gran riesgo para su persona.   

La Coalición por la CPI está profundamente preocupada por la serie de amenazas sin precedentes dirigidas a obstaculizar la justicia ante la CPI. Estas amenazas incluyen llamados a imponer sanciones contra la Corte por parte de funcionarios electos en Israel y Estados Unidos de América, órdenes de arresto emitidas por Rusia contra el Fiscal y jueces de la CPI, la vigilancia e intimidación de funcionarios electos de la CPI y defensores de derechos humanos, así como ciberataques. 

Los Estados Partes se han unido en el pasado para defender a la Corte de intromisiones y obstrucciones, y tendrán que volver a hacerlo ahora. Como Coalición de cientos de ONG de todo el mundo, instamos a los Estados Partes y a todos los actores relevantes a garantizar que la Corte pueda seguir con su trabajo, y a que las víctimas puedan encontrar la esperanza en alguna parte, incluso cuando no hay otro sitio al que acudir. 

Ya se han dado pasos importantes. 

La Coalición celebra el fuerte apoyo que los Estados Partes han dado hasta el momento, incluida la declaración emitida por 94 Estados Partes en junio, en la que declaraban su "apoyo inquebrantable a la Corte como institución judicial independiente e imparcial” y reitera[ban] su "compromiso de sostener y defender los principios y valores consagrados en el Estatuto de Roma y preservar su integridad frente a cualquier injerencia política o presión”. 

La presidencia de la Asamblea se ha manifestado firmemente en la condena de los ataques contra la Corte y sus funcionarios, dirigidos a socavar el mandato de la CPI, haciendo uso de la estrategia de la Asamblea—adoptada el año pasado—para responder a amenazas y ataques contra la Corte, sus funcionarios y quienes cooperan con ella. 

Celebramos las muestras de apoyo y preocupación que se han expresado en muchas declaraciones del Debate General (y en esta sesión plenaria), así como el lenguaje de la próxima resolución ómnibus de este año, en la que se mencionan explícitamente las sanciones.   

De ahora en adelante, se deben tomar más medidas, sobre todo, para hacer frente a las posibles sanciones de los Estados Unidos, que podrían tener un gran impacto en la capacidad de la Corte para llevar a cabo su trabajo, y que podrían crear graves peligros para todos los que colaboran con la Corte, incluidos los Estados Partes y la sociedad civil. 

Por lo tanto, ofrecemos las siguientes recomendaciones: 

En primer lugar, las palabras siguen siendo fundamentales. Les instamos a que sigan defendiendo públicamente la importancia que la CPI tiene para que haya un orden mundial basado en normas, para que exista paz y seguridad a nivel internacional, y para que se cumpla el derecho de las víctimas a que se haga justicia en todas las situaciones en las que actúe la Corte. Les instamos asimismo a que lo defiendan directamente ante el Gobierno y el Congreso de Estados Unidos. 

En segundo lugar, la forma en la que cumplan con sus propias obligaciones en virtud del Estatuto de Roma influirá en la forma en la Corte se defienda contra las sanciones. No puede haber dudas, justicia selectiva ni espacio para la ambigüedad en cuanto a sus obligaciones en virtud del Estatuto de Roma. Se debe apoyar y defender la institución de forma clara e incondicional. Frente a estas amenazas, su cooperación deberá alcanzar nuevos niveles. 

En tercer lugar, los Estados Partes y las instituciones regionales deben avanzar hacia la adopción o aplicación de estatutos de bloqueo nacionales y regionales, como el estatuto de bloqueo de la UE. 

Aunque su impacto sea limitado, este tipo de legislación sigue siendo una herramienta fundamental en este momento, de hecho, quizás sea la única disponible. Los estatutos de bloqueo y otros instrumentos similares proporcionan a la Corte y a sus socios una protección esencial y envían un poderoso mensaje: los Estados Partes no tolerarán los esfuerzos por socavar la Corte.   

En cuarto lugar, los Estados Partes también deben considerar otras medidas concretas que puedan adoptar, y deben compartir esos conocimientos dentro de la AEP y con la Corte.  Pedimos a los Estados Partes, a fin de anticiparse a posibles acciones coercitivas, que aseguren el compromiso de sus proveedores de servicios nacionales y regionales a seguir trabajando con la Corte. 

En quinto lugar, los Estados Partes que aún no lo hayan hecho deben ratificar inmediatamente el Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional (APIC). Hasta la fecha, solo 79 de los 125 que pronto serán Estados Partes han ratificado el Acuerdo. En los últimos cinco años, solo dos Estados lo han ratificado: Mongolia y San Marino.   

La ratificación universal y la aplicación del APIC son fundamentales. 

Por último, también nos preocupa el impacto de estas sanciones sobre quienes colaboran con la Corte. Sabemos demasiado bien que las sanciones contra la Corte crean desconfiazan e incertidumbre entre las ONG, los consultores y los abogados que trabajan con la CPI.   Aunque estas nuevas sanciones impactarán inevitablemente sobre las víctimas, los representantes legales y la sociedad civil, el compromiso y la resiliencia de la sociedad civil y de las personas defensoras de los derechos humanos en favor de la justicia y de las víctimas de atrocidades es más firme que nunca. 

Muchas personas defensoras de los derechos humanos y sus familias que se encuentran en países con situaciones objeto de investigación de la CPI se enfrentan a presiones, intimidaciones e incluso a la criminalización, para así silenciarles y poner fin a su trabajo en favor de las víctimas lo que, a su vez, socava el cumplimiento del mandato de la CPI. Pedimos a los Estados Partes que apliquen medidas para proteger y defender de ataques y sanciones a quienes colaboran con la Corte, y que adopten medidas para fortalecer los marcos nacionales de protección de las personas defensoras de los derechos humanos. 

Todas las medidas que adopten los Estados Partes tendrán repercusiones. El tiempo apremia. Es fundamental que ustedes, los Estados Partes, muestren que están dispuestos a actuar. 

La Coalición está dispuesta a seguir colaborando con los Estados Partes, la Corte, otros estados y partes interesadas para garantizar que se respetan plenamente las decisiones de la CPI y que se protegen el mandato y la independencia de la Corte.