¿Qué ocurrió durante la Asamblea de los Estados Parte del 2024?
Reunidos en sesión plenaria una vez al año, los Estados Partes de la CPI, congregados en la Asamblea, adoptan decisiones con implicaciones políticas, financieras y de otra índole sobre el funcionamiento de la Corte y su Asamblea. Estas sesiones cuentan con una amplia participación de los actores involucrados en el Estatuto de Roma, incluidos los Estados observadores, las organizaciones internacionales, las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación.
Debate General AEP23
Tras la apertura de la sesión, la presentación de informes y varias elecciones, el Debate General brindó una oportunidad clave para que los Estados Partes de la CPI y otros participantes de la AEP expusieran sus posturas y perspectivas sobre cuestiones fundamentales que afectan el trabajo de la Corte y el sistema de justicia internacional en su conjunto. Entre los muchos temas planteados por los Estados Partes de la CPI destacaron la necesidad urgente de mejorar la cooperación y el respaldo político a la Corte ante las crecientes amenazas y desafíos, así como la importancia de dotar a la CPI de un presupuesto sólido y suficiente para cubrir sus necesidades de recursos en constante aumento, incluida la mejora de su seguridad.
Varios Estados reiteraron su llamamiento a la ratificación universal del Estatuto de Roma y felicitaron a Armenia y Ucrania por haberse convertido recientemente en los Estados Partes número 124 y 125 de la CPI.
Además, muchas delegaciones destacaron la importancia fundamental de preservar la independencia y la integridad de la CPI ante presiones y desafíos externos. En este contexto, condenaron los recientes ataques y amenazas dirigidos contra la Corte, sus funcionarios y quienes colaboran con ella, y subrayaron la necesidad de un respaldo firme y constante por parte de su Asamblea.
A lo largo del Debate General, los Estados Partes resaltaron el compromiso común de los participantes de fortalecer la CPI como pilar fundamental en la lucha mundial contra la impunidad y como institución dedicada a garantizar la justicia, la rendición de cuentas y el Estado de derecho.
Asimismo, los Estados Partes reconocieron la próxima revisión de las enmiendas sobre el crimen de agresión, y algunos resaltaron la importancia de armonizar la jurisdicción de la CPI sobre los cuatro crímenes contemplados en el Estatuto de Roma.
Tras las organizaciones regionales y los observadores, en el segmento final del Debate General tomaron la palabra representantes de la sociedad civil de las siguientes situaciones: Afganistán, República Democrática del Congo (RDC), Libia, Nigeria, Palestina, Filipinas, Sudán, Venezuela, Ucrania y Armenia.
Uno de los ejes centrales de sus intervenciones fue la necesidad de situar a las víctimas en el centro de la labor de la CPI, garantizando que los principios y derechos fundamentales reconocidos en el Estatuto de Roma se reflejen en su aplicación, con el objetivo de que la justicia llegue a quienes han sido más afectados por los crímenes internacionales más graves. Las ONG también hicieron hincapié en la urgencia de proteger de amenazas y represalias a los defensores de los derechos humanos y a quienes colaboran con la Corte, subrayando que tales salvaguardias son esenciales para preservar su labor crucial con las víctimas y la integridad del proceso de justicia.
Además, la sociedad civil instó a brindar un mayor respaldo público y financiero a la CPI, destacando la necesidad de proteger a la Corte de cualquier injerencia política o externa para salvaguardar su independencia. También exhortaron a los Estados Partes a dotar a la CPI de los recursos necesarios para afrontar su creciente carga de trabajo y responder a la demanda cada vez mayor en todo el mundo. Por último, las ONG reiteraron la importancia de avanzar hacia la universalidad del Estatuto de Roma, subrayando que una mayor adhesión de los Estados es clave para poner fin a la impunidad y garantizar que los responsables de los crímenes previstos en el Estatuto de Roma rindan cuentas.
Estas intervenciones reafirmaron el papel esencial de la sociedad civil en el respaldo a la misión de la CPI y su labor en la Asamblea, en la defensa de las víctimas y en la promoción de una cultura global de responsabilidad.
El elevado número de representantes de ONG y defensores de los derechos humanos que participaron en la sesión demostró su firme compromiso con la justicia y la lucha contra la impunidad, pese a los riesgos y desafíos que enfrentan en todo el mundo.
Decisiones y Debates Clave de la AEP23
Presupuesto anual de la CPI para 2025
Una de las funciones fundamentales de la AEP es aprobar el presupuesto anual de la Corte. Cada año, la CPI presenta una propuesta presupuestaria para que los Estados Partes la examinen aproximadamente seis meses antes del período de sesiones anual de la AEP, en el que normalmente se vota la cifra final. Tras su presentación, la propuesta es evaluada por el Comité de Presupuesto y Finanzas (CBF), un órgano independiente compuesto por expertos elegidos por la AEP, encargado de analizar los documentos con implicaciones financieras en el trabajo de la CPI y de la propia Asamblea. Antes de que los Estados Partes inicien las negociaciones presupuestarias, el CBF emite recomendaciones técnicas independientes para orientar el debate de la Asamblea sobre el presupuesto de la Corte. Posteriormente, los Estados Partes revisan la propuesta y llevan a cabo negociaciones en las semanas previas al período de sesiones.
Finalmente, la AEP aprobó un presupuesto de 195 481 500 euros, lo que representa un aumento del 4,4 % respecto al presupuesto aprobado para 2024, es decir, un incremento total de 8 397 200 euros.
Antecedentes de las negociaciones presupuestarias en 2024:
En julio de 2024, la Corte presentó su propuesta presupuestaria a los Estados Partes, solicitando un total de 206 198 700 euros, lo que supone un incremento de 19 114 400 euros (+10,2 %) respecto al presupuesto de 2024. A modo de referencia, en 2023, la Corte presentó una solicitud presupuestaria de 200 412 100 euros para 2024, de los cuales los Estados finalmente aprobaron 187 084 300 euros, lo que representa un aumento del 7,99 % en comparación con el año anterior.
Tras evaluar la solicitud, en octubre de 2024, el Comité de Presupuesto y Finanzas recomendó a los Estados Partes la adopción de un presupuesto de 199 502 200 euros, lo que implicaba un aumento de 12 499 200 euros (+6,7 %) respecto al presupuesto aprobado para 2024. La recomendación incluía ciertos recortes y ajustes destinados a mejorar la eficiencia, al tiempo que priorizaba las necesidades derivadas del complejo contexto de seguridad, el entorno operativo y el creciente volumen de trabajo en todos los órganos de la CPI.
Durante las negociaciones, un grupo de Estados abogó por mantener un crecimiento nominal cero, mientras que otros defendían una cifra más cercana a la recomendada por el CPF. Un presupuesto de crecimiento nominal cero implicaría que la Corte recibiría la misma cantidad del año anterior, sin ningún incremento, ni siquiera para compensar la inflación. A pesar de los constantes esfuerzos de la sociedad civil por rechazar esta postura, argumentando que era totalmente incompatible con el mandato y la carga de trabajo de la Corte, varios Estados Partes la promovieron a lo largo de todo el proceso de negociación. Las conversaciones formales e informales se desarrollaron en las semanas previas y continuaron hasta la última noche de la sesión de la AEP23.
Además, los Estados acordaron reponer el Fondo para Contingencias de la Corte hasta alcanzar un total de 5 600 000 euros. Este fondo fue creado para proporcionar a la Corte los recursos necesarios para afrontar gastos imprevistos tras la aprobación del presupuesto anual. Su propósito es permitir a la Corte responder con rapidez a situaciones urgentes o inesperadas, como una detención imprevista o la apertura de una nueva investigación.
Cooperación
El tema de la cooperación ocupó un lugar destacado en la agenda de la Asamblea en 2024. La cooperación de los Estados Partes de la CPI es esencial para el funcionamiento eficaz de la Corte, particularmente en lo que respecta a la obligación de los Estados de detener y entregar a los sospechosos requeridos por la CPI.
Unas semanas antes del inicio de la sesión, los jueces de la CPI determinaron que Mongolia no había cooperado en la detención y entrega del presidente ruso Vladimir Putin, cuando se encontraba en su territorio el 3 de septiembre de 2024, y en su posterior entrega a la Corte. En consecuencia, los jueces de la CPI remitieron el asunto a la Asamblea de los Estados Partes para que tomara las medidas pertinentes. Al inicio de la sesión de la AEP, los procedimientos seguían en curso ante los jueces, por lo que la AEP no incluyó el asunto en el orden del día de la sesión.
La sesión plenaria temática de la AEP23 sobre Cooperación se centró en la cuestión: «¿Cómo pueden los Estados Partes reforzar su apoyo a la Corte?». La sesión fue moderada por los cofacilitadores S.E. el Sr. François Alabrune, Embajador de Francia en los Países Bajos, y S.E. la Sra. Ramatoulaye Ba Faye, Embajadora de Senegal en los Países Bajos, y se dividió en dos segmentos. La primera parte, titulada «La cooperación es vital para la Corte», contó con intervenciones de alto nivel como la presidenta de la AEP, Päivi Kaukoranta, la presidenta de la CPI, la jueza Tomoko Akane, la fiscal adjunta de la CPI, Mame Mandiaye Niang, y el secretario de la CPI, Osvaldo Zavala Giler. Varios Estados Partes intervinieron durante el debate para reiterar la importancia de la cooperación con la Corte y los esfuerzos realizados a nivel nacional. Arie Mora, del Grupo Asesor Jurídico de Ucrania (ULAG), pronunció una declaración en nombre de la Coalición por la CPI sobre la importancia de la cooperación de los Estados en la ejecución de las órdenes de detención de la CPI. El Sr. Mora pidió a los Estados Partes que se comprometieran clara y públicamente a cumplir con sus obligaciones legales de ejecutar las órdenes de detención de la CPI, independientemente de a quién vayan dirigidas, y a evitar el contacto no esencial con personas buscadas por la Corte.
A continuación, se celebró un segmento técnico centrado en «¿Cómo pueden los Estados Partes fortalecer su apoyo a la Corte utilizando las herramientas disponibles?». Los panelistas analizaron las herramientas disponibles para asegurar y facilitar la cooperación entre los Estados Partes y la Corte, incluido el Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades de la Corte (APIC), así como las herramientas para rastrear a las personas objeto de órdenes de detención. El primer panel se centró en la cuestión «¿Cómo protege la ratificación del APIC a la Corte?». Entre los panelistas se encontraban la Sra. Antônia Pereira de Sousa, Jefa de Gabinete del Secretario, un representante del Estado anfitrión, los Países Bajos, y la Sra. Virginie Amato, Directora de Defensa de la CCPI.
En su intervención, la Sra. Amato instó a los Estados Partes a defender la independencia de la Corte frente a amenazas y sanciones. También subrayó el papel fundamental del apoyo político y la cooperación de los Estados para asegurar la justicia para las víctimas y el funcionamiento eficiente de la Corte, en todas las situaciones que se le presenten, y destacó las obligaciones esenciales de los Estados Partes según el Estatuto de Roma, así como la responsabilidad colectiva de defender la Corte y el propio Estatuto frente a cualquier ataque, incluidas las sanciones.
El segundo panel trató sobre el uso de las herramientas de la CPI para facilitar la cooperación entre los Estados Partes y la Corte, e incluyó intervenciones de la Sra. Verna Adkins, quien representa a Finlandia como punto focal en cuestiones de no cooperación, y de la Sra. Anne-Aurore Bertrand, jefa en funciones de la Sección de Apoyo a la Cooperación Judicial de la Secretaría.
El tercer y último panel se centró en cómo apoyar los esfuerzos de la CPI para localizar a las personas objeto de órdenes de detención, y contó con la participación de los siguientes panelistas: la Sra. Anne-Aurore Bertrand, jefa en funciones de la Sección de Apoyo a la Cooperación Judicial de la Secretaría, el Sr. Tom Lynch, asesor especial del fiscal, y el Sr. Norbert Mao, ministro de Justicia y Asuntos Constitucionales de Uganda. Durante el debate abierto, intervino la Sra. Niemat Ahmadi, del Grupo de Acción de Mujeres de Darfur.
La Asamblea adoptó su resolución anual sobre cooperación, que abarca los esfuerzos conjuntos de los Estados Partes, la Corte y la sociedad civil para promover la cooperación con la Corte. Además de las actualizaciones técnicas incluidas en la resolución desde 2024, la Asamblea tomó nota de la retirada interinstitucional de la Corte sobre los desafíos de la ejecución de las órdenes de detención, que tuvo lugar en julio de 2024. También se reconoció la labor fundamental de los puntos focales nacionales para la cooperación, quienes aseguran una asistencia y comunicación eficaces en la ejecución de las solicitudes de cooperación, y, finalmente, se acogió con satisfacción la firma de nuevos acuerdos sobre ejecución de sentencias y acuerdos finales de liberación desde la última resolución sobre cooperación.
La sociedad civil y los defensores de los derechos humanos en la AEP23
La labor de la Asamblea se ve enriquecida por la participación activa y la experiencia de la sociedad civil mundial y los defensores de los derechos humanos a lo largo del año, especialmente durante su período de sesiones anual. Esta participación se da tanto de manera formal como informal, desde la presentación de declaraciones en las sesiones plenarias y la organización de eventos paralelos, hasta la promoción bilateral para avanzar en las prioridades y mantener informados a los delegados sobre los avances y necesidades en los países en situación ante la CPI.
No obstante, los defensores de los derechos humanos y los representantes de la sociedad civil a menudo hacen frente a amenazas y represalias debido a su trabajo en la justicia internacional, especialmente en lo relacionado con la CPI o la AEP. A lo largo de los años, los actores del sistema del Estatuto de Roma, incluidos los Estados Partes, han reconocido el papel crucial de los defensores de los derechos humanos y de la sociedad civil dentro del sistema, y la necesidad de ofrecerles apoyo cuando se vean amenazados o en riesgo de represalias por su trabajo en la Corte o su participación en la Asamblea.
Tras los debates y consultas en curso celebrados a lo largo de 2024 en relación con las «Directrices para mejorar la seguridad de los participantes en la labor de la Asamblea», la Asamblea reiteró su compromiso de «defender los principios y valores consagrados en el Estatuto de Roma y preservar su integridad, sin dejarse intimidar por ninguna amenaza o medida contra la Corte, sus funcionarios y quienes cooperan con ella». Además, encomendó a su Mesa seguir desarrollando medidas para mejorar la seguridad de los participantes en su labor y presentar un informe sobre el tema en su vigésimo cuarto período de sesiones (Resolución «ómnibus»).
El 7 de diciembre de 2024, la Coalición por la CPI, junto con Al Haq, Al Haq Europa, el Centro Al Mezan para los Derechos Humanos, la Coalición para la Prevención del Genocidio Hazara, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Abogados por la Justicia en Libia, el Centro Palestino para los Derechos Humanos, el Grupo de Coordinación de Justicia Transicional y PROVEA, organizó un evento paralelo titulado «Proteger y defender a los defensores de los derechos humanos y la sociedad civil: ¿[Cómo] impulsar el papel de los Estados Partes de la CPI y la Corte?». El evento fue copatrocinado por Costa Rica, Finlandia, Irlanda, Nueva Zelanda y Sudáfrica. La presidenta de la AEP, Päivi Kaukoranta, pronunció el discurso de apertura, en el que subrayó la responsabilidad colectiva de todos los actores del sistema del Estatuto de Roma de proporcionar un espacio seguro para la participación de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos, y expresó su firme compromiso de salvaguardar a quienes protegen la misión de la Corte. El panel contó con la participación de tres defensores de los derechos humanos provenientes de países con situaciones ante la CPI, quienes reflexionaron sobre los desafíos a los que hacen frente los defensores en todo el mundo, la necesidad urgente de apoyo frente al aumento de ataques y amenazas, y el papel que la CPI, la AEP y la comunidad internacional pueden desempeñar para respaldar y proteger su trabajo en favor de la justicia.
Elecciones
A lo largo de la semana, la Asamblea eligió a los funcionarios que formarían parte de varios órganos subsidiarios:
- Comité Asesor para las Candidaturas (ACN): este órgano independiente de la AEP, compuesto por nueve miembros, tiene el mandato de facilitar la nominación y elección de las personas más cualificadas para desempeñarse como jueces de la CPI. La Asamblea eligió por aclamación a los siguientes miembros para un mandato de tres años: Sr. Julian Fernández (Francia), Sr. Robert Fremr (República Checa), Sr. Guido Hildner (Alemania), Sra. Milica Kolaković-Bojović (Serbia), Sr. O-Gon Kwon (República de Corea), Sr. Jaime Moscoso Valenzuela (Chile), Sra. Ngozika Okaisabor Uwazurunonye (Nigeria), Sr. Diego Pary Rodríguez (Bolivia) y Sr. Mauro Politi (Italia).
- Junta Directiva del Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas (TFV): este órgano proporciona liderazgo y orientación estratégica al TFV. Los cinco miembros prestan sus servicios pro bono y representan a cada región del mundo durante un mandato de tres años. Dado que había seis candidatos para los cinco puestos disponibles, el lunes 2 de diciembre se eligieron por consenso los cuatro primeros: Sr. Kevin Kelly (Irlanda), Sr. Tareque Muhammad (Bangladesh), Sr. Andrés Parmas (Estonia) y Sra. Mônica Jacqueline Sifuentes (Brasil). Tras nuevas consultas dentro del Grupo de África, se alcanzó un consenso sobre el último candidato, y el Sr. Ibrahim Sorie Yillah (Sierra Leona) fue elegido el último día de la sesión.
- Comité de Presupuesto y Finanzas (CBF): este órgano es responsable de evaluar la documentación presentada a la Asamblea que tenga implicaciones financieras o presupuestarias, incluida la formulación de recomendaciones a los Estados sobre el proyecto de presupuesto por programas de la CPI cada año. En 2023, la AEP decidió ampliar el CBF de 12 a 17 miembros, con el objetivo de mejorar el equilibrio geográfico del órgano. Los cinco puestos adicionales se asignaron de la siguiente manera: dos del Grupo de África, uno de Asia-Pacífico, uno de Europa del Este y uno del GRULAC. El viernes 6 de diciembre, la Asamblea eligió a los siguientes cuatro candidatos: Sr. Jae Woo Kim (República de Corea), Sr. Héctor Félix Romero (Argentina), Sr. Mustapha Samateh (Gambia) y Sra. Glory Geofrey Sindilo (República Unida de Tanzania). Dado que no se presentó ningún candidato para representar al grupo de Europa del Este, el puesto permanece vacante y su elección se llevará a cabo en la próxima sesión de la Asamblea en 2025.
Resolución «ómnibus»: Fortalecimiento de la CPI y la AEP
La Asamblea adoptó su resolución anual sobre el «Fortalecimiento de la Corte Penal Internacional y la Asamblea de los Estados Partes», conocida como la «resolución ómnibus», que abarca compromisos clave sobre temas relacionados con el trabajo de la Corte y su Asamblea. Este documento es crucial, ya que proporciona orientación y mandatos a la Corte y a los Estados Partes sobre cuestiones específicas para el año siguiente, e incluye directrices para la presentación de informes con el fin de avanzar en los debates de manera oportuna.
Al igual que en años anteriores, la Asamblea utilizó los párrafos introductorios de la resolución para reafirmar su «apoyo inquebrantable a la Corte como una institución judicial independiente e imparcial». Asimismo, condena cualquier amenaza o ataque dirigido contra la Corte, su personal y quienes colaboran con ella, incluida la sociedad civil, y expresa su respaldo a la aplicación coherente del mandato de la Corte en todas las situaciones.
Basándose en el lenguaje adoptado el año anterior, los párrafos introductorios también incluyeron una condena a «cualquier amenaza, ataque, incitación o interferencia, incluidos los intentos de imponer sanciones o medidas de efecto similar, contra la Corte, su personal o quienes colaboren con ella», tomando nota de las declaraciones de la Presidencia de la AEP y de la Oficina del Fiscal sobre este asunto.
La resolución «ómnibus» de la AEP23 incluyó varias decisiones. En cuanto a la cooperación, la Asamblea solicitó que la Secretaría se comprometiera con los Estados Partes en la cuestión de la seguridad de la CPI, incluyendo medidas de protección frente a amenazas y ataques contra funcionarios, personal, abogados y la propia institución de la Corte. La Asamblea también tomó nota de la constatación de incumplimiento por parte de Mongolia, hecha por los jueces en octubre de 2024, así como de la decisión de los jueces de rechazar la solicitud de Mongolia de autorización para apelar, presentada en noviembre de 2024.
Además, la Asamblea acordó continuar su trabajo en el desarrollo de medidas para mejorar la seguridad de los participantes en el trabajo de la Asamblea, incluyendo consultas con la sociedad civil, para presentar un informe en su próxima sesión.
En lo que respecta a las enmiendas al Estatuto de Roma, la Asamblea decidió convocar una sesión extraordinaria del 7 al 9 de julio de 2025, en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, con el fin de revisar las enmiendas de Kampala sobre el crimen de agresión. La Asamblea también alentó a que el Grupo de Trabajo sobre Enmiendas se reuniera periódicamente a partir de principios de 2025 para facilitar los debates preparatorios en este sentido.
Revisión del sistema de la CPI y del Estatuto de Roma
El Mecanismo de Revisión, el órgano encargado de supervisar la evaluación y aplicación de las recomendaciones formuladas por los expertos independientes, y dirigido por dos representantes de los Estados Partes, el embajador Michael Kanu (Sierra Leona) y el embajador Paul van den Ijssel (Países Bajos), concluyó formalmente sus actividades durante el 23.º período de sesiones de la AEP.
El Mecanismo finalizó su evaluación de las recomendaciones en 2023 y fue prorrogado por un año más en la 22.ª sesión de la AEP (2023) para supervisar dos debates: uno sobre el establecimiento de una política de permanencia para el personal de la Corte y otro sobre la moratoria en la contratación de nacionales de Estados no partes. A lo largo de 2024, las reuniones del Mecanismo sobre estos dos temas estuvieron restringidas exclusivamente a los Estados Partes de la CPI.
En la 23.ª sesión, la Asamblea adoptó tres resoluciones sobre la Revisión de la CPI y el sistema del Estatuto de Roma, con el fin de poner en marcha las dos políticas: la de permanencia del personal y la moratoria en la contratación de nacionales de Estados no partes. Además, se decidió concluir formalmente el trabajo del Mecanismo de Revisión, dispersando el seguimiento de la implementación de las recomendaciones entre los diversos grupos de trabajo y facilitaciones de la AEP.
La sesión plenaria dedicada a la Revisión sirvió para evaluar y celebrar los logros del Mecanismo desde su creación. Durante la sesión, la sociedad civil intervino a través de diversas declaraciones: el Sr. Mamadou Boussouriou Diallo en nombre del equipo de la Coalición para la CPI sobre la Revisión, la Sra. Maria Elena Vignoli en nombre de Human Rights Watch y el Sr. Matthew Gillet en nombre de la Iniciativa por la Paz y la Justicia.
La Asamblea decidió que su próxima sesión se celebraría del 1 al 6 de diciembre de 2025 en La Haya, Países Bajos.
