Malí

En julio de 2012, Malí remitió la situación sobre su territorio a la CPI en respuesta a un conflicto armado del norte entre las fuerzas del gobierno y varios grupos rebeldes. El examen preliminar de la CPI llevó al inicio de una investigación formal.
Situation phase: 
Enquête - en cours
Cases
Regions: 
África
Malí ratificó el Estatuto de Roma el 16 de agosto de 2000. El país remitió el caso a la CPI en julio de 2012 después que estalló una rebelión en el norte del país el 17 de enero de ese mismo año y un golpe de Estado por una junta militar en el mes de marzo. En enero de 2013, el fiscal de la CPI abrió una investigación sobre posibles crímenes del Estatuto de Roma en Mali desde enero de 2012. Ambos bandos están sospechados de la comisión de crímenes de guerra.
Background
Los islamistas intentan tomar el Norte de Malí Enero de 2012 trajo consigo un nuevo período de conflicto armado en Malí por la autonomía de la región Norte del país, Azawad. Los rebeldes tuareg de la región atacaron las fuerzas gubernamentales de Malí y, para abril de 2012, las ciudades claves como Tombuctú habían sido arrasadas. Inicialmente respaldado por los rebeldes islamistas, el Movimiento Nacional para la Liberación de Azawad, pronto empezó a perder control del Norte en manos de antiguos aliados Ansar en-Dine y Al-Qaeda del Estado islámico. Los militares retoman el Norte y permiten las elecciones después del golpe El 22 de marzo un grupo de soldados de Malí derrocaron al presidente saliente, una semana antes de las elecciones y establecieron una junta militar. Bajo la presión de la Unión Africana y la Comunidad Económica de los Estados Africanos del Oeste, la junta militar acordó dejar continuar con las elecciones. El gobierno interino, que se formó consecuentemente, recibió ayuda de la Misión Civil Internacional de Apoyo de Malí, (AFISMA, por sus siglas en inglés) conducida por africanos, autorizados por la resolución 2085 del Consejo de Seguridad de la ONU, para retomar las posiciones rebeldes del Norte. En enero de 2013, las fuerzas francesas dirigieron una intervención internacional para asistir al gobierno de Malí a retomar control sobre el Norte.
ICC situation

Ambos bandos sospechados de crímenes de guerras

En junio de 2012, Malí solicitó a la fiscal de la CPI investigar presuntos crímenes internacionales graves, ocurridos en el contexto de un conflicto armado luego que los rebeldes islámicos tomaran control de parte del Norte de Malí en enero de 2012. El examen preliminar de la CPI determinó que había una base razonable para creer que se habían cometido crímenes de guerra en Malí desde enero de 2012, a saber: asesinato; aprobar sentencias y ejecuciones sin el proceso debido; mutilación, tratamiento cruel y tortura; dirigir ataques intencionalmente en contra de objetos protegidos; saqueo y violación.

En enero de 2013, la CPI formalmente abrió una investigación sobre crímenes presuntamente cometidos en el territorio de Malí desde enero de 2012. Varios miembros de la Coalición recibieron favorablemente la apertura de la investigación, exhortando a todos los bandos del conflicto a que se manejen de acuerdo a las obligaciones de las leyes internacionales, especialmente en relación con la protección de civiles.

En el primer caso que surge de la investigación, el rebelde islámico Ahmad al Faqi al Mahdi está acusado de dirigir ataques intencionales en contra de monumentos históricos o edificios dedicados a la religión en Tombuctú, al Norte de Malí.

La sociedad civil ha hecho un llamado a la CPI para asegurar que su proceso cubra todo el alcance de los supuestos crímenes cometidos durante el conflicto, y asegurar que las fuerzas del gobierno, sospechadas de crímenes graves, sean juzgadas en igualdad de condiciones.

Advertencias para las autoridades de Malí 

El 28 de enero de 2013, la fiscal Bensouda advirtió a las autoridades de Malí que su oficina conocía los reportes que afirmaban que las fuerzas de Malí podrían haber cometido abusos en Malí central. Ella exhortó a las autoridades a detener inmediatamente cualquier violación y cumplir con sus obligaciones bajo el Estatuto de Roma de investigar y procesar a los responsables.

  

National prosecutions

En el momento de la apertura de la investigación de la CPI en Malí, no existían procedimientos nacionales en contra de aquellos individuos que serían los presuntos principales responsables de los crímenes del Estatuto de Roma cometidos en el contexto del caso identificado por la Fiscal de la CPI. El Observatorio de Derechos Humanos (ODH) reportó que las autoridades de Malí habían hecho poco esfuerzo aparente para asegurar la rendición de cuentas después del conflicto armado de 2012-13.

La sociedad civil continúa pidiendo al gobierno de Malí que investigue y procese los presuntos abusos cometidos tanto por sus fuerzas como por las fuerzas rebeldes

Civil society advocacy

En julio de 2014 la Coalición de Malí por la CPI, con la asistencia de la Coalición y en Asociación con la American Bar Association, organizó un taller con el gobierno de Malí en Bamako para discutir cómo las autoridades nacionales pueden mejorar la rendición de cuentas y la cooperación con la CPI. Entre las soluciones acordadas: promulgar legislación nacional complementaria; promover la ratificación y la implementación de la enmienda al Estatuto de Roma sobre el crimen de agresión; y mejorar la coordinación con la sociedad civil. La Coalición exhorta a la sociedad civil y a Malí a llevar a cabo más talleres para promocionar la cooperación con la investigación de la CPI en el país.

Campaign for global justice

Rome statute status: 
Ratified/acceded (ICC member state)
Agreement on Privileges an Immunities of the ICC
Ratified
Crime of agression
Not ratified
16 August 2000
05 September 2017
08 July 2004
Article 8
Not ratified
05 September 2017
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