La sociedad civil condena las sanciones de EE. UU. contra la Corte Penal Internacional

12 February 2025
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La Coalición por la CPI
Nadie está por encima de la ley; los Estados Partes de la CPI deben actuar para proteger la independencia de la Corte.

El 6 de febrero de 2025, el presidente de Estados Unidos (EE. UU.) emitió una orden ejecutiva con el objetivo de aplicar sanciones contra los funcionarios de la Corte Penal Internacional (CPI).

La Coalición por la CPI condena la emisión de esta Orden Ejecutiva por parte del Presidente de los Estados Unidos e insta encarecidamente a los Estados Partes de la CPI a que se pronuncien y actúen para salvaguardar el acceso de las víctimas a la justicia y defender el principio básico del Estatuto de Roma de que nadie está por encima de la ley.

La CPI es una institución judicial independiente encargada de impartir justicia a las víctimas de crímenes internacionales graves cuando no tienen a quién recurrir. Es un tribunal de última instancia fundamental, respaldado por 125 Estados Partes y que opera en más de 18 situaciones en todo el mundo.

A principios de este mes, la Coalición y más de 150 de sus miembros de todo el mundo mostraron su firme oposición a los esfuerzos de EE. UU. para imponer sanciones contra la CPI y advirtieron que tales sanciones podrían perjudicar gravemente la capacidad de la CPI para cumplir su mandato crucial en todas las situaciones en las que interviene. Las sanciones contra la CPI impedirán el acceso de las víctimas a una justicia creíble e independiente y representan una ofensa para las víctimas y los sobrevivientes de todo el mundo. Las sanciones son una herramienta que debe utilizarse contra los responsables de los crímenes internacionales más graves, no contra quienes buscan justicia.

Reiteramos nuestro llamamiento a los EE. UU. para que pongan fin a cualquier esfuerzo, incluso mediante sanciones, para obstaculizar los procesos judiciales independientes de la CPI. Los Estados Unidos deben mantener su compromiso «con la rendición de cuentas y el fomento pacífico del orden internacional», y deben apoyar el acceso a la justicia para todas las víctimas y sobrevivientes de crímenes internacionales graves, también ante la CPI.

Los 125 Estados Partes de la CPI tienen el deber colectivo y la obligación fundamental de defender a la CPI, a sus funcionarios y a quienes colaboran con la Corte frente a las medidas destinadas a socavar el mandato vital de la Corte para impartir justicia, el sistema de justicia internacional establecido por el Estatuto de Roma y el estado de derecho internacional.

Tras la emisión de la orden ejecutiva, la presidenta de la CPI, Tomoko Akane, declaró: «La orden ejecutiva anunciada es solo la última de una serie de ataques sin precedentes y cada vez más intensos destinados a socavar la capacidad de la Corte para administrar justicia en todas las situaciones. Estas amenazas y medidas coercitivas constituyen graves ataques contra los Estados Partes de la Corte, el orden internacional basado en el estado de derecho y millones de víctimas»

Los Estados Partes de la CPI, los Expertos de las Naciones Unidas y el Consejo Europeo han reafirmado su apoyo continuo e inquebrantable a la Corte y su oposición a las sanciones destinadas a socavar la independencia e integridad de la CPI.

Ahora más que nunca, se necesita una acción incondicional, unida y decidida para hacer frente a los efectos de las nuevas sanciones de EE. UU., proteger a la Corte y garantizar que pueda continuar su labor sin que se vea obstaculizada.

Los 125 Estados miembros de la CPI tienen el deber de proteger el acceso de las víctimas a la justicia en todo el mundo y deben actuar mediante:

  • La condena pública de la imposición de sanciones contra los funcionarios de la CPI que buscan socavar la Corte y la expresión de un compromiso firme e incondicional con la CPI y su mandato global esencial;
  • La solicitud a la Administración Trump de que reconsidere las sanciones contra los funcionarios de la Corte y que cese cualquier esfuerzo por socavar la independencia y la labor esencial de la Corte, al tiempo que se alienta a los Estados Unidos a unirse a la CPI y apoyar plenamente el acceso de las víctimas a la justicia;
  • La plena cooperación con la CPI para apoyar de manera continua el trabajo de la Corte en todas las situaciones en las que ésta interviene y solicitar a todos los demás actores relevantes que actúen del mismo modo. Esto deberá incluir la ejecución de todas las decisiones y solicitudes de la Corte, en particular las órdenes de detención pendientes, así como la armonización de las legislaciones nacionales con el Estatuto de Roma, la ratificación y aplicación del Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional (APIC) y la firma de todos los acuerdos de cooperación voluntaria pertinentes con la CPI.
  • La adopción y/o implementación de estatutos de bloqueo nacionales y regionales, como el estatuto de bloqueo de la UE, que tiene como objetivo proteger a los operadores europeos de los efectos de las sanciones extraterritoriales. Los estatutos de bloqueo y otros instrumentos similares pueden proporcionar a la Corte y a sus colaboradores una protección esencial y enviar un mensaje contundente de que los países miembros de la CPI no tolerarán los esfuerzos para socavar la Corte; 
  • La adopción de cualquier otra medida de protección a nivel nacional, regional o internacional, así como la colaboración con proveedores de servicios nacionales y regionales para garantizar que sigan trabajando con la Corte; 
  • La adopción y aplicación de medidas y marcos nacionales para proteger y defender a quienes cooperan con la Corte y la apoyan, incluidas las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos.

El compromiso de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos con la justicia y las víctimas de atrocidades sigue siendo tan firme como siempre. La Coalición expresa su solidaridad y apoyo a las víctimas, los sobrevivientes, la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos que se encuentran en la primera línea de los esfuerzos de la justicia y que pueden verse afectados por estas injustas sanciones, así como cualquier amenaza contra una justicia imparcial y accesible para todos.

Vea las reacciones en todo el mundo frente a este acontecimiento:

Corte Penal Internacional

 

Organizaciones de la sociedad civil

 

Estados Partes

 

Organizaciones internacionales

 

Naciones Unidas